Para investigar, inventar y vender… ¿hay que sufrir?

La mención de la semana va para el blog de la OEPM en Madri+d que, con motivo del día del libro, hace una exquisita reseña del libro “Les souffrances de l’inventeur” de Balzac. La obra da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta un inventor para proteger un nuevo procedimiento de fabricación de papel en la Francia de principios del siglo XIX. Es fascinante comprobar como estas dificultades no han cambiado apenas en cerca de 200 años.

Mª José Romero se pregunta si las ayudas a la I+D+i responden a las necesidades de los investigadores españoles. Cuestión peliaguda y que admite diferentes respuestas según la interpretación que hagamos de estas “necesidades”. Determinadas líneas de financiación públicas son una pesadilla administrativa, no cabe duda. Otras muchas son claramente mejorables. Sin embargo, no hay que olvidar que las ayudas a la I+D+i son un instrumento de la política científica nacional y no sólo deben responder a las necesidades de los investigadores, así, a título particular. El artículo de Mª José recoge prácticamente todas las peticiones, cartas abiertas, conclusiones e informes que han surgido de la comunidad científica en los últimos años, reclamando un marco estable y suficiente de financiación de la ciencia en España.

Silvia Alonso, profesora de la Universidad Europea de Canarias, se pregunta en su blog qué conocimientos científicos esperamos de nuestros políticos. Todo ello a cuento de la respuesta que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a un periodista que bromeó sobre la computación cuántica durante la visita a instituto de física teórica. Ni corto ni perezoso, el primer ministro se lució y dio al periodista una lección 101 sobre la diferencia entre un ordenador normal y uno cuántico. Vale que Trudeau es una rara avis, pero la anécdota nos permite reflexionar sobre la importancia de la ciencia en el debate político y cómo ésta depende en buena medida del grado de conocimiento científico de nuestros representantes y, en última instancia, de la sociedad.

Y como en este blog somos un poco fenicios y nos gusta (mucho) hablar de vender, concluimos con las 10 acciones que hay que llevar a cabo en toda actividad de venta, según nos explica Íñigo Irizar en su blog: escuchar, comprender, servir, hacer, hacer hacer, cuidar la relación, escribir, comunicar, conversar y concretar. Por este orden. ¡Y perfectamente aplicables a la transferencia de tecnología!

¡Feliz semana!

Cómo la corrupción reduce nuestra capacidad de innovación

No es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte, la política en España está condicionada por el sinfín de escándalos de corrupción que ha salido a la luz en los últimos años. En el momento actual, en el que la ciencia y la innovación han logrado colarse en el debate político, cabría preguntarse si los efectos de la corrupción se dejan sentir también en nuestro sistema de ciencia y tecnología y, en su caso, cómo afectan a la capacidad de innovación de nuestro país.

La revista Nature publicó el pasado mes de febrero de 2015 un breve artículo de la profesora Alina Mungio-Pippidi, de la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania), quien reflexionaba sobre la relación entre innovación y corrupción y sugería -en base a datos empíricos- que si sabemos cuán corrupto es un país, podemos predecir con bastante certeza cuál es su nivel de innovación.

De hecho, la capacidad de innovación del sector privado de un determinado país estaría correlacionada con el control que éste ejerce sobre la corrupción tanto como con la calidad de sus instituciones científicas o con el gasto nacional en I+D. El artículo define la corrupción como el abuso cometido por parte de una autoridad pública en base a intereses privados, el cual resulta en una adjudicación no imparcial de recursos públicos. El control de la corrupción sería, pues, la capacidad de una sociedad de limitar dicho comportamiento por parte de sus autoridades públicas, y es uno de los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial en su proyecto Worldwide Governance Indicators.

Los siguientes gráficos de dispersión representan la posición de diferentes países europeos en función de su capacidad de control de la corrupción (sobre una escala de o a 10) y de diferentes indicadores relacionados con la investigación y la innovación, como son el porcentaje del PIB dedicado a I+D, su índice mundial de innovación y su índice de fuga de cerebros:

Fuente: Nature 518, 295–297 (19 de febrero de 2015).

España se sitúa en una posición intermedia, con un índice de control de la corrupción que apenas supera el aprobado, bastante por detrás del grupo de cabeza integrado principalmente por los países nórdicos y anglosajones, Alemania, Holanda y Austria. La línea de tendencia es clara en todos los casos y ofrece un intervalo de confianza en torno al 0,85-0,9. Puesto que los indicadores corresponden a 2009 y 2010, es probable que la situación de España haya empeorado desde entonces.

Es bien sabido que correlación no implica necesariamente causalidad. Para explicar estos datos, Mungio-Pippidi desarrolla en primer lugar la hipótesis de que los países que ejercen un mayor control sobre la corrupción son también aquellos cuyos ciudadanos creen que el mérito es el criterio determinante en la toma de decisiones por encima del favoritismo y las relaciones personales, en particular en el sector público. Estas sociedades meritocráticas serían más eficaces a la hora de retener y atraer el talento y de fomentar su desarrollo y, en definitiva, capaces de crear mayor riqueza a partir de la innovación.

En segundo lugar, la autora afirma que “los gobiernos que compran apoyos políticos no suelen invertir en educación y ciencia, ya que el retorno de éstas se percibe como demasiado general”. En cambio, la inversión en grandes infraestructuras y eventos resulta atractiva “tanto para las empresas contratistas, que quizá en el futuro contribuyan a la campaña electoral del partido en el gobierno, como a los votantes”, que perciben un beneficio directo de la misma.

¿Os resulta familiar? Pues esperad al siguiente párrafo, que prefiero transcribir directamente:

That is why more-corrupt EU states spend more on big projects such as roads and high-speed trains than on health, research, education and development. When — with the best of intentions — Brussels promotes austerity policies, which funds dry up first in corrupt countries? Investment in education and science.

Ay.

Conclusión y debate

Para finalizar, cabe recordar que el efecto de la corrupción en la innovación no se limita a la mayor o menor cantidad de dinero público que, pudiéndose destinar a actividades de investigación e innovación, se emplea para otros fines. También alcanza al buen o mal uso que se hace de los fondos y de los recursos que sí están, en principio, destinados a estas actividades. Prácticas que, entre otras, incluyen la falta de transparencia en la contratación de personal en universidades y centros de investigación, la arbitrariedad en la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de I+D, o los conflictos de interés que, por ejemplo, pueden aparecer en la colaboración entre investigadores e instituciones académicas públicas con el sector privado.

Es relativamente fácil echar la culpa al gobierno de turno, pero no debemos olvidar que una mayor exigencia por parte tanto de la comunidad científica como de las empresas, e incluso de la sociedad civil en su conjunto, es condición indispensable para mejorar la eficiencia y la percepción que tenemos de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es tan fundamental reclamar mayor inversión y recursos en ciencia como procurar su máximo aprovechamiento, y priorizar los méritos académicos y la excelencia tanto científica como empresarial por encima de cualquier otro criterio.

¿Cuál crees que es el impacto de la corrupción en nuestro sistema de ciencia y tecnología? ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad?

¿Crees que la posición relativa de España representada en los gráficos se corresponde con la realidad?

¿Qué medidas serían las adecuadas para corregir o mejorar la situación actual?


NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde a la obra “La corrupción del mundo antes del diluvio” del pintor holandés Cornelis van Haarlem (1562-1638).

¿Quién se atreve a invertir en ciencia en España?

Si me permitís la expresión, en numerosas ocasiones, licenciar una patente o resultado de investigación es algo así como vender un coche sin ruedas y cuyo motor no hemos probado a arrancar.

