En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial (sí, amigos, hay días para todo) sorprende leer un par de noticias que, al menos en apariencia, cuestionan el argumentario habitual a favor del uso de patentes, marcas, diseños y otros derechos como herramientas para fomentar la innovación y la creatividad.
El Instituto Neurológico de Montreal (MNI), de la Universidad de McGill en Canadá, anunció el pasado mes de enero su decisión de adoptar radicalmente los principios y prácticas de la ciencia abierta (open science) para “acelerar” su investigación científica. ¿Qué implica esta decisión? Para empezar, que todos los resultados y datos que obtengan estarán disponibles libremente, junto a sus publicaciones científicas. Pero lo más sorprendente es que el instituto no solicitará patente alguna sobre sus descubrimientos. Guy Rouleau, director del instituto canadiense, reconoce que “es un experimento, nadie ha hecho esto nunca”.
Hechos y cifras del Montreal Neurological Institute and Hospital. Fuente: MNI
De ciencia abierta y de apertura se está hablando mucho, quizá demasiado, desde hace ya un tiempo. Para los que no estén familiarizados con el término, la ciencia abierta se puede definir cómo el conjunto de prácticas que hacen que todo el proceso de investigación científica sea completamente accesible y transparente, y comprende conceptos como datos abiertos (open data), acceso abierto (open access) o código abierto (open source), entre muchos otros. La apertura se ha convertido en la nueva moda en política científica y, como suele pasar con las modas, alcanza su paroxismo cuando los políticos la integran en sus discursos, como el pronunciado por el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, el pasado mes de junio.
En el caso del MNI, no parece que la decisión se haya tomado a la ligera o como respuesta a esta moda. Se produce tras un año de consultas y debates entre todos los miembros de instituto, que en su mayoría apoyan la nueva política. Hay quien lo considera incluso “un imperativo moral”. Con todo, la participación en la iniciativa es voluntaria y, en materia de propiedad industrial, da la opción a los investigadores de solicitar patentes sobre sus resultados de investigación, a título particular. Rouleau reconoce que esta política conlleva renunciar a ingresos por licencias en un futuro, pero también argumenta que la investigación que desarrollan es muy básica y que el retorno obtenido hasta ahora ha sido limitado. La misión del MNI es “acelerar la ciencia, no hacer dinero”, sentencia Rouleau. Ahí queda eso.
Según Eric Low, CEO de Myeloma UK, no sólo se trata de obtener mejores resultados de su investigación, sino también hacerlo “más rápido y de una manera más eficiente”. ¿Ralentizan las patentes la investigación científica? “Entendemos que una manera de lograrlo es compartiendo abiertamente los descubrimientos en fases tempranas (…) compartiendo nuestros datos y nuestras herramientas podemos aprender más sobre las enfermedades y, juntos, acelerar el progreso hacia tratamientos más efectivos” explica Low. El acuerdo entre Myeloma UK y el SGC es el primero de estas características en Europa, y destaca aún más si consideramos que el SGC es un partenariado público-privado que reúne a multinacionales farmacéuticas como Novartis, Pfizer o Janssen, entre otras.
Conclusión y reflexión
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está cambiando realmente la manera es que se hace ciencia, tal y como insinúa Moedas? ¿Las empresas farmacéuticas se han convertido de repente en organizaciones sin ánimo de lucro?
Con seguridad, ni una cosa ni la otra.
La ciencia abierta es un movimiento muy heterogéneo en sus manifestaciones y también en sus causas. La decisión del MNI viene motivada, en primer lugar, por una reflexión sobre qué estrategia es la más adecuada para realizar su misión como institución científica. El retorno que universidades y centros de investigación obtienen de sus derechos de propiedad industrial es con frecuencia escaso y, bajo este punto de vista, cobra sentido la opción de renunciar a los mismos y facilitar la reutilización por terceros del conocimiento generado, en línea con lo que preconiza el movimiento de la ciencia abierta. En contraposición, se suele argumentar que los resultados de investigación que no están protegidos adecuadamente carecen de interés para las empresas y, por lo tanto, nunca llegan a convertirse en innovaciones que beneficien a la sociedad. Sin embargo, en el caso particular de la investigación en biomedicina y biotecnología, existe un debate abierto -y no resuelto- sobre hasta qué punto el conocimiento y los resultados científicos deben ser objeto de privatización y comercialización bajo la forma de derechos de propiedad industrial.
Por su parte, es cada vez más habitual que la investigación farmacéutica se desarrolle bajo la forma de partenariados público-privados en los que los participantes ponen a disposición sus derechos de propiedad industrial o incluso renuncian a los mismos. En un contexto de elevado riesgo y coste como es el necesario para el desarrollo de nuevos fármacos, la propiedad industrial deja de emplearse para bloquear a posibles competidores y se convierte en una herramienta que permite atraer a colaboradores dispuestos a compartir dichos riesgos y costes. No obstante, como señalan los investigadores Javier Lezaun y Catherine M. Montgomery en un reciente trabajo, esto se da sólo en la medida en la que los resultados últimos de esta colaboración sean susceptibles de protección en el futuro. Es por ello que este tipo de iniciativas y consorcios se suelen limitar a fases más o menos tempranas de la investigación, como es el caso de la colaboración entre Myeloma UK y SGC, o el MNI.
