La mención de la semana va para el blog de la OEPM en Madri+d que, con motivo del día del libro, hace una exquisita reseña del libro “Les souffrances de l’inventeur” de Balzac. La obra da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta un inventor para proteger un nuevo procedimiento de fabricación de papel en la Francia de principios del siglo XIX. Es fascinante comprobar como estas dificultades no han cambiado apenas en cerca de 200 años.
Mª José Romero se pregunta si las ayudas a la I+D+i responden a las necesidades de los investigadores españoles. Cuestión peliaguda y que admite diferentes respuestas según la interpretación que hagamos de estas “necesidades”. Determinadas líneas de financiación públicas son una pesadilla administrativa, no cabe duda. Otras muchas son claramente mejorables. Sin embargo, no hay que olvidar que las ayudas a la I+D+i son un instrumento de la política científica nacional y no sólo deben responder a las necesidades de los investigadores, así, a título particular. El artículo de Mª José recoge prácticamente todas las peticiones, cartas abiertas, conclusiones e informes que han surgido de la comunidad científica en los últimos años, reclamando un marco estable y suficiente de financiación de la ciencia en España.
Silvia Alonso, profesora de la Universidad Europea de Canarias, se pregunta en su blog qué conocimientos científicos esperamos de nuestros políticos. Todo ello a cuento de la respuesta que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a un periodista que bromeó sobre la computación cuántica durante la visita a instituto de física teórica. Ni corto ni perezoso, el primer ministro se lució y dio al periodista una lección 101 sobre la diferencia entre un ordenador normal y uno cuántico. Vale que Trudeau es una rara avis, pero la anécdota nos permite reflexionar sobre la importancia de la ciencia en el debate político y cómo ésta depende en buena medida del grado de conocimiento científico de nuestros representantes y, en última instancia, de la sociedad.
Y como en este blog somos un poco fenicios y nos gusta (mucho) hablar de vender, concluimos con las 10 acciones que hay que llevar a cabo en toda actividad de venta, según nos explica Íñigo Irizar en su blog: escuchar, comprender, servir, hacer, hacer hacer, cuidar la relación, escribir, comunicar, conversar y concretar. Por este orden. ¡Y perfectamente aplicables a la transferencia de tecnología!
Retomo la costumbre de hacer una breve revista de blogs con los temas más destacados de la semana que, en esta ocasión, nos permiten reflexionar sobre la necesidad de repensar las políticas institucionales de transferencia de conocimiento o volver sobre el rol que el crowdfunding puede y debe tener en la financiación de la ciencia, entre otros. ¡Espero que sea de vuestro interés!
Susana Borrás, profesora de innovación y gobernanza en la Copenhagen Business School, habla en su blog sobre la direccionalidad de la transferencia de conocimiento en las universidades. Frente a la visión tradicional de las universidades como generadoras de un conocimiento que, casi por imperativo categórico, se transfiere a su entorno social y económico y se convierte en innovación, Borrás propone que los actores de dicho entorno -empresas, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales…- deben implicarse en el propio proceso de transferencia y de producción de este conocimiento, estableciendo así un modelo bidireccional.
Este planteamiento no es especialmente novedoso. Está implícito en la concepción sistémica de la innovación y resulta coherente con el enfoque abierto y participativo de la misma, de “moda” desde hace un tiempo. Sin embargo, la bidireccionalidad de la que habla Borras y los mecanismos para ponerla en práctica en las universidades son, con frecuencia, deficientes, por lo que es más que oportuno ponerlos sobre la mesa.
Lydia Gil, en su blog Social media en investigación, realiza una interesante entrevista a Isabel Méndez, técnico del Departamento de Participación Privada de I+D+i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y responsable de la plataforma de crowdfunding científico Precipita. El crowdfunding en ciencia es un tema que despierta pasiones enfrentadas y del que ya nos hemos hecho eco anteriormente en el blog. Mientras hay quien lo considera como una vía de obtención de fondos ineludible, sus críticos consideran que son los estados quienes deben asegurar la financiación de la investigación científica, puesto que los ciudadanos ya pagan impuestos para ello.
Méndez se felicita de haber “recaudado más de 328.000€ con una aportación media de 80 euros por donación y más de 3.500 donantes”. ¿Es mucho o es poco? Por aportar un poco de contexto, la puesta en marcha y la promoción de Precipita ha costado un total de 102.400€, como se puede consultar en el perfil del contratante de la FECYT, a lo que se podría sumar 131.500€ destinados a la contratación de servicios de diseño, desarrollo y ejecución del un programa de formación y asesoramiento en fundraising para centros de investigación.
En otro orden de cosas, el blog de la OEPM en Madri+d explica, con la claridad a la que nos tiene acostumbrados, el tratamiento que la nueva Ley de Patentes 24/2015 hace de aquellas invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional y las principales diferencias respecto a lo que disponía la anterior Ley de Patentes 11/1986. Destaca que la nueva ley clarifica los procedimientos y plazos aplicables, tanto en lo relativo a la evaluación de dicho interés por parte de la OEPM y del Ministerio de Defensa, como a la autorización para presentar una solicitud de patente prioritaria en el extranjero.
Y terminamos hablando de Theranos, la empresa biotecnológica estadounidense cuya burbuja “pinchó” la semana pasada. Miguel Ángel Máñez publica en su blog Salud con cosas un artículo del Dr. Enrique Rodríguez-Borja, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien analiza las dudas sobre la tecnología de análisis de sangre de Theranos que han llevado a poner en cuestión el propio futuro de la empresa, y nos abre una reflexión sobre hasta qué punto un negocio fundamentado en falsas evidencias científicas puede ser viable.
Decíamos con motivo del debate organizado por la Fundación Cotec el pasado mes de noviembre que era la primera vez que la ciencia había entrado en una campaña electoral, aunque fuera tímidamente. Hace apenas unas horas que se ha hecho público el primer acuerdo fruto de los resultados electorales del pasado 20-D -entre el PSOE y Ciudadanos- y merece la pena analizar brevemente cómo ha quedado reflejado en el mismo el cacareado compromiso político con la ciencia y la innovación.
Innovación
Sorprende positivamente que el primer epígrafe del acuerdo esté dedicado íntegramente a la innovación tecnológica, dentro del bloque dedicado a la política económica. No en vano uno de los ejes del acuerdo entre ambos partidos es el cambio hacia “un modelo de crecimiento” que debe estar basado “en la innovación y la mejora de la productividad”, el cual se acompaña de las siguientes propuestas en materia de innovación:
Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.
Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.
Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.
Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.
Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.
La política económica recoge también la elaboración de una “Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como la tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o la reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada”, y prevé “reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES (…) con énfasis especial en la innovación”. Del mismo modo, la política fiscal debería incentivar “la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación”.
Ciencia
Por otra parte, enmarcado junto a las políticas de educación y cultura, el documento recoge el pacto por la ciencia que viene demandando desde hace tiempo la comunidad científica, consistente en “promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.”
Junto a este pacto, o quizá como consecuencia del mismo, se deslizan las siguientes actuaciones, bastante heterogéneas:
Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.
Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB y defender en las instituciones europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.
Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Reformar el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
Por último, dentro del epígrafe dedicado a las universidades, se reconoce a éstas como “parte esencial del sistema del conocimiento” y se explicita “la valorización y la transferencia del conocimiento” como una función social de las mismas. Además, se hace mención al Sistema Nacional de Salud como motor de la investigación e innovación.
Conclusión
En las 66 páginas del acuerdo el término “ciencia” aparece en 10 ocasiones e “innovación” en 9. Sin embargo se habla más de innovación que de ciencia. Esto resulta coherente con la prioridad de cambiar el modelo económico así como con los planteamientos -fundamentalmente economicistas- recogidos por Ciudadanos en su programa. Si bien es un enfoque que se puede tildar de cortoplacista, que la innovación ocupe la primera página del acuerdo y que se cite explícitamente la transferencia de tecnología es, en mi opinión, motivo para felicitarse.
En lo que se refiere a ciencia, el contenido del acuerdo resulta más vago. Más allá del pacto por la ciencia y las declaraciones de intenciones, la principal (y casi única) propuesta concreta es el plan de incorporación y consolidación del personal investigador. La precariedad laboral es, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, en particular tras los recortes indiscriminados sufridos en los últimos años. Bien está que se reconozca la urgencia de actuar sobre la misma.