Es improbable que un eventual comprador-licenciatario quiera hacer semejante acto de fe, por lo que es esencial “madurar” estos resultados de investigación o tecnologías a fin de minimizar los riesgos tecnológicos y comerciales inherentes a los mismos. O, cuanto menos, conocer estos riesgos de tal modo que se puedan gestionar adecuadamente.

Dicha “maduración” pasa inevitablemente por continuar el desarrollo tecnológico de dichos resultados más allá de los proyectos o líneas de investigación que los originaron. Por ejemplo, mediante la realización de ensayos complementarios o pruebas de concepto que permitan asegurar, en la medida de lo posible, su viabilidad. Siguiendo con el símil anterior, ponerle unas ruedas al coche y probar a dar una vuelta a la manzana.

El primer problema que se plantea es cómo financiar estas pruebas de concepto.

Las convocatorias que habitualmente financian la realización de proyectos de investigación por parte de universidades y organismos públicos rara vez permiten cubrir el coste de desarrollos más aplicados. Aún en el caso de que esto fuera posible, hacerlo reduciría la financiación disponible para la investigación de carácter académico, sobre cuyos resultados se evalúa fundamentalmente la productividad científica de los investigadores. Por su parte, las líneas de financiación destinadas a proyectos de desarrollos tecnológicos suelen consistir en préstamos blandos y requieren de la participación de al menos una empresa dispuesta a asumir el riesgo financiero de dicho proyecto. Estamos, pues, como al principio.

Figura 1. Valle de la muerte, gap, o como quieras llamarlo.
Figura 1. Valle de la muerte, gap, o como quieras llamarlo.

Conscientes de esta limitación, muchas universidades han puesto en marcha sus propios programas internos para financiar el desarrollo de sus resultados de investigación. En el ámbito europeo, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), en el marco de sus programas de Ciencia Excelente, ha puesto en marcha la convocatoria ERC Proof of Concept, que financia este tipo de actividades pero sólo para quienes hayan sido beneficiarios anteriormente de alguna de sus (extremedamente competitivas) ayudas.

El dinero no lo es todo

Sin embargo, no basta con tener financiación. Es imprescindible además elaborar un proyecto de desarrollo tecnológico y validación adecuado para cada resultado de investigación, en función de su grado de madurez, de la tecnología que emplea y del mercado o aplicación a la que se dirige, entre otros. Los investigadores académicos -e incluso las oficinas de gestión y transferencia de tecnología- desconocen con frecuencia estos aspectos y se corre por tanto el riesgo de acabar malgastando el dinero o, en el mejor de los casos, financiando encubiertamente la continuación del proyecto que dio lugar al resultado de investigación.

Como apuntábamos la semana pasada, una posible estrategia pasaría por movilizar fondos públicos y/o privados que inviertan con conocimiento tecnológico y de mercado en las tecnologías más prometedoras a fin de llevar a cabo estos desarrollos y pruebas de concepto.

Uno de los pioneros en España en este sentido fue el programa Mind the Gap, de la Fundación Botín, cuyo objetivo es precisamente cubrir el vacío o gap que separa la ciencia de la empresa, de tal modo que las tecnologías con potencial comercial lleguen al mercado. Mind the Gap está, en principio, limitado a proyectos en biomedicina, biotecnología o bioingeniería y aporta recursos tanto económicos (hasta 250.000 euros) como de gestión. Para ello se crea una empresa participada por la propia Fundación Botín y, según cada caso, por los investigadores, la institución que los acoge y/o terceros implicados en el proyecto. Una de las empresas más conocidas fruto de este programa es Life Length, que ofrece servicios de diagnóstico a partir de la tecnología de análisis de telómeros desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por el grupo de María Blasco.

El programa Mind the Gap ha sido muy cauto en la selección de proyectos -no existe una convocatoria pública- y únicamente ha trabajado con un grupo restringido de centros de investigación con los que la Fundación Botín mantiene colaboración. En junio de 2015, la Fundación Botín anunció su intención de escalar el modelo y crear un fondo para atraer capital externo dispuesto a invertir en las empresas biotecnológicas seleccionadas por el programa.

También en 2015, Obra Social ”la Caixa” puso en marcha el programa CaixaImpulse, con el objetivo habitual de promover la creación de empresas en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida y, en concreto, de financiar el desarrollo y transferencia al mercado de resultados de investigación protegibles o protegidos obtenidos por centros de investigación (no patent, no party).

Los parecidos con Mind the Gap son evidentes aunque existen una serie de diferencias a precisar. En el caso de CaixaImpulse, el proceso de presentación y selección de proyectos es público y abierto a todo tipo de entidades de investigación, y la financiación se vincula a una serie de hitos de validación y desarrollo. Podríamos decir que CaixaImpulse es, esencialmente, un programa de acompañamiento y aceleración de empresas pero también de tecnologías, puesto que se contempla la posibilidad de que el proceso no concluya en la creación de una empresa sino en un acuerdo de transferencia. La Caixa se reserva un porcentaje (muy reducido) del capital de la eventual empresa y un porcentaje sobre sus ventas anuales. De hecho, el programa está organizado conjuntamente por Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

¿Hacia una nueva “moda” inversora?

Pero no se vayan todavía, aún hay más. Hace apenas unos días se registraba el fondo de capital riesgo Tech Transfer UPV, gestionado por Clave Mayor y cuyo objetivo es impulsar proyectos de transferencia de tecnología con alto componente innovador y tecnológico vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Su objetivo de inversión es de 6 millones de euros, a repartir en hasta 21 proyectos a lo largo de 3 años y con un máximo de 325.000 euros en cada proyecto. La puesta en marcha del fondo está, además, alineada con la estrategia de fomento del emprendimiento que de un tiempo a esta parte viene desarrollando la UPV.

Incluso las administraciones públicas están siguiendo los pasos de la iniciativa privada. El pasado mes de enero, la gallega Fundación Barrié anunciaba la transferencia de la metodología de su Fondo de Ciencia a la Xunta de Galicia. El Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié, si bien es poco conocido en el resto de España ya que su actividad se limita a Galicia, comparte completamente la filosofía y objetivos del programa Mind the Gap de la Fundación Botín. Dotado inicialmente con más de 5 millones de euros, ha apoyado cinco proyectos con una inversión total cercana a los 3 millones de euros y de los cuales se han generado hasta el momento dos start-ups: Torusware y Nasasbiotech. La metodología a la que se hace referencia consiste en una serie de normas y procedimientos elaborados por la Fundación Barrié, que contó para ello con la colaboración de Isis Innovation, la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford.

¿Y qué va a hacer la Xunta con esta metodología? Pues a través de su Axencia Galega de Innovación (GAIN) va a poner en marcha un fondo autonómico de prueba de concepto con el fin de fomentar la investigación y transferencia al mercado en Galicia. A cambio de inversión realizada, que será de 200.000 euros por proyecto como media, la Xunta recibirá el 30% de todos los beneficios generados. Es un retorno considerable, siempre y cuando la referida metodología dé los resultados esperados, claro.

Todos estos programas e iniciativas responden a un modelo que, en sus distintas variantes, vamos a encontrar cada vez con más frecuencia y que viene motivado por diversos factores. En primer lugar y conditio sine qua non, la percepción de que la innovación tecnológica es una oportunidad de inversión que, con una gestión adecuada, puede ofrecer rentabilidades apetecibles y riesgos controlados. En segundo lugar y haciendo de la necesidad virtud, la urgencia que centros de investigación y universidades tienen de diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el retorno económico obtenido de sus resultados de investigación además de, en el caso particular de las universidades, crear nuevas oportunidades profesionales a sus egresados en el difícil mercado laboral que ha dejado la crisis.

