Para investigar, inventar y vender… ¿hay que sufrir?

La mención de la semana va para el blog de la OEPM en Madri+d que, con motivo del día del libro, hace una exquisita reseña del libro “Les souffrances de l’inventeur” de Balzac. La obra da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta un inventor para proteger un nuevo procedimiento de fabricación de papel en la Francia de principios del siglo XIX. Es fascinante comprobar como estas dificultades no han cambiado apenas en cerca de 200 años.

Mª José Romero se pregunta si las ayudas a la I+D+i responden a las necesidades de los investigadores españoles. Cuestión peliaguda y que admite diferentes respuestas según la interpretación que hagamos de estas “necesidades”. Determinadas líneas de financiación públicas son una pesadilla administrativa, no cabe duda. Otras muchas son claramente mejorables. Sin embargo, no hay que olvidar que las ayudas a la I+D+i son un instrumento de la política científica nacional y no sólo deben responder a las necesidades de los investigadores, así, a título particular. El artículo de Mª José recoge prácticamente todas las peticiones, cartas abiertas, conclusiones e informes que han surgido de la comunidad científica en los últimos años, reclamando un marco estable y suficiente de financiación de la ciencia en España.

Silvia Alonso, profesora de la Universidad Europea de Canarias, se pregunta en su blog qué conocimientos científicos esperamos de nuestros políticos. Todo ello a cuento de la respuesta que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a un periodista que bromeó sobre la computación cuántica durante la visita a instituto de física teórica. Ni corto ni perezoso, el primer ministro se lució y dio al periodista una lección 101 sobre la diferencia entre un ordenador normal y uno cuántico. Vale que Trudeau es una rara avis, pero la anécdota nos permite reflexionar sobre la importancia de la ciencia en el debate político y cómo ésta depende en buena medida del grado de conocimiento científico de nuestros representantes y, en última instancia, de la sociedad.

Y como en este blog somos un poco fenicios y nos gusta (mucho) hablar de vender, concluimos con las 10 acciones que hay que llevar a cabo en toda actividad de venta, según nos explica Íñigo Irizar en su blog: escuchar, comprender, servir, hacer, hacer hacer, cuidar la relación, escribir, comunicar, conversar y concretar. Por este orden. ¡Y perfectamente aplicables a la transferencia de tecnología!

¡Feliz semana!

¿Por qué quieren las universidades colaborar contigo?

Si bien todavía hoy subsiste el estereotipo de la universidad como una torre de marfil -integrada por profesores e investigadores interesados únicamente en su carrera académica y científica- los que trabajamos en este campo sabemos que, obviamente, no es así.

Sobre la relación de las universidades con su entorno, el National Centre for Universities and Business (NCUB) de Reino Unido ha publicado recientemente un estudio elaborado a partir una muestra de más de 18.000 investigadores que indaga en las motivaciones, la naturaleza y el impacto de la colaboración en las universidades británicas tanto con empresas como con otros tipos de entidades.

Estas colaboraciones o interacciones se dan de múltiples formas. Como refleja la siguiente figura, predominan aquellas de carácter personal (como la participación en conferencias o foros) y, en menor medida, aquellas relacionadas con la resolución de problemas científicos o tecnológicos (como publicaciones o proyectos conjuntos), mientras que aquellas relacionadas con la comercialización del conocimiento o el emprendimiento son, como era de esperar, las menos.

Dedicación a actividades externas (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Dedicación a actividades externas (% de respuestas). Fuente: NCUB.

 

Motivación

Las principales motivaciones para establecer este tipo de colaboraciones o actividades externas están relacionadas con la realización de la propia investigación científica, como conocer el estado del arte en su campo de investigación, aplicar el conocimiento científico generado y contribuir a su difusión, principalmente. El interés económico, ya sea en forma de financiación para su propia actividad investigadora o como ingresos personales, queda en un segundo plano.

Motivaciones para interactuar con organizaciones externas (% de respuestas y puntuación media). Fuente: NBUC.
Motivaciones para interactuar con organizaciones externas (% de respuestas y puntuación media). Fuente: NCUB.

El estudio también arroja resultados interesantes en relación a la, con frecuencia mal entendida, dicotomía entre ciencia básica y aplicada. Si bien un 26% de los investigadores se consideran fundamentales y no se plantean la aplicación inmediata de su conocimiento, un porcentaje igual de los mismos sí considera la posibilidad de esta aplicación. Como es de esperar, aquellos investigadores que se alejan de lo que podríamos llamar ciencia básica sí contemplan, mayoritariamente, la aplicación de su investigación.

Motivación y aplicación de la investigación. Fuente. NCUB.
Motivación y aplicación de la investigación. Fuente. NCUB.

 

Impacto

El estudio evalúa el impacto de estas colaboraciones externas tanto en la función investigadora como en la docenteEn materia de investigación, la colaboración fomenta la puesta en marcha tanto de nuevas líneas de investigación como de nuevos proyectos, e contribuye a incrementar el networking y la reputación de los investigadores que participan en dichas colaboraciones. 

Impacto de las actividades externas en investigación (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Impacto de las actividades externas en investigación (% de respuestas). Fuente: NCUB.

En lo que respecta a la docencia, el impacto es menor. Casi un 30% de los encuestados reconoce que la colaboración no ha influido en su actividad docente, si bien un porcentaje significativo indica que les ha llevado a introducir cambios tanto en los contenidos académicos como en la forma en que los imparten y, al igual que en el caso de la investigación, ha incrementado su reputación.

Impacto de actividades externas en docencia (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Impacto de actividades externas en docencia (% de respuestas). Fuente: NCUB.

 

¿Y qué hay de las oficinas de transferencia?

En un blog como éste no podíamos dejar de analizar el rol de las oficinas de transferencia de tecnología en el establecimiento de estas colaboraciones y que, como podemos comprobar, es testimonial. La inmensa mayoría de colaboraciones surgen bien porque la entidad externa contacta directamente con los investigadores (83%), bien porque los investigadores buscan socios fuera (72%).

Actividades externas iniciadas por las oficinas de transferencia de tecnología/conocimiento (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Actividades externas iniciadas por las oficinas de transferencia de tecnología/conocimiento (% de respuestas). Fuente: NCUB.

Encontramos, sin embargo, diferencias considerables según el campo científico que se trate. Los investigadores en campos con un carácter más tecnológico o aplicado (ingeniería, materiales, física…) suelen contar con mayor frecuencia con el soporte institucional que ofrecen las oficinas de transferencia y, asumimos, siguen los cauces formales para el establecimiento de estas colaboraciones. En otros campos, como ciencias sociales, humanidades y -sorprendentemente, o quizá no- ciencias de la salud, las oficinas de transferencia rara vez intervienen

Conclusión

El estudio, del que se puede consultar también un resumen, contiene muchos más datos e indicadores que ofrecen una visión privilegiada de la relación y la colaboración entre universidades y todo tipo de entidades externas, ya sean empresas, otras entidades públicas e incluso entidades del tercer sector.

