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Modelos de innovación, crowdfunding y el pinchazo de Theranos

Retomo la costumbre de hacer una breve revista de blogs con los temas más destacados de la semana que, en esta ocasión, nos permiten reflexionar sobre la necesidad de repensar las políticas institucionales de transferencia de conocimiento o volver sobre el rol que el crowdfunding puede y debe tener en la financiación de la ciencia, entre otros. ¡Espero que sea de vuestro interés!

Susana Borrás, profesora de innovación y gobernanza en la Copenhagen Business School, habla en su blog sobre la direccionalidad de la transferencia de conocimiento en las universidades. Frente a la visión tradicional de las universidades como generadoras de un conocimiento que, casi por imperativo categórico, se transfiere a su entorno social y económico y se convierte en innovación, Borrás propone que los actores de dicho entorno -empresas, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales…- deben implicarse en el propio proceso de transferencia y de producción de este conocimiento, estableciendo así un modelo bidireccional.

Este planteamiento no es especialmente novedoso. Está implícito en la concepción sistémica de la innovación y resulta coherente con el enfoque abierto y participativo de la misma, de “moda” desde hace un tiempo. Sin embargo, la bidireccionalidad de la que habla Borras y los mecanismos para ponerla en práctica en las universidades son, con frecuencia, deficientes, por lo que es más que oportuno ponerlos sobre la mesa.

Lydia Gil, en su blog Social media en investigación, realiza una interesante entrevista a Isabel Méndez, técnico del Departamento de Participación Privada de I+D+i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y responsable de la plataforma de crowdfunding científico Precipita. El crowdfunding en ciencia es un tema que despierta pasiones enfrentadas y del que ya nos hemos hecho eco anteriormente en el blog. Mientras hay quien lo considera como una vía de obtención de fondos ineludible, sus críticos consideran que son los estados quienes deben asegurar la financiación de la investigación científica, puesto que los ciudadanos ya pagan impuestos para ello.

Méndez se felicita de haber “recaudado más de 328.000€ con una aportación media de 80 euros por donación y más de 3.500 donantes”. ¿Es mucho o es poco? Por aportar un poco de contexto, la puesta en marcha y la promoción de Precipita ha costado un total de 102.400€, como se puede consultar en el perfil del contratante de la FECYT, a lo que se podría sumar 131.500€ destinados a la contratación de servicios de diseño, desarrollo y ejecución del un programa de formación y asesoramiento en fundraising para centros de investigación.

En otro orden de cosas, el blog de la OEPM en Madri+d explica, con la claridad a la que nos tiene acostumbrados, el tratamiento que la nueva Ley de Patentes 24/2015 hace de aquellas invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional y las principales diferencias respecto a lo que disponía la anterior Ley de Patentes 11/1986. Destaca que la nueva ley clarifica los procedimientos y plazos aplicables, tanto en lo relativo a la evaluación de dicho interés por parte de la OEPM y del Ministerio de Defensa, como a la autorización para presentar una solicitud de patente prioritaria en el extranjero.

Y terminamos hablando de Theranos, la empresa biotecnológica estadounidense cuya burbuja “pinchó” la semana pasada. Miguel Ángel Máñez publica en su blog Salud con cosas un artículo del Dr. Enrique Rodríguez-Borja, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien analiza las dudas sobre la tecnología de análisis de sangre de Theranos que han llevado a poner en cuestión el propio futuro de la empresa, y nos abre una reflexión sobre hasta qué punto un negocio fundamentado en falsas evidencias científicas puede ser viable.

¡Feliz semana!

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Más innovación que ciencia en el acuerdo PSOE-Ciudadanos

Decíamos con motivo del debate organizado por la Fundación Cotec el pasado mes de noviembre que era la primera vez que la ciencia había entrado en una campaña electoral, aunque fuera tímidamente. Hace apenas unas horas que se ha hecho público el primer acuerdo fruto de los resultados electorales del pasado 20-D -entre el PSOE y Ciudadanos- y merece la pena analizar brevemente cómo ha quedado reflejado en el mismo el cacareado compromiso político con la ciencia y la innovación.

Innovación

Sorprende positivamente que el primer epígrafe del acuerdo esté dedicado íntegramente a la innovación tecnológica, dentro del bloque dedicado a la política económica. No en vano uno de los ejes del acuerdo entre ambos partidos es el cambio hacia “un modelo de crecimiento” que debe estar basado “en la innovación y la mejora de la productividad”, el cual se acompaña de las siguientes propuestas en materia de innovación:

Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.

Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.

Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.

Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.

Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.

Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.

La política económica recoge también la elaboración de una “Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como la tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o la reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada”, y prevé “reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES (…) con énfasis especial en la innovación”. Del mismo modo, la política fiscal debería incentivar “la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación”.

Ciencia

Por otra parte, enmarcado junto a las políticas de educación y cultura, el documento recoge el pacto por la ciencia que viene demandando desde hace tiempo la comunidad científica, consistente en “promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.”

Junto a este pacto, o quizá como consecuencia del mismo, se deslizan las siguientes actuaciones, bastante heterogéneas:

Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.

Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB y defender en las instituciones europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.

Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.

Reformar el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.

Por último, dentro del epígrafe dedicado a las universidades, se reconoce a éstas como “parte esencial del sistema del conocimiento” y se explicita “la valorización y la transferencia del conocimiento” como una función social de las mismas. Además, se hace mención al Sistema Nacional de Salud como motor de la investigación e innovación.

Conclusión

En las 66 páginas del acuerdo el término “ciencia” aparece en 10 ocasiones e “innovación” en 9. Sin embargo se habla más de innovación que de ciencia. Esto resulta coherente con la prioridad de cambiar el modelo económico así como con los planteamientos -fundamentalmente economicistas- recogidos por Ciudadanos en su programa. Si bien es un enfoque que se puede tildar de cortoplacista, que la innovación ocupe la primera página del acuerdo y que se cite explícitamente la transferencia de tecnología es, en mi opinión, motivo para felicitarse.