En definitiva, muestran que la relación entre ciencia, inversión y empresa está cambiando, y a mejor. La financiación -ya sea pública o privada- siempre “engrasa” la colaboración y, aunque pueda haber fracasos (que los habrá), si se acompaña de una gestión más profesional y criterios de inversión podemos estar seguros de que su impacto y los beneficios para nuestro sistema de ciencia y tecnología serán mucho mayores.

Parole, parole y el #DebateCotec

Por primera vez en la historia política de España la ciencia está entrando en campaña electoral. Se trata de una entrada tímida, que seguramente pasará a segundo plano en las próximas semanas, conforme se aproxime la fecha de las elecciones, pero que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre sociedad, ciencia y política en nuestro país y que deberíamos aprovechar.

Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, la Fundación Cotec reunión el pasado martes 3 de noviembre a representantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD, IU) quienes presentaron y debatieron sus propuestas en materia de ciencia, innovación y universidades.

Que los políticos se interesen por estos temas ya es un logro, pero es que además el #DebateCotec ha tenido una repercusión inédita en los principales medios impresos y digitales, ha sido trending topic en twitter y ha generado a su vez toda una sucesión de análisis y opiniones que han amplificado y enriquecido el debate original. Si os lo perdisteis os invito a leer el artículo previo y el resumen elaborados por Nuño Domínguez en El País, que creo recogen muy bien el espíritu y los resultados del mismo, o la crónica de Ángela Bernardo para Hipertextual.

El debate en sí ofreció muchas generalidades, algunas promesas y pocas propuestas concretas y mi impresión, lo siento, es que los políticos no se lo terminan de creer.

Personalmente, eché en falta más análisis, mejor comprensión de los problemas a los que enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología y, sobre todo, una visión de cuál es el rol que la ciencia y la innovación deben jugar en la sociedad, en la economía y en el futuro del España. El diario El Español realizó una buena síntesis de las ideas de cada partido, por lo que no me entretendré demasiado en ellas:

Mucho aumento de presupuesto, en algunos casos hasta cifras cercanas al 3% del PIB que, sinceramente, son difíciles de creer, y becas a granel para estudios universitarios. Nada que objetar, ni mucho menos, pero a estas alturas deberíamos haber aprendido que el cómo es tan importante como el cuánto. En este sentido, quizá las propuestas más claras sean las de Ciudadanos, que priorizan la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, vinculan la financiación a la innovación y denotan, eso sí, una visión bastante economicista -cuando no neoliberal- de la ciencia.

Se habló de la necesidad de alcanzar pactos de estado y de dar estabilidad a las políticas que se adopten. Bien.

Pero apenas se habló de cómo combinar el apoyo a la ciencia básica con la investigación y el desarrollo aplicados, y tampoco de la necesidad de fijar prioridades, especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, ya sea científico o industrial. O de la ineficiencia que supone la multiplicidad de agencias financiadoras.

Reflexiones

Con todo, el debate ha sido sin duda un éxito. El mérito es, en primer lugar, de la Fundación Cotec, por la iniciativa de la organización y el excelente manejo de la comunicación y sus tiempos, antes, durante y después del evento. Pero también lo es, en mi opinión, de todos los que integramos de una manera u otra el sistema de ciencia y tecnología.

Científicos y gestores, universidades, organismos de investigación y empresas están desde hace tiempo protagonizando una reacción, más o menos desorganizada pero creciente, contra los recortes presupuestarios y, sobre todo, contra las erráticas políticas científicas y de innovación. Las declaraciones y manifestaciones reclamando un mayor apoyo y compromiso por parte de las administraciones públicas hacia a la I+D han sido continuas, y se han creado foros de debate bottom-up, como el que organizamos en Valencia sobre los retos de los ecosistemas de innovación. Recientemente, la asociación RedTransfer dio un paso más allá y propició encuentros sobre las políticas autonómicas y estatales en transferencia del conocimiento con representantes de diversos partidos políticos.

El debate organizado por Cotec ha sido, probablemente, el espaldarazo definitivo para que la ciencia y la innovación reciban la atención que requieren y que necesita nuestro país.

La ciencia está entrando en campaña, decíamos. Esperemos que no quede todo en parole, parole.

Maldito parné: a vueltas con la financiación de la ciencia

50 millones de euros. No, no es último bote de los Euromillones sino el monto total del nuevo fondo de inversión en biomedicina que Damià Tormo anunció el pasado martes 27 de octubre durante el último encuentro TEI Bio celebrado en Valencia.

Damià es uno de los científicos emprendedores más reconocidos en la Comunidad Valenciana, cofundador de las empresas BiOncoTech Therapeutics y Artax Biopharma y, desde luego, sabe de lo que habla. Artax cerró recientemente una ronda de inversión por valor de 10 millones de dólares y tiene el potencial para convertirse en la next big thing en el sector biotecnológico español.

Dice Damià que en España “hay una gran oportunidad de invertir en proyectos científicos de gran calidad” y que “se trata de un mercado virgen, España es la China de la I+D”. O lo que es lo mismo, que producimos buena ciencia -en algunos casos, excepcional- a bajo coste. Esta afirmación se viene oyendo desde hace ya unos años, pero en mi opinión sigue sin consolidarse un deal flow suficiente de proyectos. ¿Falla el ecosistema o el mercado? ¿Falla la ciencia o el scouting de los buenos resultados de investigación? 50 millones de euros bien valen una respuesta a estas preguntas.

Financiación es lo que precisamente andan buscando los investigadores de la Universidad de Granada que, hace unos días, anunciaron un  nuevo compuesto antitumoral para cáncer de mama, colon y melanoma dirigido a células madre tumorales (cancer stem cells, CSC). Con toda la prudencia que se debe mantener ante este tipo de notas de prensa, sobre el papel el resultado es prometedor: eficacia y baja toxicidad demostrada en modelos animales y facilidad para sintetizarlo a escala industrial.

Para continuar el proyecto, los investigadores cuentan con 125.000 euros del Ministerio de Economía y Competitividad y otros 20.000 euros del sector privado. Si al final va a ser verdad eso de que somos la China de la ciencia. Con todo, no es suficiente, y se ha organizado una campaña en change.org dirigida a Susana Díaz y a Mariano Rajoy (!) para que financien el desarrollo del fármaco. ¡Hasta la tuna ha dado dinero! ¿Qué decíamos antes de la prudencia al tratar estos temas?

Por cierto que al final de la nota de la universidad se desliza que el grupo de investigación lleva 22 años trabajando en este tema. Si sumamos la inversión realizada en contratos de personal investigador, materiales, equipamiento e instalaciones de laboratorio durante todo este tiempo igual resulta que la investigación no es tan barata como dicen… Lo que sí puede ser es que sea barato comprar sus resultados porque no sabemos (o no podemos) venderlos. Lo dejo abierto para el debate.

Quien sí ha levantado financiación ha sido la empresa Mind the Byte, especializada en diseño computacional de fármacos: 234.310 euros. Pipas, en comparación con el fondo de Damià o con rondas de inversión recientes, como las de Minoryx  (19 millones de euros) o Sanifit (36,6 millones de euros). Pero hay que tener en cuenta que Mind the Byte es una empresa que ofrece servicios de software y por tanto no incurre en los elevados costes asociados al desarrollo de fármacos. De hecho la inversión captada se va a dedicar fundamentalmente a actividades de expansión e internacionalización.