Si bien el trabajo de campo ha sido realizado en Reino Unido, sus resultados y conclusiones son, en mi opinión, extrapolables a otros países europeos como España.

Cabe destacar el hecho de que una mayoría de estas colaboraciones parten de la iniciativa individual de los investigadores y, probablemente, no tanto de una estrategia institucional. Por otra parte, para que una colaboración resulte fructífera debe estar basada en una relación de confianza que, a su vez, requiere un inevitable tiempo de maduración.

En consecuencia, las políticas e instrumentos de fomento de la colaboración universidad-empresa deberían incidir en primer lugar, en proporcionar al investigador el soporte técnico y de gestión que sea necesario para la puesta en marcha y la gestión de dichas colaboraciones, en particular en el caso de investigadores jóvenes o que se inician en este tipo de actividades externas. En segundo lugar, la universidad o centro de investigación debe procurar también un espacio de colaboración institucional entre ambas entidades.

Más innovación que ciencia en el acuerdo PSOE-Ciudadanos

Decíamos con motivo del debate organizado por la Fundación Cotec el pasado mes de noviembre que era la primera vez que la ciencia había entrado en una campaña electoral, aunque fuera tímidamente. Hace apenas unas horas que se ha hecho público el primer acuerdo fruto de los resultados electorales del pasado 20-D -entre el PSOE y Ciudadanos- y merece la pena analizar brevemente cómo ha quedado reflejado en el mismo el cacareado compromiso político con la ciencia y la innovación.

Innovación

Sorprende positivamente que el primer epígrafe del acuerdo esté dedicado íntegramente a la innovación tecnológica, dentro del bloque dedicado a la política económica. No en vano uno de los ejes del acuerdo entre ambos partidos es el cambio hacia “un modelo de crecimiento” que debe estar basado “en la innovación y la mejora de la productividad”, el cual se acompaña de las siguientes propuestas en materia de innovación:

Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.

Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.

Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.

Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.

Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.

Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.

La política económica recoge también la elaboración de una “Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como la tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o la reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada”, y prevé “reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES (…) con énfasis especial en la innovación”. Del mismo modo, la política fiscal debería incentivar “la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación”.

Ciencia

Por otra parte, enmarcado junto a las políticas de educación y cultura, el documento recoge el pacto por la ciencia que viene demandando desde hace tiempo la comunidad científica, consistente en “promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.”

Junto a este pacto, o quizá como consecuencia del mismo, se deslizan las siguientes actuaciones, bastante heterogéneas:

Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.

Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB y defender en las instituciones europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.

Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.

Reformar el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.

Por último, dentro del epígrafe dedicado a las universidades, se reconoce a éstas como “parte esencial del sistema del conocimiento” y se explicita “la valorización y la transferencia del conocimiento” como una función social de las mismas. Además, se hace mención al Sistema Nacional de Salud como motor de la investigación e innovación.

Conclusión

En las 66 páginas del acuerdo el término “ciencia” aparece en 10 ocasiones e “innovación” en 9. Sin embargo se habla más de innovación que de ciencia. Esto resulta coherente con la prioridad de cambiar el modelo económico así como con los planteamientos -fundamentalmente economicistas- recogidos por Ciudadanos en su programa. Si bien es un enfoque que se puede tildar de cortoplacista, que la innovación ocupe la primera página del acuerdo y que se cite explícitamente la transferencia de tecnología es, en mi opinión, motivo para felicitarse.

En lo que se refiere a ciencia, el contenido del acuerdo resulta más vago. Más allá del pacto por la ciencia y las declaraciones de intenciones, la principal (y casi única) propuesta concreta es el plan de incorporación y consolidación del personal investigador. La precariedad laboral es, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, en particular tras los recortes indiscriminados sufridos en los últimos años. Bien está que se reconozca la urgencia de actuar sobre la misma.

Queda pendiente, en mi opinión, engranar mejor la ciencia y la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, lo que se refleja en la dicotomía entre la agencia de investigación y la de innovación. Y se pasa por alto la necesidad de especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto científico y/o industrial.

Hasta qué punto se hará realidad este acuerdo es algo sujeto al juego político. Lo que sí parece claro es que los partidos, independientemente de su color, han integrado por fin la ciencia y la innovación en su discurso.

Cómo la corrupción reduce nuestra capacidad de innovación

No es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte, la política en España está condicionada por el sinfín de escándalos de corrupción que ha salido a la luz en los últimos años. En el momento actual, en el que la ciencia y la innovación han logrado colarse en el debate político, cabría preguntarse si los efectos de la corrupción se dejan sentir también en nuestro sistema de ciencia y tecnología y, en su caso, cómo afectan a la capacidad de innovación de nuestro país.

La revista Nature publicó el pasado mes de febrero de 2015 un breve artículo de la profesora Alina Mungio-Pippidi, de la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania), quien reflexionaba sobre la relación entre innovación y corrupción y sugería -en base a datos empíricos- que si sabemos cuán corrupto es un país, podemos predecir con bastante certeza cuál es su nivel de innovación.

De hecho, la capacidad de innovación del sector privado de un determinado país estaría correlacionada con el control que éste ejerce sobre la corrupción tanto como con la calidad de sus instituciones científicas o con el gasto nacional en I+D. El artículo define la corrupción como el abuso cometido por parte de una autoridad pública en base a intereses privados, el cual resulta en una adjudicación no imparcial de recursos públicos. El control de la corrupción sería, pues, la capacidad de una sociedad de limitar dicho comportamiento por parte de sus autoridades públicas, y es uno de los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial en su proyecto Worldwide Governance Indicators.

Los siguientes gráficos de dispersión representan la posición de diferentes países europeos en función de su capacidad de control de la corrupción (sobre una escala de o a 10) y de diferentes indicadores relacionados con la investigación y la innovación, como son el porcentaje del PIB dedicado a I+D, su índice mundial de innovación y su índice de fuga de cerebros:

Fuente: Nature 518, 295–297 (19 de febrero de 2015).

España se sitúa en una posición intermedia, con un índice de control de la corrupción que apenas supera el aprobado, bastante por detrás del grupo de cabeza integrado principalmente por los países nórdicos y anglosajones, Alemania, Holanda y Austria. La línea de tendencia es clara en todos los casos y ofrece un intervalo de confianza en torno al 0,85-0,9. Puesto que los indicadores corresponden a 2009 y 2010, es probable que la situación de España haya empeorado desde entonces.