Queda pendiente, en mi opinión, engranar mejor la ciencia y la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, lo que se refleja en la dicotomía entre la agencia de investigación y la de innovación. Y se pasa por alto la necesidad de especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto científico y/o industrial.
Hasta qué punto se hará realidad este acuerdo es algo sujeto al juego político. Lo que sí parece claro es que los partidos, independientemente de su color, han integrado por fin la ciencia y la innovación en su discurso.
Por primera vez en la historia política de España la ciencia está entrando en campaña electoral. Se trata de una entrada tímida, que seguramente pasará a segundo plano en las próximas semanas, conforme se aproxime la fecha de las elecciones, pero que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre sociedad, ciencia y política en nuestro país y que deberíamos aprovechar.
Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, la Fundación Cotec reunión el pasado martes 3 de noviembre a representantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD, IU) quienes presentaron y debatieron sus propuestas en materia de ciencia, innovación y universidades.
Que los políticos se interesen por estos temas ya es un logro, pero es que además el #DebateCotec ha tenido una repercusión inédita en los principales medios impresos y digitales, ha sido trending topic en twitter y ha generado a su vez toda una sucesión de análisis y opiniones que han amplificado y enriquecido el debate original. Si os lo perdisteis os invito a leer el artículo previo y el resumen elaborados por Nuño Domínguez en El País, que creo recogen muy bien el espíritu y los resultados del mismo, o la crónica de Ángela Bernardo para Hipertextual.
Personalmente, eché en falta más análisis, mejor comprensión de los problemas a los que enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología y, sobre todo, una visión de cuál es el rol que la ciencia y la innovación deben jugar en la sociedad, en la economía y en el futuro del España. El diario El Español realizó una buena síntesis de las ideas de cada partido, por lo que no me entretendré demasiado en ellas:
Mucho aumento de presupuesto, en algunos casos hasta cifras cercanas al 3% del PIB que, sinceramente, son difíciles de creer, y becas a granel para estudios universitarios. Nada que objetar, ni mucho menos, pero a estas alturas deberíamos haber aprendido que el cómo es tan importante como el cuánto. En este sentido, quizá las propuestas más claras sean las de Ciudadanos, que priorizan la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, vinculan la financiación a la innovación y denotan, eso sí, una visión bastante economicista -cuando no neoliberal- de la ciencia.
Se habló de la necesidad de alcanzar pactos de estado y de dar estabilidad a las políticas que se adopten. Bien.
Pero apenas se habló de cómo combinar el apoyo a la ciencia básica con la investigación y el desarrollo aplicados, y tampoco de la necesidad de fijar prioridades, especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, ya sea científico o industrial. O de la ineficiencia que supone la multiplicidad de agencias financiadoras.
Reflexiones
Con todo, el debate ha sido sin duda un éxito. El mérito es, en primer lugar, de la Fundación Cotec, por la iniciativa de la organización y el excelente manejo de la comunicación y sus tiempos, antes, durante y después del evento. Pero también lo es, en mi opinión, de todos los que integramos de una manera u otra el sistema de ciencia y tecnología.
Científicos y gestores, universidades, organismos de investigación y empresas están desde hace tiempo protagonizando una reacción, más o menos desorganizada pero creciente, contra los recortes presupuestarios y, sobre todo, contra las erráticas políticas científicas y de innovación. Las declaraciones y manifestaciones reclamando un mayor apoyo y compromiso por parte de las administraciones públicas hacia a la I+D han sido continuas, y se han creado foros de debate bottom-up, como el que organizamos en Valencia sobre los retos de los ecosistemas de innovación. Recientemente, la asociación RedTransfer dio un paso más allá y propició encuentros sobre las políticas autonómicas y estatales en transferencia del conocimiento con representantes de diversos partidos políticos.
El debate organizado por Cotec ha sido, probablemente, el espaldarazo definitivo para que la ciencia y la innovación reciban la atención que requieren y que necesita nuestro país.
La ciencia está entrando en campaña, decíamos. Esperemos que no quede todo en parole, parole.
Hace apenas unos meses, la propuesta del partido político Ahora Madrid de declarar Madrid “zona libre de transgénicos”incendió los ánimos de la comunidad científica. Medios de comunicación, redes sociales y blogs de investigadores, divulgadores y asociaciones científicas se llenaron de argumentos contra esta idea, calificada en el mejor de los casos de disparatada. El revuelo fue tal que la propia organización política se vio obligada a reaccionar y a convocar un debate público en el que contrastar y matizar su propuesta.
Por el momento la polémica ha quedado aplazada, pero no cabe duda de que volverá: el rechazo de una parte importante de la sociedad a los avances en biotecnología está lejos de ser vencido.
Existe una preocupación creciente entre la comunidad científica por la percepción que la sociedad tiene de determinados campos de investigación, ya sean emergentes como la biotecnología o viejos conocidos como la química o la farmacia. Y es que no es sólo cuestión de imagen. La opinión pública y la presión social influyen, qué duda cabe, en decisiones políticas y administrativas que pueden, si no impedir, sí poner trabas a la investigación científica. O incluso generar problemas de salud pública, como en el caso el movimiento antivacunas.
En este contexto, cabría pues plantearse preguntas de mayor calado e interrogarnos sobre cuáles son las raíces de la imagen que la sociedad tiene de la ciencia o cuál es el papel que juega la ciencia en las sociedades democráticas modernas.
Bernadette Bensaude-Vincent. Fuente: Universitat de València.
En su exposición, Bensaude-Vincent trazó un recorrido por la percepción que la sociedad ha tenido de la química a lo largo de la historia, desde sus orígenes hasta la actualidad, y profundizó en las causas de dicha percepción frente a la de otras ciencias como, por ejemplo, las matemáticas o la física, comparativamente bien vistas.
Pero, ¿por qué la química? ¿Y por qué este calificativo de “impura“?
Naturaleza, naturalismo y pesticidas
Bensaude-Vincent partió en su exposición del trabajo del antropólogo Philippe Descola sobre el dualismo entre naturaleza y cultura y la manera en que las distintas sociedades humanas se relacionan con la naturaleza. De acuerdo con Descola, nuestra sociedad occidental se basaría en una concepción naturalista del mundo, la cual introduce la idea de naturaleza como aquella parte del mundo físico que carece de cultura o de rasgos humanos, y establece por tanto una frontera entre lo natural y lo cultural. La definición que Aristóteles hacía de naturaleza o physis ya distinguía entre los seres naturales (aquellos que existen por sí mismos) y los seres fabricados (aquellos que deben su existencia a una acción exterior).
La química tendría el honor de ser la primera ciencia que, más allá de estudiar la naturaleza, trata de replicarla y permite al hombre crear nuevos elementos (nuevos seres naturales en la concepción aristotélica). La química desdibujaría la frontera que separa lo natural de la obra humana, alteraría el orden natural, y de ahí vendría, en consecuencia, su condición de impura.
Esta característica, según Bensaude-Vincent, estaría detrás del rechazo o, cuanto menos, de la desconfianza histórica hacia la ciencia, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en la representación del alquimista medieval como hereje, capaz de transmutar los elementos y asemejar al hombre a dios.
Sin embargo, la imagen que la sociedad tiene de la química ha variado a lo largo de su historia. Superada la Edad Media y la alquimia, a partir del siglo XVII la química vivió una edad de oro, en el contexto de la Ilustración y la Revolución Industrial, interrumpida por la introducción de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, y prorrogada en parte durante los años 30 y 40 del siglo XX con la generalización del uso del plástico, que permitió reducir el coste de un gran número de objetos de uso cotidiano y, por tanto, democratizar el acceso de la población a los mismos.
El punto de inflexión definitivo fue la publicación en 1962 del libro “Primavera silenciosa” (Silent Spring) de la bióloga y divulgadora estadounidense Rachel Carson, que denunciaba los efectos de los pesticidas en el medio ambiente y culpaba directamente a la industria química de la creciente contaminación.
La divulgadora estadounidense Rachel Carson, autora de Primavera silenciosa.
