La Universidad de Minnesota revolucionó en 2011 su aproximación a la colaboración universidad-empresa y la transferencia de tecnología con la puesta en marcha de su programa Minnesota Innovation Partnerships (MN-IP).
Este programa ofrece, bajo la marca MN-IP Create, un conjunto de condiciones de licencia prenegociadas y business-friendly para animar a las empresas a financiar proyectos de investigación o innovación bajo contrato, lo que en Estados Unidos se conoce como sponsored research y en España contemplaría aquellas actividades realizadas en el marco del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
Por si esto fuera poco las empresas tienen hasta 3 modalidades para elegir:
Opción A, consistente en una licencia mundial y exclusiva de todos los resultados que se deriven del proyecto, a cambio de un pago por adelantado del 10% del coste del proyecto (o 15.000 dólares, el importe que sea mayor) y un 1% de royalties sobre ventas netas cuando estas superen los 20 millones de dólares, sin mínimos anuales y con posibilidad de realizar sublicencias o licencias cruzadas.
Opción B, en la que se posterga la negociación de los términos de licencia a la finalización del proyecto, pero se acuerda en todo caso que no habrá pagos iniciales (upfront).
Opción C, consistente en una licencia mundial y no exclusiva de todos los resultados que se deriven del proyecto, a cambio únicamente de un pago por adelantado del 10% del coste del proyecto (o 10.000 dólares, el importe que sea mayor), sin pago de royalties y sin posibilidad de realizar sublicencias o licencias cruzadas.
Programa MN-IP. Fuente: Universidad de Minnesota
La naturaleza del proyecto y de sus resultados, así como el uso que la empresa vaya a hacer de los mismos decidirá cuál es la opción más indicada en cada caso. Como ejemplo, si una empresa invierte en el desarrollo de una tecnología que será la base de un producto o servicio, más o menos novedoso, parece lógico que quiera asegurarse la exclusividad sobre la misma, por lo que la opción A resultaría la más adecuada. Sin embargo, si la empresa únicamente desea tener acceso a la tecnología o resultados fruto del proyecto -por ejemplo para mejorar un producto o servicio ya existente- y no tener que preocuparse de royalties y pagos futuros, la opción C sería la idónea.
Esta última opción ha sido la última en incorporarse al programa MN-IP. En palabras de Brian Herman, vicepresidente de investigación de la Universidad de Minnesota, “después de escuchar las demandas de las empresas, hemos diseñado una nueva opción que se adapta mejor a ciertos sectores, como el petroquímico, los semiconductores o el software”.
Como esquema de colaboración y como propuesta de valor resulta, en mi opinión, brillante. Hace más atractiva la colaboración con la universidad -Minnesota ha formalizado 175 contratos de investigación o licencia desde 2011, gracias a este programa- y, al mismo tiempo, pone en una posición negociadora de cierta fuerza a la universidad, que ofrece unos términos favorables pero fijos y se asegura de que los resultados del proyecto se transfieren, en cualquier caso, a la empresa. En España, en cambio, no es extraño que centros de investigación y universidades “colaboren” con empresas sin recibir ningún retorno en términos de propiedad industrial y, lo que es peor, a bajo precio.
Con la nueva opción C se dirigen, además, a un segmento del mercado con frecuencia olvidado por las oficinas de transferencia: aquellas empresas que no precisan de licencias exclusivas.
La práctica de establecer opciones de licencia en base a condiciones establecidas previamente es cada vez más habitual, en particular en Estados Unidos. Como muestra, hace sólo unos meses nos hacíamos eco en el blog del programa Quick Start License de la Universidad de Washington, para facilitar la creación de startups. Sin embargo es una tendencia que en España -e incluso en Europa- no termina de arraigar. Es hora de repensar la manera en que universidades y organismos de investigación se relacionan con las empresas y, sin que ello implique malvender sus resultados o conocimiento, de adoptar un enfoque más comercial y orientado a resolver sus necesidades.
Si bien todavía hoy subsiste el estereotipo de la universidad como una torre de marfil -integrada por profesores e investigadores interesados únicamente en su carrera académica y científica- los que trabajamos en este campo sabemos que, obviamente, no es así.
Estas colaboraciones o interacciones se dan de múltiples formas. Como refleja la siguiente figura, predominan aquellas de carácter personal (como la participación en conferencias o foros) y, en menor medida, aquellas relacionadas con la resolución de problemas científicos o tecnológicos (como publicaciones o proyectos conjuntos), mientras que aquellas relacionadas con la comercialización del conocimiento o el emprendimiento son, como era de esperar, las menos.
Dedicación a actividades externas (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Motivación
Las principales motivaciones para establecer este tipo de colaboraciones o actividades externas están relacionadas con la realización de la propia investigación científica, como conocer el estado del arte en su campo de investigación, aplicar el conocimiento científico generado y contribuir a su difusión, principalmente. El interés económico, ya sea en forma de financiación para su propia actividad investigadora o como ingresos personales, queda en un segundo plano.
Motivaciones para interactuar con organizaciones externas (% de respuestas y puntuación media). Fuente: NCUB.
El estudio también arroja resultados interesantes en relación a la, con frecuencia mal entendida, dicotomía entre ciencia básica y aplicada. Si bien un 26% de los investigadores se consideran fundamentales y no se plantean la aplicación inmediata de su conocimiento, un porcentaje igual de los mismos sí considera la posibilidad de esta aplicación. Como es de esperar, aquellos investigadores que se alejan de lo que podríamos llamar ciencia básica sí contemplan, mayoritariamente, la aplicación de su investigación.
Motivación y aplicación de la investigación. Fuente. NCUB.
Impacto
El estudio evalúa el impacto de estas colaboraciones externas tanto en la función investigadora como en la docente. En materia de investigación, la colaboración fomenta la puesta en marcha tanto de nuevas líneas de investigación como de nuevos proyectos, e contribuye a incrementar el networking y la reputación de los investigadores que participan en dichas colaboraciones.
Impacto de las actividades externas en investigación (% de respuestas). Fuente: NCUB.
En lo que respecta a la docencia, el impacto es menor. Casi un 30% de los encuestados reconoce que la colaboración no ha influido en su actividad docente, si bien un porcentaje significativo indica que les ha llevado a introducir cambios tanto en los contenidos académicos como en la forma en que los imparten y, al igual que en el caso de la investigación, ha incrementado su reputación.
Impacto de actividades externas en docencia (% de respuestas). Fuente: NCUB.
¿Y qué hay de las oficinas de transferencia?
En un blog como éste no podíamos dejar de analizar el rol de las oficinas de transferencia de tecnología en el establecimiento de estas colaboraciones y que, como podemos comprobar, es testimonial. La inmensa mayoría de colaboraciones surgen bien porque la entidad externa contacta directamente con los investigadores (83%), bien porque los investigadores buscan socios fuera (72%).
Actividades externas iniciadas por las oficinas de transferencia de tecnología/conocimiento (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Encontramos, sin embargo, diferencias considerables según el campo científico que se trate. Los investigadores en campos con un carácter más tecnológico o aplicado (ingeniería, materiales, física…) suelen contar con mayor frecuencia con el soporte institucional que ofrecen las oficinas de transferencia y, asumimos, siguen los cauces formales para el establecimiento de estas colaboraciones. En otros campos, como ciencias sociales, humanidades y -sorprendentemente, o quizá no- ciencias de la salud, las oficinas de transferencia rara vez intervienen
Conclusión
El estudio, del que se puede consultar también un resumen, contiene muchos más datos e indicadores que ofrecen una visión privilegiada de la relación y la colaboración entre universidades y todo tipo de entidades externas, ya sean empresas, otras entidades públicas e incluso entidades del tercer sector.