Es bien sabido que correlación no implica necesariamente causalidad. Para explicar estos datos, Mungio-Pippidi desarrolla en primer lugar la hipótesis de que los países que ejercen un mayor control sobre la corrupción son también aquellos cuyos ciudadanos creen que el mérito es el criterio determinante en la toma de decisiones por encima del favoritismo y las relaciones personales, en particular en el sector público. Estas sociedades meritocráticas serían más eficaces a la hora de retener y atraer el talento y de fomentar su desarrollo y, en definitiva, capaces de crear mayor riqueza a partir de la innovación.

En segundo lugar, la autora afirma que “los gobiernos que compran apoyos políticos no suelen invertir en educación y ciencia, ya que el retorno de éstas se percibe como demasiado general”. En cambio, la inversión en grandes infraestructuras y eventos resulta atractiva “tanto para las empresas contratistas, que quizá en el futuro contribuyan a la campaña electoral del partido en el gobierno, como a los votantes”, que perciben un beneficio directo de la misma.

¿Os resulta familiar? Pues esperad al siguiente párrafo, que prefiero transcribir directamente:

That is why more-corrupt EU states spend more on big projects such as roads and high-speed trains than on health, research, education and development. When — with the best of intentions — Brussels promotes austerity policies, which funds dry up first in corrupt countries? Investment in education and science.

Ay.

Conclusión y debate

Para finalizar, cabe recordar que el efecto de la corrupción en la innovación no se limita a la mayor o menor cantidad de dinero público que, pudiéndose destinar a actividades de investigación e innovación, se emplea para otros fines. También alcanza al buen o mal uso que se hace de los fondos y de los recursos que sí están, en principio, destinados a estas actividades. Prácticas que, entre otras, incluyen la falta de transparencia en la contratación de personal en universidades y centros de investigación, la arbitrariedad en la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de I+D, o los conflictos de interés que, por ejemplo, pueden aparecer en la colaboración entre investigadores e instituciones académicas públicas con el sector privado.

Es relativamente fácil echar la culpa al gobierno de turno, pero no debemos olvidar que una mayor exigencia por parte tanto de la comunidad científica como de las empresas, e incluso de la sociedad civil en su conjunto, es condición indispensable para mejorar la eficiencia y la percepción que tenemos de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es tan fundamental reclamar mayor inversión y recursos en ciencia como procurar su máximo aprovechamiento, y priorizar los méritos académicos y la excelencia tanto científica como empresarial por encima de cualquier otro criterio.

¿Cuál crees que es el impacto de la corrupción en nuestro sistema de ciencia y tecnología? ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad?

¿Crees que la posición relativa de España representada en los gráficos se corresponde con la realidad?

¿Qué medidas serían las adecuadas para corregir o mejorar la situación actual?


NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde a la obra “La corrupción del mundo antes del diluvio” del pintor holandés Cornelis van Haarlem (1562-1638).

Parole, parole y el #DebateCotec

Por primera vez en la historia política de España la ciencia está entrando en campaña electoral. Se trata de una entrada tímida, que seguramente pasará a segundo plano en las próximas semanas, conforme se aproxime la fecha de las elecciones, pero que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre sociedad, ciencia y política en nuestro país y que deberíamos aprovechar.

Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, la Fundación Cotec reunión el pasado martes 3 de noviembre a representantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD, IU) quienes presentaron y debatieron sus propuestas en materia de ciencia, innovación y universidades.

Que los políticos se interesen por estos temas ya es un logro, pero es que además el #DebateCotec ha tenido una repercusión inédita en los principales medios impresos y digitales, ha sido trending topic en twitter y ha generado a su vez toda una sucesión de análisis y opiniones que han amplificado y enriquecido el debate original. Si os lo perdisteis os invito a leer el artículo previo y el resumen elaborados por Nuño Domínguez en El País, que creo recogen muy bien el espíritu y los resultados del mismo, o la crónica de Ángela Bernardo para Hipertextual.

El debate en sí ofreció muchas generalidades, algunas promesas y pocas propuestas concretas y mi impresión, lo siento, es que los políticos no se lo terminan de creer.

Personalmente, eché en falta más análisis, mejor comprensión de los problemas a los que enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología y, sobre todo, una visión de cuál es el rol que la ciencia y la innovación deben jugar en la sociedad, en la economía y en el futuro del España. El diario El Español realizó una buena síntesis de las ideas de cada partido, por lo que no me entretendré demasiado en ellas:

Mucho aumento de presupuesto, en algunos casos hasta cifras cercanas al 3% del PIB que, sinceramente, son difíciles de creer, y becas a granel para estudios universitarios. Nada que objetar, ni mucho menos, pero a estas alturas deberíamos haber aprendido que el cómo es tan importante como el cuánto. En este sentido, quizá las propuestas más claras sean las de Ciudadanos, que priorizan la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, vinculan la financiación a la innovación y denotan, eso sí, una visión bastante economicista -cuando no neoliberal- de la ciencia.

Se habló de la necesidad de alcanzar pactos de estado y de dar estabilidad a las políticas que se adopten. Bien.

Pero apenas se habló de cómo combinar el apoyo a la ciencia básica con la investigación y el desarrollo aplicados, y tampoco de la necesidad de fijar prioridades, especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, ya sea científico o industrial. O de la ineficiencia que supone la multiplicidad de agencias financiadoras.

Reflexiones

Con todo, el debate ha sido sin duda un éxito. El mérito es, en primer lugar, de la Fundación Cotec, por la iniciativa de la organización y el excelente manejo de la comunicación y sus tiempos, antes, durante y después del evento. Pero también lo es, en mi opinión, de todos los que integramos de una manera u otra el sistema de ciencia y tecnología.

Científicos y gestores, universidades, organismos de investigación y empresas están desde hace tiempo protagonizando una reacción, más o menos desorganizada pero creciente, contra los recortes presupuestarios y, sobre todo, contra las erráticas políticas científicas y de innovación. Las declaraciones y manifestaciones reclamando un mayor apoyo y compromiso por parte de las administraciones públicas hacia a la I+D han sido continuas, y se han creado foros de debate bottom-up, como el que organizamos en Valencia sobre los retos de los ecosistemas de innovación. Recientemente, la asociación RedTransfer dio un paso más allá y propició encuentros sobre las políticas autonómicas y estatales en transferencia del conocimiento con representantes de diversos partidos políticos.

El debate organizado por Cotec ha sido, probablemente, el espaldarazo definitivo para que la ciencia y la innovación reciban la atención que requieren y que necesita nuestro país.

La ciencia está entrando en campaña, decíamos. Esperemos que no quede todo en parole, parole.