Lo realmente novedoso del asunto es que la ronda de inversión se ha realizado a través de una plataforma de crowdfundingSe trata de la ronda de crowdequity más grande que se ha cerrado en el sector biotecnológico español. Enhorabuena a todo el equipo.

Financiando la ciencia. Fuente: gizmag.
Financiando la ciencia. Fuente: gizmag.

Precisamente, el crowdfunding en ciencia ha estado también de actualidad esta semana. El País se preguntaba “por qué hemos de donar de dinero a la ciencia si ya pagamos impuestos”, a propósito del primer aniversario del proyecto Precipita, impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Precipita es un sitio web en el que los científicos de centros públicos de investigación solicitan a los ciudadanos pequeñas donaciones para financiar sus proyectos. La idea en sí no es mala. El crowdfunding es una alternativa perfectamente válida para según qué proyectos. Lo que es desafortunado es su implementación. Que sea un organismo público el que monte una plataforma para que los ciudadanos financien proyectos cuando la misma administración ha aplicado unos recortes sin precedentes en los presupuestos dedicados a investigación y desarrollo puede interpretarse como la versión científica del “es triste pedir pero más triste es robar”. En la práctica, sólo los proyectos más sexys o con mayor impacto emocional tiene posibilidades de obtener financiación y, en la mayoría de los casos, el importe conseguido apenas permite costear pequeños trabajos de investigación.

Si el Gobierno quiere realmente impulsar la financiación privada de la I+D lo que tiene que hacer es abordar una reforma ambiciosa de la Ley de Mecenazgo, que la comunidad científica viene reclamando desde hace ya tiempo.

En fin, con esto concluimos un breve repaso a algunas noticias de la semana pasada que abordan diversas facetas de la financiación de la ciencia, no exentas de polémica. Y es que, como reza la copla, “maldito parné“.

¿Estás de acuerdo en que la calidad de la ciencia española es comparable cuanto menos a la de países considerados punteros?

¿Por qué no se consolida la financiación privada de la ciencia?

¿Crees que el mecenazgo o el crowdfunding son opciones válidas? ¿Cómo se podrían fomentar?

La I+D será clave en el presupuesto de 2016… de Noruega

Recientemente la Fundación Cotec hacía público su informe anual sobre el estado de la investigación y la innovación en España. El informe recopila la práctica totalidad de indicadores y factores que describen y modulan la evolución de la innovación tecnológica en España: inversión, recursos humanos, educación y formación, resultados, competitividad y comercio exterior.

La tendencia negativa de los últimos años se ha mantenido y, como muestra, el gasto en I+D en España ha seguido cayendo en el año 2013 hasta el 1,24% del PIB, un nivel comparable al del año 2007 y que ha llevado al director general de Cotec, Jorge Barrero, de hablar de una “década perdida para España“. Los datos cobran mayor gravedad cuando se comparan con los de los países de nuestro entorno. Mientras que de 2008 a esta parte, el gasto en I+D en porcentaje del PIB en España ha caído en un 6%, en el conjunto de países de la OECD ha crecido un 17,4%.

El contenido del informe, aún siendo preocupante, no contiene en líneas generales nada que no supiéramos o, al menos, intuyéramos. La errática política científica española es bien conocida. Hace apenas unos días, el científico Avelino Corma se lamentaba de que en España no hubiera habido nunca una política “continuada” de apoyo a la ciencia, sólo “impulsos”, y abogaba por un pacto de estado a largo plazo que dé estabilidad. Petición que suscribían los directores de los centros de investigación de excelencia Severo Ochoa y que, por cierto, dista de ser nueva. En 2004, un grupo de reconocidos investigadores españoles, que incluía entre otros a Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Vicente Rubio o Margarita Salas, exigía también un pacto de estado por la ciencia al, por aquel entonces, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Mientras, en el norte de Europa…

Como guinda, justo esta semana me llegaba a través de Rafael Palacios una breve nota sobre los presupuestos de Noruega para el año 2016, que “otorgan a la investigación y la innovación un papel clave en la reestructuración de la economía” de ese país, según señala Arvid Hallén, director del Consejo de Investigación de Noruega (Norges forskningsråd). Este organismo, comparable a la nonata Agencia Estatal de Investigación española, es el responsable de promover y financiar la investigación científica en Noruega.

El presupuesto noruego del año 2016 fija tres prioridades estratégicas, que tratan de dar respuesta a la actual situación económica:

  • Reforzar la investigación aplicada y orientada a la industria
  • Impulsar la investigación básica y a largo plazo
  • Consolidar la cooperación internacional y la participación en programas europeos.

Dentro del programa de investigación industrial (User-driven Research-based Innovation, BIA), destaca el fomento de la transferencia de tecnología y experiencia entre empresas, como por ejemplo la aplicación de capacidades de la industria petrolífera en otros sectores. Además, hay un programa dedicado a la comercialización de resultados de investigación dotado con cerca de 30 millones de euros, de los cuales casi 3 millones se destinarán a estudiantes emprendedores.

En el ámbito de la investigación básica los presupuestos incluyen la financiación de hasta 40 proyectos científicos singulares (FRIPRO Toppforsk), comparables a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, ERC) y dotados con alrededor de 2,5 millones de euros para 5 años.

El gasto público noruego en I+D representa el 1% del PIB y, en palabras de Hallén, “supone un hito, incluso si este porcetaje se debe en parte a un menor crecimiento del PIB“. En España nos daríamos con un canto en los dientes con unos presupuestos así, sin embargo en Noruega el propio Hallén se lamenta de que “áreas clave como la investigación sobre el clima o la renovación del sector público no se beneficien de un mayor incremento en la financiación“. Que no es que no las financien, sino que no han sido consideradas prioritarias.

Odiosas comparaciones

Las políticas científicas y de innovación noruega y española difieren notablemente, tanto como los propios países. La pregunta que en consecuencia nos deberíamos plantear es cómo se reflejan y cuáles los efectos de estas políticas en los respectivos sistemas de ciencia e innovación, y hasta qué punto son comparables.

Para tratar de obtener una respuesta preliminar, con la superficialidad que este blog permite, vamos a fijarnos en cuatro indicadores básicos: el gasto en I+D en porcentaje sobre el PIB y en importe, el ratio de investigadores por empleado y el número de patentes triádicas.

1. Gasto e inversión en I+D

En 2013, Noruega destinó un 1,65% de su PIB a actividades en I+D, frente al 1,24% de España, como hemos visto al inicio del artículo, lo que viene a resultar un 33% más que nuestro país.

La diferencia entre ambos países no es tan grande, en particular si la comparamos con países como Suecia y Finlandia, que dedicaron el 3,3% de su PIB a I+D, o Austria y Alemania, cerca del 3% del PIB.

Cuando trasladamos los porcentajes anteriores a importes, la diferencia se vuelve claramente a favor de España, por el tamaño de nuestra economía. En 2013 Noruega gastó 5.163 millones de dólares en I+D, frente a los 17.960 millones de dólares de España.

Tanto en este indicador como en el anterior vale la pena detenerse un momento en la tendencia. Mientras que desde el inicio de la crisis el gasto en I+D en España, tanto en porcentaje sobre el PIB como en importe, no ha hecho más que descender, en Noruega descendió ligeramente en porcentaje para recuperarse en 2013 y, en todo caso, no ha dejado de aumentar en importe en ningún año.

2. Recursos humanos y resultados de I+D

En 2013, Noruega y España emplearon, respectivamente, a 10,42 y 6,87 investigadores por 1.000 trabajadores. En otras palabras, en términos relativos Noruega tiene un 53% más de trabajadores dedicados a I+D que España, destinando tan sólo un 33% más que España del porcentaje de su PIB.