Si bien el trabajo de campo ha sido realizado en Reino Unido, sus resultados y conclusiones son, en mi opinión, extrapolables a otros países europeos como España.
Cabe destacar el hecho de que una mayoría de estas colaboraciones parten de la iniciativa individual de los investigadores y, probablemente, no tanto de una estrategia institucional. Por otra parte, para que una colaboración resulte fructífera debe estar basada en una relación de confianza que, a su vez, requiere un inevitable tiempo de maduración.
En consecuencia, las políticas e instrumentos de fomento de la colaboración universidad-empresa deberían incidir en primer lugar, en proporcionar al investigador el soporte técnico y de gestión que sea necesario para la puesta en marcha y la gestión de dichas colaboraciones, en particular en el caso de investigadores jóvenes o que se inician en este tipo de actividades externas. En segundo lugar, la universidad o centro de investigación debe procurar también un espacio de colaboración institucional entre ambas entidades.
Son (somos) pocos los blogs dedicados a la transferencia de tecnología o, de una manera más amplia, a la relación entre la investigación científica y la empresa. Sin embargo, éste es un campo que despierta cada vez más interés. Casi a diario, es fácil encontrar artículos y apuntes en blogs y medios que sí abordan de un modo u otro sus diferentes facetas: desde la gestión de la investigación y de la innovación o la propiedad industrial e intelectual, hasta el desarrollo de negocio o la estrategia empresarial, entre otros.
Con los contenidos más destacados de esta semana que termina, he preparado esta breve revista de prensa (o, mejor dicho, de blogs) que comparto con vosotros.
La revista Genética Médica dedica un artículo sobre la guerra de patentes entre la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Broad de la Universidad de Harvard y el MIT a propósito de la tecnología CRISPR-Cas9, que permite introducir mutaciones o reparar cambios en el material genético de una célula. Sobre CRISPR-Cas9, sus fundamentos y sus posibles aplicaciones se ha dicho y escrito mucho, quizá incluso demasiado. Podéis encontrar una excelente conferencia sobre los sistemas CRISPR-Cas de la mano del Dr. Martínez Mojica, “padre” científico de los mismos. El artículo de Genética Médica pone de manifiesto, por una parte, que los litigios sobre propiedad industrial no son en modo alguno exclusivos de las grandes empresas, y pueden enfrentar en los tribunales a instituciones académicas. Por otra parte, supone un interesante caso de estudio jurídico que ilustra las diferencias que se derivan de aplicar los criterios primero en inventar (“first-to-invent“) o primero en registrar (“first-to-file“).
Precisamente de las patentes generadas por la universidad española se hace eco Pedro Uceda en su blog, en el que desgrana el contenido del informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica” de la Fundación CYD. Con buen criterio, Pedro destaca el hecho de que el informe no recoge datos sobre cuántas de estas patentes están siendo explotadas de manera efectiva. ¿Sigue la universidad, en materia de propiedad industrial, centrada en la cantidad antes que en la calidad? Con todo, no olvidemos que no sólo de patentes vive la transferencia de tecnología.
Dejamos de hablar de patentes para terminar hablando de innovación. Xavier Ferras reflexiona sobre si la innovación crea o destruye empleos y ofrece una respuesta casi salomónica: “la innovación disruptiva es una generadora neta de empleos, mientras que la innovación incremental destruye puestos de trabajo”. Sin embargo, Xavier refina esta hipótesis al incorporar a la ecuación no sólo el tipo de innovación sino también el sector al que ésta se aplica, y la ejemplifica con acierto al aportar datos del empleo generado por los gigantes de Internet estadounidenses y la industria manufacturera alemana. Esta última sería capaz de generar 16 empleos por cada dólar inyectado en el mercado financiero, frente a sólo 1 empleo creado por parte de las primeras. ¿Deberían las políticas de innovación considerar este aspecto, por ejemplo al priorizar determinados campos científicos o sectores económicos? ¿Biotecnología o Internet de las Cosas? ¿Industria 4.0 o energías renovables?
Con anterioridad a los años 80 las patentes solicitadas por la universidad española eran testimoniales: la primera solicitud, presentada por la Universidad Autónoma de Madrid, data de 1973 y venía a proteger el procedimiento de fabricación de un LED que emitía luz verde y roja. De un tiempo a esta parte la situación ha cambiado mucho, y para mejor. Actualmente nadie discute que la universidad sea un actor esencial en la investigación e innovación en España. Como muestra, la actividad inventora de las universidades españolas supone cerca de un 20% de todas las patentes nacionales. Sin embargo, periódicamente se aviva el debate de que nuestras universidades y, por extensión, el resto de nuestro sistema de ciencia y tecnología, no son suficientemente capaces de convertir sus resultados de investigación en productos y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía. Las causas de esta situación son múltiples y, aunque en algunos casos matizables, bien conocidas: desde una investigación que en ocasiones no responde a las necesidades de nuestro tejido empresarial o la falta de incentivos a la transferencia de tecnología en las universidades, hasta la escasa participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo y su dificultad para incorporar las innovaciones que obtienen a su vez las universidades y organismos de investigación.
Con todo, una faceta que con frecuencia se pasa por alto es el uso que tanto empresas como universidades hacen de la propiedad industrial, y el papel que ésta juega en la estrategia de innovación nacional. Según datos de la OECD, Alemania y España realizaron en 2013 una inversión en I+D de 96.069 y 17.960 millones de dólares, respectivamente, que se tradujo en la solicitud de 5.465 y 244 patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización. Si analizamos estas cifras en términos relativos, la economía alemana, con una inversión en I+D aproximadamente 5 veces superior a la española, obtuvo un número de solicitudes de patentes triádicas más de 20 veces superior. Siendo la universidad, como hemos visto, uno de los principales generadores de innovación en nuestro país, cabría preguntarse por su gestión de la propiedad industrial la cual, en una mayoría de casos, es fundamentalmente administrativa. Ante un nuevo resultado de investigación susceptible de protección, se realiza un análisis de patentabilidad y, si éste es positivo, se presenta la solicitud de patente ante la OEPM, en la que la universidad se beneficia de una exención en el pago de tasas. Habitualmente se presenta también la solicitud internacional PCT, se realiza una mayor o menor acción comercial (según la universidad) y, llegado el momento de entrada en fases nacionales, si no ha sido posible licenciar la patente, ésta se abandona sin más.
La falta, salvo excepciones, de una mayor gestión estratégica de la propiedad industrial sería una de las causas subyacentes del escaso retorno obtenido por la investigación española. Si bien algunos indicadores, como el número de solicitudes, pueden ser aceptables, la situación actual ha fomentado la cantidad antes que la calidad y la transferencia al mercado. Ejemplo de ello son las patentes “curriculares”, que con frecuencia no representan una innovación real y contribuyen al abultado peso que la universidad tiene en el total de solicitudes de patente nacionales. De hecho, éste es uno de los aspectos en los que incide la nueva Ley de Patentes, al hacer obligatorio el examen previo y limitar la exención de tasas a aquellas patentes que hayan “producido una explotación económica real y efectiva”.