La I+D será clave en el presupuesto de 2016… de Noruega

Recientemente la Fundación Cotec hacía público su informe anual sobre el estado de la investigación y la innovación en España. El informe recopila la práctica totalidad de indicadores y factores que describen y modulan la evolución de la innovación tecnológica en España: inversión, recursos humanos, educación y formación, resultados, competitividad y comercio exterior.

La tendencia negativa de los últimos años se ha mantenido y, como muestra, el gasto en I+D en España ha seguido cayendo en el año 2013 hasta el 1,24% del PIB, un nivel comparable al del año 2007 y que ha llevado al director general de Cotec, Jorge Barrero, de hablar de una “década perdida para España“. Los datos cobran mayor gravedad cuando se comparan con los de los países de nuestro entorno. Mientras que de 2008 a esta parte, el gasto en I+D en porcentaje del PIB en España ha caído en un 6%, en el conjunto de países de la OECD ha crecido un 17,4%.

El contenido del informe, aún siendo preocupante, no contiene en líneas generales nada que no supiéramos o, al menos, intuyéramos. La errática política científica española es bien conocida. Hace apenas unos días, el científico Avelino Corma se lamentaba de que en España no hubiera habido nunca una política “continuada” de apoyo a la ciencia, sólo “impulsos”, y abogaba por un pacto de estado a largo plazo que dé estabilidad. Petición que suscribían los directores de los centros de investigación de excelencia Severo Ochoa y que, por cierto, dista de ser nueva. En 2004, un grupo de reconocidos investigadores españoles, que incluía entre otros a Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Vicente Rubio o Margarita Salas, exigía también un pacto de estado por la ciencia al, por aquel entonces, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Mientras, en el norte de Europa…

Como guinda, justo esta semana me llegaba a través de Rafael Palacios una breve nota sobre los presupuestos de Noruega para el año 2016, que “otorgan a la investigación y la innovación un papel clave en la reestructuración de la economía” de ese país, según señala Arvid Hallén, director del Consejo de Investigación de Noruega (Norges forskningsråd). Este organismo, comparable a la nonata Agencia Estatal de Investigación española, es el responsable de promover y financiar la investigación científica en Noruega.

El presupuesto noruego del año 2016 fija tres prioridades estratégicas, que tratan de dar respuesta a la actual situación económica:

  • Reforzar la investigación aplicada y orientada a la industria
  • Impulsar la investigación básica y a largo plazo
  • Consolidar la cooperación internacional y la participación en programas europeos.

Dentro del programa de investigación industrial (User-driven Research-based Innovation, BIA), destaca el fomento de la transferencia de tecnología y experiencia entre empresas, como por ejemplo la aplicación de capacidades de la industria petrolífera en otros sectores. Además, hay un programa dedicado a la comercialización de resultados de investigación dotado con cerca de 30 millones de euros, de los cuales casi 3 millones se destinarán a estudiantes emprendedores.

En el ámbito de la investigación básica los presupuestos incluyen la financiación de hasta 40 proyectos científicos singulares (FRIPRO Toppforsk), comparables a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, ERC) y dotados con alrededor de 2,5 millones de euros para 5 años.

El gasto público noruego en I+D representa el 1% del PIB y, en palabras de Hallén, “supone un hito, incluso si este porcetaje se debe en parte a un menor crecimiento del PIB“. En España nos daríamos con un canto en los dientes con unos presupuestos así, sin embargo en Noruega el propio Hallén se lamenta de que “áreas clave como la investigación sobre el clima o la renovación del sector público no se beneficien de un mayor incremento en la financiación“. Que no es que no las financien, sino que no han sido consideradas prioritarias.

Odiosas comparaciones

Las políticas científicas y de innovación noruega y española difieren notablemente, tanto como los propios países. La pregunta que en consecuencia nos deberíamos plantear es cómo se reflejan y cuáles los efectos de estas políticas en los respectivos sistemas de ciencia e innovación, y hasta qué punto son comparables.

Para tratar de obtener una respuesta preliminar, con la superficialidad que este blog permite, vamos a fijarnos en cuatro indicadores básicos: el gasto en I+D en porcentaje sobre el PIB y en importe, el ratio de investigadores por empleado y el número de patentes triádicas.

1. Gasto e inversión en I+D

En 2013, Noruega destinó un 1,65% de su PIB a actividades en I+D, frente al 1,24% de España, como hemos visto al inicio del artículo, lo que viene a resultar un 33% más que nuestro país.

La diferencia entre ambos países no es tan grande, en particular si la comparamos con países como Suecia y Finlandia, que dedicaron el 3,3% de su PIB a I+D, o Austria y Alemania, cerca del 3% del PIB.

Cuando trasladamos los porcentajes anteriores a importes, la diferencia se vuelve claramente a favor de España, por el tamaño de nuestra economía. En 2013 Noruega gastó 5.163 millones de dólares en I+D, frente a los 17.960 millones de dólares de España.

Tanto en este indicador como en el anterior vale la pena detenerse un momento en la tendencia. Mientras que desde el inicio de la crisis el gasto en I+D en España, tanto en porcentaje sobre el PIB como en importe, no ha hecho más que descender, en Noruega descendió ligeramente en porcentaje para recuperarse en 2013 y, en todo caso, no ha dejado de aumentar en importe en ningún año.

2. Recursos humanos y resultados de I+D

En 2013, Noruega y España emplearon, respectivamente, a 10,42 y 6,87 investigadores por 1.000 trabajadores. En otras palabras, en términos relativos Noruega tiene un 53% más de trabajadores dedicados a I+D que España, destinando tan sólo un 33% más que España del porcentaje de su PIB.

Finalmente, Noruega -sus empresas, universidades, organismos de investigación e incluso particulares- solicitaron 122 patentes triádicas en 2013, frente a las 244 de España. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización.

En este caso, encontramos que España, realizando un gasto en I+D 3,5 veces superior al Noruego, sólo consigue el doble de solicitudes de patentes triádicas.

Conclusión

De este rápido vistazo a la política científica noruega y de la inevitable comparación con España se pueden obtener, al menos, tres lecciones que haríamos bien en aplicarnos.

La primera lección clara: es importante invertir en ciencia, pero tanto o más importante es cómo se invierte, sea poco o mucho. Los indicadores de gasto y su evolución lleva a pensar que, al margen de la situación coyuntural de la economía, Noruega realiza una apuesta estructural, sostenida y largo plazo por la I+D como parte de su economía y de su sociedad, y obtiene, tanto en términos relativos como absolutos, un mejor retorno de su gasto en I+D.