¿Te parece acertada la política de no solicitar patentes, como norma general? En su caso, ¿qué motivos aconsejarían adoptar esta decisión?
¿Crees que es una tendencia que se extenderá en el futuro a otros organismos de investigación, universidades o proyectos?
La mención de la semana va para el blog de la OEPM en Madri+d que, con motivo del día del libro, hace una exquisita reseña del libro “Les souffrances de l’inventeur” de Balzac. La obra da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta un inventor para proteger un nuevo procedimiento de fabricación de papel en la Francia de principios del siglo XIX. Es fascinante comprobar como estas dificultades no han cambiado apenas en cerca de 200 años.
Mª José Romero se pregunta si las ayudas a la I+D+i responden a las necesidades de los investigadores españoles. Cuestión peliaguda y que admite diferentes respuestas según la interpretación que hagamos de estas “necesidades”. Determinadas líneas de financiación públicas son una pesadilla administrativa, no cabe duda. Otras muchas son claramente mejorables. Sin embargo, no hay que olvidar que las ayudas a la I+D+i son un instrumento de la política científica nacional y no sólo deben responder a las necesidades de los investigadores, así, a título particular. El artículo de Mª José recoge prácticamente todas las peticiones, cartas abiertas, conclusiones e informes que han surgido de la comunidad científica en los últimos años, reclamando un marco estable y suficiente de financiación de la ciencia en España.
Silvia Alonso, profesora de la Universidad Europea de Canarias, se pregunta en su blog qué conocimientos científicos esperamos de nuestros políticos. Todo ello a cuento de la respuesta que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a un periodista que bromeó sobre la computación cuántica durante la visita a instituto de física teórica. Ni corto ni perezoso, el primer ministro se lució y dio al periodista una lección 101 sobre la diferencia entre un ordenador normal y uno cuántico. Vale que Trudeau es una rara avis, pero la anécdota nos permite reflexionar sobre la importancia de la ciencia en el debate político y cómo ésta depende en buena medida del grado de conocimiento científico de nuestros representantes y, en última instancia, de la sociedad.
Y como en este blog somos un poco fenicios y nos gusta (mucho) hablar de vender, concluimos con las 10 acciones que hay que llevar a cabo en toda actividad de venta, según nos explica Íñigo Irizar en su blog: escuchar, comprender, servir, hacer, hacer hacer, cuidar la relación, escribir, comunicar, conversar y concretar. Por este orden. ¡Y perfectamente aplicables a la transferencia de tecnología!
Decíamos con motivo del debate organizado por la Fundación Cotec el pasado mes de noviembre que era la primera vez que la ciencia había entrado en una campaña electoral, aunque fuera tímidamente. Hace apenas unas horas que se ha hecho público el primer acuerdo fruto de los resultados electorales del pasado 20-D -entre el PSOE y Ciudadanos- y merece la pena analizar brevemente cómo ha quedado reflejado en el mismo el cacareado compromiso político con la ciencia y la innovación.
Innovación
Sorprende positivamente que el primer epígrafe del acuerdo esté dedicado íntegramente a la innovación tecnológica, dentro del bloque dedicado a la política económica. No en vano uno de los ejes del acuerdo entre ambos partidos es el cambio hacia “un modelo de crecimiento” que debe estar basado “en la innovación y la mejora de la productividad”, el cual se acompaña de las siguientes propuestas en materia de innovación:
Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.
Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.
Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.
Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.
Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.
La política económica recoge también la elaboración de una “Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como la tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o la reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada”, y prevé “reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES (…) con énfasis especial en la innovación”. Del mismo modo, la política fiscal debería incentivar “la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación”.
Ciencia
Por otra parte, enmarcado junto a las políticas de educación y cultura, el documento recoge el pacto por la ciencia que viene demandando desde hace tiempo la comunidad científica, consistente en “promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.”
Junto a este pacto, o quizá como consecuencia del mismo, se deslizan las siguientes actuaciones, bastante heterogéneas:
Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.
Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB y defender en las instituciones europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.
Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Reformar el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
Por último, dentro del epígrafe dedicado a las universidades, se reconoce a éstas como “parte esencial del sistema del conocimiento” y se explicita “la valorización y la transferencia del conocimiento” como una función social de las mismas. Además, se hace mención al Sistema Nacional de Salud como motor de la investigación e innovación.
Conclusión
En las 66 páginas del acuerdo el término “ciencia” aparece en 10 ocasiones e “innovación” en 9. Sin embargo se habla más de innovación que de ciencia. Esto resulta coherente con la prioridad de cambiar el modelo económico así como con los planteamientos -fundamentalmente economicistas- recogidos por Ciudadanos en su programa. Si bien es un enfoque que se puede tildar de cortoplacista, que la innovación ocupe la primera página del acuerdo y que se cite explícitamente la transferencia de tecnología es, en mi opinión, motivo para felicitarse.
En lo que se refiere a ciencia, el contenido del acuerdo resulta más vago. Más allá del pacto por la ciencia y las declaraciones de intenciones, la principal (y casi única) propuesta concreta es el plan de incorporación y consolidación del personal investigador. La precariedad laboral es, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, en particular tras los recortes indiscriminados sufridos en los últimos años. Bien está que se reconozca la urgencia de actuar sobre la misma.