Una estrategia de propiedad industrial en investigación debería tener como objetivos priorizar los resultados más prometedores a fin de maximizar su impacto económico y social, así como gestionar los riesgos tecnológicos y de mercado inherentes a invenciones en fases muy temprana. Esto pasaría por una aproximación más “agresiva”, basada en la selección de un portfolio de tecnologías más reducido pero con el compromiso de realizar una mayor inversión en su protección, desarrollo y comercialización. Para cada tecnología o resultado de investigación se debería elaborar una hoja de ruta de desarrollo tecnológico y comercial -desde la clásica licencia a la creación de start-ups o incluso la explotación directa- e identificar los socios adecuados para llevarla a cabo, ya sean empresas industriales, inversores, otros centros de I+D, intermediarios o clientes. En una segunda fase, sería necesario además movilizar recursos -públicos o, mejor, privados- para madurar estas tecnologías y realizar pruebas de concepto que, además de incrementar su valor, puedan servir para reforzar los derechos de propiedad industrial. Como en toda estrategia, sería imprescindible hacer un seguimiento de la misma en base a indicadores objetivos de coste-riesgo-beneficio y contar, cuando sea oportuno, con un consejo externo especializado.
Finalmente, un planteamiento de estas características requiere del apoyo y compromiso de los órganos de gobierno de la universidad o centro de investigación, y el proceso de toma de decisiones no debería realizarse exclusivamente caso por caso, sino desde un análisis integral que tenga en consideración la estrategia global de la institución.
Que la transferencia de tecnología está de actualidad es algo no escapa a quienes, de una manera u otra, nos movemos en este mundillo. Me atrevería a decir, incluso, que está de moda.
La transferencia de tecnología ha pasado de ser un concepto manejado casi exclusivamente en el entorno académico y en un limitado sector empresarial, a ser el objeto de múltiples iniciativas públicas y privadas -foros y debates, cursos e incluso proyectos empresariales, entre otros- que con frecuencia han encontrado eco en medios de comunicación tanto especializados como generalistas.
En este último sentido, la sección Innovadores del diario El Mundo recogía recientemente las reflexiones de Manuel Doblaré, director científico de Abengoa Research, sobre la transferencia de tecnología en España y, en particular, una serie de consejos para mejorarla:
Garantizar que los resultados de la investigación sean propiedad de la empresa y, al mismo tiempo, un retorno justo para las universidades o centros de investigación.
Incentivar la transferencia de tecnología en el ámbito universitario y, por extensión, académico.
Trabajar en líneas de investigación conjuntamente con la empresa, y no sólo en proyectos específicos.
Invertir en formar y atraer talento tanto o más que en infraestructuras y equipamiento.
Aumentar el tamaño de las empresas, para que sean capaces de evaluar y, en su caso, integrar innovaciones externas.
No es la primera vez que en el blog analizamos políticas y recomendaciones sobre transferencia de tecnología y, qué duda cabe, este quinteto de consejos también se podría ampliar o matizar de múltiples maneras. No lo haré en esta ocasión, si bien el punto de vista de Manuel Doblaré sobre la transferencia merece ser tenido en cuenta por varios motivos.
En primer lugar, Doblaré cuenta con la virtud de conocer de primera mano tanto la universidad como la empresa, ya que ha sido catedrático de la Universidad de Zaragoza durante más de 20 años, posición que sigue compatibilizando en la actualidad -a tiempo parcial- con su cargo en Abengoa.
Pero sobre todo, Doblaré describe la posición de una gran empresa -dejando a un lado las circunstancias actuales de Abengoa– que ha basado en gran medida su modelo de negocio en la investigación y la innovación. Nos aporta, en definitiva, la opinión de un potencial cliente de los resultados generados en universidades y centros de investigación.
Aunque la idea de trabajar para un cliente resulta con frecuencia extraña en la investigación académica y, en ocasiones, incluso en las propias oficinas de transferencia, como se suele decir, el cliente siempre tiene la razón, por lo que haremos bien en escucharle.
Conclusión
Existe la percepción generalizada de que algo debe cambiar, en parte o incluso en la totalidad del sistema de transferencia de tecnología. En este sentido, es relativamente fácil proponer recomendaciones, acciones o buenas prácticas concretas, pero con frecuencia se echa en falta un análisis de carácter más estratégico y una visión integral de las actuaciones que deben llevarse a cabo.
Por ello y para concluir, trataré de derivar 3 ejes de actuación a partir de las recomendaciones de Doblaré, relacionados entre sí y que deberíamos desarrollar si realmente deseamos incrementar y mejorar la transferencia de tecnología en nuestro país:
Mayor flexibilidad
Por parte de las universidades y los centros de investigación, por ejemplo y como se ha comentado, en términos de facilitar la propiedad sobre los resultados y la libertad de operación a las empresas.
Por parte de las empresas a la hora de reconocer el valor del conocimiento y los resultados a los que acceden y establecer una contraprestación adecuada.
Mayor orientación a cliente
Por parte de las universidades y los centros de investigación así como de los propios investigadores, que deben actuar respectivamente como organizaciones y profesionales orientados a producir resultados y prestar servicios de investigación con criterios de calidad empresarial y en las que la transferencia de conocimiento y tecnología no puede ser una actividad secundaria.
Mejor capacitación
Por parte de las universidades, que deben formar a los mejores estudiantes y profesionales.
Por parte de los centros de investigación y las empresas, que deben atraer a los mejores tecnólogos e investigadores y proporcionar el entorno necesario para desarrollar e integrar nuevas tecnologías, tanto internas como externas.
¿Te parecen acertadas las recomendaciones de Manuel Doblaré? ¿Cuáles consideras más (o menos) importantes?
¿Dónde se debería incidir para mejorar la transferencia de tecnología: en el ámbito académico o en el empresarial?
No es la primera vez que organizaciones científicas tratan de introducir en el debate político las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología. Un ejemplo reciente es el de RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la innovación, que se ha mostrado también muy activa en este año electoral y ha propiciado incluso encuentros con representantes de partidos políticos de los que hemos hablado ya en el blog.
El informe de CERU aporta a este debate una perspectiva muy interesante: la de científicos con conocimiento y experiencia internacional y, por qué no decirlo, también independencia para analizar y proponer mejoras en la ciencia española.
Análisis del sistema de I+D en España
El informe de CERU toma como punto de partida un análisis DAFO clásico, basado a su vez en el informe ERAC Peer Review realizado en julio de 2014 por un grupo de expertos de la Comisión Europea. El informe ERAC analizaba de manera muy certera el sistema español de investigación e innovación y, como muestra, ahí van tres perlas:
En el ámbito de la investigación se constata la existencia de un sistema dual, ya que pese a la elevada calidad de una parte de los resultados, la media del Sistema es, sin embargo, baja.
En el ámbito empresarial, (…) se constata la existencia de un número muy reducido de grandes empresas que pueden actuar como elementos tractores en el ecosistema de innovación, así como de un reducido número de micro empresas y empresas con capacidades de I+D e innovación, significativamente más bajo en términos per cápita que en el resto de los países del entorno europeo.
En el ámbito regional, los mecanismos de coordinación son insuficientes, incrementando de este modo el riesgo de que surjan duplicidades a nivel estratégico entre los agentes estatales y los regionales.
El DAFO que presenta CERU es correcto en prácticamente todos sus puntos. Se ha escrito mucho y desde hace mucho tiempo sobre los defectos y virtudes de nuestra ciencia.
Tal vez se echa en falta algo más de rigor en el apartado dedicado a las amenazas: algunas de las que se citan no lo son en sentido estricto o no están del todo bien formuladas. Las “futuras malas prácticas de contratación“, serían en todo caso una debilidad actual que habría que corregir, el “incremento de la pérdida de talento” debería explicarse como una amenaza externa, por ejemplo “sistemas extranjeros de I+D más atractivos“, y no se menciona la creciente competencia de países emergentes. Detalles menores que no invalidan el análisis en ningún caso.