La multinacional Monsanto trató de replicar con la publicación de una parodia del libro de Carson titulada “The desolate year“, que venía a describir la muerte y la destrucción que se extenderían por Estados Unidos si no se utilizaran los pesticidas, pero tuvo poco éxito. La obra de Carson inspiró todo un movimiento ecologista que condujo a la prohibición del uso del DDT pero, sobre todo, volvió a poner a la química y a su industria en el centro del rechazo social hacia la ciencia.
Y en esa dialéctica seguimos.
En la actualidad, como hemos visto, este rechazo se ha extendido a otros campos como la biotecnología que, al igual que la química, desdibujan las fronteras entre lo natural y lo artificial. La extensión de patentes y otros derechos de propiedad industrial ha hecho de amplificador de este rechazo, pues permitirían “privatizar” esta naturaleza y, aparentemente, limitar el acceso de la sociedad a las ventajas que puede ofrecer el avance científico.
Conclusión y reflexiones
La conclusión de Bensaude-Vincent es que esta crisis de imagen no es, ni mucho menos, circunstancial. La percepción social de la química o de la biotecnología estaría imbricada en nuestros valores culturales y no es algo que vaya a cambiar con una campaña de comunicación o marketing, ni con el denonado esfuerzo de divulgadores y comunicadores científicos.
Por otra parte, despreciar el rechazo hacia la ciencia y considerar esta actitud como obsoleta o irracional es, con toda seguridad, un error. Esta es la estrategia que, en su momento, adoptó Monsanto en relación a Carson y que ha venido empleando la industria y buena parte de la comunidad científica, con pobres resultados.
¿Qué hacer, entonces? Bensaude-Vincent establecía, en primer lugar, la necesidad de comprender los valores culturales que motivan la aceptación o el rechazo público de la ciencia. En segundo lugar, proponía desarrollar una ética de la química y de la biotecnología, para finalmente renegociar sus prioridades a través de un debate participativo y democrático.
De hecho, ésta es una tendencia que poco a poco va introduciéndose en el discurso y en las políticas educativas y científicas. Ejemplo de ello es el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, que contempla la participación pública en la ciencia a través de los programas de trabajo sobre ciencia por y para la sociedad y la investigación e innovación responsables (en inglés, Responsible Research and Innovation, RRI).
En cualquier caso, parece claro que es necesario reflexionar sobre la manera en la que comunicamos y compartimos la ciencia. Sobre todo por parte de quienes trabajamos en campos científicos y sectores de especial sensibilidad, porque no es lo mismo hablar del origen del universo o de la evolución de los dinosaurios que de los transgénicos o del desarrollo de nuevos fármacos.
Algo debemos estar haciendo mal si una parte importante de la sociedad sigue desconfiando de nuestro trabajo. Envolverse en el manto de la ciencia y, seamos sinceros, de cierta superioridad intelectual es tentador, pero es una estrategia de comunicación abocada al fracaso.
Los estudios sociales sobre la ciencia pueden, en este sentido, ser de gran ayuda para comprender las barreras culturales a las que nos enfrentamos y elaborar estrategias de comunicación y de participación ciudadana que nos permitan superarlas.
NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al cuadro “El estudiante de química y farmacia” del pintor austriaco Karl Joseph Litschauer (1830-1871).
Recientemente la Fundación Cotec hacía público su informe anual sobre el estado de la investigación y la innovación en España. El informe recopila la práctica totalidad de indicadores y factores que describen y modulan la evolución de la innovación tecnológica en España: inversión, recursos humanos, educación y formación, resultados, competitividad y comercio exterior.
La tendencia negativa de los últimos años se ha mantenido y, como muestra, el gasto en I+D en España ha seguido cayendo en el año 2013 hasta el 1,24% del PIB, un nivel comparable al del año 2007 y que ha llevado al director general de Cotec, Jorge Barrero, de hablar de una “década perdida para España“. Los datos cobran mayor gravedad cuando se comparan con los de los países de nuestro entorno. Mientras que de 2008 a esta parte, el gasto en I+D en porcentaje del PIB en España ha caído en un 6%, en el conjunto de países de la OECD ha crecido un 17,4%.
El contenido del informe, aún siendo preocupante, no contiene en líneas generales nada que no supiéramos o, al menos, intuyéramos. La errática política científica española es bien conocida. Hace apenas unos días, el científico Avelino Corma se lamentaba de que en España no hubiera habido nunca una política “continuada” de apoyo a la ciencia, sólo “impulsos”, y abogaba por un pacto de estado a largo plazo que dé estabilidad. Petición que suscribían los directores de los centros de investigación de excelencia Severo Ochoa y que, por cierto, dista de ser nueva. En 2004, un grupo de reconocidos investigadores españoles, que incluía entre otros a Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Vicente Rubio o Margarita Salas, exigía también un pacto de estado por la ciencia al, por aquel entonces, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El presupuesto noruego del año 2016 fija tres prioridades estratégicas, que tratan de dar respuesta a la actual situación económica:
Reforzar la investigación aplicada y orientada a la industria
Impulsar la investigación básica y a largo plazo
Consolidar la cooperación internacional y la participación en programas europeos.
Dentro del programa de investigación industrial (User-driven Research-based Innovation, BIA), destaca el fomento de la transferencia de tecnología y experiencia entre empresas, como por ejemplo la aplicación de capacidades de la industria petrolífera en otros sectores. Además, hay un programa dedicado a la comercialización de resultados de investigación dotado con cerca de 30 millones de euros, de los cuales casi 3 millones se destinarán a estudiantes emprendedores.
En el ámbito de la investigación básica los presupuestos incluyen la financiación de hasta 40 proyectos científicos singulares (FRIPRO Toppforsk), comparables a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, ERC) y dotados con alrededor de 2,5 millones de euros para 5 años.
El gasto público noruego en I+D representa el 1% del PIB y, en palabras de Hallén, “supone un hito, incluso si este porcetaje se debe en parte a un menor crecimiento del PIB“. En España nos daríamos con un canto en los dientes con unos presupuestos así, sin embargo en Noruega el propio Hallén se lamenta de que “áreas clave como la investigación sobre el clima o la renovación del sector público no se beneficien de un mayor incremento en la financiación“. Que no es que no las financien, sino que no han sido consideradas prioritarias.
Odiosas comparaciones
Las políticas científicas y de innovación noruega y española difieren notablemente, tanto como los propios países. La pregunta que en consecuencia nos deberíamos plantear es cómo se reflejan y cuáles los efectos de estas políticas en los respectivos sistemas de ciencia e innovación, y hasta qué punto son comparables.
Para tratar de obtener una respuesta preliminar, con la superficialidad que este blog permite, vamos a fijarnos en cuatro indicadores básicos: el gasto en I+D en porcentaje sobre el PIB y en importe, el ratio de investigadores por empleado y el número de patentes triádicas.
1. Gasto e inversión en I+D
En 2013, Noruega destinó un 1,65% de su PIB a actividades en I+D, frente al 1,24% de España, como hemos visto al inicio del artículo, lo que viene a resultar un 33% más que nuestro país.
La diferencia entre ambos países no es tan grande, en particular si la comparamos con países como Suecia y Finlandia, que dedicaron el 3,3% de su PIB a I+D, o Austria y Alemania, cerca del 3% del PIB.
Cuando trasladamos los porcentajes anteriores a importes, la diferencia se vuelve claramente a favor de España, por el tamaño de nuestra economía. En 2013 Noruega gastó 5.163 millones de dólares en I+D, frente a los 17.960 millones de dólares de España.
Tanto en este indicador como en el anterior vale la pena detenerse un momento en la tendencia. Mientras que desde el inicio de la crisis el gasto en I+D en España, tanto en porcentaje sobre el PIB como en importe, no ha hecho más que descender, en Noruega descendió ligeramente en porcentaje para recuperarse en 2013 y, en todo caso, no ha dejado de aumentar en importe en ningún año.
2. Recursos humanos y resultados de I+D
En 2013, Noruega y España emplearon, respectivamente, a 10,42 y 6,87 investigadores por 1.000 trabajadores. En otras palabras, en términos relativos Noruega tiene un 53% más de trabajadores dedicados a I+D que España, destinando tan sólo un 33% más que España del porcentaje de su PIB.
Finalmente, Noruega -sus empresas, universidades, organismos de investigación e incluso particulares- solicitaron 122 patentes triádicas en 2013, frente a las 244 de España. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización.