Queda pendiente, en mi opinión, engranar mejor la ciencia y la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, lo que se refleja en la dicotomía entre la agencia de investigación y la de innovación. Y se pasa por alto la necesidad de especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto científico y/o industrial.
Hasta qué punto se hará realidad este acuerdo es algo sujeto al juego político. Lo que sí parece claro es que los partidos, independientemente de su color, han integrado por fin la ciencia y la innovación en su discurso.
No es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte, la política en España está condicionada por el sinfín de escándalos de corrupción que ha salido a la luz en los últimos años. En el momento actual, en el que la ciencia y la innovación han logrado colarse en el debate político, cabría preguntarse si los efectos de la corrupción se dejan sentir también en nuestro sistema de ciencia y tecnología y, en su caso, cómo afectan a la capacidad de innovación de nuestro país.
La revista Nature publicó el pasado mes de febrero de 2015 un breve artículo de la profesora Alina Mungio-Pippidi, de la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania), quien reflexionaba sobre la relación entre innovación y corrupción y sugería -en base a datos empíricos- que si sabemos cuán corrupto es un país, podemos predecir con bastante certeza cuál es su nivel de innovación.
De hecho, la capacidad de innovación del sector privado de un determinado país estaría correlacionada con el control que éste ejerce sobre la corrupción tanto como con la calidad de sus instituciones científicas o con el gasto nacional en I+D. El artículo define la corrupción como el abuso cometido por parte de una autoridad pública en base a intereses privados, el cual resulta en una adjudicación no imparcial de recursos públicos. El control de la corrupción sería, pues, la capacidad de una sociedad de limitar dicho comportamiento por parte de sus autoridades públicas, y es uno de los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial en su proyecto Worldwide Governance Indicators.
Los siguientes gráficos de dispersión representan la posición de diferentes países europeos en función de su capacidad de control de la corrupción (sobre una escala de o a 10) y de diferentes indicadores relacionados con la investigación y la innovación, como son el porcentaje del PIB dedicado a I+D, su índice mundial de innovación y su índice de fuga de cerebros:
Fuente: Nature 518, 295–297 (19 de febrero de 2015).
España se sitúa en una posición intermedia, con un índice de control de la corrupción que apenas supera el aprobado, bastante por detrás del grupo de cabeza integrado principalmente por los países nórdicos y anglosajones, Alemania, Holanda y Austria. La línea de tendencia es clara en todos los casos y ofrece un intervalo de confianza en torno al 0,85-0,9. Puesto que los indicadores corresponden a 2009 y 2010, es probable que la situación de España haya empeorado desde entonces.
Es bien sabido que correlación no implica necesariamente causalidad. Para explicar estos datos, Mungio-Pippidi desarrolla en primer lugar la hipótesis de que los países que ejercen un mayor control sobre la corrupción son también aquellos cuyos ciudadanos creen que el mérito es el criterio determinante en la toma de decisiones por encima del favoritismo y las relaciones personales, en particular en el sector público. Estas sociedades meritocráticas serían más eficaces a la hora de retener y atraer el talento y de fomentar su desarrollo y, en definitiva, capaces de crear mayor riqueza a partir de la innovación.
En segundo lugar, la autora afirma que “los gobiernos que compran apoyos políticos no suelen invertir en educación y ciencia, ya que el retorno de éstas se percibe como demasiado general”. En cambio, la inversión en grandes infraestructuras y eventos resulta atractiva “tanto para las empresas contratistas, que quizá en el futuro contribuyan a la campaña electoral del partido en el gobierno, como a los votantes”, que perciben un beneficio directo de la misma.
¿Os resulta familiar? Pues esperad al siguiente párrafo, que prefiero transcribir directamente:
That is why more-corrupt EU states spend more on big projects such as roads and high-speed trains than on health, research, education and development. When — with the best of intentions — Brussels promotes austerity policies, which funds dry up first in corrupt countries? Investment in education and science.
Ay.
Conclusión y debate
Para finalizar, cabe recordar que el efecto de la corrupción en la innovación no se limita a la mayor o menor cantidad de dinero público que, pudiéndose destinar a actividades de investigación e innovación, se emplea para otros fines. También alcanza al buen o mal uso que se hace de los fondos y de los recursos que sí están, en principio, destinados a estas actividades. Prácticas que, entre otras, incluyen la falta de transparencia en la contratación de personal en universidades y centros de investigación, la arbitrariedad en laadjudicación de ayudas para la realización de proyectos de I+D, o los conflictos de interés que, por ejemplo, pueden aparecer en la colaboración entre investigadores e instituciones académicas públicas con el sector privado.
Es relativamente fácil echar la culpa al gobierno de turno, pero no debemos olvidar que una mayor exigencia por parte tanto de la comunidad científica como de las empresas, e incluso de la sociedad civil en su conjunto, es condición indispensable para mejorar la eficiencia y la percepción que tenemos de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es tan fundamental reclamar mayor inversión y recursos en ciencia como procurar su máximo aprovechamiento, y priorizar los méritos académicos y la excelencia tanto científica como empresarial por encima de cualquier otro criterio.