Recomendaciones sobre transferencia de conocimiento
Uno de los apartados del informe está dedicado íntegramente a la transferencia de conocimiento, por lo que siendo esta uno de los temas principales de este blog merece la pena relacionar y, brevemente, comentar algunas de las recomendaciones de CERU:
Convocatorias públicas en las que la investigación básica esté orientada a la (…) propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. De acuerdo, aunque no me queda del todo claro qué quiere decir. Entiendo que en líneas generales coincide con lo que, sobre el papel, pretende la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
Incentivos a investigadores del sistema público que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría y contratos con las mismas). Completamente de acuerdo, como bien dice el informe con una adecuada regulación, en particular en lo relativo a la transparencia y los conflictos de interés. Pero no lo habría redactado así, ni puesto en segundo lugar en la lista de recomendaciones: corre el riesgo de parecer una reivindicación salarial o corporativista.
Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de investigación. Completamente de acuerdo, aunque esto sería un objetivo más que una recomendación o actuación concreta.
Fomentar la compra a prueba por las administraciones. De acuerdo, obviamente cuando la administración tenga motivos para ello (p.ej. modernización de la propia administración), por ejemplo mediante programas de compra pública innovadora.
Elaborar planes estratégicos de innovación público-privados. De acuerdo, pero ¿a qué llamamos plan estratégico de innovación? Cuidado con caer en el buzzword bingo.
Ofrecer formación en aspectos de gestión y emprendimiento al personal científico. Completamente de acuerdo, aunque ya empieza a consolidarse una buena oferta de formación en este campo (privada, eso sí).
Crear centros de investigación con financiación público-privada. Completamente de acuerdo. O laboratorios conjuntos de investigación con empresas.
Fomentar la creación de clústeres de empresas donde haya investigación de excelencia en un determinado campo. De acuerdo, pero complicado: requiere coordinar política científica e industrial y captar empresas tractoras. ¿Y si lo hiciéramos al revés, fomentar la investigación de excelencia en campos de interés para nuestras empresas?
Mejorar los recursos humanos y el funcionamiento de las OTRIs: incorporar personal de perfil científico y/o con experiencia en el mercado. Completamente de acuerdo. La capacitación del personal dedicado a transferencia y el enfoque de las propias unidades es, con frecuencia, deficiente. Sin embargo, la solución no pasa únicamente porque la transferencia sea una salida profesional adicional para el personal científico que no sigue su carrera investigadora. Tal y como está redactado parece más una reivindicación profesional (completamente legítima, por otra parte). Pero esto da para un post entero (oye, ¿y si cerramos las OTRIs?).
Mejorar sinergia entre CDTI y OTRIs para favorecer el contacto entre universidad de empresa. Parcialmente en desacuerdo. Todo lo que sean sinergias es fantástico, pero no termina de queda claro qué se pretende y, en mi opinión, no entraría dentro en la misión del CDTI “representar” a las universidades ante las empresas.
Elaborar programas de formación para la empresa privada en relación con las características de la investigación en empresas.Parcialmente en desacuerdo. No queda claro el objetivo de esta actuación. Sin olvidar que buena parte del tejido empresarial español no sabe lo que es la investigación (y, en muchos casos, tampoco lo necesita), sí es necesario hacer un esfuerzo para, por una parte, divulgar la conveniencia de participar en proyectos de investigación y/o innovación y, por otra parte, capacitar a las empresas para ello.
Incluir un asesor científico del sistema público de I+D en los proyectos de investigación de empresas con financiación pública.En desacuerdo. Si ya cuesta que las empresas hagan I+D, añadir actores cuyo valor añadido para la empresa y para los proyectos distan de ser evidentes no haría más que desincentivar la participación empresarial. Keep it simple. Podría considerarse, en cambio, crear una figura similar al scientific officer de H2020 o, en aquellos proyectos de gran envergadura, contar con un consejo asesor científico externo.
Creación en universidades y centros de investigación de clubes de empresas. Completamente de acuerdo. O, para darle aún más entidad, de la misma manera que contamos con consejos asesores científicos, crear consejos asesores empresariales en los centros de investigación.
El bloque dedicado a transferencia concluye con una serie de actuaciones, muy concretas, en investigación e innovación clínica. Todas ellas coherentes y con las que creo que coincidimos prácticamente todos los que estamos en el sector.
En otras apartados del informe se realizan recomendaciones directa o indirectamente relacionadas con la transferencia que, en ocasiones, son de mayor impacto que las anteriores. En particular en lo relativo a incentivar la participación privada en la financiación de la I+D: centros con financiación mixta público-privada, encuentros científico-empresariales, incentivos fiscales a la I+D empresarial y evaluación de la misma, doctorados industriales y estancias científicas en empresa, entre otros.
También se menciona la necesidad de atraer empresas y fondos privados extranjeros en los proyectos y oportunidades de desarrollo tecnológico e inversión, respectivamente, que ofrecen la ciencia made in Spain. Con todo, la regla de oro para conseguir financiación privada para I+D es, sencillamente, ofrecer un retorno lo suficientemente atractivo.
Conclusión y reflexiones
El informe presentado por CERU merece la atención no sólo de los partidos políticos, sino también de los que estamos de una manera u otra relacionados con el sistema de I+D en España.
Dejando al margen matices de forma o de concreción en algunas de las recomendaciones, el informe ofrece una batería de propuestas e ideas lo suficientemente interesantes para ser consideradas por todos los agentes del sistema de I+D: universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos empresas, investigadores, administraciones y organismos financiadores, agentes intermedios, etc. E incluso implementadas.
Seamos realistas, la ciencia y la política científica no son una prioridad ni para partidos políticos ni para la sociedad española en general (aunque esto último parece estar cambiando, como apunta CERU en su análisis). Es más, me aventuraría decir que la ciencia no está en el debate político porque tampoco está en el debate “en la calle”.
En todo caso, la política actual suele ir por detrás de la sociedad, por lo que no nos queda más remedio que seguir trabajando bottom-up:
Continuar introduciendo la ciencia en el debate público, y no sólo político, para lo que iniciativas como el informe CERU son de gran utilidad.
Implementar estas y otras recomendaciones, en nuestros respectivos campos de actuación y en la medida de lo posible.
No es el enfoque óptimo, y los resultados serían sin duda mejores con un mayor apoyo político y/o institucional, pero parte de la solución está en nuestras manos.
Hay urgencia, y puede que tengamos una ventana de oportunidad para cambiar la política científica en España, mejorar nuestro sistema de I+D y dar, definitivamente, one step forward.
¿Has leído el informe CERU? ¿Qué esperas a hacerlo?
¿Qué recomendaciones te parecen (o no) las más adecuadas?
¿Crees que los partidos políticos dan suficiente importancia a la I+D?
La biblioteca del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia -en sus inicios Instituto de Investigaciones Citológicas– ofrece un completo recorrido por la investigación y el conocimiento en biomedicina en los últimos 75 años. Sus volúmenes, repartidos en las diferentes salas del centro, comprenden libros y revistas científicas desde la década de 1940 hasta bien entrados los 2000, en los que el soporte electrónico sustituyó ya definitivamente al papel.