En lo que se refiere a ciencia, el contenido del acuerdo resulta más vago. Más allá del pacto por la ciencia y las declaraciones de intenciones, la principal (y casi única) propuesta concreta es el plan de incorporación y consolidación del personal investigador. La precariedad laboral es, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, en particular tras los recortes indiscriminados sufridos en los últimos años. Bien está que se reconozca la urgencia de actuar sobre la misma.

Queda pendiente, en mi opinión, engranar mejor la ciencia y la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, lo que se refleja en la dicotomía entre la agencia de investigación y la de innovación. Y se pasa por alto la necesidad de especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto científico y/o industrial.

Hasta qué punto se hará realidad este acuerdo es algo sujeto al juego político. Lo que sí parece claro es que los partidos, independientemente de su color, han integrado por fin la ciencia y la innovación en su discurso.

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CRISPR, patentes y cómo la innovación crea (o no) empleo

Son (somos) pocos los blogs dedicados a la transferencia de tecnología o, de una manera más amplia, a la relación entre la investigación científica y la empresa. Sin embargo, éste es un campo que despierta cada vez más interés. Casi a diario, es fácil encontrar artículos y apuntes en blogs y medios que sí abordan de un modo u otro sus diferentes facetas: desde la gestión de la investigación y de la innovación o la propiedad industrial e intelectual, hasta el desarrollo de negocio o la estrategia empresarial, entre otros.

Con los contenidos más destacados de esta semana que termina, he preparado esta breve revista de prensa (o, mejor dicho, de blogs) que comparto con vosotros. 

La revista Genética Médica dedica un artículo sobre la guerra de patentes entre la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Broad de la Universidad de Harvard y el MIT a propósito de la tecnología CRISPR-Cas9, que permite introducir mutaciones o reparar cambios en el material genético de una célula. Sobre CRISPR-Cas9, sus fundamentos y sus posibles aplicaciones se ha dicho y escrito mucho, quizá incluso demasiado. Podéis encontrar una excelente conferencia sobre los sistemas CRISPR-Cas de la mano del Dr. Martínez Mojica, “padre” científico de los mismos. El artículo de Genética Médica pone de manifiesto, por una parte, que los litigios sobre propiedad industrial no son en modo alguno exclusivos de las grandes empresas, y pueden enfrentar en los tribunales a instituciones académicas. Por otra parte, supone un interesante caso de estudio jurídico que ilustra las diferencias que se derivan de aplicar los criterios primero en inventar (“first-to-invent“) o primero en registrar (“first-to-file“).

Francisco Moreno analiza en su blog diferentes modelos econométricos sobre la producción de patentes y de publicaciones científicas en función del gasto público y privado en I+D. Como sería de esperar, grosso modo el gasto público en I+D fomenta las publicaciones y el gasto privado en I+D las patentes, pero las conclusiones de estos modelos sugieren también una aparente relación negativa entre gasto público en I+D y el número de patentes triádicas, lo que resulta más sorprendente. Francisco deja el debate abierto a posibles explicaciones para este fenómeno. ¿Podría una deficiente estrategia de propiedad industrial en universidades y organismos públicos de investigación contribuir al mismo?

Precisamente de las patentes generadas por la universidad española se hace eco Pedro Uceda en su blog, en el que desgrana el contenido del informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica” de la Fundación CYD. Con buen criterio, Pedro destaca el hecho de que el informe no recoge datos sobre cuántas de estas patentes están siendo explotadas de manera efectiva. ¿Sigue la universidad, en materia de propiedad industrial, centrada en la cantidad antes que en la calidad? Con todo, no olvidemos que no sólo de patentes vive la transferencia de tecnología.

Dejamos de hablar de patentes para terminar hablando de innovación. Xavier Ferras reflexiona sobre si la innovación crea o destruye empleos y ofrece una respuesta casi salomónica: “la innovación disruptiva es una generadora neta de empleos, mientras que la innovación incremental destruye puestos de trabajo”. Sin embargo, Xavier refina esta hipótesis al incorporar a la ecuación no sólo el tipo de innovación sino también el sector al que ésta se aplica, y la ejemplifica con acierto al aportar datos del empleo generado por los gigantes de Internet estadounidenses y la industria manufacturera alemana. Esta última sería capaz de generar 16 empleos por cada dólar inyectado en el mercado financiero, frente a sólo 1 empleo creado por parte de las primeras. ¿Deberían las políticas de innovación considerar este aspecto, por ejemplo al priorizar determinados campos científicos o sectores económicos? ¿Biotecnología o Internet de las Cosas? ¿Industria 4.0 o energías renovables?

¡Feliz semana!

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Cómo la corrupción reduce nuestra capacidad de innovación

No es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte, la política en España está condicionada por el sinfín de escándalos de corrupción que ha salido a la luz en los últimos años. En el momento actual, en el que la ciencia y la innovación han logrado colarse en el debate político, cabría preguntarse si los efectos de la corrupción se dejan sentir también en nuestro sistema de ciencia y tecnología y, en su caso, cómo afectan a la capacidad de innovación de nuestro país.

La revista Nature publicó el pasado mes de febrero de 2015 un breve artículo de la profesora Alina Mungio-Pippidi, de la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania), quien reflexionaba sobre la relación entre innovación y corrupción y sugería -en base a datos empíricos- que si sabemos cuán corrupto es un país, podemos predecir con bastante certeza cuál es su nivel de innovación.