Gasto que, no lo olvidemos, comprende el correspondiente tanto al sector público como al privado. De este modo, los resultados obtenidos se derivan de la voluntad del sector público de articular políticas e instrumentos de apoyo a la ciencia y a la innovación, y de la capacidad del tejido empresarial en multiplicar y convertir dicho gasto en empleo de calidad e innovación.

La segunda lección es la importancia de combinar el apoyo a la investigación básica, a largo plazo, con la investigación y el desarrollo aplicados y orientadas a la industria. Esto es algo que en España, con la política científica en manos de una Secretaría de Estado de I+D+i subsumida dentro del Ministerio de Economía y Competitividad, puede no resultar fácil.

La tercera lección es que hay que definir áreas prioritarias y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, científico o industrial. El café para todos no es, en ningún caso, una (buena) política.

Tampoco lo es la multiplicidad de agencias e instrumentos de financiación. El Consejo de Investigación noruego nació en 1993 de la fusión de cinco organismos cada uno con su propia área de interés. En España, huelga decirlo, seguimos sin la Agencia Estatal de Investigación y, aún cuando ésta sea una realidad, la financiación de la I+D seguirá dispersa entre la propia agencia, el CDTI y probablemente también el Instituto de Salud Carlos III, además de toda una pléyade de agencias de financiación autonómicas rara vez coordinadas entre sí.

Finalmente, quizá el aspecto más destacable sea la motivación detrás de la decisión del gobierno noruego de aumentar el gasto en I+D, que trata de responder a la actual situación económica y se basa en el convencimiento de que la investigación y la innovación son claves para reestructurar la economía del país.

Como contrapunto, recuerdo unas provocadoras palabras de Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra quien, en la pasada conferencia de plataformas de investigación biomédica, sentenciaba que “en España, no es que la administración no valore la investigación, es que no cree en ella“.

¿Qué opinas de la política científica española, en comparación con la de otros países de nuestro entorno?

¿Te parece adecuada la política noruega? ¿Qué modelo debería seguir España?

¿Crees que, como dice San Miguel, nuestra administración no valora suficientemente la ciencia y la innovación?

Informe CERU: ¿cómo mejorar la transferencia de conocimiento?

La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU) ha hecho público recientemente un informe de recomendaciones sobre la I+D en España dirigido a los partidos políticos, a fin de que puedan tenerlas en cuenta en la elaboración de los programas electorales de las próximas elecciones generales.

No es la primera vez que organizaciones científicas tratan de introducir en el debate político las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología. Un ejemplo reciente es el de RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la innovación, que se ha mostrado también muy activa en este año electoral y ha propiciado incluso encuentros con representantes de partidos políticos de los que hemos hablado ya en el blog.

El informe de CERU aporta a este debate una perspectiva muy interesante: la de científicos con conocimiento y experiencia internacional y, por qué no decirlo, también independencia para analizar y proponer mejoras en la ciencia española.

Análisis del sistema de I+D en España

El informe de CERU toma como punto de partida un análisis DAFO clásico, basado a su vez en el informe ERAC Peer Review realizado en julio de 2014 por un grupo de expertos de la Comisión Europea. El informe ERAC analizaba de manera muy certera el sistema español de investigación e innovación y, como muestra, ahí van tres perlas:

En el ámbito de la investigación se constata la existencia de un sistema dual, ya que pese a la elevada calidad de una parte de los resultados, la media del Sistema es, sin embargo, baja.

En el ámbito empresarial, (…) se constata la existencia de un número muy reducido de grandes empresas que pueden actuar  como elementos tractores en el ecosistema de innovación, así como de un reducido número de micro empresas y empresas con capacidades de I+D e innovación, significativamente más bajo en términos per cápita que en el resto de los países del entorno europeo.

En el ámbito regional, los mecanismos de coordinación son insuficientes, incrementando de este modo el riesgo de que surjan duplicidades a nivel estratégico entre los agentes estatales y los regionales.

El DAFO que presenta CERU es correcto en prácticamente todos sus puntos. Se ha escrito mucho y desde hace mucho tiempo sobre los defectos y virtudes de nuestra ciencia.

Tal vez se echa en falta algo más de rigor en el apartado dedicado a las amenazas: algunas de las que se citan no lo son en sentido estricto o no están del todo bien formuladas. Las “futuras malas prácticas de contratación“, serían en todo caso una debilidad actual que habría que corregir, el “incremento de la pérdida de talento” debería explicarse como una amenaza externa, por ejemplo “sistemas extranjeros de I+D más atractivos“, y no se menciona la creciente competencia de países emergentes. Detalles menores que no invalidan el análisis en ningún caso.

Recomendaciones sobre transferencia de conocimiento

Uno de los apartados del informe está dedicado íntegramente a la transferencia de conocimiento, por lo que siendo esta uno de los temas principales de este blog merece la pena relacionar y, brevemente, comentar algunas de las recomendaciones de CERU:

  • Convocatorias públicas en las que la investigación básica esté orientada a la (…) propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. De acuerdo, aunque no me queda del todo claro qué quiere decir. Entiendo que en líneas generales coincide con lo que, sobre el papel, pretende la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
  • Incentivos a investigadores del sistema público que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría y contratos con las mismas). Completamente de acuerdo, como bien dice el informe con una adecuada regulación, en particular en lo relativo a la transparencia y los conflictos de interés. Pero no lo habría redactado así, ni puesto en segundo lugar en la lista de recomendaciones: corre el riesgo de parecer una reivindicación salarial o corporativista.
  • Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de investigación. Completamente de acuerdo, aunque esto sería un objetivo más que una recomendación o actuación concreta.
  • Fomentar la compra a prueba por las administraciones. De acuerdo, obviamente cuando la administración tenga motivos para ello (p.ej. modernización de la propia administración), por ejemplo mediante programas de compra pública innovadora.
  • Elaborar planes estratégicos de innovación público-privados. De acuerdo, pero ¿a qué llamamos plan estratégico de innovación? Cuidado con caer en el buzzword bingo.
  • Ofrecer formación en aspectos de gestión y emprendimiento al personal científico. Completamente de acuerdo, aunque ya empieza a consolidarse una buena oferta de formación en este campo (privada, eso sí).
  • Crear centros de investigación con financiación público-privada. Completamente de acuerdo. O laboratorios conjuntos de investigación con empresas. 
  • Fomentar la creación de clústeres de empresas donde haya investigación de excelencia en un determinado campo. De acuerdo, pero complicado: requiere coordinar política científica e industrial y captar empresas tractoras. ¿Y si lo hiciéramos al revés, fomentar la investigación de excelencia en campos de interés para nuestras empresas?
  • Mejorar los recursos humanos y el funcionamiento de las OTRIs: incorporar personal de perfil científico y/o con experiencia en el mercado. Completamente de acuerdo. La capacitación del personal dedicado a transferencia y el enfoque de las propias unidades es, con frecuencia, deficiente. Sin embargo, la solución no pasa únicamente porque la transferencia sea una salida profesional adicional para el personal científico que no sigue su carrera investigadora. Tal y como está redactado parece más una reivindicación profesional (completamente legítima, por otra parte). Pero esto da para un post entero (oye, ¿y si cerramos las OTRIs?).
  • Mejorar sinergia entre CDTI y OTRIs para favorecer el contacto entre universidad de empresa. Parcialmente en desacuerdo. Todo lo que sean sinergias es fantástico, pero no termina de queda claro qué se pretende y, en mi opinión, no entraría dentro en la misión del CDTI “representar” a las universidades ante las empresas.
  • Elaborar programas de formación para la empresa privada en relación con las características de la investigación en empresas. Parcialmente en desacuerdo. No queda claro el objetivo de esta actuación. Sin olvidar que buena parte del tejido empresarial español no sabe lo que es la investigación (y, en muchos casos, tampoco lo necesita), sí es necesario hacer un esfuerzo para, por una parte, divulgar la conveniencia de participar en proyectos de investigación y/o innovación y, por otra parte, capacitar a las empresas para ello.
  • Incluir un asesor científico del sistema público de I+D en los proyectos de investigación de empresas con financiación pública. En desacuerdo. Si ya cuesta que las empresas hagan I+D, añadir actores cuyo valor añadido para la empresa y para los proyectos distan de ser evidentes no haría más que desincentivar la participación empresarial. Keep it simple. Podría considerarse, en cambio, crear una figura similar al scientific officer de H2020 o, en aquellos proyectos de gran envergadura, contar con un consejo asesor científico externo.
  • Creación en universidades y centros de investigación de clubes de empresas. Completamente de acuerdo. O, para darle aún más entidad, de la misma manera que contamos con consejos asesores científicos, crear consejos asesores empresariales en los centros de investigación.

El bloque dedicado a transferencia concluye con una serie de actuaciones, muy concretas, en investigación e innovación clínica. Todas ellas coherentes y con las que creo que coincidimos prácticamente todos los que estamos en el sector.

En otras apartados del informe se realizan recomendaciones directa o indirectamente relacionadas con la transferencia que, en ocasiones, son de mayor impacto que las anteriores. En particular en lo relativo a incentivar la participación privada en la financiación de la I+D: centros con financiación mixta público-privada, encuentros científico-empresariales, incentivos fiscales a la I+D empresarial y evaluación de la misma, doctorados industriales y estancias científicas en empresa, entre otros.

También se menciona la necesidad de atraer empresas y fondos privados extranjeros en los proyectos y oportunidades de desarrollo tecnológico e inversión, respectivamente, que ofrecen la ciencia made in Spain. Con todo, la regla de oro para conseguir financiación privada para I+D es, sencillamente, ofrecer un retorno lo suficientemente atractivo.

Conclusión y reflexiones

El informe presentado por CERU merece la atención no sólo de los partidos políticos, sino también de los que estamos de una manera u otra relacionados con el sistema de I+D en España.

Dejando al margen matices de forma o de concreción en algunas de las recomendaciones, el informe ofrece una batería de propuestas e ideas lo suficientemente interesantes para ser consideradas por todos los agentes del sistema de I+D: universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos empresas, investigadores, administraciones y organismos financiadores, agentes intermedios, etc. E incluso implementadas.

Seamos realistas, la ciencia y la política científica no son una prioridad ni para partidos políticos ni para la sociedad española en general (aunque esto último parece estar cambiando, como apunta CERU en su análisis). Es más, me aventuraría decir que la ciencia no está en el debate político porque tampoco está en el debate “en la calle”.

En todo caso, la política actual suele ir por detrás de la sociedad, por lo que no nos queda más remedio que seguir trabajando bottom-up:

  • Continuar introduciendo la ciencia en el debate público, y no sólo político, para lo que iniciativas como el informe CERU son de gran utilidad.
  • Implementar estas y otras recomendaciones, en nuestros respectivos campos de actuación y en la medida de lo posible.

No es el enfoque óptimo, y los resultados serían sin duda mejores con un mayor apoyo político y/o institucional, pero parte de la solución está en nuestras manos.

Hay urgencia, y puede que tengamos una ventana de oportunidad para cambiar la política científica en España, mejorar nuestro sistema de I+D y dar, definitivamente, one step forward.

¿Has leído el informe CERU? ¿Qué esperas a hacerlo?

¿Qué recomendaciones te parecen (o no) las más adecuadas?

¿Crees que los partidos políticos dan suficiente importancia a la I+D?

La ciencia española a examen en Nature (1972)

La biblioteca del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia -en sus inicios Instituto de Investigaciones Citológicas– ofrece un completo recorrido por la investigación y el conocimiento en biomedicina en los últimos 75 años. Sus volúmenes, repartidos en las diferentes salas del centro, comprenden libros y revistas científicas desde la década de 1940 hasta bien entrados los 2000, en los que el soporte electrónico sustituyó ya definitivamente al papel.

Podemos, por ejemplo, encontrar un ejemplar del Annual Review of Biochemistry correspondiente al año 1943, gran cantidad de literatura científica en francés, cuando aún pugnaba con el inglés como lengua de la ciencia, o incluso la revista Laboratorio, fundada en 1946 en Granada y que aparecería mensualmente durante unos cuarenta años, dando cuenta de temas como la inmunología, la hematología, la anatomía patológica o la química clínica.

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Revista Laboratorio. Año 1949.
Revista Laboratorio. Año 1949.

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biochemistry1943
Annual Review of Biochemistry vol. 12. 1943.

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Curioseando entre volúmenes antiguos -siempre he sido rata de biblioteca- di casualmente con un ejemplar de la revista Nature que, en su número del 21 de enero de 1972, se hacía eco de un estudio de la OECD –Reviews of National Science Policy, Spain– que analizaba en detalle la política científica española y la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en aquel momento.

Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.
Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.

La reseña, de apenas una página de extensión, se titula “Time for a Change in Spain y se abre con una frase demoledora:

Ever since the Second World War, Spain has been conspicuous among the nations of Western Europe for its backwardness in scientific research and development.

Su lectura permite conocer la visión de un organismo internacional, en principio independiente, sobre la ciencia en España entonces, así como la opinión al respecto de una publicación como Nature.

Dicho informe de la OECD representa un hito en el análisis de la política científica en España y, tal vez, el primer gran esfuerzo por explicar las causas por las que nuestro país había permanecido durante tanto tiempo “remotamente conectado de la comunidad científica”.