Podemos, por ejemplo, encontrar un ejemplar del Annual Review of Biochemistry correspondiente al año 1943, gran cantidad de literatura científica en francés, cuando aún pugnaba con el inglés como lengua de la ciencia, o incluso la revista Laboratorio, fundada en 1946 en Granada y que aparecería mensualmente durante unos cuarenta años, dando cuenta de temas como la inmunología, la hematología, la anatomía patológica o la química clínica.
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Revista Laboratorio. Año 1949.
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Annual Review of Biochemistry vol. 12. 1943.
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Curioseando entre volúmenes antiguos -siempre he sido rata de biblioteca- di casualmente con un ejemplar de la revista Nature que, en su número del 21 de enero de 1972, se hacía eco de un estudio de la OECD –Reviews of National Science Policy, Spain– que analizaba en detalle la política científica española y la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en aquel momento.
Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.
La reseña, de apenas una página de extensión, se titula “Time for a Change in Spain“y se abre con una frase demoledora:
Ever since the Second World War, Spain has been conspicuous among the nations of Western Europe for its backwardness in scientific research and development.
Su lectura permite conocer la visión de un organismo internacional, en principio independiente, sobre la ciencia en España entonces, así como la opinión al respecto de una publicación como Nature.
Dicho informe de la OECD representa un hito en el análisis de la política científica en España y, tal vez, el primer gran esfuerzo por explicar las causas por las que nuestro país había permanecido durante tanto tiempo “remotamente conectado de la comunidad científica”.
Escasez de financiación
La primera de estas causas era, sin duda, la baja inversión en investigación y desarrollo. En 1967 el gasto total en I+D realizado tanto por el estado como por la industria ascendió a 3.873 millones de pesetas, lo que suponía un 0,27% del PIB de aquel año.
La cifra no era en sí mala, sobre todo si se tiene en cuenta que la economía española en los años 60 y sus correspondientes indicadores macroeconómicos eran muy inferiores al de otros países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, cuyo PIB per cápita triplicaba al español. Destaca, además, el hecho de que el estado y la industria contribuían en prácticamente la misma proporción a la inversión en I+D.
Sin embargo, el informe llamaba la atención sobre el desequilibrio en la distribución del presupuesto público en investigación: casi en su totalidad se destinaba a centros públicos de investigación y solamente un 3% a las universidades. Nature se cuestionaba cómo un estado moderno (sic) esperaba mantener un sistema universitario competitivo con un presupuesto de apenas 100 millones de pesetas y reconocía el mérito de las universidades españolas, que habían sido capaces de ganarse una buena reputación por sí mismas, lo que calificaba literalmente de “milagro”.
Agricultura y energía nuclear
Dentro de la parte del gasto en I+D correspondiente al estado, el informe de la OECD criticaba la falta de coherencia entre las prioridades científicas y los sectores estratégicos de la economía española.
A pesar de la importancia del sector primario y sobre todo agrícola en la España de los años 60, sólo se destinaba a investigación agraria un 17,4% del presupuesto, alrededor de 375 millones de pesetas. El presupuesto del Patronato Alonso de Herrera, que agrupaba hasta 24 centros del CSIC dedicados a la investigación en biología vegetal y ciencias agrarias, se redujo en cerca de un 20% entre 1967 y 1969, si bien se incrementó la inversión realizada directamente por el Ministerio de Agricultura.
Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza
En cambio, la investigación en energía nuclear se llevaba en 1967 un 23% del total del presupuesto, un importe sólo justificable a ojos de la OECD si a largo plazo la mayor parte de la electricidad en España se iba a generar mediante centrales nucleares. La generación mediante energía nuclear alcanzo su máximo en 1989, cuando supuso el 37,9% de la generación eléctrica del país, así que la necesidad o conveniencia de aquella inversión queda como objeto de discusión.
Recomendaciones
La OECD expuso las conclusiones del informe a representantes del gobierno español durante el verano de 1970, junto con una serie de recomendaciones:
En materia de política científica, de manera general, se instaba al gobierno español a elegir entre seguir “los patrones del pasado” o introducir cambios radicales en la misma.
Defendía que una mayor inversión en I+D permitiría mejorar la balanza de pagos española, tanto en la agricultura como en la industria.
Reconocía el potencial y los avances en investigación agrícola, con especial mención al centro de investigación del CSIC en Zaragoza, pero constataba que en otros sectores como el industrial los resultados eran “decepcionantes”.
Censuraba duramente el abandono por parte del gobierno de la investigación universitaria, y abogaba por incluir a las universidades en la planificación a largo plazo de la política científica, así como mejorar el status y aumentar la escala de la investigación que realizan.
Y, como primer paso, la OECD recomendaba… doblar el presupuesto estatal dedicado a investigación y desarrollo. ¿A qué esto resulta familiar?
De un tiempo a esta parte
No es la única vez que Nature ha tratado en sus páginas la situación de la ciencia española, su potencial y sus promesas, con frecuencia no cumplidas. En 2008, Nature celebraba que el presupuesto destinado a I+D se hubiera doblado en apenas 4 años y se preguntaba si España podía encontrarse frente a una nueva “edad de plata” científica.
Sorprende cómo algunas de las afirmaciones y recomendaciones que la OECD realizaba sobre el estado de la ciencia española en los años 70 son en gran medida aplicables en la actualidad.
En 2015 sigue siendo necesario argumentar la importancia de invertir en I+D para mejorar la economía y la competitividad de nuestro país, así como reclamar un mayor compromiso y planificación a largo plazo por parte de las administraciones públicas. El sistema de ciencia y tecnología presenta carencias en su articulación, y las prioridades científicas no siempre están alineadas con las particularidades y necesidades de nuestro tejido empresarial.
La propia Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 2013-2020 del Ministerio de Economía y Competitividad identifica algunas debilidades que son perfectamente reconocibles en el análisis de la OECD: la baja intensidad del esfuerzo en I+D en relación al PIB, la baja capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por el sector empresarial o la rigidez de los modelos de gobernanza de universidades y OPIs, entre otros.
Por último, y a la luz de los más de 40 años transcurridos desde entonces, cabe reflexionar sobre si la política científica de un tiempo a esta parte ha sido, en líneas generales, acertada y si los resultados obtenidos se pueden calificar de satisfactorios.
E igualmente, haciendo “política científica ficción”, en qué situación podríamos encontrarnos si las políticas hubieran sido diferentes. Las posibles preguntas y sus respuestas son inabarcables, pero aquí van algunas a vuelapluma:
¿Era acertado invertir en investigación nuclear? ¿O hubiera sido conveniente priorizar otros campos?
¿Se ha logrado consolidar la investigación universitaria como sería deseable?
¿Es aún necesario introducir “cambios radicales” en la política científica? ¿Cuáles?
Google irrumpió el año pasado como una de las mayores empresas en términos de concesión (y solicitud) de patentes con 2566 patentes concedidas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Conocida por su onmipresencia en Internet y por sus servicios en la nube, Google entra así en el top 10 de una lista dominada por grandes empresas tecnológicas de los sectores de la electrónica y la informática: IBM, Samsung, Canon, Sony, Microsoft…
Parece lógico, por tanto, que Google ocupe el lugar que ocupa. Además, desde su creación como startup en Silicon Valley y a lo largo de su trayectoria empresarial, Google ha basado su negocio y su éxito en la explotación de una creciente cartera de patentes. Sin embargo, cuando revisamos la estrategia de propiedad industrial que ha venido siguiendo la empresa observamos patinazos y, sobre todo, algunas incoherencias. En este artículo analizaremos la relación de Google con las patentes y trataremos de descubrir la motivación que guía su estrategia de propiedad industrial.
