Si me permitís la expresión, en numerosas ocasiones, licenciar una patente o resultado de investigación es algo así como vender un coche sin ruedas y cuyo motor no hemos probado a arrancar.
Es improbable que un eventual comprador-licenciatario quiera hacer semejante acto de fe, por lo que es esencial “madurar” estos resultados de investigación o tecnologías a fin de minimizar los riesgos tecnológicos y comerciales inherentes a los mismos. O, cuanto menos, conocer estos riesgos de tal modo que se puedan gestionar adecuadamente.
Dicha “maduración” pasa inevitablemente por continuar el desarrollo tecnológico de dichos resultados más allá de los proyectos o líneas de investigación que los originaron. Por ejemplo, mediante la realización de ensayos complementarios o pruebas de concepto que permitan asegurar, en la medida de lo posible, su viabilidad. Siguiendo con el símil anterior, ponerle unas ruedas al coche y probar a dar una vuelta a la manzana.
El primer problema que se plantea es cómo financiar estas pruebas de concepto.
Las convocatorias que habitualmente financian la realización de proyectos de investigación por parte de universidades y organismos públicos rara vez permiten cubrir el coste de desarrollos más aplicados. Aún en el caso de que esto fuera posible, hacerlo reduciría la financiación disponible para la investigación de carácter académico, sobre cuyos resultados se evalúa fundamentalmente la productividad científica de los investigadores. Por su parte, las líneas de financiación destinadas a proyectos de desarrollos tecnológicos suelen consistir en préstamos blandos y requieren de la participación de al menos una empresa dispuesta a asumir el riesgo financiero de dicho proyecto. Estamos, pues, como al principio.
Conscientes de esta limitación, muchas universidades han puesto en marcha sus propios programas internos para financiar el desarrollo de sus resultados de investigación. En el ámbito europeo, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), en el marco de sus programas de Ciencia Excelente, ha puesto en marcha la convocatoria ERC Proof of Concept, que financia este tipo de actividades pero sólo para quienes hayan sido beneficiarios anteriormente de alguna de sus (extremedamente competitivas) ayudas.
El dinero no lo es todo
Sin embargo, no basta con tener financiación. Es imprescindible además elaborar un proyecto de desarrollo tecnológico y validación adecuado para cada resultado de investigación, en función de su grado de madurez, de la tecnología que emplea y del mercado o aplicación a la que se dirige, entre otros. Los investigadores académicos -e incluso las oficinas de gestión y transferencia de tecnología- desconocen con frecuencia estos aspectos y se corre por tanto el riesgo de acabar malgastando el dinero o, en el mejor de los casos, financiando encubiertamente la continuación del proyecto que dio lugar al resultado de investigación.
Como apuntábamos la semana pasada, una posible estrategia pasaría por movilizar fondos públicos y/o privados que inviertan con conocimiento tecnológico y de mercado en las tecnologías más prometedoras a fin de llevar a cabo estos desarrollos y pruebas de concepto.
Uno de los pioneros en España en este sentido fue el programa Mind the Gap, de la Fundación Botín, cuyo objetivo es precisamente cubrir el vacío o gap que separa la ciencia de la empresa, de tal modo que las tecnologías con potencial comercial lleguen al mercado. Mind the Gap está, en principio, limitado a proyectos en biomedicina, biotecnología o bioingeniería y aporta recursos tanto económicos (hasta 250.000 euros) como de gestión. Para ello se crea una empresa participada por la propia Fundación Botín y, según cada caso, por los investigadores, la institución que los acoge y/o terceros implicados en el proyecto. Una de las empresas más conocidas fruto de este programa es Life Length, que ofrece servicios de diagnóstico a partir de la tecnología de análisis de telómeros desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por el grupo de María Blasco.
El programa Mind the Gap ha sido muy cauto en la selección de proyectos -no existe una convocatoria pública- y únicamente ha trabajado con un grupo restringido de centros de investigación con los que la Fundación Botín mantiene colaboración. En junio de 2015, la Fundación Botín anunció su intención de escalar el modelo y crear un fondo para atraer capital externo dispuesto a invertir en las empresas biotecnológicas seleccionadas por el programa.