De hecho, la capacidad de innovación del sector privado de un determinado país estaría correlacionada con el control que éste ejerce sobre la corrupción tanto como con la calidad de sus instituciones científicas o con el gasto nacional en I+D. El artículo define la corrupción como el abuso cometido por parte de una autoridad pública en base a intereses privados, el cual resulta en una adjudicación no imparcial de recursos públicos. El control de la corrupción sería, pues, la capacidad de una sociedad de limitar dicho comportamiento por parte de sus autoridades públicas, y es uno de los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial en su proyecto Worldwide Governance Indicators.

Los siguientes gráficos de dispersión representan la posición de diferentes países europeos en función de su capacidad de control de la corrupción (sobre una escala de o a 10) y de diferentes indicadores relacionados con la investigación y la innovación, como son el porcentaje del PIB dedicado a I+D, su índice mundial de innovación y su índice de fuga de cerebros:

Fuente: Nature 518, 295–297 (19 de febrero de 2015).

España se sitúa en una posición intermedia, con un índice de control de la corrupción que apenas supera el aprobado, bastante por detrás del grupo de cabeza integrado principalmente por los países nórdicos y anglosajones, Alemania, Holanda y Austria. La línea de tendencia es clara en todos los casos y ofrece un intervalo de confianza en torno al 0,85-0,9. Puesto que los indicadores corresponden a 2009 y 2010, es probable que la situación de España haya empeorado desde entonces.

Es bien sabido que correlación no implica necesariamente causalidad. Para explicar estos datos, Mungio-Pippidi desarrolla en primer lugar la hipótesis de que los países que ejercen un mayor control sobre la corrupción son también aquellos cuyos ciudadanos creen que el mérito es el criterio determinante en la toma de decisiones por encima del favoritismo y las relaciones personales, en particular en el sector público. Estas sociedades meritocráticas serían más eficaces a la hora de retener y atraer el talento y de fomentar su desarrollo y, en definitiva, capaces de crear mayor riqueza a partir de la innovación.

En segundo lugar, la autora afirma que “los gobiernos que compran apoyos políticos no suelen invertir en educación y ciencia, ya que el retorno de éstas se percibe como demasiado general”. En cambio, la inversión en grandes infraestructuras y eventos resulta atractiva “tanto para las empresas contratistas, que quizá en el futuro contribuyan a la campaña electoral del partido en el gobierno, como a los votantes”, que perciben un beneficio directo de la misma.

¿Os resulta familiar? Pues esperad al siguiente párrafo, que prefiero transcribir directamente:

That is why more-corrupt EU states spend more on big projects such as roads and high-speed trains than on health, research, education and development. When — with the best of intentions — Brussels promotes austerity policies, which funds dry up first in corrupt countries? Investment in education and science.

Ay.

Conclusión y debate

Para finalizar, cabe recordar que el efecto de la corrupción en la innovación no se limita a la mayor o menor cantidad de dinero público que, pudiéndose destinar a actividades de investigación e innovación, se emplea para otros fines. También alcanza al buen o mal uso que se hace de los fondos y de los recursos que sí están, en principio, destinados a estas actividades. Prácticas que, entre otras, incluyen la falta de transparencia en la contratación de personal en universidades y centros de investigación, la arbitrariedad en la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de I+D, o los conflictos de interés que, por ejemplo, pueden aparecer en la colaboración entre investigadores e instituciones académicas públicas con el sector privado.

Es relativamente fácil echar la culpa al gobierno de turno, pero no debemos olvidar que una mayor exigencia por parte tanto de la comunidad científica como de las empresas, e incluso de la sociedad civil en su conjunto, es condición indispensable para mejorar la eficiencia y la percepción que tenemos de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es tan fundamental reclamar mayor inversión y recursos en ciencia como procurar su máximo aprovechamiento, y priorizar los méritos académicos y la excelencia tanto científica como empresarial por encima de cualquier otro criterio.

¿Cuál crees que es el impacto de la corrupción en nuestro sistema de ciencia y tecnología? ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad?

¿Crees que la posición relativa de España representada en los gráficos se corresponde con la realidad?

¿Qué medidas serían las adecuadas para corregir o mejorar la situación actual?

NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde a la obra “La corrupción del mundo antes del diluvio” del pintor holandés Cornelis van Haarlem (1562-1638).

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Hacia una gestión estratégica de la propiedad industrial en la universidad española

(Artículo de opinión publicado originalmente en el boletín Abril Informa Patentes, Investigación y Desarrollo de Abril Abogados, a quienes agradezco la invitación a participar y su interés.)

Con anterioridad a los años 80 las patentes solicitadas por la universidad española eran testimoniales: la primera solicitud, presentada por la Universidad Autónoma de Madrid, data de 1973 y venía a proteger el procedimiento de fabricación de un LED que emitía luz verde y roja. De un tiempo a esta parte la situación ha cambiado mucho, y para mejor. Actualmente nadie discute que la universidad sea un actor esencial en la investigación e innovación en España. Como muestra, la actividad inventora de las universidades españolas supone cerca de un 20% de todas las patentes nacionales. Sin embargo, periódicamente se aviva el debate de que nuestras universidades y, por extensión, el resto de nuestro sistema de ciencia y tecnología, no son suficientemente capaces de convertir sus resultados de investigación en productos y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía. Las causas de esta situación son múltiples y, aunque en algunos casos matizables, bien conocidas: desde una investigación que en ocasiones no responde a las necesidades de nuestro tejido empresarial o la falta de incentivos a la transferencia de tecnología en las universidades, hasta la escasa participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo y su dificultad para incorporar las innovaciones que obtienen a su vez las universidades y organismos de investigación.