Finalmente, Noruega -sus empresas, universidades, organismos de investigación e incluso particulares- solicitaron 122 patentes triádicas en 2013, frente a las 244 de España. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización.

En este caso, encontramos que España, realizando un gasto en I+D 3,5 veces superior al Noruego, sólo consigue el doble de solicitudes de patentes triádicas.

Conclusión

De este rápido vistazo a la política científica noruega y de la inevitable comparación con España se pueden obtener, al menos, tres lecciones que haríamos bien en aplicarnos.

La primera lección clara: es importante invertir en ciencia, pero tanto o más importante es cómo se invierte, sea poco o mucho. Los indicadores de gasto y su evolución lleva a pensar que, al margen de la situación coyuntural de la economía, Noruega realiza una apuesta estructural, sostenida y largo plazo por la I+D como parte de su economía y de su sociedad, y obtiene, tanto en términos relativos como absolutos, un mejor retorno de su gasto en I+D.

Gasto que, no lo olvidemos, comprende el correspondiente tanto al sector público como al privado. De este modo, los resultados obtenidos se derivan de la voluntad del sector público de articular políticas e instrumentos de apoyo a la ciencia y a la innovación, y de la capacidad del tejido empresarial en multiplicar y convertir dicho gasto en empleo de calidad e innovación.

La segunda lección es la importancia de combinar el apoyo a la investigación básica, a largo plazo, con la investigación y el desarrollo aplicados y orientadas a la industria. Esto es algo que en España, con la política científica en manos de una Secretaría de Estado de I+D+i subsumida dentro del Ministerio de Economía y Competitividad, puede no resultar fácil.

La tercera lección es que hay que definir áreas prioritarias y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, científico o industrial. El café para todos no es, en ningún caso, una (buena) política.

Tampoco lo es la multiplicidad de agencias e instrumentos de financiación. El Consejo de Investigación noruego nació en 1993 de la fusión de cinco organismos cada uno con su propia área de interés. En España, huelga decirlo, seguimos sin la Agencia Estatal de Investigación y, aún cuando ésta sea una realidad, la financiación de la I+D seguirá dispersa entre la propia agencia, el CDTI y probablemente también el Instituto de Salud Carlos III, además de toda una pléyade de agencias de financiación autonómicas rara vez coordinadas entre sí.

Finalmente, quizá el aspecto más destacable sea la motivación detrás de la decisión del gobierno noruego de aumentar el gasto en I+D, que trata de responder a la actual situación económica y se basa en el convencimiento de que la investigación y la innovación son claves para reestructurar la economía del país.

Como contrapunto, recuerdo unas provocadoras palabras de Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra quien, en la pasada conferencia de plataformas de investigación biomédica, sentenciaba que “en España, no es que la administración no valore la investigación, es que no cree en ella“.

¿Qué opinas de la política científica española, en comparación con la de otros países de nuestro entorno?

¿Te parece adecuada la política noruega? ¿Qué modelo debería seguir España?

¿Crees que, como dice San Miguel, nuestra administración no valora suficientemente la ciencia y la innovación?

Compra pública innovadora en H2020

Dado el interés que habéis mostrado en el anterior artículo sobre compra pública innovadora (CPI), comparto con vosotros varias novedades y recursos en el contexto del programa Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea. Espero que os sean de utilidad para sacar el máximo partido de este instrumento de innovación y, no lo olvidemos, también de financiación.

Novedades en H2020

Esta misma semana, desde el área de CPI del CDTI se nos informaba que la Comisión Europea ha actualizado la información relativa compra pública innovadora en su sitio web, y recopilado los topics de los Programas de Trabajo de H2020 para 2016-2017 que contemplan este tipo de actuación, tanto en su modalidad de compra pública precompetitiva (CPP) como de tecnología innovadora (CPI/CPTI).

Como es habitual en H2020, la financiación de estos topics requiere el montaje de consorcios transnacionales, en este caso de entidades contratantes, con las siguientes características:

  • Mínimo de 3 entidades legales de 3 estados miembros o asociados diferentes, de las cuales al menos 2 deber ser entidades contratantes públicas de 2 estados miembros o asociados distintos (esto me recuerda a una famosa escena de una famosa película, por cierto).
  • Posibilidad de incluir otras entidades contratantes no públicas pero que presten servicios de interés público y que, obviamente, compartan la necesidad de lanzar procesos de CPI o CPP. Por ejemplo, ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro.
  • Posibilidad de incluir otros beneficiarios que no sean entidades contratantes y que añadan valor al proceso de contratación, pero que obviamente no sean quienes presten de los productos o servicios innovadores. Por ejemplo, entidades que presten servicios de consultoría o asesoría a las entidades contratantes.

Las actividades que se pueden financiar son los siguientes:

  • Coordination and Support Actions (CSA): financia actividades de coordinación entre entidades contratantes, por ejemplo identificar necesidades y retos comunes, estudios de mercado, etc. Atención, las CSAs no financian la compra pública en sí.
  • Public Procurement of Innovative solutions (PPI): cofinancia una única actuación de CPI, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.
  • Pre-Commercial Procurement (PCP): cofinancia una única actuación de CPP, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.

La financiación disponible para CPI y CPP en los programas de infraestructuras, ICT, salud, seguridad, energía, transporte, espacio y cambio climático y medioambiente, es de alrededor 130 millones de euros en el período 2016-2017. Además, la modalidad de ayuda ha mejorado, pasando a ser del 90% para CPP y del 35% para CPI, en ambos incluyendo tanto el importe de la compra como la gestión, y del 100% en acciones de coordinación y soporte (CSA).

Si en algún momento os habéis perdido con la jerga de términos y acrónimos os recomiendo leer el artículo anterior en el que se introducen el concepto de compra pública innovadora, sus objetivos y modalidades.

Recursos de interés

Para concluir, aquí tenéis un listado de recursos que pueden ser de vuestro interés:

Procuraré mantener este listado actualizado. Si conocéis algún recurso, material o caso de éxito que creáis que sería interesante incluir, por favor, hacédmelo llegar a través de los comentarios o de la sección de contacto del blog.

¡Feliz compra!

Informe CERU: ¿cómo mejorar la transferencia de conocimiento?

La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU) ha hecho público recientemente un informe de recomendaciones sobre la I+D en España dirigido a los partidos políticos, a fin de que puedan tenerlas en cuenta en la elaboración de los programas electorales de las próximas elecciones generales.

No es la primera vez que organizaciones científicas tratan de introducir en el debate político las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología. Un ejemplo reciente es el de RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la innovación, que se ha mostrado también muy activa en este año electoral y ha propiciado incluso encuentros con representantes de partidos políticos de los que hemos hablado ya en el blog.

El informe de CERU aporta a este debate una perspectiva muy interesante: la de científicos con conocimiento y experiencia internacional y, por qué no decirlo, también independencia para analizar y proponer mejoras en la ciencia española.

Análisis del sistema de I+D en España

El informe de CERU toma como punto de partida un análisis DAFO clásico, basado a su vez en el informe ERAC Peer Review realizado en julio de 2014 por un grupo de expertos de la Comisión Europea. El informe ERAC analizaba de manera muy certera el sistema español de investigación e innovación y, como muestra, ahí van tres perlas:

En el ámbito de la investigación se constata la existencia de un sistema dual, ya que pese a la elevada calidad de una parte de los resultados, la media del Sistema es, sin embargo, baja.

En el ámbito empresarial, (…) se constata la existencia de un número muy reducido de grandes empresas que pueden actuar  como elementos tractores en el ecosistema de innovación, así como de un reducido número de micro empresas y empresas con capacidades de I+D e innovación, significativamente más bajo en términos per cápita que en el resto de los países del entorno europeo.