De las patentes que dieron origen a Google…
Como no podía ser de otro modo, la principal patente de Google es la que cubre el algoritmo de ordenación de resultados de las búsquedas que constituyó el origen de la empresa y la base de su éxito:
A method assigns importance ranks to nodes in a linked database, such as any database of documents containing citations, the world wide web or any other hypermedia database. The rank assigned to a document is calculated from the ranks of documents citing it. (…) The method is particularly useful in enhancing the performance of search engine results for hypermedia databases, such as the world wide web, whose documents have a large variation in quality.
Esto es, el archiconocido PageRank, por cierto, marca registrada. Curiosamente, en dicha patente sólo figura como inventor Larry Page y no Sergey Brin, aunque habitualmente se considera que los dos participaron en ella. Su titular original era la Universidad de Stanford, ya que el desarrollo se realizó en el marco de su condición de estudiantes de la universidad.
Dos chavales de Stanford.
Otra de las patentes iniciales de Google cubre un algoritmo para identificar de una manera eficiente la ocurrencia de determinadas tuplas de información, en cierto modo un algoritmo de búsqueda, cuyo inventor fue en esta ocasión Sergey Brin.
Techniques for extracting information from a database are provided. A database such as the Web is searched for occurrences of tuples of information. The occurrences of the tuples of information that were found in the database are analyzed to identify a pattern in which the tuples of information were stored.
Stanford licenció posteriormente estas y otras tecnologías a Google, a través de varios acuerdos de licencia:
Acuerdo de licencia inicial entre Stanford y Google, con fecha 1 de diciembre de 1998, por el que entre otros aspectos se concedía a Google una opción de licencia exclusiva.
Acuerdo de licencia entre Stanford y Google, con fecha 2 de julio de 2001, por el que Google ejercía su opción de licencia y pagaba a Stanford un total de (¡atención!) 50.000$, a pagar en dos cómodos plazos.
Modificación del acuerdo anterior, con fecha 13 de octubre de 2003, en el que se amplía el alcance de la licencia y se renegocian los términos de la misma, considerablemente más jugosos para la Universidad de Stanford y que consistieron en un porcentaje sobre las ventas y una pequeña participación en el capital de la empresa.
La Universidad de Stanford vendió un 10% de su participación en Google en 2004 por un importe de 15.7 millones de dólares, y el resto en 2005, por 336 millones de dólares. El premio gordo, el jackpot de la transferencia de tecnología si consideramos que se trata de los resultados del trabajo de un par de estudiantes de doctorado.
… a una montaña de patentes
Muchas de las empresas tecnológicas nacen con cierta rebeldía ante el sistema y, por extensión, también contra la propiedad industrial. De hecho, la sólida cartera de patentes de las grandes empresas constituye una de sus principales fortalezas a la vez que una barrera de entrada, a veces insalvable, para los nuevos competidores. Sin embargo, estas mismas empresas, conforme logran hacerse un hueco y consolidarse en el mercado, terminan por desarrollar una estrategia de propiedad industrial como parte integral de su estrategia empresarial.
Dicha estrategia pasa, entre otros aspectos, por crear, mantener y ampliar su cartera de patentes, de lo que Google es un excelente ejemplo: ha pasado de 4 patentes concedidas en 2003 a las 2566 en 2014 que hemos visto anteriormente.
Patentes de Google solicitadas y concedidas. Fuente: USPTO
El número de solicitudes baja -sólo aparentemente- en los años 2013 y 2014. Esto se debe a que las solicitudes no se publican hasta pasados 18 de meses desde la fecha de su presentación. En cualquier caso, no parece en absoluto que la tendencia vaya a cambiar.
Google se va de compras
En una empresa tecnológica muchas de sus patentes son, obviamente, fruto del trabajo de sus investigadores e ingenieros en el marco de proyectos propios de investigación y desarrollo. No obstante, dependiendo del sector y si la empresa tiene suficiente cash, no es extraño que una de las estrategias para reforzar la cartera de patentes sea la compra, mediante la adquisición de parte de las patentes y otros activos intangibles de terceras empresas, o de la totalidad (o parte) de las terceras empresas en cuestión.
¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)
Como los chicos de Mountain View hagan todos los negocios igual, apañados están sus accionistas, pensareis. En su momento la compra de Motorola se interpretó como una maniobra de Google no para explotar sus patentes per se, sino como estrategia para defender Android de los posibles ataques de otros fabricantes de smartphones, como Apple o (qué tiempos aquellos) Blackberry. No obstante, es posible que otros fabricantes de smartphones equipados con Android, como Samsung o LG, interpretaran la compra de Motorola por parte de Google como una estrategia por parte de esta última para acaparar también el negocio de la venta de teléfonos, y por tanto una amenaza a su negocio principal. Cabría, pues, interpretar la venta a Lenovo como un gesto para calmar a los fabricantes de Androids.
¿Un patinazo de Google? Tal vez. En tal caso un buen ejemplo que ilustra que la estrategia de propiedad industrial debe estar siempre supeditada a la estrategia empresarial (en otras palabras, vender). Algunos análisis e incluso fuentes de Google afirmaron también que las patentes de Motorola no resultaron ser tan valiosas como aparentaban. Pero por cierto que a Lenovo le está yendo mejor que a Google con las patentes de Motorola: en 2014 incrementaron sus ventas un 118%. Zapatero a tus zapatos.
Se compran patentes, razón: Mountain View
Recientemente, Google ha puesto en marcha un programa de compra de patentes, que viene a consistir en algo así como cuando una inmobiliaria pone carteles de “se busca piso en esta zona”. Así, entre el 8 y el 22 de mayo de 2015 cualquier particular o entidad que quiera vender una patente a Google no ha tenido más que rellenar un formulario con información sobre el resultado. Google se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo de aproximadamente un mes, el próximo 26 de junio.
Esto no es -en su esencia- distinto a los programas de in-licensing que mantienen otras grandes empresas, como por ejemplo las del sector farmacéutico, pero sí es llamativo el formato y la justificación que Google da del programa: algo “experimental” que busca “mejorar el sistema de patentes y eliminar parte de la fricción existente en el mercado secundario de patentes“. Toma eufemismo.
Uno de los principales actores de este mercado secundario de patentes y causantes de la litiogisidad a la que se refiere Google con el término “fricción” son las entidades no practicantes (NPE) o, como se les llama más habitualmente, patent trolls.
Los trols de patentes son entidades que ejercen el derecho sobre una gran cartera de patentes contra posibles infractores sin explotarla directamente. Su negocio es, en definitiva, la obtención de tasas o royalties de los terceros que sí necesitan sus patentes para comercializar sus propios productos o servicios.
Sin embargo, si Google está acumulando tal cantidad de patentes, ¿no estará actuando también como un trol de patentes? ¿Dónde ha quedado entonces el slogan “don’t be evil” de Google y su código de conducta corporativa?
¿Don’t be evil?
Como hemos avanzado al principio, la estrategia de propiedad industrial Google presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, a pesar de que Google procuró tranquilizar al sector sobre el uso que haría de la cartera de patentes de Motorola, algunas sentencias han calificado algunas de sus actuaciones posteriores como propias de un trol de patentes. Como hemos comentado, el resultado es que probablemente se encontró en una situación en la que, por una parte, sus socios tecnológicos se sentían amenazados por una propiedad industrial que, por otra parte, resultó no ser suficientemente sólida para defenderse de la competencia.