En este caso, encontramos que España, realizando un gasto en I+D 3,5 veces superior al Noruego, sólo consigue el doble de solicitudes de patentes triádicas.
Conclusión
De este rápido vistazo a la política científica noruega y de la inevitable comparación con España se pueden obtener, al menos, tres lecciones que haríamos bien en aplicarnos.
La primera lección clara: es importante invertir en ciencia, pero tanto o más importante es cómo se invierte, sea poco o mucho. Los indicadores de gasto y su evolución lleva a pensar que, al margen de la situación coyuntural de la economía, Noruega realiza una apuesta estructural, sostenida y largo plazo por la I+D como parte de su economía y de su sociedad, y obtiene, tanto en términos relativos como absolutos, un mejor retorno de su gasto en I+D.
Gasto que, no lo olvidemos, comprende el correspondiente tanto al sector público como al privado. De este modo, los resultados obtenidos se derivan de la voluntad del sector público de articular políticas e instrumentos de apoyo a la ciencia y a la innovación, y de la capacidad del tejido empresarial en multiplicar y convertir dicho gasto en empleo de calidad e innovación.
La segunda lección es la importancia de combinar el apoyo a la investigación básica, a largo plazo, con la investigación y el desarrollo aplicados y orientadas a la industria. Esto es algo que en España, con la política científica en manos de una Secretaría de Estado de I+D+i subsumida dentro del Ministerio de Economía y Competitividad, puede no resultar fácil.
La tercera lección es que hay que definir áreas prioritarias y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, científico o industrial. El café para todos no es, en ningún caso, una (buena) política.
Tampoco lo es la multiplicidad de agencias e instrumentos de financiación. El Consejo de Investigación noruego nació en 1993 de la fusión de cinco organismos cada uno con su propia área de interés. En España, huelga decirlo, seguimos sin la Agencia Estatal de Investigación y, aún cuando ésta sea una realidad, la financiación de la I+D seguirá dispersa entre la propia agencia, el CDTI y probablemente también el Instituto de Salud Carlos III, además de toda una pléyade de agencias de financiación autonómicas rara vez coordinadas entre sí.
Finalmente, quizá el aspecto más destacable sea la motivación detrás de la decisión del gobierno noruego de aumentar el gasto en I+D, que trata de responder a la actual situación económica y se basa en el convencimiento de que la investigación y la innovación son claves para reestructurar la economía del país.
Como contrapunto, recuerdo unas provocadoras palabras de Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra quien, en la pasada conferencia de plataformas de investigación biomédica, sentenciaba que “en España, no es que la administración no valore la investigación, es que no cree en ella“.
¿Qué opinas de la política científica española, en comparación con la de otros países de nuestro entorno?
¿Te parece adecuada la política noruega? ¿Qué modelo debería seguir España?
¿Crees que, como dice San Miguel, nuestra administración no valora suficientemente la ciencia y la innovación?
La revista Science publicó en 2004 un trabajo del científico coreano Woo-Suk Hwang, en el que él y su grupo anunciaban haber sido capaces de obtener células madre embrionarias humanas mediante clonación. El método de Hwang podía suponer la llave para el tratamiento de numerosas enfermedades degenerativas y, acompañado de las enormes expectativas que en aquel entonces despertaba la medicina regenerativa, el descubrimiento ocupó inmediatamente un lugar destacado en todos los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas.
Sin embargo, el trabajo de Hwang no pasaría a la historia de la ciencia más que como uno de los mayores fraudes científicos recientes.
Finalmente, a principios de 2006, la Universidad Nacional de Seúl anunció que los datos publicados por Hwang eran falsos, e incluso el propio Hwang reconoció el fraude y pidió disculpas públicamente. El científico coreano fue apartado de sus responsabilidades científicas y, en la actualidad, sus artículos publicados en Science constan como retirados. La revista Nature mantiene aún hoy una sección especial sobre el fraude de Hwang en su página web.
El Dr. Hwang dando explicaciones.
Transcurridos casi 10 años podemos felicitarnos de que los mecanismos de control de la comunidad científica funcionaran correctamente, y así dar por cerrado un claro caso de mala praxis científica.
Solo que, sorprendentemente, no estaba tan cerrado como podía parecer.
En febrero de 2014, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) publicaba la concesión de la patente 8,647,872, con título “Human embryonic stem cell line prepared by nuclear transfer of a human somatic cell into an enucleated human oocyte” y entre cuyos inventores se encuentra nuestro conocido Woo-Suk Hwang. La patente describe una línea celular embrionaria humana obtenida mediante clonación, así como el método empleado a tal efecto. Lo que venía a ser el objeto del primero de los artículos publicados por Hwang en Science en 2004.
Las preguntas que se plantean son inmediatas: ¿Se puede patentar algo que la comunidad científica ha determinado que no funciona? ¿Cuál es la utilidad de patentarlo? Y, ¿para qué sirven las oficinas de patentes si, aparentemente, se cuelan semejantes “inventos”?
Examinador a tus patentes
Empezando por la primera pregunta, aunque pueda resultar extraño, las oficinas de patentes no comprueban la veracidad de las reivindicaciones contenidas en las solicitudes de patente. Hay que recordar que la tarea fundamental de los examinadores de las oficinas de patentes -los expertos encargados de tratar las solicitudes de patentes- es evaluar si dichas solicitudes cumplen los consabidos requisitos de patentabilidad:
Novedad: Que la información relativa a la invención no haya estado a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud.
Actividad inventiva: Que la invención no resulte evidente para un especialista medio en la materia.
Aplicación industrial: Que la invención sea susceptible de ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.
Cuando evalúa una patente, el examinador se pone en el lugar de lo que sería un experto con unos conocimientos medios en la materia, lo que en ocasiones le lleva a moverse sobre una línea muy fina.
Por una parte, el examinador debe exigir que la invención esté descrita de manera suficientemente clara y completa para que ese hipotético experto sobre la materia pueda ejecutarla.
Por la otra, en según qué campos científicos, para el examinador puede ser difícil mantenerse informado de todos los avances que se producen y, por tanto, estar en condiciones de juzgar la veracidad o no de la invención. En algunos casos, adoptar una postura excesivamente conservadora podría llegar a limitar el desarrollo de tecnologías disruptivas.
En consecuencia, la concesión de una patente tan sólo implica que el examinador considera que la invención podría funcionar o que, cuanto menos, no encuentra motivo para pensar que no podría funcionar de ningún modo. Es decir, no garantiza que los procedimientos o productos descritos o derivados de la misma hagan lo que dicen hacer.
Con todo, las patentes que son claramente irrealizables sí son rechazadas. Porque incumplen el requisito de poder ser ejecutadas y, en parte, también por falta de aplicación industrial. Un ejemplo de esto es la patente US 2006/0073976 A1, que describe un método de distorsión gravitacional y de desplazamiento temporal… Lo que vendría a ser una máquina del tiempo, invención de Marlin B. Pohlman, un señor de Tulsa, Oklahoma. La solicitud de patente fue tumbada por el examinador (para desgracia de los seguidores del Dr. Who).
Method of gravity distortion and time displacement . Fuente: USPTO
Más allá de la anécdota, las solicitudes de patente pseudocientíficas pueden llegar a suponer un problema. En particular, cuando los medios de comunicación se hacen eco de algunas de estas invenciones y generan unas expectativas infundadas que, al final, terminan por desacreditar el sistema de patentes e incluso la investigación científica en su conjunto.
La USPTO puso en marcha en los años 90 un programa interno denominado SAWS (Sensitive Application Warning System), cuyo objetivo era detectar solicitudes de patentes que pudieran ser controvertidas: desde remedios milagrosos para el SIDA u otras enfermedades hasta fuentes de energía infinita. El programa SAWS no estuvo exento de polémica. Se mantuvo en secreto durante cerca de 20 años y, en la práctica, se trataba de una vía de evaluación de patentes paralela a la oficial. La USPTO lo dio por finalizado en marzo de 2015.
Móviles perpetuos y homeopatía
Los intentos de patentar invenciones cuya base científica es cuestionable son tan antiguos como el propio sistema de patentes. La USPTO mantiene una colección de solicitudes de patente dedicada nada más y nada menos que a máquinas de movimiento perpetuo: artilugios que generan como mínimo la misma energía que consumen, y que violan de paso los principios de la termodinámica.