Con todo, una faceta que con frecuencia se pasa por alto es el uso que tanto empresas como universidades hacen de la propiedad industrial, y el papel que ésta juega en la estrategia de innovación nacional. Según datos de la OECD, Alemania y España realizaron en 2013 una inversión en I+D de 96.069 y 17.960 millones de dólares, respectivamente, que se tradujo en la solicitud de 5.465 y 244 patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización. Si analizamos estas cifras en términos relativos, la economía alemana, con una inversión en I+D aproximadamente 5 veces superior a la española, obtuvo un número de solicitudes de patentes triádicas más de 20 veces superior. Siendo la universidad, como hemos visto, uno de los principales generadores de innovación en nuestro país, cabría preguntarse por su gestión de la propiedad industrial la cual, en una mayoría de casos, es fundamentalmente administrativa. Ante un nuevo resultado de investigación susceptible de protección, se realiza un análisis de patentabilidad y, si éste es positivo, se presenta la solicitud de patente ante la OEPM, en la que la universidad se beneficia de una exención en el pago de tasas. Habitualmente se presenta también la solicitud internacional PCT, se realiza una mayor o menor acción comercial (según la universidad) y, llegado el momento de entrada en fases nacionales, si no ha sido posible licenciar la patente, ésta se abandona sin más.

La falta, salvo excepciones, de una mayor gestión estratégica de la propiedad industrial sería una de las causas subyacentes del escaso retorno obtenido por la investigación española. Si bien algunos indicadores, como el número de solicitudes, pueden ser aceptables, la situación actual ha fomentado la cantidad antes que la calidad y la transferencia al mercado. Ejemplo de ello son las patentes “curriculares”, que con frecuencia no representan una innovación real y contribuyen al abultado peso que la universidad tiene en el total de solicitudes de patente nacionales. De hecho, éste es uno de los aspectos en los que incide la nueva Ley de Patentes, al hacer obligatorio el examen previo y limitar la exención de tasas a aquellas patentes que hayan “producido una explotación económica real y efectiva”.

Una estrategia de propiedad industrial en investigación debería tener como objetivos priorizar los resultados más prometedores a fin de maximizar su impacto económico y social, así como gestionar los riesgos tecnológicos y de mercado inherentes a invenciones en fases muy temprana. Esto pasaría por una aproximación más “agresiva”, basada en la selección de un portfolio de tecnologías más reducido pero con el compromiso de realizar una mayor inversión en su protección, desarrollo y comercialización. Para cada tecnología o resultado de investigación se debería elaborar una hoja de ruta de desarrollo tecnológico y comercial -desde la clásica licencia a la creación de start-ups o incluso la explotación directa- e identificar los socios adecuados para llevarla a cabo, ya sean empresas industriales, inversores, otros centros de I+D, intermediarios o clientes. En una segunda fase, sería necesario además movilizar recursos -públicos o, mejor, privados- para madurar estas tecnologías y realizar pruebas de concepto que, además de incrementar su valor, puedan servir para reforzar los derechos de propiedad industrial. Como en toda estrategia, sería imprescindible hacer un seguimiento de la misma en base a indicadores objetivos de coste-riesgo-beneficio y contar, cuando sea oportuno, con un consejo externo especializado.

Finalmente, un planteamiento de estas características requiere del apoyo y compromiso de los órganos de gobierno de la universidad o centro de investigación, y el proceso de toma de decisiones no debería realizarse exclusivamente caso por caso, sino desde un análisis integral que tenga en consideración la estrategia global de la institución.

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5 consejos (más) para mejorar la transferencia de tecnología

Que la transferencia de tecnología está de actualidad es algo no escapa a quienes, de una manera u otra, nos movemos en este mundillo. Me atrevería a decir, incluso, que está de moda.

La transferencia de tecnología ha pasado de ser un concepto manejado casi exclusivamente en el entorno académico y en un limitado sector empresarial, a ser el objeto de múltiples iniciativas públicas y privadas -foros y debates, cursos e incluso proyectos empresariales, entre otros- que con frecuencia han encontrado eco en medios de comunicación tanto especializados como generalistas.

En este último sentido, la sección Innovadores del diario El Mundo recogía recientemente las reflexiones de Manuel Doblaré, director científico de Abengoa Research, sobre la transferencia de tecnología en España y, en particular, una serie de consejos para mejorarla:

  1. Garantizar que los resultados de la investigación sean propiedad de la empresa y, al mismo tiempo, un retorno justo para las universidades o centros de investigación.
  2. Incentivar la transferencia de tecnología en el ámbito universitario y, por extensión, académico.
  3. Trabajar en líneas de investigación conjuntamente con la empresa, y no sólo en proyectos específicos.
  4. Invertir en formar y atraer talento tanto o más que en infraestructuras y equipamiento.
  5. Aumentar el tamaño de las empresas, para que sean capaces de evaluar y, en su caso, integrar innovaciones externas.

No es la primera vez que en el blog analizamos políticas y recomendaciones sobre transferencia de tecnología y, qué duda cabe, este quinteto de consejos también se podría ampliar o matizar de múltiples maneras. No lo haré en esta ocasión, si bien el punto de vista de Manuel Doblaré sobre la transferencia merece ser tenido en cuenta por varios motivos.

En primer lugar, Doblaré cuenta con la virtud de conocer de primera mano tanto la universidad como la empresa, ya que ha sido catedrático de la Universidad de Zaragoza durante más de 20 años, posición que sigue compatibilizando en la actualidad -a tiempo parcial- con su cargo en Abengoa.

Pero sobre todo, Doblaré describe la posición de una gran empresa -dejando a un lado las circunstancias actuales de Abengoa– que ha basado en gran medida su modelo de negocio en la investigación y la innovación. Nos aporta, en definitiva, la opinión de un potencial cliente de los resultados generados en universidades y centros de investigación.

Aunque la idea de trabajar para un cliente resulta con frecuencia extraña en la investigación académica y, en ocasiones, incluso en las propias oficinas de transferencia, como se suele decir, el cliente siempre tiene la razón, por lo que haremos bien en escucharle.