¿Cuál crees que es el impacto de la corrupción en nuestro sistema de ciencia y tecnología? ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad?
¿Crees que la posición relativa de España representada en los gráficos se corresponde con la realidad?
¿Qué medidas serían las adecuadas para corregir o mejorar la situación actual?
NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde a la obra “La corrupción del mundo antes del diluvio” del pintor holandés Cornelis van Haarlem (1562-1638).
Con anterioridad a los años 80 las patentes solicitadas por la universidad española eran testimoniales: la primera solicitud, presentada por la Universidad Autónoma de Madrid, data de 1973 y venía a proteger el procedimiento de fabricación de un LED que emitía luz verde y roja. De un tiempo a esta parte la situación ha cambiado mucho, y para mejor. Actualmente nadie discute que la universidad sea un actor esencial en la investigación e innovación en España. Como muestra, la actividad inventora de las universidades españolas supone cerca de un 20% de todas las patentes nacionales. Sin embargo, periódicamente se aviva el debate de que nuestras universidades y, por extensión, el resto de nuestro sistema de ciencia y tecnología, no son suficientemente capaces de convertir sus resultados de investigación en productos y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía. Las causas de esta situación son múltiples y, aunque en algunos casos matizables, bien conocidas: desde una investigación que en ocasiones no responde a las necesidades de nuestro tejido empresarial o la falta de incentivos a la transferencia de tecnología en las universidades, hasta la escasa participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo y su dificultad para incorporar las innovaciones que obtienen a su vez las universidades y organismos de investigación.
Con todo, una faceta que con frecuencia se pasa por alto es el uso que tanto empresas como universidades hacen de la propiedad industrial, y el papel que ésta juega en la estrategia de innovación nacional. Según datos de la OECD, Alemania y España realizaron en 2013 una inversión en I+D de 96.069 y 17.960 millones de dólares, respectivamente, que se tradujo en la solicitud de 5.465 y 244 patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización. Si analizamos estas cifras en términos relativos, la economía alemana, con una inversión en I+D aproximadamente 5 veces superior a la española, obtuvo un número de solicitudes de patentes triádicas más de 20 veces superior. Siendo la universidad, como hemos visto, uno de los principales generadores de innovación en nuestro país, cabría preguntarse por su gestión de la propiedad industrial la cual, en una mayoría de casos, es fundamentalmente administrativa. Ante un nuevo resultado de investigación susceptible de protección, se realiza un análisis de patentabilidad y, si éste es positivo, se presenta la solicitud de patente ante la OEPM, en la que la universidad se beneficia de una exención en el pago de tasas. Habitualmente se presenta también la solicitud internacional PCT, se realiza una mayor o menor acción comercial (según la universidad) y, llegado el momento de entrada en fases nacionales, si no ha sido posible licenciar la patente, ésta se abandona sin más.
La falta, salvo excepciones, de una mayor gestión estratégica de la propiedad industrial sería una de las causas subyacentes del escaso retorno obtenido por la investigación española. Si bien algunos indicadores, como el número de solicitudes, pueden ser aceptables, la situación actual ha fomentado la cantidad antes que la calidad y la transferencia al mercado. Ejemplo de ello son las patentes “curriculares”, que con frecuencia no representan una innovación real y contribuyen al abultado peso que la universidad tiene en el total de solicitudes de patente nacionales. De hecho, éste es uno de los aspectos en los que incide la nueva Ley de Patentes, al hacer obligatorio el examen previo y limitar la exención de tasas a aquellas patentes que hayan “producido una explotación económica real y efectiva”.
Una estrategia de propiedad industrial en investigación debería tener como objetivos priorizar los resultados más prometedores a fin de maximizar su impacto económico y social, así como gestionar los riesgos tecnológicos y de mercado inherentes a invenciones en fases muy temprana. Esto pasaría por una aproximación más “agresiva”, basada en la selección de un portfolio de tecnologías más reducido pero con el compromiso de realizar una mayor inversión en su protección, desarrollo y comercialización. Para cada tecnología o resultado de investigación se debería elaborar una hoja de ruta de desarrollo tecnológico y comercial -desde la clásica licencia a la creación de start-ups o incluso la explotación directa- e identificar los socios adecuados para llevarla a cabo, ya sean empresas industriales, inversores, otros centros de I+D, intermediarios o clientes. En una segunda fase, sería necesario además movilizar recursos -públicos o, mejor, privados- para madurar estas tecnologías y realizar pruebas de concepto que, además de incrementar su valor, puedan servir para reforzar los derechos de propiedad industrial. Como en toda estrategia, sería imprescindible hacer un seguimiento de la misma en base a indicadores objetivos de coste-riesgo-beneficio y contar, cuando sea oportuno, con un consejo externo especializado.
Finalmente, un planteamiento de estas características requiere del apoyo y compromiso de los órganos de gobierno de la universidad o centro de investigación, y el proceso de toma de decisiones no debería realizarse exclusivamente caso por caso, sino desde un análisis integral que tenga en consideración la estrategia global de la institución.
Por primera vez en la historia política de España la ciencia está entrando en campaña electoral. Se trata de una entrada tímida, que seguramente pasará a segundo plano en las próximas semanas, conforme se aproxime la fecha de las elecciones, pero que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre sociedad, ciencia y política en nuestro país y que deberíamos aprovechar.
Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, la Fundación Cotec reunión el pasado martes 3 de noviembre a representantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD, IU) quienes presentaron y debatieron sus propuestas en materia de ciencia, innovación y universidades.
Que los políticos se interesen por estos temas ya es un logro, pero es que además el #DebateCotec ha tenido una repercusión inédita en los principales medios impresos y digitales, ha sido trending topic en twitter y ha generado a su vez toda una sucesión de análisis y opiniones que han amplificado y enriquecido el debate original. Si os lo perdisteis os invito a leer el artículo previo y el resumen elaborados por Nuño Domínguez en El País, que creo recogen muy bien el espíritu y los resultados del mismo, o la crónica de Ángela Bernardo para Hipertextual.
Personalmente, eché en falta más análisis, mejor comprensión de los problemas a los que enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología y, sobre todo, una visión de cuál es el rol que la ciencia y la innovación deben jugar en la sociedad, en la economía y en el futuro del España. El diario El Español realizó una buena síntesis de las ideas de cada partido, por lo que no me entretendré demasiado en ellas:
Mucho aumento de presupuesto, en algunos casos hasta cifras cercanas al 3% del PIB que, sinceramente, son difíciles de creer, y becas a granel para estudios universitarios. Nada que objetar, ni mucho menos, pero a estas alturas deberíamos haber aprendido que el cómo es tan importante como el cuánto. En este sentido, quizá las propuestas más claras sean las de Ciudadanos, que priorizan la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, vinculan la financiación a la innovación y denotan, eso sí, una visión bastante economicista -cuando no neoliberal- de la ciencia.
Se habló de la necesidad de alcanzar pactos de estado y de dar estabilidad a las políticas que se adopten. Bien.
Pero apenas se habló de cómo combinar el apoyo a la ciencia básica con la investigación y el desarrollo aplicados, y tampoco de la necesidad de fijar prioridades, especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, ya sea científico o industrial. O de la ineficiencia que supone la multiplicidad de agencias financiadoras.
Reflexiones
Con todo, el debate ha sido sin duda un éxito. El mérito es, en primer lugar, de la Fundación Cotec, por la iniciativa de la organización y el excelente manejo de la comunicación y sus tiempos, antes, durante y después del evento. Pero también lo es, en mi opinión, de todos los que integramos de una manera u otra el sistema de ciencia y tecnología.
Científicos y gestores, universidades, organismos de investigación y empresas están desde hace tiempo protagonizando una reacción, más o menos desorganizada pero creciente, contra los recortes presupuestarios y, sobre todo, contra las erráticas políticas científicas y de innovación. Las declaraciones y manifestaciones reclamando un mayor apoyo y compromiso por parte de las administraciones públicas hacia a la I+D han sido continuas, y se han creado foros de debate bottom-up, como el que organizamos en Valencia sobre los retos de los ecosistemas de innovación. Recientemente, la asociación RedTransfer dio un paso más allá y propició encuentros sobre las políticas autonómicas y estatales en transferencia del conocimiento con representantes de diversos partidos políticos.
El debate organizado por Cotec ha sido, probablemente, el espaldarazo definitivo para que la ciencia y la innovación reciban la atención que requieren y que necesita nuestro país.
La ciencia está entrando en campaña, decíamos. Esperemos que no quede todo en parole, parole.
50 millones de euros. No, no es último bote de los Euromillones sino el monto total del nuevo fondo de inversión en biomedicina que Damià Tormo anunció el pasado martes 27 de octubre durante el último encuentro TEI Bio celebrado en Valencia.
Damià es uno de los científicos emprendedores más reconocidos en la Comunidad Valenciana, cofundador de las empresas BiOncoTech Therapeutics y Artax Biopharma y, desde luego, sabe de lo que habla. Artax cerró recientemente una ronda de inversión por valor de 10 millones de dólares y tiene el potencial para convertirse en la next big thing en el sector biotecnológico español.
Dice Damià que en España “hay una gran oportunidad de invertir en proyectos científicos de gran calidad” y que “se trata de un mercado virgen, España es la China de la I+D”. O lo que es lo mismo, que producimos buena ciencia -en algunos casos, excepcional- a bajo coste. Esta afirmación se viene oyendo desde hace ya unos años, pero en mi opinión sigue sin consolidarse un deal flow suficiente de proyectos. ¿Falla el ecosistema o el mercado? ¿Falla la ciencia o el scouting de los buenos resultados de investigación? 50 millones de euros bien valen una respuesta a estas preguntas.
Financiación es lo que precisamente andan buscando los investigadores de la Universidad de Granada que, hace unos días, anunciaron un nuevo compuesto antitumoral para cáncer de mama, colon y melanoma dirigido a células madre tumorales (cancer stem cells, CSC). Con toda la prudencia que se debe mantener ante este tipo de notas de prensa, sobre el papel el resultado es prometedor: eficacia y baja toxicidad demostrada en modelos animales y facilidad para sintetizarlo a escala industrial.