Sin embargo, es cierto que Google está tratando por varias vías de incidir en el mercado de patentes, entre las que destaca el gran esfuerzo de lobbyen Estados Unidos que, junto a otras grandes empresas, pretende lograr una reforma legal que limite la capacidad de los trols de patentes. En consecuencia, el programa de compra de patentes habría que entenderlo también en este sentido, esto es, como una estrategia para acaparar patentes que, empleadas de manera responsable, no limiten la innovación en el sector tecnológico.
Estas actuaciones no dejan de ser también contradictorias entre sí, ya que Google estaría invirtiendo enormes cantidades de dinero en aumentar su cartera de patentes -a través tanto de adquisiciones como de nuevas solicitudes- y, a la vez, en debilitar el propio sistema de patentes y reducir por tanto el valor de su cartera de patentes.
Conclusión
En todo caso, en la estrategia de Google sí parece predominar la idea de que las patentes, que habitualmente se consideran un incentivo a la innovación, pueden volverse en contra de la misma. El propio cofundador de Google, Sergey Brin, ha hecho declaraciones en las que no sólo crítica a los trols sino que también pone en cuestión la protección temporal de hasta 20 años que otorgan las patentes.
¿Se podría concluir por tanto que, en determinados sectores, empresas innovadoras (o con vocación de serlo) pueden verse perjudicadas más que favorecidas por un sistema de patentes fuerte? En el caso de Google así parecen considerarlo, pero la respuesta, con toda seguridad, dependerá de cada empresa.
¿Qué opinas de la estrategia de propiedad industrial seguida por Google? ¿Te parecen acertadas sus actuaciones?
¿Sería conveniente reformar el sistema de patentes para limitar el alcance de los trols de patentes? ¿De qué manera?
¿Consideras que, en alguna situación, el sistema de patentes puede desincentivar la innovación?
Los procesos de transferencia y licencia de tecnología son, habitualmente, lentos.
Al tiempo necesario para evaluar la tecnología, normalmente en una fase temprana y por tanto incierta de desarrollo, y determinar en consecuencia su interés y su viabilidad comercial, se unen los trámites administrativos por parte de las universidades y otros organismos públicos de investigación y el no siempre ejecutivo proceso de toma de decisiones en la empresa licenciataria.
Mejor dicho, los procesos de licencia son muy lentos. A veces, incluso, demasiado lentos. Sobre todo cuando se trata de crear una empresa, validar un nuevo modelo de negocio o asegurar inversión.
De hecho, muchos emprendedores -universitarios, de empresas de base tecnológica- coinciden en que uno de los frenos al emprendimiento es la falta de agilidad por parte de las universidades y organismos de investigación. No les falta razón.
La licencia consiste esencialmente en un modelo de acuerdo de licencia con unas condiciones prefijadas y, a decir verdad, bastante favorables para el licenciatario.
El objetivo es, en definitiva, que el equipo emprendedor pueda centrarse en el desarrollo tecnológico y de negocio o en la búsqueda de financiación para el proyecto, y evitar la -presumiblemente- lenta negociación del acuerdo de licencia con la universidad.
Requisitos
Con todo, la universidad establece una serie de requisitos previos:
La tecnología debe ser propiedad exclusivamente de la universidad. Esto es, excluye resultados en cotitularidad con otras instituciones, lo que no deja de ser lógico.
El solicitante debe ser un empleado de la universidad, ser el fundador de la empresa y ser el inventor de la tecnología. Además, en según que casos la universidad deberá aprobar que el solicitante no tiene ningún conflicto de interés.
La empresa debe contar con un CEO preferiblemente con experiencia empresarial y distinto del inventor/solicitante así como un equipo de gestión con experiencia igualmente en desarrollo y comercialización de tecnología.
El equipo promotor debe presentar un plan de negocio que describa claramente la propuesta de desarrollo y de comercialización de la tecnología objeto de la licencia. Dicho plan de negocio deberá ser aprobado por la oficina de transferencia de la universidad con carácter previo a la firma del acuerdo de licencia.
¿A que ya no parece tan fácil? Me atrevo a decir que una mayoría de spin-offs españolas no cumplen, al menos, un par de estos requisitos, por otra parte más que razonables. Pero ése es otro debate.
Condiciones de la licencia
Si el equipo emprendedor cumple todos los requisitos previos, puede ejecutar straightforward el acuerdo de licencia. Así pues, ¿cuáles son los términos que establece el acuerdo? Veamos:
Licencia exclusiva con derecho a sublicencias.
Los gastos de patentes hasta la fecha de la licencia corren por cuenta de la universidad (esto es, la empresa no debe pagar nada en ese momento). Las gastos futuros, como es de esperar, sí corren a cuenta de la empresa.
No se establece ningún tipo de pago fijo, ya sea inicial, anual o en base a hitos o milestones.
Sí se establecen hitos de desarrollo y/o financieros que la empresa debe alcanzar, para demostrar que está cumpliendo lo establecido en el plan de empresa previamente aprobado por la universidad, o al menos haciendo el esfuerzo de cumplirlo.
La universidad no recibe ningún tipo de participación en la sociedad o equity.
Porcentaje fijo de royalties de un 2% sobre las ventas netas de cualquier producto desarrollado a partir de la tecnología.
No se establece ningún pago mínimo anual de royalties (en otras palabras, si la empresa no vende, no paga).
Porcentaje decreciente de royalties por sublicencia del 15% al 5% a lo largo de 5 años.
Tasa de éxito de un 0,95% en caso de exit o venta de la empresa.
La normativa establece claramente que estos términos no son negociables. Bueno sí, son negociables, pero entonces ya no aplicaría la licencia exprés y los plazos de negociación y formalización serían bastante más largos.
El acuerdo tiene desde luego más tela, y algo de letra pequeña, pero en todo caso son unos términos bastante favorables para una empresa de nueva creación, y aceptables también para eventuales inversores en rondas pre-seed o seed.
Conclusión
En mi opinión se trata de una iniciativa inteligente, y que hasta dónde sé no se ha puesto en marcha ninguna universidad española (¡corregidme si me equivoco, por favor!). Por supuesto, habrá que ver qué resultados da, pero el planteamiento me parece acertado y me ha parecido interesante compartirlo en el blog.
La experiencia demuestra que, en definitiva, bastante difícil es el emprendimiento de base tecnológica como para complicar más el proceso con negociaciones (acuerdos de licencia, pactos de socios, etc.) que además en ocasiones se hacen sobre supuestos tecnológicos y comerciales muy inciertos.
El esfuerzo del equipo emprendedor se tiene que centrar en desarrollar la tecnología, obtener financiación para ello y lograr comercializar los productos o servicios resultantes.
No obstante, más que en los términos del acuerdo de licencia, vale la pena fijarse en algunas de las condiciones establecidas con carácter previo: en particular, la recomendación/requisito de contar con un CEO y/o un equipo de gestión profesional en la empresa, con experiencia previa, y diferenciado del emprendedor investigador.
De hecho, una de las mayores carencias de las empresas de base tecnológica y, en general, del ecosistema de innovación en España, es la falta de profesionales con experiencia en la gestión y dirección de este tipo de empresas.
Otros aspectos destacables son el seguimiento del plan de empresa por parte de la universidad y la garantía, al menos inicial, de que no existen conflictos de interés.
¿Conoces alguna iniciativa similar en las universidades o centros de investigación españoles?
¿Qué te parecen -ya seas emprendedor, gestor o inversor- los términos del acuerdo de licencia? ¿Qué cambiarías?
Y sobre todo, ¿crees que esta iniciativa obtendrá los resultados esperados?