Conclusión

Existe la percepción generalizada de que algo debe cambiar, en parte o incluso en la totalidad del sistema de transferencia de tecnología. En este sentido, es relativamente fácil proponer recomendaciones, acciones o buenas prácticas concretas, pero con frecuencia se echa en falta un análisis de carácter más estratégico y una visión integral de las actuaciones que deben llevarse a cabo.

Por ello y para concluir, trataré de derivar 3 ejes de actuación a partir de las recomendaciones de Doblaré, relacionados entre sí y que deberíamos desarrollar si realmente deseamos incrementar y mejorar la transferencia de tecnología en nuestro país:

  • Mayor flexibilidad
    • Por parte de las universidades y los centros de investigación, por ejemplo y como se ha comentado, en términos de facilitar la propiedad sobre los resultados y la libertad de operación a las empresas.
    • Por parte de las empresas a la hora de reconocer el valor del conocimiento y los resultados a los que acceden y establecer una contraprestación adecuada.
  • Mayor orientación a cliente
    • Por parte de las universidades y los centros de investigación así como de los propios investigadores, que deben actuar respectivamente como organizaciones y profesionales orientados a producir resultados y prestar servicios de investigación con criterios de calidad empresarial y en las que la transferencia de conocimiento y tecnología no puede ser una actividad secundaria.
  • Mejor capacitación
    • Por parte de las universidades, que deben formar a los mejores estudiantes y profesionales.
    • Por parte de los centros de investigación y las empresas, que deben atraer a los mejores tecnólogos e investigadores y proporcionar el entorno necesario para desarrollar e integrar nuevas tecnologías, tanto internas como externas.

¿Te parecen acertadas las recomendaciones de Manuel Doblaré? ¿Cuáles consideras más (o menos) importantes?

¿Dónde se debería incidir para mejorar la transferencia de tecnología: en el ámbito académico o en el empresarial?

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3 ideas fuerza sobre innovación en salud digital

Tenía pendiente desde hace unas semanas compartir en el blog mis notas sobre el encuentro innoSD de innovación en salud digital organizado por la empresa TSB y la Fundación InnDEA el pasado 6 de octubre en las instalaciones del Biopolo del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia y al que tuve la ocasión de asistir. Ahí van.

El encuentro reunió a un buen número de empresas, emprendedores, investigadores y expertos del sector y tuvo como aliciente la presencia de ponentes destacados no sólo del ámbito local sino también del nacional, como Jaime del Barrio, actualmente en Ernst&Young, Magda Rosenmöller del EIT Health o Jordi Rovira de Wayra, la aceleradora de empresas de Telefónica.

Encuentro innoSD sobre innovación en salud digital. Fuente: Fundación Inndea Valencia

Entre todos ofrecieron una visión muy completa del panorama actual en salud digital -desde la investigación y la innovación hasta la traslación al mercado y a la clínica- y que se puede resumir, en mi opinión, en las tres ideas fuerza que desarrollo a continuación: efervescencia, ecosistemas y datos, muchos datos.

Efervescencia

De encuentros, iniciativas, proyectos, empresas, soluciones… Como muestra, sólo en la ciudad de Valencia, hace apenas unos meses el Centro de Investigación Príncipe Felipe en colaboración con la empresa DCN había organizado sendos encuentros sobre ecosistemas de innovación en salud y, tan sólo unos días después esta reunión, el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA del Hospital Clínico y la Universidad de Valencia presentaron en el Jardín Botánico la iniciativa VLC-Health Ecosystem como plataforma de cooperación entre los diferentes agentes el sistema de investigación e innovación en salud, protección y bienestar social en Valencia. 

¿Denota esta efervescencia falta de coordinación entre los diferentes actores del sector? Quizá. Pero ante todo demuestra que hay un interés formidable por la salud -digital o no- como oportunidad de innovación y de negocio.

En este contexto, en este océano aparentemente azul, empresas e instituciones buscan posicionarse como referentes a la vez que necesitan establecer colaboraciones y relaciones de negocio para desarrollar sus proyectos y llevar al mercado y a la clínica sus productos y servicios.

Ecosistemas

La respuesta a esta efervescencia pasa por articular un ecosistema de innovación en salud que permita canalizar y capitalizar este flujo continuo de ideas y proyectos provenientes tanto del ámbito académico como del empresarial y evite que -permitidme la expresión- el humo se escape por la chimenea. Para ello, Sergio Guillén, director de TSB, incidió en no reinventar la rueda y tratar de replicar aquellos modelos o políticas de innovación cuyo éxito haya sido probado.

Guillén puso también como ejemplo trasladable a Valencia el ecosistema de innovación de Nueva York que integra, a través de diferentes iniciativas y programas, centros de investigación, universidades, hospitales, empresas de tecnologías sanitarias, biotecnológicas y farmacéuticas, incubadoras, inversores, expertos y a la propia administración.

En Valencia disponemos de la mayoría de esos mimbres, y la creación y consolidación de un ecosistema de estas características pasa, sin duda, por una apuesta política decidida, pero también por una colaboración abierta entre todas las partes

Datos

Muchos datos. El consabido big data es el denominador común de muchos de los proyectos de investigación y empresariales que se mencionaron en el encuentro, en el que Jaime del Barrio, Sergio Guillén y José Vicente Castell apuntaron la necesidad no resuelta que se deriva del enorme volumen de datos clínicos que se generan diariamente y la oportunidad que la gestión y explotación de dichos datos supone para las empresas.

Quedó pendiente hablar de cómo se debería facilitar el acceso a los datos clínicos a las empresas. Un tema que, en mi opinión, dista de estar resuelto, en particular tras polémico proyecto VISC+ de la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) cuyo objetivo era poner datos anonimizados de pacientes a disposición de las empresas privadas.

Y una reflexión final

El encuentro se prolongó más de lo previsto por lo que, lamentablemente, no hubo tiempo para abrir el debate que la ocasión requería, con tantos puntos de vista y tan complementarios entre sí.