Para continuar el proyecto, los investigadores cuentan con 125.000 euros del Ministerio de Economía y Competitividad y otros 20.000 euros del sector privado. Si al final va a ser verdad eso de que somos la China de la ciencia. Con todo, no es suficiente, y se ha organizado una campaña en change.org dirigida a Susana Díaz y a Mariano Rajoy (!) para que financien el desarrollo del fármaco. ¡Hasta la tuna ha dado dinero! ¿Qué decíamos antes de la prudencia al tratar estos temas?
Por cierto que al final de la nota de la universidad se desliza que el grupo de investigación lleva 22 años trabajando en este tema. Si sumamos la inversión realizada en contratos de personal investigador, materiales, equipamiento e instalaciones de laboratorio durante todo este tiempo igual resulta que la investigación no es tan barata como dicen… Lo que sí puede ser es que sea barato comprar sus resultados porque no sabemos (o no podemos) venderlos. Lo dejo abierto para el debate.
Quien sí ha levantado financiación ha sido la empresa Mind the Byte, especializada en diseño computacional de fármacos: 234.310 euros. Pipas, en comparación con el fondo de Damià o con rondas de inversión recientes, como las de Minoryx (19 millones de euros) o Sanifit (36,6 millones de euros). Pero hay que tener en cuenta que Mind the Byte es una empresa que ofrece servicios de software y por tanto no incurre en los elevados costes asociados al desarrollo de fármacos. De hecho la inversión captada se va a dedicar fundamentalmente a actividades de expansión e internacionalización.
Lo realmente novedoso del asunto es que la ronda de inversión se ha realizado a través de una plataforma de crowdfunding. Se trata de la ronda de crowdequity más grande que se ha cerrado en el sector biotecnológico español. Enhorabuena a todo el equipo.
Precipita es un sitio web en el que los científicos de centros públicos de investigación solicitan a los ciudadanos pequeñas donaciones para financiar sus proyectos. La idea en sí no es mala.El crowdfunding es una alternativa perfectamente válida para según qué proyectos. Lo que es desafortunado es su implementación. Que sea un organismo público el que monte una plataforma para que los ciudadanos financien proyectos cuando la misma administración ha aplicado unos recortes sin precedentes en los presupuestos dedicados a investigación y desarrollo puede interpretarse como la versión científica del “es triste pedir pero más triste es robar”. En la práctica, sólo los proyectos más sexys o con mayor impacto emocional tiene posibilidades de obtener financiación y, en la mayoría de los casos, el importe conseguido apenas permite costear pequeños trabajos de investigación.
En fin, con esto concluimos un breve repaso a algunas noticias de la semana pasada que abordan diversas facetas de la financiación de la ciencia, no exentas de polémica. Y es que, como reza la copla, “maldito parné“.
¿Estás de acuerdo en que la calidad de la ciencia española es comparable cuanto menos a la de países considerados punteros?
¿Por qué no se consolida la financiación privada de la ciencia?
¿Crees que el mecenazgo o el crowdfunding son opciones válidas? ¿Cómo se podrían fomentar?
Hace apenas unos meses, la propuesta del partido político Ahora Madrid de declarar Madrid “zona libre de transgénicos”incendió los ánimos de la comunidad científica. Medios de comunicación, redes sociales y blogs de investigadores, divulgadores y asociaciones científicas se llenaron de argumentos contra esta idea, calificada en el mejor de los casos de disparatada. El revuelo fue tal que la propia organización política se vio obligada a reaccionar y a convocar un debate público en el que contrastar y matizar su propuesta.
Por el momento la polémica ha quedado aplazada, pero no cabe duda de que volverá: el rechazo de una parte importante de la sociedad a los avances en biotecnología está lejos de ser vencido.
Existe una preocupación creciente entre la comunidad científica por la percepción que la sociedad tiene de determinados campos de investigación, ya sean emergentes como la biotecnología o viejos conocidos como la química o la farmacia. Y es que no es sólo cuestión de imagen. La opinión pública y la presión social influyen, qué duda cabe, en decisiones políticas y administrativas que pueden, si no impedir, sí poner trabas a la investigación científica. O incluso generar problemas de salud pública, como en el caso el movimiento antivacunas.
En este contexto, cabría pues plantearse preguntas de mayor calado e interrogarnos sobre cuáles son las raíces de la imagen que la sociedad tiene de la ciencia o cuál es el papel que juega la ciencia en las sociedades democráticas modernas.
Bernadette Bensaude-Vincent. Fuente: Universitat de València.
En su exposición, Bensaude-Vincent trazó un recorrido por la percepción que la sociedad ha tenido de la química a lo largo de la historia, desde sus orígenes hasta la actualidad, y profundizó en las causas de dicha percepción frente a la de otras ciencias como, por ejemplo, las matemáticas o la física, comparativamente bien vistas.
Pero, ¿por qué la química? ¿Y por qué este calificativo de “impura“?
Naturaleza, naturalismo y pesticidas
Bensaude-Vincent partió en su exposición del trabajo del antropólogo Philippe Descola sobre el dualismo entre naturaleza y cultura y la manera en que las distintas sociedades humanas se relacionan con la naturaleza. De acuerdo con Descola, nuestra sociedad occidental se basaría en una concepción naturalista del mundo, la cual introduce la idea de naturaleza como aquella parte del mundo físico que carece de cultura o de rasgos humanos, y establece por tanto una frontera entre lo natural y lo cultural. La definición que Aristóteles hacía de naturaleza o physis ya distinguía entre los seres naturales (aquellos que existen por sí mismos) y los seres fabricados (aquellos que deben su existencia a una acción exterior).