Escasez de financiación

La primera de estas causas era, sin duda, la baja inversión en investigación y desarrollo. En 1967 el gasto total en I+D realizado tanto por el estado como por la industria ascendió a 3.873 millones de pesetas, lo que suponía un 0,27% del PIB de aquel año.

La cifra no era en sí mala, sobre todo si se tiene en cuenta que la economía española en los años 60 y sus correspondientes indicadores macroeconómicos eran muy inferiores al de otros países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, cuyo PIB per cápita triplicaba al español. Destaca, además, el hecho de que el estado y la industria contribuían en prácticamente la misma proporción a la inversión en I+D.

Sin embargo, el informe llamaba la atención sobre el desequilibrio en la distribución del presupuesto público en investigación: casi en su totalidad se destinaba a centros públicos de investigación y solamente un 3% a las universidades. Nature se cuestionaba cómo un estado moderno (sic) esperaba mantener un sistema universitario competitivo con un presupuesto de apenas 100 millones de pesetas y reconocía el mérito de las universidades españolas, que habían sido capaces de ganarse una buena reputación por sí mismas, lo que calificaba literalmente de “milagro”.

Agricultura y energía nuclear

Dentro de la parte del gasto en I+D correspondiente al estado, el informe de la OECD criticaba la falta de coherencia entre las prioridades científicas y los sectores estratégicos de la economía española.

A pesar de la importancia del sector primario y sobre todo agrícola en la España de los años 60, sólo se destinaba a investigación agraria un 17,4% del presupuesto, alrededor de 375 millones de pesetas. El presupuesto del Patronato Alonso de Herrera, que agrupaba hasta 24 centros del CSIC dedicados a la investigación en biología vegetal y ciencias agrarias, se redujo en cerca de un 20% entre 1967 y 1969, si bien se incrementó la inversión realizada directamente por el Ministerio de Agricultura.

Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza
Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza

En cambio, la investigación en energía nuclear se llevaba en 1967 un 23% del total del presupuesto, un importe sólo justificable a ojos de la OECD si a largo plazo la mayor parte de la electricidad en España se iba a generar mediante centrales nucleares. La generación mediante energía nuclear alcanzo su máximo en 1989, cuando supuso el 37,9% de la generación eléctrica del país, así que la necesidad o conveniencia de aquella inversión queda como objeto de discusión.

Recomendaciones

La OECD expuso las conclusiones del informe a representantes del gobierno español durante el verano de 1970, junto con una serie de recomendaciones:

  • En materia de política científica, de manera general, se instaba al gobierno español a elegir entre seguir “los patrones del pasado” o introducir cambios radicales en la misma.
  • Defendía que una mayor inversión en I+D permitiría mejorar la balanza de pagos española, tanto en la agricultura como en la industria.
  • Reconocía el potencial y los avances en investigación agrícola, con especial mención al centro de investigación del CSIC en Zaragoza, pero constataba que en otros sectores como el industrial los resultados eran “decepcionantes”.
  • Censuraba duramente el abandono por parte del gobierno de la investigación universitaria, y abogaba por incluir a las universidades en la planificación a largo plazo de la política científica, así como mejorar el status y aumentar la escala de la investigación que realizan.

Y, como primer paso, la OECD recomendaba… doblar el presupuesto estatal dedicado a investigación y desarrollo. ¿A qué esto resulta familiar?

De un tiempo a esta parte

No es la única vez que Nature ha tratado en sus páginas la situación de la ciencia española, su potencial y sus promesas, con frecuencia no cumplidas. En 2008, Nature celebraba que el presupuesto destinado a I+D se hubiera doblado en apenas 4 años y se preguntaba si España podía encontrarse frente a una nueva “edad de plata” científica.

Sin embargo, y a pesar de las intenciones de la ex-Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, esta percepción empezó a desvanecerse conforme la realidad de la crisis se tradujo en recortes indiscriminados en ciencia a partir de 2010. Nature se hizo incluso eco del dramático recorte que sufrimos en el CIPF en 2011 y ha servido para denunciar los frecuentes cambios de rumbo en política científica.

Sorprende cómo algunas de las afirmaciones y recomendaciones que la OECD realizaba sobre el estado de la ciencia española en los años 70 son en gran medida aplicables en la actualidad.

En 2015 sigue siendo necesario argumentar la importancia de invertir en I+D para mejorar la economía y la competitividad de nuestro país, así como reclamar un mayor compromiso y planificación a largo plazo por parte de las administraciones públicas. El sistema de ciencia y tecnología presenta carencias en su articulación, y las prioridades científicas no siempre están alineadas con las particularidades y necesidades de nuestro tejido empresarial.

La propia Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 2013-2020 del Ministerio de Economía y Competitividad identifica algunas debilidades que son perfectamente reconocibles en el análisis de la OECD: la baja intensidad del esfuerzo en I+D en relación al PIB, la baja capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por el sector empresarial o la rigidez de los modelos de gobernanza de universidades y OPIs, entre otros.

Por último, y a la luz de los más de 40 años transcurridos desde entonces, cabe reflexionar sobre si la política científica de un tiempo a esta parte ha sido, en líneas generales, acertada y si los resultados obtenidos se pueden calificar de satisfactorios.

E igualmente, haciendo “política científica ficción”, en qué situación podríamos encontrarnos si las políticas hubieran sido diferentes. Las posibles preguntas y sus respuestas son inabarcables, pero aquí van algunas a vuelapluma:

¿Era acertado invertir en investigación nuclear? ¿O hubiera sido conveniente priorizar otros campos?

¿Se ha logrado consolidar la investigación universitaria como sería deseable?

¿Es aún necesario introducir “cambios radicales” en la política científica? ¿Cuáles?

La transferencia de conocimiento en el debate político

Con frecuencia se dice que la transferencia del conocimiento es un caso particular de fallo de mercado o market failure. Es decir, aquella situación en la que el suministro de bienes y servicios en un mercado no es eficiente.

Las causas de este fallo de mercado son, sin duda, múltiples y requieren un estudio en profundidad: la falta de maduración de la tecnología generada por universidades y centros de investigación, la asimetría de información disponible o la falta de mecanismos que pongan en contacto la oferta y la demanda de tecnología, entre otras.

En los casos de mercados fallidos en los que, no obstante, existe un interés social por que funcionen adecuadamente es habitual que las administraciones públicas lleven a cabo políticas para corregir la situación. En lo que al mercado de transferencia de tecnología respecta, es fácil dar con ejemplos de políticas en este sentido en el ámbito regional o autonómico, nacional o incluso internacional, como las implementadas por la Comisión Europea.

RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación, organizó el pasado 31 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia un más que interesante encuentro sobre este tema y, en particular, sobre las políticas autonómicas en transferencia del conocimiento, motivado por las próximas convocatorias electorales.

El encuentro contaba además con el aliciente de la participación de representantes de los partidos políticos: Zulima Pérez del PSPV, Juan Carlos Pérez de Podemos y Joaquín Ríos del PP.

¿Qué se debe financiar?

El primer aspecto tratado en la jornada fue qué tipo de actuaciones deberían financiar las políticas de transferencia o innovación. Se realizó una votación entre todos los asistentes y se determinó que el esfuerzo debía destinarse a financiar, de mayor a menor prioridad:

  1. Proyectos, entendiendo como tales aquellos de prueba de concepto, desarrollo tecnológico o prototipado.
  2. Capacidades, entendiendo como tales los recursos humanos y servicios necesarios para la protección, comercialización y transferencia del conocimiento, entre otros.
  3. Infraestructuras, entendiendo como tales los parques científico-empresariales o las incubadoras.

La diferencia entre proyectos y capacidades no fue significativa, y la mayor parte de los participantes acordaron que de manera general no era necesaria una gran financiación destinada a nuevas infraestructuras.

¿Qué errores se han cometido?

Mediante una dinámica basada en Metaplan se preguntó a los asistentes sobre cuáles son los errores qué se han venido cometiendo en los últimos años en las políticas de transferencia e innovación. La mayoría de los asistentes, no obstante, hicimos extensiva la respuesta a las políticas de I+D.

Surgieron, obviamente, muchas y muy variadas respuestas, aunque hubo consenso en torno algunos puntos, no necesariamente en orden de prioridad:

  • Falta de estabilidad en la financiación destinada a I+D e innovación, y la aplicación de recortes indiscriminados en determinadas partidas.
  • Inversión, en ocasiones excesiva, en infraestructuras sin valorar su sostenibilidad y, comparativamente, falta de financiación para recursos humanos y proyectos que hagan uso de las mismas.
  • Falta de interés y de incentivos en el ámbito universitario o académico por la transferencia de resultados de la investigación y su impacto económico.

¿Qué medidas se deberían tomar?

De nuevo las respuestas fueron múltiples, y las medidas propuestas estuvieron en general alineadas con el análisis de los errores cometidos e identificados anteriormente. Me parecieron especialmente significativas las siguientes:

  • Asegurar una financiación estable para las políticas y actividades de I+D e innovación, además de priorizar aquellos proyectos y actuaciones de mayor impacto. ¿Se acabó el café para todos?
  • Incrementar el nivel tecnológico y de innovación de las empresas, y por tanto su capacidad de integrar nuevas tecnologías y resultados de investigación en sus procesos, productos y servicios. De especial interés si consideramos que el tejido industrial y empresarial valenciano carece de cierta “tradición” innovadora.
  • Profesionalizar la gestión de la investigación y la innovación en la administración y promover la presencia de perfiles técnicos especializados que desarrollen políticas coherentes a lo largo del tiempo y que aprendan y mejoren a partir de las desarrolladas en el pasado.
  • Articular un ecosistema de innovación y propiciar, desde la administración, la interacción entre los distintos actores del mismo y el posicionamiento nacional e internacional de la Comunidad Valenciana en materia de innovación.

Debate y conclusiones

En primer lugar, quiero reconocer el mérito y, por qué no decirlo, la valentía de los organizadores y también de los participantes al abordar un tema tan sensible como éste en vísperas de una cita electoral. Sin lugar a dudas, la autocrítica y el debate constructivo son el camino para evitar los errores pasados, así como involucrar a todos los agentes participantes en la transferencia e innovación tecnológica.

Fue especialmente interesante que los representantes de los partidos políticos tomaran parte en la generación de ideas, si bien monopolizaron buena parte del debate que siguió. Algo esperable, si tenemos en cuenta la expectación que generaba su presencia y que, para muchos de los asistentes, era una excelente ocasión de escuchar sus propuestas y puntos de vista:

  • Por parte del PSPV se incidió en la necesidad de cambiar el modelo productivo, algo que aparece recogido explícitamente en su programa, de aumentar la financiación destinada a I+D e innovación y de poner en marcha diferentes medidas de carácter estratégico, entre las que destaca la creación de la Agencia Valenciana de Innovación.
  • El representante de Podemos apostó igualmente por aumentar la financiación destinada a I+D e innovación, así como por que la definición de las políticas de I+D e innovación se realice en base a criterios fundamentalmente técnicos y no políticos, por fomentar el diálogo entre los distintos agentes y la participación de la sociedad en su conjunto.
  • El representante del PP procuró lógicamente justificar y poner en valor las políticas llevadas a cabo a pesar de la complicada situación económica así como defender la posición de la Comunidad Valenciana en I+D e innovación, cuarta en el contexto nacional.

En mi opinión, la percepción de que buena parte de las políticas llevadas a cabo o han fallado o no han dado los resultados esperados, así como de “desventaja” en relación a otras comunidades autónomas, requiere de un análisis en profundidad de nuestra situación y de un análisis comparativo con casos de éxito de otras autonomías o regiones.

Hay que aprender tanto de la experiencia propia, de lo que ha funcionado y de lo que no, como de la experiencia de terceros. Así, podemos encontrar buenos ejemplos en Cataluña, País Vasco, Andalucía o incluso Galicia, que independientemente del color político de su gobierno están desarrollando políticas coherentes y contribuyendo a reforzar y modernizar sus sectores industriales y su capacidad para generar riqueza y empleo.

Sin duda la política de innovación -cuando no la de I+D, aunque esto sería objeto de otro debate- no puede estar desligada de la política industrial, y las comunidades autónomas deben realizar apuestas claras en aquellos sectores con mayor potencial.

Existe además una urgencia compartida por aprovechar la oportunidad que supone la innovación para reconducir la situación económica, como pudimos comprobar en la reciente jornada sobre ecosistemas de innovación.

En todo caso, es una muy buena noticia comprobar que las políticas de I+D e innovación tienen cada vez mayor espacio en el debate político, que abro también aquí en el blog:

¿Hasta qué punto deben y pueden incidir las comunidades autónomas en la transferencia del conocimiento?

¿Cuáles son, en tu opinión, los errores cometidos en el pasado reciente? ¿Qué medidas debemos tomar?

¿Existen modelos a seguir, en España o en otros países, que sean aplicables en tu comunidad autónoma o en tu región?

 

ACTUALIZACIÓN (1 de junio de 2015): En el próximo Encuentro RedTransfer, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en Sevilla, se tratarán las políticas de investigación e innovación desde diferentes perspectivas, y se contará igualmente con la participación de partidos políticos que presentarán sus propuestas. Don’t miss!