Como ejes a lo largo de los cuales desarrollar futuras iniciativas, se apuntaron:

  • La necesidad de un liderazgo claro por parte de la administración sanitaria.
  • La consolidación de un ecosistema interconectado e interactivo.
  • La adopción de una perspectiva multisectorial y multidisciplinar.

En este último sentido, quedó patente que la investigación y la innovación en TIC aplicadas a la salud y otras disciplinas, como la biotecnología, están obligadas a entenderse y converger en el paradigma de lo que se ha dado en llamar medicina personalizada o de precisión. 

Por ello y para concluir estas notas, me pregunto si tiene sentido seguir hablando de innovación en salud digital o si, en su lugar, sería más oportuno hablar de innovación en salud, sin más. Porque parece claro que, en un futuro próximo, la innovación en salud será -en gran medida- digital o no será.

¿Estás de acuerdo con las ideas fuerza planteadas en el artículo? ¿Hay otras que deberíamos tener en consideración?

¿Qué modelos de innovación de éxito serían trasladables a nuestro entorno, ya sea local, autonómico o nacional?

¿Tiene sentido seguir diferenciando la innovación digital del resto de innovación en salud?

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Parole, parole y el #DebateCotec

Por primera vez en la historia política de España la ciencia está entrando en campaña electoral. Se trata de una entrada tímida, que seguramente pasará a segundo plano en las próximas semanas, conforme se aproxime la fecha de las elecciones, pero que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre sociedad, ciencia y política en nuestro país y que deberíamos aprovechar.

Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, la Fundación Cotec reunión el pasado martes 3 de noviembre a representantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD, IU) quienes presentaron y debatieron sus propuestas en materia de ciencia, innovación y universidades.

Que los políticos se interesen por estos temas ya es un logro, pero es que además el #DebateCotec ha tenido una repercusión inédita en los principales medios impresos y digitales, ha sido trending topic en twitter y ha generado a su vez toda una sucesión de análisis y opiniones que han amplificado y enriquecido el debate original. Si os lo perdisteis os invito a leer el artículo previo y el resumen elaborados por Nuño Domínguez en El País, que creo recogen muy bien el espíritu y los resultados del mismo, o la crónica de Ángela Bernardo para Hipertextual.

El debate en sí ofreció muchas generalidades, algunas promesas y pocas propuestas concretas y mi impresión, lo siento, es que los políticos no se lo terminan de creer.

Personalmente, eché en falta más análisis, mejor comprensión de los problemas a los que enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología y, sobre todo, una visión de cuál es el rol que la ciencia y la innovación deben jugar en la sociedad, en la economía y en el futuro del España. El diario El Español realizó una buena síntesis de las ideas de cada partido, por lo que no me entretendré demasiado en ellas:

Mucho aumento de presupuesto, en algunos casos hasta cifras cercanas al 3% del PIB que, sinceramente, son difíciles de creer, y becas a granel para estudios universitarios. Nada que objetar, ni mucho menos, pero a estas alturas deberíamos haber aprendido que el cómo es tan importante como el cuánto. En este sentido, quizá las propuestas más claras sean las de Ciudadanos, que priorizan la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, vinculan la financiación a la innovación y denotan, eso sí, una visión bastante economicista -cuando no neoliberal- de la ciencia.

Se habló de la necesidad de alcanzar pactos de estado y de dar estabilidad a las políticas que se adopten. Bien.

Pero apenas se habló de cómo combinar el apoyo a la ciencia básica con la investigación y el desarrollo aplicados, y tampoco de la necesidad de fijar prioridades, especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, ya sea científico o industrial. O de la ineficiencia que supone la multiplicidad de agencias financiadoras.

Reflexiones

Con todo, el debate ha sido sin duda un éxito. El mérito es, en primer lugar, de la Fundación Cotec, por la iniciativa de la organización y el excelente manejo de la comunicación y sus tiempos, antes, durante y después del evento. Pero también lo es, en mi opinión, de todos los que integramos de una manera u otra el sistema de ciencia y tecnología.

Científicos y gestores, universidades, organismos de investigación y empresas están desde hace tiempo protagonizando una reacción, más o menos desorganizada pero creciente, contra los recortes presupuestarios y, sobre todo, contra las erráticas políticas científicas y de innovación. Las declaraciones y manifestaciones reclamando un mayor apoyo y compromiso por parte de las administraciones públicas hacia a la I+D han sido continuas, y se han creado foros de debate bottom-up, como el que organizamos en Valencia sobre los retos de los ecosistemas de innovación. Recientemente, la asociación RedTransfer dio un paso más allá y propició encuentros sobre las políticas autonómicas y estatales en transferencia del conocimiento con representantes de diversos partidos políticos.

El debate organizado por Cotec ha sido, probablemente, el espaldarazo definitivo para que la ciencia y la innovación reciban la atención que requieren y que necesita nuestro país.

La ciencia está entrando en campaña, decíamos. Esperemos que no quede todo en parole, parole.

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Compra pública innovadora en H2020

Dado el interés que habéis mostrado en el anterior artículo sobre compra pública innovadora (CPI), comparto con vosotros varias novedades y recursos en el contexto del programa Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea. Espero que os sean de utilidad para sacar el máximo partido de este instrumento de innovación y, no lo olvidemos, también de financiación.

Novedades en H2020

Esta misma semana, desde el área de CPI del CDTI se nos informaba que la Comisión Europea ha actualizado la información relativa compra pública innovadora en su sitio web, y recopilado los topics de los Programas de Trabajo de H2020 para 2016-2017 que contemplan este tipo de actuación, tanto en su modalidad de compra pública precompetitiva (CPP) como de tecnología innovadora (CPI/CPTI).