Con frecuencia el propio inventor está convencido de la validez y de la genialidad de su invento -como seguramente sea el caso del señor Pohlman- y podemos suponer que actúa de buena fe. Sin embargo, en otros casos, la obtención de una patente puede servir para dar cierta credibilidad a negocios dudosos, cuando no fraudulentos.
En el caso de la homeopatía, una sencilla búsqueda en Google Patents arroja un buen número de patentes relacionadas, tanto solicitadas como concedidas y, en algunos casos, muy llamativas.
La compañía francesa Boiron, principal fabricante mundial de homeopatía, solicitó en abril de 2010 una patente relativa a un medicamento homeopático para el tratamiento del cáncer y que se basa en el uso de la fenacetina. La fenacetina era un fármaco antipirético y analgésico ampliamente utilizado hasta su retirada del mercado en 1983 por sus efectos adversos, entre los que destacan un mayor riesgo de sufrir nefropatías así como determinados tipos de cáncer.
Los inventores afirman haber descubierto que “la fenacetina puede ser usada, en una dilución homeopática, para el tratamiento del cáncer en humanos” e inhibir la invasión, crecimiento y desarrollo tumoral. Siempre según la solicitud de patente, la fenacetina diluida en 100^4 veces (4CH en la jerga homeopática) sería capaz de inhibir la expresión de los genes MMP2 y MMP14, implicados en la progresión y metástasis de distintas formas de cáncer.
Pero un momento… ¿No está la comunidad científica harta de repetir, por activa y por pasiva, que la homeopatía carece de base científica? ¿Cómo se atreve Boiron a solicitar la patente de un medicamento homeopático para tratar nada más y nada menos que el cáncer?
Bases pseudocientíficas de la homeopatía.
La solicitud de patente de Boiron enlaza un conocimiento científico aceptado, que la fenacetina incrementa el riesgo de producir cáncer, con una hipótesis científica conocida, que la fenacetina podría inhibir algunos procesos tumorales, e insinúa una causalidad entre ambos: la fenacetina, que en determinadas dosis aumenta el riesgo de padecer cáncer, diluida de acuerdo a los principios de la homeopatía permitiría curarlo. Lo que se conoce como una falacia lógica causal, pero que la empresa utiliza muy hábilmente para dar a la homeopatía una pretendida base científica.
¿Y qué opina la oficina de patentes, en este caso la europea, de todo esto? La Oficina Europea de Patentes (EPO) hace su trabajo, es decir, evalúa si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad vistos anteriormente. Para ello, los examinadores de la EPO buscan en múltiples bases de datos documentos relevantes o relacionados con la solicitud de patente presentada. Posteriormente los analizan y determinan si la solicitud cumple dichos requisitos, en particular los relativos a la novedad y a la actividad inventiva, emitiendo lo que se conoce como opinión escrita.
9. Composition according to at least one of claims 2 to 5, characterized in that the solution is a homoeopathic medicament, preferably Phenacetinum 2CH, 3CH, 4CH and 5CH, preferably Phenacetinum 4CH.
Lo que quiere decir el examinador es que, aunque el posible uso de la fenacetina para tratar el cáncer no es nuevo, no ha encontrado a nadie que se le haya ocurrido diluirla en una solución homeopática (probablemente para no hacer el ridículo ante sus colegas) y, en consecuencia, su uso en esa forma sí sería patentable por Boiron.
La oficina de patentes no dice que funcione ni que se vaya a comercializar -esto último depende de las agencias reguladoras de medicamentos- pero una hipotética concesión de la patente podría dar lugar a titulares más que sensacionalistas: “patentado fármaco homeopático para el tratamiento del cáncer“. En este caso no parece que vaya a ser así, porque Boiron, según figura en el registro de la EPO, habría renunciado a continuar con la tramitación de la patente. No estarían muy convencidos de su invención…
Respondiendo a la pregunta que da título a este artículo, definitivamente sí, la pseudociencia se puede patentar. Los motivos, como hemos visto, pueden ir desde el convencimiento del propio inventor en su invención hasta el interés empresarial.
La pseudociencia, no lo olvidemos, vende, y una buena estrategia de propiedad industrial, como todo en la empresa, está orientada a mantener y aumentar las ventas. La protección mediante patentes puede utilizarse para ganar cierta credibilidad entre un público no informado, pero también para defender una posición en el mercado. Independientemente de que un producto o servicio carezca de base científica, los derechos de propiedad industrial sobre el mismo pueden emplearse para impedir la entrada de competidores.
¿Por qué patentó Hwang su método de obtención de células madre embrionarias? Probablemente porque no tenía otro remedio. Hwang consta como inventor de muchas otras solicitudes de patente, algunas de ellas también concedidas. Aún a sabiendas de que había falseado sus datos, si hubiera renunciado a patentar su revolucionario método de clonación se habría puesto en evidencia o, al menos, habría levantado sospechas.
La pseudociencia va a seguir existiendo, así como las solicitudes de patente sobre invenciones pseudocientíficas o fraudulentas. Su concesión genera desinformación entre los consumidores ydesacredita el trabajo de las oficinas de patentes, por lo que revisar los criterios de evaluación empleados por estas últimas podría limitar, en parte, el problema.
Sin desvirtuar el sistema de patentes que, en definitiva, es tan solo un instrumento. Si bien puede dar cobertura a negocios dudosos, también da transparencia a estas presuntas invenciones. Su publicación nos permite determinar de primera mano si tienen una base científica sólida o si, por el contrario, nos encontramos ante un engaño, en muchos casos deliberado.
¿Cuáles son las consecuencias de la solicitud y concesión de patentes pseudocientíficas?
¿Qué opinas del rol de las oficinas de patentes? ¿Deberían emplear criterios más estrictos de evaluación?
¿Sería necesariointroducir reformas mayores en el sistema de patentes?
NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al estupendo corto de animación “El vendedor de humo“, dirigido por Jaime Maestro.
No es la primera vez que organizaciones científicas tratan de introducir en el debate político las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología. Un ejemplo reciente es el de RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la innovación, que se ha mostrado también muy activa en este año electoral y ha propiciado incluso encuentros con representantes de partidos políticos de los que hemos hablado ya en el blog.
El informe de CERU aporta a este debate una perspectiva muy interesante: la de científicos con conocimiento y experiencia internacional y, por qué no decirlo, también independencia para analizar y proponer mejoras en la ciencia española.
Análisis del sistema de I+D en España
El informe de CERU toma como punto de partida un análisis DAFO clásico, basado a su vez en el informe ERAC Peer Review realizado en julio de 2014 por un grupo de expertos de la Comisión Europea. El informe ERAC analizaba de manera muy certera el sistema español de investigación e innovación y, como muestra, ahí van tres perlas:
En el ámbito de la investigación se constata la existencia de un sistema dual, ya que pese a la elevada calidad de una parte de los resultados, la media del Sistema es, sin embargo, baja.
En el ámbito empresarial, (…) se constata la existencia de un número muy reducido de grandes empresas que pueden actuar como elementos tractores en el ecosistema de innovación, así como de un reducido número de micro empresas y empresas con capacidades de I+D e innovación, significativamente más bajo en términos per cápita que en el resto de los países del entorno europeo.
En el ámbito regional, los mecanismos de coordinación son insuficientes, incrementando de este modo el riesgo de que surjan duplicidades a nivel estratégico entre los agentes estatales y los regionales.
El DAFO que presenta CERU es correcto en prácticamente todos sus puntos. Se ha escrito mucho y desde hace mucho tiempo sobre los defectos y virtudes de nuestra ciencia.
Tal vez se echa en falta algo más de rigor en el apartado dedicado a las amenazas: algunas de las que se citan no lo son en sentido estricto o no están del todo bien formuladas. Las “futuras malas prácticas de contratación“, serían en todo caso una debilidad actual que habría que corregir, el “incremento de la pérdida de talento” debería explicarse como una amenaza externa, por ejemplo “sistemas extranjeros de I+D más atractivos“, y no se menciona la creciente competencia de países emergentes. Detalles menores que no invalidan el análisis en ningún caso.