Con frecuencia se dice que la transferencia del conocimiento es un caso particular de fallo de mercado o market failure. Es decir, aquella situación en la que el suministro de bienes y servicios en un mercado no es eficiente.
Las causas de este fallo de mercado son, sin duda, múltiples y requieren un estudio en profundidad: la falta de maduración de la tecnología generada por universidades y centros de investigación, la asimetría de información disponible o la falta de mecanismos que pongan en contacto la oferta y la demanda de tecnología, entre otras.
En los casos de mercados fallidos en los que, no obstante, existe un interés social por que funcionen adecuadamente es habitual que las administraciones públicas lleven a cabo políticas para corregir la situación. En lo que al mercado de transferencia de tecnología respecta, es fácil dar con ejemplos de políticas en este sentido en el ámbito regional o autonómico, nacional o incluso internacional, como las implementadas por la Comisión Europea.
RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación, organizó el pasado 31 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia un más que interesante encuentro sobre este tema y, en particular, sobre las políticas autonómicas en transferencia del conocimiento, motivado por las próximas convocatorias electorales.
El encuentro contaba además con el aliciente de la participación de representantes de los partidos políticos: Zulima Pérez del PSPV, Juan Carlos Pérez de Podemos y Joaquín Ríos del PP.
¿Qué se debe financiar?
El primer aspecto tratado en la jornada fue qué tipo de actuaciones deberían financiar las políticas de transferencia o innovación. Se realizó una votación entre todos los asistentes y se determinó que el esfuerzo debía destinarse a financiar, de mayor a menor prioridad:
Proyectos, entendiendo como tales aquellos de prueba de concepto, desarrollo tecnológico o prototipado.
Capacidades, entendiendo como tales los recursos humanos y servicios necesarios para la protección, comercialización y transferencia del conocimiento, entre otros.
Infraestructuras, entendiendo como tales los parques científico-empresariales o las incubadoras.
La diferencia entre proyectos y capacidades no fue significativa, y la mayor parte de los participantes acordaron que de manera general no era necesaria una gran financiación destinada a nuevas infraestructuras.
¿Qué errores se han cometido?
Mediante una dinámica basada en Metaplan se preguntó a los asistentes sobre cuáles son los errores qué se han venido cometiendo en los últimos años en las políticas de transferencia e innovación. La mayoría de los asistentes, no obstante, hicimos extensiva la respuesta a las políticas de I+D.
Surgieron, obviamente, muchas y muy variadas respuestas, aunque hubo consenso en torno algunos puntos, no necesariamente en orden de prioridad:
Falta de estabilidad en la financiación destinada a I+D e innovación, y la aplicación de recortes indiscriminados en determinadas partidas.
Inversión, en ocasiones excesiva, en infraestructuras sin valorar su sostenibilidad y, comparativamente, falta de financiación para recursos humanos y proyectos que hagan uso de las mismas.
Falta de interés y de incentivos en el ámbito universitario o académico por la transferencia de resultados de la investigación y su impacto económico.
¿Qué medidas se deberían tomar?
De nuevo las respuestas fueron múltiples, y las medidas propuestas estuvieron en general alineadas con el análisis de los errores cometidos e identificados anteriormente. Me parecieron especialmente significativas las siguientes:
Asegurar una financiación estable para las políticas y actividades de I+D e innovación, además de priorizar aquellos proyectos y actuaciones de mayor impacto. ¿Se acabó el café para todos?
Incrementar el nivel tecnológico y de innovación de las empresas, y por tanto su capacidad de integrar nuevas tecnologías y resultados de investigación en sus procesos, productos y servicios. De especial interés si consideramos que el tejido industrial y empresarial valenciano carece de cierta “tradición” innovadora.
Profesionalizar la gestión de la investigación y la innovación en la administración y promover la presencia de perfiles técnicos especializados que desarrollen políticas coherentes a lo largo del tiempo y que aprendan y mejoren a partir de las desarrolladas en el pasado.
Articular un ecosistema de innovación y propiciar, desde la administración, la interacción entre los distintos actores del mismo y el posicionamiento nacional e internacional de la Comunidad Valenciana en materia de innovación.
Debate y conclusiones
En primer lugar, quiero reconocer el mérito y, por qué no decirlo, la valentía de los organizadores y también de los participantes al abordar un tema tan sensible como éste en vísperas de una cita electoral. Sin lugar a dudas, la autocrítica y el debate constructivo son el camino para evitar los errores pasados, así como involucrar a todos los agentes participantes en la transferencia e innovación tecnológica.
Fue especialmente interesante que los representantes de los partidos políticos tomaran parte en la generación de ideas, si bien monopolizaron buena parte del debate que siguió. Algo esperable, si tenemos en cuenta la expectación que generaba su presencia y que, para muchos de los asistentes, era una excelente ocasión de escuchar sus propuestas y puntos de vista:
Por parte del PSPV se incidió en la necesidad de cambiar el modelo productivo, algo que aparece recogido explícitamente en su programa, de aumentar la financiación destinada a I+D e innovación y de poner en marcha diferentes medidas de carácter estratégico, entre las que destaca la creación de la Agencia Valenciana de Innovación.
El representante de Podemos apostó igualmente por aumentar la financiación destinada a I+D e innovación, así como por que la definición de las políticas de I+D e innovación se realice en base a criterios fundamentalmente técnicos y no políticos, por fomentar el diálogo entre los distintos agentes y la participación de la sociedad en su conjunto.
El representante del PP procuró lógicamente justificar y poner en valor las políticas llevadas a cabo a pesar de la complicada situación económica así como defender la posición de la Comunidad Valenciana en I+D e innovación, cuarta en el contexto nacional.
En mi opinión, la percepción de que buena parte de las políticas llevadas a cabo o han fallado o no han dado los resultados esperados, así como de “desventaja” en relación a otras comunidades autónomas, requiere de un análisis en profundidad de nuestra situación y de un análisis comparativo con casos de éxito de otras autonomías o regiones.
Hay que aprender tanto de la experiencia propia, de lo que ha funcionado y de lo que no, como de la experiencia de terceros. Así, podemos encontrar buenos ejemplos en Cataluña, País Vasco, Andalucía o incluso Galicia, que independientemente del color político de su gobierno están desarrollando políticas coherentes y contribuyendo a reforzar y modernizar sus sectores industriales y su capacidad para generar riqueza y empleo.
Sin duda la política de innovación -cuando no la de I+D, aunque esto sería objeto de otro debate- no puede estar desligada de la política industrial, y las comunidades autónomas deben realizar apuestas claras en aquellos sectores con mayor potencial.
Existe además una urgencia compartida por aprovechar la oportunidad que supone la innovación para reconducir la situación económica, como pudimos comprobar en la reciente jornada sobre ecosistemas de innovación.
En todo caso, es una muy buena noticia comprobar que las políticas de I+D e innovación tienen cada vez mayor espacio en el debate político, que abro también aquí en el blog:
¿Hasta qué punto deben y pueden incidir las comunidades autónomas en la transferencia del conocimiento?
¿Cuáles son, en tu opinión, los errores cometidos en el pasado reciente? ¿Qué medidas debemos tomar?
¿Existen modelos a seguir, en España o en otros países, que sean aplicables en tu comunidad autónoma o en tu región?
ACTUALIZACIÓN (1 de junio de 2015): En el próximo Encuentro RedTransfer, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en Sevilla, se tratarán las políticas de investigación e innovación desde diferentes perspectivas, y se contará igualmente con la participación de partidos políticos que presentarán sus propuestas. Don’t miss!