En el ámbito regional, los mecanismos de coordinación son insuficientes, incrementando de este modo el riesgo de que surjan duplicidades a nivel estratégico entre los agentes estatales y los regionales.

El DAFO que presenta CERU es correcto en prácticamente todos sus puntos. Se ha escrito mucho y desde hace mucho tiempo sobre los defectos y virtudes de nuestra ciencia.

Tal vez se echa en falta algo más de rigor en el apartado dedicado a las amenazas: algunas de las que se citan no lo son en sentido estricto o no están del todo bien formuladas. Las “futuras malas prácticas de contratación“, serían en todo caso una debilidad actual que habría que corregir, el “incremento de la pérdida de talento” debería explicarse como una amenaza externa, por ejemplo “sistemas extranjeros de I+D más atractivos“, y no se menciona la creciente competencia de países emergentes. Detalles menores que no invalidan el análisis en ningún caso.

Recomendaciones sobre transferencia de conocimiento

Uno de los apartados del informe está dedicado íntegramente a la transferencia de conocimiento, por lo que siendo esta uno de los temas principales de este blog merece la pena relacionar y, brevemente, comentar algunas de las recomendaciones de CERU:

  • Convocatorias públicas en las que la investigación básica esté orientada a la (…) propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. De acuerdo, aunque no me queda del todo claro qué quiere decir. Entiendo que en líneas generales coincide con lo que, sobre el papel, pretende la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
  • Incentivos a investigadores del sistema público que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría y contratos con las mismas). Completamente de acuerdo, como bien dice el informe con una adecuada regulación, en particular en lo relativo a la transparencia y los conflictos de interés. Pero no lo habría redactado así, ni puesto en segundo lugar en la lista de recomendaciones: corre el riesgo de parecer una reivindicación salarial o corporativista.
  • Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de investigación. Completamente de acuerdo, aunque esto sería un objetivo más que una recomendación o actuación concreta.
  • Fomentar la compra a prueba por las administraciones. De acuerdo, obviamente cuando la administración tenga motivos para ello (p.ej. modernización de la propia administración), por ejemplo mediante programas de compra pública innovadora.
  • Elaborar planes estratégicos de innovación público-privados. De acuerdo, pero ¿a qué llamamos plan estratégico de innovación? Cuidado con caer en el buzzword bingo.
  • Ofrecer formación en aspectos de gestión y emprendimiento al personal científico. Completamente de acuerdo, aunque ya empieza a consolidarse una buena oferta de formación en este campo (privada, eso sí).
  • Crear centros de investigación con financiación público-privada. Completamente de acuerdo. O laboratorios conjuntos de investigación con empresas. 
  • Fomentar la creación de clústeres de empresas donde haya investigación de excelencia en un determinado campo. De acuerdo, pero complicado: requiere coordinar política científica e industrial y captar empresas tractoras. ¿Y si lo hiciéramos al revés, fomentar la investigación de excelencia en campos de interés para nuestras empresas?
  • Mejorar los recursos humanos y el funcionamiento de las OTRIs: incorporar personal de perfil científico y/o con experiencia en el mercado. Completamente de acuerdo. La capacitación del personal dedicado a transferencia y el enfoque de las propias unidades es, con frecuencia, deficiente. Sin embargo, la solución no pasa únicamente porque la transferencia sea una salida profesional adicional para el personal científico que no sigue su carrera investigadora. Tal y como está redactado parece más una reivindicación profesional (completamente legítima, por otra parte). Pero esto da para un post entero (oye, ¿y si cerramos las OTRIs?).
  • Mejorar sinergia entre CDTI y OTRIs para favorecer el contacto entre universidad de empresa. Parcialmente en desacuerdo. Todo lo que sean sinergias es fantástico, pero no termina de queda claro qué se pretende y, en mi opinión, no entraría dentro en la misión del CDTI “representar” a las universidades ante las empresas.
  • Elaborar programas de formación para la empresa privada en relación con las características de la investigación en empresas. Parcialmente en desacuerdo. No queda claro el objetivo de esta actuación. Sin olvidar que buena parte del tejido empresarial español no sabe lo que es la investigación (y, en muchos casos, tampoco lo necesita), sí es necesario hacer un esfuerzo para, por una parte, divulgar la conveniencia de participar en proyectos de investigación y/o innovación y, por otra parte, capacitar a las empresas para ello.
  • Incluir un asesor científico del sistema público de I+D en los proyectos de investigación de empresas con financiación pública. En desacuerdo. Si ya cuesta que las empresas hagan I+D, añadir actores cuyo valor añadido para la empresa y para los proyectos distan de ser evidentes no haría más que desincentivar la participación empresarial. Keep it simple. Podría considerarse, en cambio, crear una figura similar al scientific officer de H2020 o, en aquellos proyectos de gran envergadura, contar con un consejo asesor científico externo.
  • Creación en universidades y centros de investigación de clubes de empresas. Completamente de acuerdo. O, para darle aún más entidad, de la misma manera que contamos con consejos asesores científicos, crear consejos asesores empresariales en los centros de investigación.

El bloque dedicado a transferencia concluye con una serie de actuaciones, muy concretas, en investigación e innovación clínica. Todas ellas coherentes y con las que creo que coincidimos prácticamente todos los que estamos en el sector.

En otras apartados del informe se realizan recomendaciones directa o indirectamente relacionadas con la transferencia que, en ocasiones, son de mayor impacto que las anteriores. En particular en lo relativo a incentivar la participación privada en la financiación de la I+D: centros con financiación mixta público-privada, encuentros científico-empresariales, incentivos fiscales a la I+D empresarial y evaluación de la misma, doctorados industriales y estancias científicas en empresa, entre otros.

También se menciona la necesidad de atraer empresas y fondos privados extranjeros en los proyectos y oportunidades de desarrollo tecnológico e inversión, respectivamente, que ofrecen la ciencia made in Spain. Con todo, la regla de oro para conseguir financiación privada para I+D es, sencillamente, ofrecer un retorno lo suficientemente atractivo.

Conclusión y reflexiones

El informe presentado por CERU merece la atención no sólo de los partidos políticos, sino también de los que estamos de una manera u otra relacionados con el sistema de I+D en España.

Dejando al margen matices de forma o de concreción en algunas de las recomendaciones, el informe ofrece una batería de propuestas e ideas lo suficientemente interesantes para ser consideradas por todos los agentes del sistema de I+D: universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos empresas, investigadores, administraciones y organismos financiadores, agentes intermedios, etc. E incluso implementadas.

Seamos realistas, la ciencia y la política científica no son una prioridad ni para partidos políticos ni para la sociedad española en general (aunque esto último parece estar cambiando, como apunta CERU en su análisis). Es más, me aventuraría decir que la ciencia no está en el debate político porque tampoco está en el debate “en la calle”.

En todo caso, la política actual suele ir por detrás de la sociedad, por lo que no nos queda más remedio que seguir trabajando bottom-up:

  • Continuar introduciendo la ciencia en el debate público, y no sólo político, para lo que iniciativas como el informe CERU son de gran utilidad.
  • Implementar estas y otras recomendaciones, en nuestros respectivos campos de actuación y en la medida de lo posible.

No es el enfoque óptimo, y los resultados serían sin duda mejores con un mayor apoyo político y/o institucional, pero parte de la solución está en nuestras manos.

Hay urgencia, y puede que tengamos una ventana de oportunidad para cambiar la política científica en España, mejorar nuestro sistema de I+D y dar, definitivamente, one step forward.