Recomendaciones sobre transferencia de conocimiento
Uno de los apartados del informe está dedicado íntegramente a la transferencia de conocimiento, por lo que siendo esta uno de los temas principales de este blog merece la pena relacionar y, brevemente, comentar algunas de las recomendaciones de CERU:
Convocatorias públicas en las que la investigación básica esté orientada a la (…) propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. De acuerdo, aunque no me queda del todo claro qué quiere decir. Entiendo que en líneas generales coincide con lo que, sobre el papel, pretende la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
Incentivos a investigadores del sistema público que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría y contratos con las mismas). Completamente de acuerdo, como bien dice el informe con una adecuada regulación, en particular en lo relativo a la transparencia y los conflictos de interés. Pero no lo habría redactado así, ni puesto en segundo lugar en la lista de recomendaciones: corre el riesgo de parecer una reivindicación salarial o corporativista.
Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de investigación. Completamente de acuerdo, aunque esto sería un objetivo más que una recomendación o actuación concreta.
Fomentar la compra a prueba por las administraciones. De acuerdo, obviamente cuando la administración tenga motivos para ello (p.ej. modernización de la propia administración), por ejemplo mediante programas de compra pública innovadora.
Elaborar planes estratégicos de innovación público-privados. De acuerdo, pero ¿a qué llamamos plan estratégico de innovación? Cuidado con caer en el buzzword bingo.
Ofrecer formación en aspectos de gestión y emprendimiento al personal científico. Completamente de acuerdo, aunque ya empieza a consolidarse una buena oferta de formación en este campo (privada, eso sí).
Crear centros de investigación con financiación público-privada. Completamente de acuerdo. O laboratorios conjuntos de investigación con empresas.
Fomentar la creación de clústeres de empresas donde haya investigación de excelencia en un determinado campo. De acuerdo, pero complicado: requiere coordinar política científica e industrial y captar empresas tractoras. ¿Y si lo hiciéramos al revés, fomentar la investigación de excelencia en campos de interés para nuestras empresas?
Mejorar los recursos humanos y el funcionamiento de las OTRIs: incorporar personal de perfil científico y/o con experiencia en el mercado. Completamente de acuerdo. La capacitación del personal dedicado a transferencia y el enfoque de las propias unidades es, con frecuencia, deficiente. Sin embargo, la solución no pasa únicamente porque la transferencia sea una salida profesional adicional para el personal científico que no sigue su carrera investigadora. Tal y como está redactado parece más una reivindicación profesional (completamente legítima, por otra parte). Pero esto da para un post entero (oye, ¿y si cerramos las OTRIs?).
Mejorar sinergia entre CDTI y OTRIs para favorecer el contacto entre universidad de empresa. Parcialmente en desacuerdo. Todo lo que sean sinergias es fantástico, pero no termina de queda claro qué se pretende y, en mi opinión, no entraría dentro en la misión del CDTI “representar” a las universidades ante las empresas.
Elaborar programas de formación para la empresa privada en relación con las características de la investigación en empresas.Parcialmente en desacuerdo. No queda claro el objetivo de esta actuación. Sin olvidar que buena parte del tejido empresarial español no sabe lo que es la investigación (y, en muchos casos, tampoco lo necesita), sí es necesario hacer un esfuerzo para, por una parte, divulgar la conveniencia de participar en proyectos de investigación y/o innovación y, por otra parte, capacitar a las empresas para ello.
Incluir un asesor científico del sistema público de I+D en los proyectos de investigación de empresas con financiación pública.En desacuerdo. Si ya cuesta que las empresas hagan I+D, añadir actores cuyo valor añadido para la empresa y para los proyectos distan de ser evidentes no haría más que desincentivar la participación empresarial. Keep it simple. Podría considerarse, en cambio, crear una figura similar al scientific officer de H2020 o, en aquellos proyectos de gran envergadura, contar con un consejo asesor científico externo.
Creación en universidades y centros de investigación de clubes de empresas. Completamente de acuerdo. O, para darle aún más entidad, de la misma manera que contamos con consejos asesores científicos, crear consejos asesores empresariales en los centros de investigación.
El bloque dedicado a transferencia concluye con una serie de actuaciones, muy concretas, en investigación e innovación clínica. Todas ellas coherentes y con las que creo que coincidimos prácticamente todos los que estamos en el sector.
En otras apartados del informe se realizan recomendaciones directa o indirectamente relacionadas con la transferencia que, en ocasiones, son de mayor impacto que las anteriores. En particular en lo relativo a incentivar la participación privada en la financiación de la I+D: centros con financiación mixta público-privada, encuentros científico-empresariales, incentivos fiscales a la I+D empresarial y evaluación de la misma, doctorados industriales y estancias científicas en empresa, entre otros.
También se menciona la necesidad de atraer empresas y fondos privados extranjeros en los proyectos y oportunidades de desarrollo tecnológico e inversión, respectivamente, que ofrecen la ciencia made in Spain. Con todo, la regla de oro para conseguir financiación privada para I+D es, sencillamente, ofrecer un retorno lo suficientemente atractivo.
Conclusión y reflexiones
El informe presentado por CERU merece la atención no sólo de los partidos políticos, sino también de los que estamos de una manera u otra relacionados con el sistema de I+D en España.
Dejando al margen matices de forma o de concreción en algunas de las recomendaciones, el informe ofrece una batería de propuestas e ideas lo suficientemente interesantes para ser consideradas por todos los agentes del sistema de I+D: universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos empresas, investigadores, administraciones y organismos financiadores, agentes intermedios, etc. E incluso implementadas.
Seamos realistas, la ciencia y la política científica no son una prioridad ni para partidos políticos ni para la sociedad española en general (aunque esto último parece estar cambiando, como apunta CERU en su análisis). Es más, me aventuraría decir que la ciencia no está en el debate político porque tampoco está en el debate “en la calle”.
En todo caso, la política actual suele ir por detrás de la sociedad, por lo que no nos queda más remedio que seguir trabajando bottom-up:
Continuar introduciendo la ciencia en el debate público, y no sólo político, para lo que iniciativas como el informe CERU son de gran utilidad.
Implementar estas y otras recomendaciones, en nuestros respectivos campos de actuación y en la medida de lo posible.
No es el enfoque óptimo, y los resultados serían sin duda mejores con un mayor apoyo político y/o institucional, pero parte de la solución está en nuestras manos.
Hay urgencia, y puede que tengamos una ventana de oportunidad para cambiar la política científica en España, mejorar nuestro sistema de I+D y dar, definitivamente, one step forward.
¿Has leído el informe CERU? ¿Qué esperas a hacerlo?
¿Qué recomendaciones te parecen (o no) las más adecuadas?
¿Crees que los partidos políticos dan suficiente importancia a la I+D?
La biblioteca del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia -en sus inicios Instituto de Investigaciones Citológicas– ofrece un completo recorrido por la investigación y el conocimiento en biomedicina en los últimos 75 años. Sus volúmenes, repartidos en las diferentes salas del centro, comprenden libros y revistas científicas desde la década de 1940 hasta bien entrados los 2000, en los que el soporte electrónico sustituyó ya definitivamente al papel.
Podemos, por ejemplo, encontrar un ejemplar del Annual Review of Biochemistry correspondiente al año 1943, gran cantidad de literatura científica en francés, cuando aún pugnaba con el inglés como lengua de la ciencia, o incluso la revista Laboratorio, fundada en 1946 en Granada y que aparecería mensualmente durante unos cuarenta años, dando cuenta de temas como la inmunología, la hematología, la anatomía patológica o la química clínica.
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Revista Laboratorio. Año 1949.
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Annual Review of Biochemistry vol. 12. 1943.
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Curioseando entre volúmenes antiguos -siempre he sido rata de biblioteca- di casualmente con un ejemplar de la revista Nature que, en su número del 21 de enero de 1972, se hacía eco de un estudio de la OECD –Reviews of National Science Policy, Spain– que analizaba en detalle la política científica española y la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en aquel momento.
Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.
La reseña, de apenas una página de extensión, se titula “Time for a Change in Spain“y se abre con una frase demoledora:
Ever since the Second World War, Spain has been conspicuous among the nations of Western Europe for its backwardness in scientific research and development.
Su lectura permite conocer la visión de un organismo internacional, en principio independiente, sobre la ciencia en España entonces, así como la opinión al respecto de una publicación como Nature.