La química tendría el honor de ser la primera ciencia que, más allá de estudiar la naturaleza, trata de replicarla y permite al hombre crear nuevos elementos (nuevos seres naturales en la concepción aristotélica). La química desdibujaría la frontera que separa lo natural de la obra humana, alteraría el orden natural, y de ahí vendría, en consecuencia, su condición de impura.
Esta característica, según Bensaude-Vincent, estaría detrás del rechazo o, cuanto menos, de la desconfianza histórica hacia la ciencia, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en la representación del alquimista medieval como hereje, capaz de transmutar los elementos y asemejar al hombre a dios.
Sin embargo, la imagen que la sociedad tiene de la química ha variado a lo largo de su historia. Superada la Edad Media y la alquimia, a partir del siglo XVII la química vivió una edad de oro, en el contexto de la Ilustración y la Revolución Industrial, interrumpida por la introducción de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, y prorrogada en parte durante los años 30 y 40 del siglo XX con la generalización del uso del plástico, que permitió reducir el coste de un gran número de objetos de uso cotidiano y, por tanto, democratizar el acceso de la población a los mismos.
El punto de inflexión definitivo fue la publicación en 1962 del libro “Primavera silenciosa” (Silent Spring) de la bióloga y divulgadora estadounidense Rachel Carson, que denunciaba los efectos de los pesticidas en el medio ambiente y culpaba directamente a la industria química de la creciente contaminación.
La divulgadora estadounidense Rachel Carson, autora de Primavera silenciosa.
La multinacional Monsanto trató de replicar con la publicación de una parodia del libro de Carson titulada “The desolate year“, que venía a describir la muerte y la destrucción que se extenderían por Estados Unidos si no se utilizaran los pesticidas, pero tuvo poco éxito. La obra de Carson inspiró todo un movimiento ecologista que condujo a la prohibición del uso del DDT pero, sobre todo, volvió a poner a la química y a su industria en el centro del rechazo social hacia la ciencia.
Y en esa dialéctica seguimos.
En la actualidad, como hemos visto, este rechazo se ha extendido a otros campos como la biotecnología que, al igual que la química, desdibujan las fronteras entre lo natural y lo artificial. La extensión de patentes y otros derechos de propiedad industrial ha hecho de amplificador de este rechazo, pues permitirían “privatizar” esta naturaleza y, aparentemente, limitar el acceso de la sociedad a las ventajas que puede ofrecer el avance científico.
Conclusión y reflexiones
La conclusión de Bensaude-Vincent es que esta crisis de imagen no es, ni mucho menos, circunstancial. La percepción social de la química o de la biotecnología estaría imbricada en nuestros valores culturales y no es algo que vaya a cambiar con una campaña de comunicación o marketing, ni con el denonado esfuerzo de divulgadores y comunicadores científicos.
Por otra parte, despreciar el rechazo hacia la ciencia y considerar esta actitud como obsoleta o irracional es, con toda seguridad, un error. Esta es la estrategia que, en su momento, adoptó Monsanto en relación a Carson y que ha venido empleando la industria y buena parte de la comunidad científica, con pobres resultados.
¿Qué hacer, entonces? Bensaude-Vincent establecía, en primer lugar, la necesidad de comprender los valores culturales que motivan la aceptación o el rechazo público de la ciencia. En segundo lugar, proponía desarrollar una ética de la química y de la biotecnología, para finalmente renegociar sus prioridades a través de un debate participativo y democrático.
De hecho, ésta es una tendencia que poco a poco va introduciéndose en el discurso y en las políticas educativas y científicas. Ejemplo de ello es el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, que contempla la participación pública en la ciencia a través de los programas de trabajo sobre ciencia por y para la sociedad y la investigación e innovación responsables (en inglés, Responsible Research and Innovation, RRI).
En cualquier caso, parece claro que es necesario reflexionar sobre la manera en la que comunicamos y compartimos la ciencia. Sobre todo por parte de quienes trabajamos en campos científicos y sectores de especial sensibilidad, porque no es lo mismo hablar del origen del universo o de la evolución de los dinosaurios que de los transgénicos o del desarrollo de nuevos fármacos.
Algo debemos estar haciendo mal si una parte importante de la sociedad sigue desconfiando de nuestro trabajo. Envolverse en el manto de la ciencia y, seamos sinceros, de cierta superioridad intelectual es tentador, pero es una estrategia de comunicación abocada al fracaso.
Los estudios sociales sobre la ciencia pueden, en este sentido, ser de gran ayuda para comprender las barreras culturales a las que nos enfrentamos y elaborar estrategias de comunicación y de participación ciudadana que nos permitan superarlas.
NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al cuadro “El estudiante de química y farmacia” del pintor austriaco Karl Joseph Litschauer (1830-1871).
La revista Science publicó en 2004 un trabajo del científico coreano Woo-Suk Hwang, en el que él y su grupo anunciaban haber sido capaces de obtener células madre embrionarias humanas mediante clonación. El método de Hwang podía suponer la llave para el tratamiento de numerosas enfermedades degenerativas y, acompañado de las enormes expectativas que en aquel entonces despertaba la medicina regenerativa, el descubrimiento ocupó inmediatamente un lugar destacado en todos los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas.