¿Has leído el informe CERU? ¿Qué esperas a hacerlo?

¿Qué recomendaciones te parecen (o no) las más adecuadas?

¿Crees que los partidos políticos dan suficiente importancia a la I+D?

¿Qué es y para qué sirve la compra pública innovadora?

Bajo el nombre de compra pública innovadora se recogen diversas actuaciones administrativas cuyo objetivo principal es el fomento de la innovación a través de la contratación pública y cuyo impacto es doble:

  • Por una parte, la administración o los entes públicos correspondientes se modernizan mediante la adquisición de bienes y servicios novedosos.
  • Por otra parte, las empresas desarrollan e introducen por primera vez en el mercado dichos bienes y servicios, con la consiguiente mejora de su competitividad.

De este modo, la innovación viene dirigida desde el lado de la demanda -en este caso del sector público- y no desde la oferta, como es lo habitual cuando las empresas tratan de introducir nuevos productos y servicios en el mercado.

Tipos de compra pública innovadora

La denominación de compra pública innovadora (en inglés, Innovation Procurement) hace, en general, referencia a dos modalidades de contratación pública:

1. Compra pública (de tecnología) innovadora (CPI, CPTI)

Hablamos de compra pública de tecnología innovadora (en inglés, Public Procurement of Innovative solutions, PPI) cuando el contratante plantea una necesidad o desafío tecnológico que puede satisfacerse fácilmente por soluciones incipientes, que están a punto de llegar al mercado o empezando a introducirse en el mismo.

En este caso, en el que no es necesario realizar actividades de I+D, la contratación pública juega el papel de primer cliente o early adopter de estos nuevos productos o servicios y, por tanto, “abre” el mercado y facilita que las empresas puedan escalar la producción y comercialización.

2. Compra pública precomercial (CPP)

Hablamos de compra pública precomercial o precompetitiva (en inglés, Pre-Commercial Procurement, PCP) cuando el contratante solicita soluciones que están aún lejos de llegar al mercado y, por tanto, es necesario llevar a cabo un esfuerzo de I+D considerable.

La compra pública precomercial permite por tanto comparar distintas aproximaciones tecnológicas y reducir el riesgo asociado al desarrollo de un proyecto de innovación, desde la fase de diseño y prototipado hasta la validación de una primera versión del producto o servicio. La posterior provisión de la versión final podría ser objeto a su vez de un procedimiento de CPI, como el visto anteriormente.

El proceso de compra pública precomercial con frecuencia se desarrolla en rondas o fases, seleccionando en cada una de ellas las soluciones o tecnologías que resultan más prometedoras. De este modo se logra reducir el riesgo que asumen las empresas, inherente a la realización de todo proyecto de I+D, así como el que asume la administración, que financia solo aquellos proyectos con mayores posibilidades de éxito, como se muestra en la siguiente figura.

Flujo de CPP y CPTI. Fuente: Elaboración propia
Diagrama de flujo de CPP y CPTI. Fuente: Elaboración propia

Un aspecto a tener en cuenta es que ambos procesos de contratación pública, si bien se pueden encadenar, son independientes entre sí. En otras palabras, la adjudicación del proceso precomercial no implica la adjudicación del eventual proceso de compra pública de tecnología posterior. Esta última podría ser adjudicada a cualquier empresa que concurra al mismo, haya participado o no en el proceso anterior, o incluso a un consorcio o unión de varias empresas. 

Es posible, e incluso en algunos casos probable, que la empresa que haya realizado el diseño, prototipado y validación del producto o servicio no tenga  la capacidad de escalar la producción o prestación del servicio, o de asegurar su distribución, por ejemplo.

Compra pública innovadora en España y en Europa

Prácticamente todas las administraciones han introducido o están introduciendo la compra pública innovadora como instrumento de sus políticas de fomento de la innovación empresarial y, en consecuencia, en sus presupuestos.

En España, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el CDTI juegan un papel clave en la promoción de la compra pública innovadora.

El MINECO ha editado una completa guía sobre compra pública innovadora que contiene una descripción detallada de los instrumentos disponibles, su marco jurídico y buenas prácticas para su aplicación.

El programa INNODEMANDA del CDTI financia a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en una contratación pública, siempre y cuando la entidad contratante haya suscrito previamente un protocolo con el CDTI en el que se especifiquen, entre otros, los hitos, plazos de actuación y condiciones aplicables. Una característica interesante de INNODEMANDA es que financia a las empresas independientemente de que estas resulten o no adjudicatarias, lo que reduce en buena medida el riesgo que asumen.

Funcionamiento de INNODEMANDA. Fuente: CDTI
Funcionamiento de INNODEMANDA. Fuente: CDTI

Igualmente, la Comisión Europea también está realizando realizando un esfuerzo importante en fomentar la compra pública innovadora en varios de sus iniciativas y programas de investigación y desarrollo, como H2020 o la Agenda Digital Europea. Existe, además, la posibilidad de utilizar fondos europeos, como FEDER, para cofinanciar actuaciones de compra pública innovadora por parte de las administraciones nacionales y regionales, como ministerios o comunidades autónomas.

Un caso de éxito en España es InnovasuMMA, un programa de compra pública precomercial impulsado por el Servicio Gallego de Salud dentro de sus planes de innovación sanitaria Hospital 20150 e InnovaSaúde, cuyo objetivo es la búsqueda de diagnósticos avanzados en biomarcadores, sobre todo en oncología y hematología.

Conclusión

La compra pública innovadora es un mecanismo de financiación de la innovación que, bien empleado, resulta muy atractivo tanto para administraciones públicas como para empresas.

Puede ser, además, un mecanismo o cuanto menos un incentivo para la transferencia de tecnología, y facilitar la aplicación de resultados de investigación en nuevos productos y servicios. Para ello es imprescindible que la administración adopte un enfoque integral, y sea capaz de alinear líneas y resultados de investigación académicos con las necesidades del mercado y con la capacidad de nuestras empresas para desarrollar esos nuevos productos y servicios a partir de los primeros. Ahí es nada.

Por su parte, programas como INNODEMANDA -u otros de carácter europeo- permiten a las empresas mitigar el riesgo inherente al proyecto de I+D en particular en proyectos de compra pública precompetitiva.

Cabría preguntarse, no obstante, cuándo no se debe recurrir a la compra pública innovadora para proveer un nuevo producto o servicio. Una respuesta rápida es cuando el grado de madurez tecnológica del producto o servicio quede fuera del diagrama de flujo visto anteriormente. Es decir, en aquellos casos en que:

  • La actividad de I+D a desarrollar quede dentro del ámbito de la investigación básica o fundamental, guiada por la curiosidad científica, para lo que existen otros instrumentos de financiación.
  • Ya existan productos o servicios equivalentes en el mercado, o aún cuando no existan, sí haya una demanda clara que exija su desarrollo.

Podemos estar seguros de que vamos a seguir oyendo hablar, y mucho, de compra pública innovadora en el futuro próximo, así como de casos de éxito, y con toda probabilidad, también de fracaso en alguna ocasión.

Conseguir convertirla en una palanca para mejorar la innovación, la competitividad y las ventas de nuestras empresas es una responsabilidad compartida.

¿En qué sectores la compra pública innovadora puede tener mayor relevancia e impacto, tanto desde la pespectiva de la modernización de la administración como desde la de la competitividad empresarial?

¿Pueden todas las empresas beneficiarse de la compra pública innovadora? ¿Qué barreras se encuentran y cómo superarlas?

¿Qué casos de éxito (o de fracaso, si los hubiera) conoces?