Dicho informe de la OECD representa un hito en el análisis de la política científica en España y, tal vez, el primer gran esfuerzo por explicar las causas por las que nuestro país había permanecido durante tanto tiempo “remotamente conectado de la comunidad científica”.
Escasez de financiación
La primera de estas causas era, sin duda, la baja inversión en investigación y desarrollo. En 1967 el gasto total en I+D realizado tanto por el estado como por la industria ascendió a 3.873 millones de pesetas, lo que suponía un 0,27% del PIB de aquel año.
La cifra no era en sí mala, sobre todo si se tiene en cuenta que la economía española en los años 60 y sus correspondientes indicadores macroeconómicos eran muy inferiores al de otros países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, cuyo PIB per cápita triplicaba al español. Destaca, además, el hecho de que el estado y la industria contribuían en prácticamente la misma proporción a la inversión en I+D.
Sin embargo, el informe llamaba la atención sobre el desequilibrio en la distribución del presupuesto público en investigación: casi en su totalidad se destinaba a centros públicos de investigación y solamente un 3% a las universidades. Nature se cuestionaba cómo un estado moderno (sic) esperaba mantener un sistema universitario competitivo con un presupuesto de apenas 100 millones de pesetas y reconocía el mérito de las universidades españolas, que habían sido capaces de ganarse una buena reputación por sí mismas, lo que calificaba literalmente de “milagro”.
Agricultura y energía nuclear
Dentro de la parte del gasto en I+D correspondiente al estado, el informe de la OECD criticaba la falta de coherencia entre las prioridades científicas y los sectores estratégicos de la economía española.
A pesar de la importancia del sector primario y sobre todo agrícola en la España de los años 60, sólo se destinaba a investigación agraria un 17,4% del presupuesto, alrededor de 375 millones de pesetas. El presupuesto del Patronato Alonso de Herrera, que agrupaba hasta 24 centros del CSIC dedicados a la investigación en biología vegetal y ciencias agrarias, se redujo en cerca de un 20% entre 1967 y 1969, si bien se incrementó la inversión realizada directamente por el Ministerio de Agricultura.
Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza
En cambio, la investigación en energía nuclear se llevaba en 1967 un 23% del total del presupuesto, un importe sólo justificable a ojos de la OECD si a largo plazo la mayor parte de la electricidad en España se iba a generar mediante centrales nucleares. La generación mediante energía nuclear alcanzo su máximo en 1989, cuando supuso el 37,9% de la generación eléctrica del país, así que la necesidad o conveniencia de aquella inversión queda como objeto de discusión.
Recomendaciones
La OECD expuso las conclusiones del informe a representantes del gobierno español durante el verano de 1970, junto con una serie de recomendaciones:
En materia de política científica, de manera general, se instaba al gobierno español a elegir entre seguir “los patrones del pasado” o introducir cambios radicales en la misma.
Defendía que una mayor inversión en I+D permitiría mejorar la balanza de pagos española, tanto en la agricultura como en la industria.
Reconocía el potencial y los avances en investigación agrícola, con especial mención al centro de investigación del CSIC en Zaragoza, pero constataba que en otros sectores como el industrial los resultados eran “decepcionantes”.
Censuraba duramente el abandono por parte del gobierno de la investigación universitaria, y abogaba por incluir a las universidades en la planificación a largo plazo de la política científica, así como mejorar el status y aumentar la escala de la investigación que realizan.
Y, como primer paso, la OECD recomendaba… doblar el presupuesto estatal dedicado a investigación y desarrollo. ¿A qué esto resulta familiar?
De un tiempo a esta parte
No es la única vez que Nature ha tratado en sus páginas la situación de la ciencia española, su potencial y sus promesas, con frecuencia no cumplidas. En 2008, Nature celebraba que el presupuesto destinado a I+D se hubiera doblado en apenas 4 años y se preguntaba si España podía encontrarse frente a una nueva “edad de plata” científica.
Sorprende cómo algunas de las afirmaciones y recomendaciones que la OECD realizaba sobre el estado de la ciencia española en los años 70 son en gran medida aplicables en la actualidad.
En 2015 sigue siendo necesario argumentar la importancia de invertir en I+D para mejorar la economía y la competitividad de nuestro país, así como reclamar un mayor compromiso y planificación a largo plazo por parte de las administraciones públicas. El sistema de ciencia y tecnología presenta carencias en su articulación, y las prioridades científicas no siempre están alineadas con las particularidades y necesidades de nuestro tejido empresarial.
La propia Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 2013-2020 del Ministerio de Economía y Competitividad identifica algunas debilidades que son perfectamente reconocibles en el análisis de la OECD: la baja intensidad del esfuerzo en I+D en relación al PIB, la baja capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por el sector empresarial o la rigidez de los modelos de gobernanza de universidades y OPIs, entre otros.
Por último, y a la luz de los más de 40 años transcurridos desde entonces, cabe reflexionar sobre si la política científica de un tiempo a esta parte ha sido, en líneas generales, acertada y si los resultados obtenidos se pueden calificar de satisfactorios.
E igualmente, haciendo “política científica ficción”, en qué situación podríamos encontrarnos si las políticas hubieran sido diferentes. Las posibles preguntas y sus respuestas son inabarcables, pero aquí van algunas a vuelapluma:
¿Era acertado invertir en investigación nuclear? ¿O hubiera sido conveniente priorizar otros campos?
¿Se ha logrado consolidar la investigación universitaria como sería deseable?
¿Es aún necesario introducir “cambios radicales” en la política científica? ¿Cuáles?
Hace tan sólo unas horas que la sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA hace más de 9 años, ha llegado por fin a su destino, Plutón: uno de los principales cuerpos celestes de lo que, tras dimes y diretes astronómicos, se ha dado en llamar la tercera zona y que comprende el espacio situado más allá de Neptuno, el más lejano de los gigantes gaseosos.
El viaje de la New Horizons no concluye en Plutón. De hecho, no entrará en su órbita. La sonda pasará a unos 12.500 km. de Plutón y a 28.800 km. de Caronte, su principal luna, antes de continuar su viaje hacia el Cinturón de Kuiper, donde probablemente se aproxime a algunos de los objetos (KBO, Kuiper Belt Objects) que lo pueblan para estudiar por primera vez esta zona del Sistema Solar.
Plan de la misión New Horizons. Fuente: NASA.
La New Horizons, como todo artefacto espacial, es el resultado de un trabajo de ingeniería complejo, multidisciplinar y costoso. Para llevarlo a cabo la NASA cuenta con la colaboración de múltiples instituciones y empresas que, con frecuencia, son las verdaderas responsables de diseñar e integrar los diferentes sistemas e instrumentos de que componen sus naves y sondas espaciales.
En el caso de la New Horizons esta tarea ha sido liderada por el Southwest Research Institute (SwRI), en Texas, y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins (JHUAPL), en Maryland. El JHUAPL es la institución responsable del diseño, construcción y operación de la sonda mientras que el SwRI es la institución responsable de la misión en sí misma, la operación de los instrumentos científicos y la recogida de datos. Además, han participado empresas y entidades como KinetX, Inc., Ball Aerospace Corporation, Boeing, el Goddard Space Flight Center y Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la Universidad de Stanford, Lockheed Martin, la Universidad de Colorado y el Departamento de Energía de los EEUU, entre otros. El presupuesto total de la misión asciende hasta la fecha a 700 millones de dólares.
Un proyecto de estas características requiere la utilización de una gran variedad de tecnologías: estructuras, sistemas de control y telecomunicación, computación y almacenamiento de datos, propulsión, navegación, energía, control térmico, además de los propios instrumentos y ensayos científicos específicos de cada misión.
Muchos de estos componentes se reutilizan o adaptan a las necesidades de cada misión a partir de tecnologías desarrolladas anteriormente por la propia NASA o por sus contratistas. Es el caso del generador termoeléctrico de radioisótopos, la fuente de energía de la New Horizons que había sido utilizado anteriormente por las misiones Cassini-Huygens, Galileo y Ulysses. Pero igualmente muchas de las tecnologías empleadas se desarrollan desde cero, expresamente, para cada misión y circunstancia.
GPHS-RTG o General Purpose Heat Source — Radioisotope Thermoelectric Generator. Fuente: Wikipedia.