Como es habitual en H2020, la financiación de estos topics requiere el montaje de consorcios transnacionales, en este caso de entidades contratantes, con las siguientes características:

  • Mínimo de 3 entidades legales de 3 estados miembros o asociados diferentes, de las cuales al menos 2 deber ser entidades contratantes públicas de 2 estados miembros o asociados distintos (esto me recuerda a una famosa escena de una famosa película, por cierto).
  • Posibilidad de incluir otras entidades contratantes no públicas pero que presten servicios de interés público y que, obviamente, compartan la necesidad de lanzar procesos de CPI o CPP. Por ejemplo, ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro.
  • Posibilidad de incluir otros beneficiarios que no sean entidades contratantes y que añadan valor al proceso de contratación, pero que obviamente no sean quienes presten de los productos o servicios innovadores. Por ejemplo, entidades que presten servicios de consultoría o asesoría a las entidades contratantes.

Las actividades que se pueden financiar son los siguientes:

  • Coordination and Support Actions (CSA): financia actividades de coordinación entre entidades contratantes, por ejemplo identificar necesidades y retos comunes, estudios de mercado, etc. Atención, las CSAs no financian la compra pública en sí.
  • Public Procurement of Innovative solutions (PPI): cofinancia una única actuación de CPI, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.
  • Pre-Commercial Procurement (PCP): cofinancia una única actuación de CPP, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.

La financiación disponible para CPI y CPP en los programas de infraestructuras, ICT, salud, seguridad, energía, transporte, espacio y cambio climático y medioambiente, es de alrededor 130 millones de euros en el período 2016-2017. Además, la modalidad de ayuda ha mejorado, pasando a ser del 90% para CPP y del 35% para CPI, en ambos incluyendo tanto el importe de la compra como la gestión, y del 100% en acciones de coordinación y soporte (CSA).

Si en algún momento os habéis perdido con la jerga de términos y acrónimos os recomiendo leer el artículo anterior en el que se introducen el concepto de compra pública innovadora, sus objetivos y modalidades.

Recursos de interés

Para concluir, aquí tenéis un listado de recursos que pueden ser de vuestro interés:

Procuraré mantener este listado actualizado. Si conocéis algún recurso, material o caso de éxito que creáis que sería interesante incluir, por favor, hacédmelo llegar a través de los comentarios o de la sección de contacto del blog.

¡Feliz compra!

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Informe CERU: ¿cómo mejorar la transferencia de conocimiento?

La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU) ha hecho público recientemente un informe de recomendaciones sobre la I+D en España dirigido a los partidos políticos, a fin de que puedan tenerlas en cuenta en la elaboración de los programas electorales de las próximas elecciones generales.

No es la primera vez que organizaciones científicas tratan de introducir en el debate político las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología. Un ejemplo reciente es el de RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la innovación, que se ha mostrado también muy activa en este año electoral y ha propiciado incluso encuentros con representantes de partidos políticos de los que hemos hablado ya en el blog.

El informe de CERU aporta a este debate una perspectiva muy interesante: la de científicos con conocimiento y experiencia internacional y, por qué no decirlo, también independencia para analizar y proponer mejoras en la ciencia española.

Análisis del sistema de I+D en España

El informe de CERU toma como punto de partida un análisis DAFO clásico, basado a su vez en el informe ERAC Peer Review realizado en julio de 2014 por un grupo de expertos de la Comisión Europea. El informe ERAC analizaba de manera muy certera el sistema español de investigación e innovación y, como muestra, ahí van tres perlas:

En el ámbito de la investigación se constata la existencia de un sistema dual, ya que pese a la elevada calidad de una parte de los resultados, la media del Sistema es, sin embargo, baja.

En el ámbito empresarial, (…) se constata la existencia de un número muy reducido de grandes empresas que pueden actuar  como elementos tractores en el ecosistema de innovación, así como de un reducido número de micro empresas y empresas con capacidades de I+D e innovación, significativamente más bajo en términos per cápita que en el resto de los países del entorno europeo.

En el ámbito regional, los mecanismos de coordinación son insuficientes, incrementando de este modo el riesgo de que surjan duplicidades a nivel estratégico entre los agentes estatales y los regionales.

El DAFO que presenta CERU es correcto en prácticamente todos sus puntos. Se ha escrito mucho y desde hace mucho tiempo sobre los defectos y virtudes de nuestra ciencia.

Tal vez se echa en falta algo más de rigor en el apartado dedicado a las amenazas: algunas de las que se citan no lo son en sentido estricto o no están del todo bien formuladas. Las “futuras malas prácticas de contratación“, serían en todo caso una debilidad actual que habría que corregir, el “incremento de la pérdida de talento” debería explicarse como una amenaza externa, por ejemplo “sistemas extranjeros de I+D más atractivos“, y no se menciona la creciente competencia de países emergentes. Detalles menores que no invalidan el análisis en ningún caso.

Recomendaciones sobre transferencia de conocimiento

Uno de los apartados del informe está dedicado íntegramente a la transferencia de conocimiento, por lo que siendo esta uno de los temas principales de este blog merece la pena relacionar y, brevemente, comentar algunas de las recomendaciones de CERU:

  • Convocatorias públicas en las que la investigación básica esté orientada a la (…) propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. De acuerdo, aunque no me queda del todo claro qué quiere decir. Entiendo que en líneas generales coincide con lo que, sobre el papel, pretende la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
  • Incentivos a investigadores del sistema público que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría y contratos con las mismas). Completamente de acuerdo, como bien dice el informe con una adecuada regulación, en particular en lo relativo a la transparencia y los conflictos de interés. Pero no lo habría redactado así, ni puesto en segundo lugar en la lista de recomendaciones: corre el riesgo de parecer una reivindicación salarial o corporativista.
  • Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de investigación. Completamente de acuerdo, aunque esto sería un objetivo más que una recomendación o actuación concreta.
  • Fomentar la compra a prueba por las administraciones. De acuerdo, obviamente cuando la administración tenga motivos para ello (p.ej. modernización de la propia administración), por ejemplo mediante programas de compra pública innovadora.
  • Elaborar planes estratégicos de innovación público-privados. De acuerdo, pero ¿a qué llamamos plan estratégico de innovación? Cuidado con caer en el buzzword bingo.
  • Ofrecer formación en aspectos de gestión y emprendimiento al personal científico. Completamente de acuerdo, aunque ya empieza a consolidarse una buena oferta de formación en este campo (privada, eso sí).
  • Crear centros de investigación con financiación público-privada. Completamente de acuerdo. O laboratorios conjuntos de investigación con empresas. 
  • Fomentar la creación de clústeres de empresas donde haya investigación de excelencia en un determinado campo. De acuerdo, pero complicado: requiere coordinar política científica e industrial y captar empresas tractoras. ¿Y si lo hiciéramos al revés, fomentar la investigación de excelencia en campos de interés para nuestras empresas?
  • Mejorar los recursos humanos y el funcionamiento de las OTRIs: incorporar personal de perfil científico y/o con experiencia en el mercado. Completamente de acuerdo. La capacitación del personal dedicado a transferencia y el enfoque de las propias unidades es, con frecuencia, deficiente. Sin embargo, la solución no pasa únicamente porque la transferencia sea una salida profesional adicional para el personal científico que no sigue su carrera investigadora. Tal y como está redactado parece más una reivindicación profesional (completamente legítima, por otra parte). Pero esto da para un post entero (oye, ¿y si cerramos las OTRIs?).
  • Mejorar sinergia entre CDTI y OTRIs para favorecer el contacto entre universidad de empresa. Parcialmente en desacuerdo. Todo lo que sean sinergias es fantástico, pero no termina de queda claro qué se pretende y, en mi opinión, no entraría dentro en la misión del CDTI “representar” a las universidades ante las empresas.
  • Elaborar programas de formación para la empresa privada en relación con las características de la investigación en empresas. Parcialmente en desacuerdo. No queda claro el objetivo de esta actuación. Sin olvidar que buena parte del tejido empresarial español no sabe lo que es la investigación (y, en muchos casos, tampoco lo necesita), sí es necesario hacer un esfuerzo para, por una parte, divulgar la conveniencia de participar en proyectos de investigación y/o innovación y, por otra parte, capacitar a las empresas para ello.
  • Incluir un asesor científico del sistema público de I+D en los proyectos de investigación de empresas con financiación pública. En desacuerdo. Si ya cuesta que las empresas hagan I+D, añadir actores cuyo valor añadido para la empresa y para los proyectos distan de ser evidentes no haría más que desincentivar la participación empresarial. Keep it simple. Podría considerarse, en cambio, crear una figura similar al scientific officer de H2020 o, en aquellos proyectos de gran envergadura, contar con un consejo asesor científico externo.
  • Creación en universidades y centros de investigación de clubes de empresas. Completamente de acuerdo. O, para darle aún más entidad, de la misma manera que contamos con consejos asesores científicos, crear consejos asesores empresariales en los centros de investigación.

El bloque dedicado a transferencia concluye con una serie de actuaciones, muy concretas, en investigación e innovación clínica. Todas ellas coherentes y con las que creo que coincidimos prácticamente todos los que estamos en el sector.

En otras apartados del informe se realizan recomendaciones directa o indirectamente relacionadas con la transferencia que, en ocasiones, son de mayor impacto que las anteriores. En particular en lo relativo a incentivar la participación privada en la financiación de la I+D: centros con financiación mixta público-privada, encuentros científico-empresariales, incentivos fiscales a la I+D empresarial y evaluación de la misma, doctorados industriales y estancias científicas en empresa, entre otros.

También se menciona la necesidad de atraer empresas y fondos privados extranjeros en los proyectos y oportunidades de desarrollo tecnológico e inversión, respectivamente, que ofrecen la ciencia made in Spain. Con todo, la regla de oro para conseguir financiación privada para I+D es, sencillamente, ofrecer un retorno lo suficientemente atractivo.

Conclusión y reflexiones

El informe presentado por CERU merece la atención no sólo de los partidos políticos, sino también de los que estamos de una manera u otra relacionados con el sistema de I+D en España.

Dejando al margen matices de forma o de concreción en algunas de las recomendaciones, el informe ofrece una batería de propuestas e ideas lo suficientemente interesantes para ser consideradas por todos los agentes del sistema de I+D: universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos empresas, investigadores, administraciones y organismos financiadores, agentes intermedios, etc. E incluso implementadas.

Seamos realistas, la ciencia y la política científica no son una prioridad ni para partidos políticos ni para la sociedad española en general (aunque esto último parece estar cambiando, como apunta CERU en su análisis). Es más, me aventuraría decir que la ciencia no está en el debate político porque tampoco está en el debate “en la calle”.

En todo caso, la política actual suele ir por detrás de la sociedad, por lo que no nos queda más remedio que seguir trabajando bottom-up:

  • Continuar introduciendo la ciencia en el debate público, y no sólo político, para lo que iniciativas como el informe CERU son de gran utilidad.
  • Implementar estas y otras recomendaciones, en nuestros respectivos campos de actuación y en la medida de lo posible.

No es el enfoque óptimo, y los resultados serían sin duda mejores con un mayor apoyo político y/o institucional, pero parte de la solución está en nuestras manos.

Hay urgencia, y puede que tengamos una ventana de oportunidad para cambiar la política científica en España, mejorar nuestro sistema de I+D y dar, definitivamente, one step forward.

¿Has leído el informe CERU? ¿Qué esperas a hacerlo?

¿Qué recomendaciones te parecen (o no) las más adecuadas?

¿Crees que los partidos políticos dan suficiente importancia a la I+D?