La ciencia española a examen en Nature (1972)

La biblioteca del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia -en sus inicios Instituto de Investigaciones Citológicas– ofrece un completo recorrido por la investigación y el conocimiento en biomedicina en los últimos 75 años. Sus volúmenes, repartidos en las diferentes salas del centro, comprenden libros y revistas científicas desde la década de 1940 hasta bien entrados los 2000, en los que el soporte electrónico sustituyó ya definitivamente al papel.

Podemos, por ejemplo, encontrar un ejemplar del Annual Review of Biochemistry correspondiente al año 1943, gran cantidad de literatura científica en francés, cuando aún pugnaba con el inglés como lengua de la ciencia, o incluso la revista Laboratorio, fundada en 1946 en Granada y que aparecería mensualmente durante unos cuarenta años, dando cuenta de temas como la inmunología, la hematología, la anatomía patológica o la química clínica.

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Revista Laboratorio. Año 1949.
Revista Laboratorio. Año 1949.

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biochemistry1943
Annual Review of Biochemistry vol. 12. 1943.

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Curioseando entre volúmenes antiguos -siempre he sido rata de biblioteca- di casualmente con un ejemplar de la revista Nature que, en su número del 21 de enero de 1972, se hacía eco de un estudio de la OECD –Reviews of National Science Policy, Spain– que analizaba en detalle la política científica española y la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en aquel momento.

Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.
Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.

La reseña, de apenas una página de extensión, se titula “Time for a Change in Spain y se abre con una frase demoledora:

Ever since the Second World War, Spain has been conspicuous among the nations of Western Europe for its backwardness in scientific research and development.

Su lectura permite conocer la visión de un organismo internacional, en principio independiente, sobre la ciencia en España entonces, así como la opinión al respecto de una publicación como Nature.

Dicho informe de la OECD representa un hito en el análisis de la política científica en España y, tal vez, el primer gran esfuerzo por explicar las causas por las que nuestro país había permanecido durante tanto tiempo “remotamente conectado de la comunidad científica”.

Escasez de financiación

La primera de estas causas era, sin duda, la baja inversión en investigación y desarrollo. En 1967 el gasto total en I+D realizado tanto por el estado como por la industria ascendió a 3.873 millones de pesetas, lo que suponía un 0,27% del PIB de aquel año.

La cifra no era en sí mala, sobre todo si se tiene en cuenta que la economía española en los años 60 y sus correspondientes indicadores macroeconómicos eran muy inferiores al de otros países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, cuyo PIB per cápita triplicaba al español. Destaca, además, el hecho de que el estado y la industria contribuían en prácticamente la misma proporción a la inversión en I+D.

Sin embargo, el informe llamaba la atención sobre el desequilibrio en la distribución del presupuesto público en investigación: casi en su totalidad se destinaba a centros públicos de investigación y solamente un 3% a las universidades. Nature se cuestionaba cómo un estado moderno (sic) esperaba mantener un sistema universitario competitivo con un presupuesto de apenas 100 millones de pesetas y reconocía el mérito de las universidades españolas, que habían sido capaces de ganarse una buena reputación por sí mismas, lo que calificaba literalmente de “milagro”.

Agricultura y energía nuclear

Dentro de la parte del gasto en I+D correspondiente al estado, el informe de la OECD criticaba la falta de coherencia entre las prioridades científicas y los sectores estratégicos de la economía española.

A pesar de la importancia del sector primario y sobre todo agrícola en la España de los años 60, sólo se destinaba a investigación agraria un 17,4% del presupuesto, alrededor de 375 millones de pesetas. El presupuesto del Patronato Alonso de Herrera, que agrupaba hasta 24 centros del CSIC dedicados a la investigación en biología vegetal y ciencias agrarias, se redujo en cerca de un 20% entre 1967 y 1969, si bien se incrementó la inversión realizada directamente por el Ministerio de Agricultura.

Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza
Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza

En cambio, la investigación en energía nuclear se llevaba en 1967 un 23% del total del presupuesto, un importe sólo justificable a ojos de la OECD si a largo plazo la mayor parte de la electricidad en España se iba a generar mediante centrales nucleares. La generación mediante energía nuclear alcanzo su máximo en 1989, cuando supuso el 37,9% de la generación eléctrica del país, así que la necesidad o conveniencia de aquella inversión queda como objeto de discusión.

Recomendaciones

La OECD expuso las conclusiones del informe a representantes del gobierno español durante el verano de 1970, junto con una serie de recomendaciones:

  • En materia de política científica, de manera general, se instaba al gobierno español a elegir entre seguir “los patrones del pasado” o introducir cambios radicales en la misma.
  • Defendía que una mayor inversión en I+D permitiría mejorar la balanza de pagos española, tanto en la agricultura como en la industria.
  • Reconocía el potencial y los avances en investigación agrícola, con especial mención al centro de investigación del CSIC en Zaragoza, pero constataba que en otros sectores como el industrial los resultados eran “decepcionantes”.
  • Censuraba duramente el abandono por parte del gobierno de la investigación universitaria, y abogaba por incluir a las universidades en la planificación a largo plazo de la política científica, así como mejorar el status y aumentar la escala de la investigación que realizan.

Y, como primer paso, la OECD recomendaba… doblar el presupuesto estatal dedicado a investigación y desarrollo. ¿A qué esto resulta familiar?

De un tiempo a esta parte

No es la única vez que Nature ha tratado en sus páginas la situación de la ciencia española, su potencial y sus promesas, con frecuencia no cumplidas. En 2008, Nature celebraba que el presupuesto destinado a I+D se hubiera doblado en apenas 4 años y se preguntaba si España podía encontrarse frente a una nueva “edad de plata” científica.

Sin embargo, y a pesar de las intenciones de la ex-Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, esta percepción empezó a desvanecerse conforme la realidad de la crisis se tradujo en recortes indiscriminados en ciencia a partir de 2010. Nature se hizo incluso eco del dramático recorte que sufrimos en el CIPF en 2011 y ha servido para denunciar los frecuentes cambios de rumbo en política científica.

Sorprende cómo algunas de las afirmaciones y recomendaciones que la OECD realizaba sobre el estado de la ciencia española en los años 70 son en gran medida aplicables en la actualidad.

En 2015 sigue siendo necesario argumentar la importancia de invertir en I+D para mejorar la economía y la competitividad de nuestro país, así como reclamar un mayor compromiso y planificación a largo plazo por parte de las administraciones públicas. El sistema de ciencia y tecnología presenta carencias en su articulación, y las prioridades científicas no siempre están alineadas con las particularidades y necesidades de nuestro tejido empresarial.

La propia Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 2013-2020 del Ministerio de Economía y Competitividad identifica algunas debilidades que son perfectamente reconocibles en el análisis de la OECD: la baja intensidad del esfuerzo en I+D en relación al PIB, la baja capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por el sector empresarial o la rigidez de los modelos de gobernanza de universidades y OPIs, entre otros.

Por último, y a la luz de los más de 40 años transcurridos desde entonces, cabe reflexionar sobre si la política científica de un tiempo a esta parte ha sido, en líneas generales, acertada y si los resultados obtenidos se pueden calificar de satisfactorios.

E igualmente, haciendo “política científica ficción”, en qué situación podríamos encontrarnos si las políticas hubieran sido diferentes. Las posibles preguntas y sus respuestas son inabarcables, pero aquí van algunas a vuelapluma:

¿Era acertado invertir en investigación nuclear? ¿O hubiera sido conveniente priorizar otros campos?

¿Se ha logrado consolidar la investigación universitaria como sería deseable?

¿Es aún necesario introducir “cambios radicales” en la política científica? ¿Cuáles?