También en 2015, Obra Social ”la Caixa” puso en marcha el programa CaixaImpulse, con el objetivo habitual de promover la creación de empresas en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida y, en concreto, de financiar el desarrollo y transferencia al mercado de resultados de investigación protegibles o protegidos obtenidos por centros de investigación (no patent, no party).
Los parecidos con Mind the Gap son evidentes aunque existen una serie de diferencias a precisar. En el caso de CaixaImpulse, el proceso de presentación y selección de proyectos es público y abierto a todo tipo de entidades de investigación, y la financiación se vincula a una serie de hitos de validación y desarrollo. Podríamos decir que CaixaImpulse es, esencialmente, un programa de acompañamiento y aceleración de empresas pero también de tecnologías, puesto que se contempla la posibilidad de que el proceso no concluya en la creación de una empresa sino en un acuerdo de transferencia. La Caixa se reserva un porcentaje (muy reducido) del capital de la eventual empresa y un porcentaje sobre sus ventas anuales. De hecho, el programa está organizado conjuntamente por Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
¿Hacia una nueva “moda” inversora?
Pero no se vayan todavía, aún hay más. Hace apenas unos días se registraba el fondo de capital riesgo Tech Transfer UPV, gestionado por Clave Mayor y cuyo objetivo es impulsar proyectos de transferencia de tecnología con alto componente innovador y tecnológico vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Su objetivo de inversión es de 6 millones de euros, a repartir en hasta 21 proyectos a lo largo de 3 años y con un máximo de 325.000 euros en cada proyecto. La puesta en marcha del fondo está, además, alineada con la estrategia de fomento del emprendimiento que de un tiempo a esta parte viene desarrollando la UPV.
Incluso las administraciones públicas están siguiendo los pasos de la iniciativa privada. El pasado mes de enero, la gallega Fundación Barrié anunciaba la transferencia de la metodología de su Fondo de Ciencia a la Xunta de Galicia. El Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié, si bien es poco conocido en el resto de España ya que su actividad se limita a Galicia, comparte completamente la filosofía y objetivos del programa Mind the Gap de la Fundación Botín. Dotado inicialmente con más de 5 millones de euros, ha apoyado cinco proyectos con una inversión total cercana a los 3 millones de euros y de los cuales se han generado hasta el momento dos start-ups: Torusware y Nasasbiotech. La metodología a la que se hace referencia consiste en una serie de normas y procedimientos elaborados por la Fundación Barrié, que contó para ello con la colaboración de Isis Innovation, la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford.
¿Y qué va a hacer la Xunta con esta metodología? Pues a través de su Axencia Galega de Innovación (GAIN) va a poner en marcha un fondo autonómico de prueba de concepto con el fin de fomentar la investigación y transferencia al mercado en Galicia. A cambio de inversión realizada, que será de 200.000 euros por proyecto como media, la Xunta recibirá el 30% de todos los beneficios generados. Es un retorno considerable, siempre y cuando la referida metodología dé los resultados esperados, claro.
Todos estos programas e iniciativas responden a un modelo que, en sus distintas variantes, vamos a encontrar cada vez con más frecuencia y que viene motivado por diversos factores. En primer lugar y conditio sine qua non, la percepción de que la innovación tecnológica es una oportunidad de inversión que, con una gestión adecuada, puede ofrecer rentabilidades apetecibles y riesgos controlados. En segundo lugar y haciendo de la necesidad virtud, la urgencia que centros de investigación y universidades tienen de diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el retorno económico obtenido de sus resultados de investigación además de, en el caso particular de las universidades, crear nuevas oportunidades profesionales a sus egresados en el difícil mercado laboral que ha dejado la crisis.
En definitiva, muestran que la relación entre ciencia, inversión y empresa está cambiando, y a mejor. La financiación -ya sea pública o privada- siempre “engrasa” la colaboración y, aunque pueda haber fracasos (que los habrá), si se acompaña de una gestión más profesional y criterios de inversión podemos estar seguros de que su impacto y los beneficios para nuestro sistema de ciencia y tecnología serán mucho mayores.