Esta actividad de investigación y desarrollo genera obviamente un enorme número de tecnologías potencialmente patentables, con la dificultad añadida de que en la mayoría de los casos se obtienen en el marco de proyectos en régimen de colaboración o contratación con la NASA.
Además, como es bien sabido, la tecnología espacial encuentra con frecuencia aplicaciones terrestres de tanto o mayor interés que la original. En palabras de Daniel Lockney, director del programa de transferencia de tecnología de la NASA, “cuando piensas en la NASA, piensas en cohetes, vehículos marcianos o satélites, pero deberías pensar también en amortiguadores de terremotos, motores de nueva generación o herramientas para neurocirugía“.
Transferencia de tecnología en la NASA
El reto que se plantea es cómo gestionar y poner orden en este flujo continuo de innovación. Para ello, la NASA ha definido una serie de procedimientos a fin de detectar todas las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de sus proyectos, tanto internos como externos, evaluarlas, protegerlas cuando corresponda y asegurar su comercialización y difusión.
Todas aquellas personas o entidades que trabajan en o para la NASA están obligadas a informar de cualquier invención, descubrimiento, mejora o innovación, independientemente de que sea patentable o no, así como de nuevos programas informáticos o mejoras a programas ya existentes, a través de un New Technology Report o NTR que se envía electrónicamente. A partir de la información contenida en el NTR -y de otra adicional que se pueda solicitar posteriormente- el equipo de transferencia de tecnología de la NASA determina la patentabilidad y el interés comercial de la nueva tecnología y se define la estrategia de transferencia tecnológica a seguir.
El procedimiento es muy similar al de la mayoría de universidades y centros de investigación, si bien hay ciertos aspectos que merece la pena destacar, como la complejidad de identificar y analizar invenciones realizadas por un gran número de entidades muy diferentes entre sí, o el énfasis de la NASA en que cualquier nueva idea, tecnología o mejora, por improbable que pueda parecer su aplicación o novedad, se comunique mediante un NTR.
Además, que la NASA o, mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos tenga o no derechos de propiedad sobre la nueva tecnología dependerá del tipo de empresa o entidad para que la que trabajen los inventores y la relación contractual que se haya establecido con ella.
La NASA se reserva, de manera general, el derecho sobre las invenciones desarrolladas tanto por sus propios empleados públicos como por grandes empresas. Las pequeñas empresas tienen, en cambio, derecho a mantener los derechos de propiedad industrial sobre sus invenciones, siempre y cuando lo soliciten a la NASA en un plazo de 2 años desde la comunicación del NTR. No obstante, en el primer caso, las grandes empresas tienen derecho a una licencia no exclusiva y gratuita sobre la tecnología que hayan desarrollado. En el caso de pequeñas empresas, es la NASA la que se reserva dicha licencia.
Distribución de invenciones de la NASA. Fuente: NASA.
En el caso de tecnologías consistentes en hardware, y siempre y cuando se den los requisitos de patentabilidad, interés comercial y derechos de propiedad sobre las mismas, la tramitación habitual comprende la solicitud de una patente provisional ante la USPTO, seguida de una patente no provisional y su posterior comercialización y licencia. En el caso del software, la mayor parte se comercializa bajo la forma de acuerdos de uso (software usage agreements) si bien una parte se distribuye bajo licencias de código abierto.
Además, la NASA contempla mediante su programa QuickLaunch la concesión de licencias “exprés”. El objetivo de QuickLaunch es poner a disposición de las empresas tecnologías que tengan una aplicación clara y que no requieran un gran desarrollo tecnológico por parte de la empresa, por ejemplo, la integración con sus propios productos o servicios. La licencia que se concede es no exclusiva a cambio de un pago inicial y, en ocasiones, anual, ambos definidos de antemano junto con el resto de condiciones y no negociable, y se puede formalizar en el plazo de 7 días. Las tecnologías disponibles incluyen, por ejemplo, un dispositivo láser para medir distancias con una precisión de micras mediante patrones Fresnel, o un material más ligero y de fácil fabricación que además protege de la radiación.
Todas las nuevas tecnologías se difunden continuamente en el sitio TechBriefs. La NASA realiza además una selección de las 100 tecnologías más prometedoras o con mayor potencial, en sectores y aplicaciones como propulsión, energía, robótica o TIC, e incluso medicina, biotecnología o medioambiente.
Resultados, mitos y dólares
Los resultados de toda esta actividad pueden consultarse en detalle en la página del programa de transferencia de tecnología de la NASA, que permite filtrar por año e incluso por los distintos centros de investigación de la NASA, cada uno especializado en diferentes campos, y cuyos nombres nos resultarán en muchos casos familiares: el Ames Research Center, el Goddard Space Flight Center, el Jet Propulsion Lab o laboratorio de propulsión a chorro, o el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, entre otros. La palma se la lleva el JPL, responsable de cerca un 30% de las nuevas tecnologías desarrolladas por la NASA.
En 2014 se recibieron 1688 nuevas tecnologías (NTRs), se solicitaron 143 nuevas patentes, se formalizaron 42 nuevas licencias de patentes y 1675 acuerdos de uso de software.
Como ejemplo, el pasado mes de abril la NASA licenció a la empresa Evident Technologies, de Nueva York, una serie de patentes que cubrían diferentes materiales termoeléctricos, esto es, capaces de convertir el calor en electricidad. Precisamente el tipo de materiales empleados por el RTG que genera y suministra energía a la New Horizons, y que ahora podrían aplicarse a cualquier maquinaria o proceso industrial que desprenda suficiente calor: fabricación de cristal o cerámica, o incluso la combustión de un coche.
Éste y otros casos de éxito se publican anualmente en Spinoff, cuyo objetivo es dar a conocer la transferencia y aplicación de las tecnologías desarrolladas por la NASA en el sector privado, pero también desmontar algunos mitos sobre las tecnologías desarrolladas por la carrera espacial. Ni el velcro, ni el teflón ni el tang (sí, el tang), fueron desarrollados por la NASA, como tampoco los relojes de cuarzo, la resonancia magnética o el código de barras, si bien sí que fueron utilizados en distintas misiones espaciales.
Spinoff se dirige al público general y a las empresas pero, sobre todo, a los políticos estadounidenses, como justificación de los beneficios que aporta invertir en la exploración espacial y, en particular, del presupuesto anual de la NASA que se encuentra con frecuencia en cuestión. Llegados a esto punto, cabe preguntarnos precisamente por qué, si la NASA desarrolla y transfiere tal volumen de tecnologías, no es capaz de financiar su actividad al menos parcialmente con los ingresos que obtiene de licencias y otros acuerdos.
Ingresos por licencias 2011-2015. Fuente: NASA
Lo cierto es que dichos ingresos revierten directamente al Tesoro estadounidense y que, en todo caso, no son tan elevados como podría parecer. En 2014 fueron apenas superiores a los 2 millones de dólares, cuando el presupuesto total de la NASA ascendió a más de 17.000 millones, aproximadamente un 0,5% del presupuesto federal estadounidense (en el momento álgido de la carrera espacial llegó a suponer cerca de un 5%).
La exploración espacial es cara, muy cara. Y no tiene sentido considerar los ingresos por transferencia de tecnología como una fuente de financiación suficiente. Pero también es cierto que la NASA no está concebida para explotar tecnologías per se y ser rentable: subcontrata al sector privado un gran número de productos y servicios, y con frecuencia encuentra numerosos obstáculos administrativos (y políticos) para participar en aquellos proyectos que sí pueden ser realmente rentables.
La NASA tiene una increíble capacidad para generar nuevas tecnologías y aplicaciones para las empresas estadounidenses que, sin embargo, no puede rentabilizar directamente. En cambio, la transferencia de tecnología le permite demostrar, aunque sea con dificultades, el beneficio potencial de invertir en ciencia y tecnología.
Esto abre un debate que, si bien se pone de manifiesto en la exploración espacial por su elevado coste e impacto mediático, es sin duda ampliable a otros campos científicos y países, como España, especialmente en estos tiempos de recortes:
¿Debemos financiar a cualquier coste la ciencia y la tecnología? ¿O debe ser rentable o, al menos, autofinanciable?
¿Cuál es el retorno que debemos esperar y quién debe, en primera instancia, beneficiarse del mismo: el sector público o el privado?