Sin embargo, el trabajo de Hwang no pasaría a la historia de la ciencia más que como uno de los mayores fraudes científicos recientes.
Finalmente, a principios de 2006, la Universidad Nacional de Seúl anunció que los datos publicados por Hwang eran falsos, e incluso el propio Hwang reconoció el fraude y pidió disculpas públicamente. El científico coreano fue apartado de sus responsabilidades científicas y, en la actualidad, sus artículos publicados en Science constan como retirados. La revista Nature mantiene aún hoy una sección especial sobre el fraude de Hwang en su página web.
El Dr. Hwang dando explicaciones.
Transcurridos casi 10 años podemos felicitarnos de que los mecanismos de control de la comunidad científica funcionaran correctamente, y así dar por cerrado un claro caso de mala praxis científica.
Solo que, sorprendentemente, no estaba tan cerrado como podía parecer.
En febrero de 2014, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) publicaba la concesión de la patente 8,647,872, con título “Human embryonic stem cell line prepared by nuclear transfer of a human somatic cell into an enucleated human oocyte” y entre cuyos inventores se encuentra nuestro conocido Woo-Suk Hwang. La patente describe una línea celular embrionaria humana obtenida mediante clonación, así como el método empleado a tal efecto. Lo que venía a ser el objeto del primero de los artículos publicados por Hwang en Science en 2004.
Las preguntas que se plantean son inmediatas: ¿Se puede patentar algo que la comunidad científica ha determinado que no funciona? ¿Cuál es la utilidad de patentarlo? Y, ¿para qué sirven las oficinas de patentes si, aparentemente, se cuelan semejantes “inventos”?
Examinador a tus patentes
Empezando por la primera pregunta, aunque pueda resultar extraño, las oficinas de patentes no comprueban la veracidad de las reivindicaciones contenidas en las solicitudes de patente. Hay que recordar que la tarea fundamental de los examinadores de las oficinas de patentes -los expertos encargados de tratar las solicitudes de patentes- es evaluar si dichas solicitudes cumplen los consabidos requisitos de patentabilidad:
Novedad: Que la información relativa a la invención no haya estado a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud.
Actividad inventiva: Que la invención no resulte evidente para un especialista medio en la materia.
Aplicación industrial: Que la invención sea susceptible de ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.
Cuando evalúa una patente, el examinador se pone en el lugar de lo que sería un experto con unos conocimientos medios en la materia, lo que en ocasiones le lleva a moverse sobre una línea muy fina.
Por una parte, el examinador debe exigir que la invención esté descrita de manera suficientemente clara y completa para que ese hipotético experto sobre la materia pueda ejecutarla.
Por la otra, en según qué campos científicos, para el examinador puede ser difícil mantenerse informado de todos los avances que se producen y, por tanto, estar en condiciones de juzgar la veracidad o no de la invención. En algunos casos, adoptar una postura excesivamente conservadora podría llegar a limitar el desarrollo de tecnologías disruptivas.
En consecuencia, la concesión de una patente tan sólo implica que el examinador considera que la invención podría funcionar o que, cuanto menos, no encuentra motivo para pensar que no podría funcionar de ningún modo. Es decir, no garantiza que los procedimientos o productos descritos o derivados de la misma hagan lo que dicen hacer.
Con todo, las patentes que son claramente irrealizables sí son rechazadas. Porque incumplen el requisito de poder ser ejecutadas y, en parte, también por falta de aplicación industrial. Un ejemplo de esto es la patente US 2006/0073976 A1, que describe un método de distorsión gravitacional y de desplazamiento temporal… Lo que vendría a ser una máquina del tiempo, invención de Marlin B. Pohlman, un señor de Tulsa, Oklahoma. La solicitud de patente fue tumbada por el examinador (para desgracia de los seguidores del Dr. Who).
Method of gravity distortion and time displacement . Fuente: USPTO
Más allá de la anécdota, las solicitudes de patente pseudocientíficas pueden llegar a suponer un problema. En particular, cuando los medios de comunicación se hacen eco de algunas de estas invenciones y generan unas expectativas infundadas que, al final, terminan por desacreditar el sistema de patentes e incluso la investigación científica en su conjunto.
La USPTO puso en marcha en los años 90 un programa interno denominado SAWS (Sensitive Application Warning System), cuyo objetivo era detectar solicitudes de patentes que pudieran ser controvertidas: desde remedios milagrosos para el SIDA u otras enfermedades hasta fuentes de energía infinita. El programa SAWS no estuvo exento de polémica. Se mantuvo en secreto durante cerca de 20 años y, en la práctica, se trataba de una vía de evaluación de patentes paralela a la oficial. La USPTO lo dio por finalizado en marzo de 2015.
Móviles perpetuos y homeopatía
Los intentos de patentar invenciones cuya base científica es cuestionable son tan antiguos como el propio sistema de patentes. La USPTO mantiene una colección de solicitudes de patente dedicada nada más y nada menos que a máquinas de movimiento perpetuo: artilugios que generan como mínimo la misma energía que consumen, y que violan de paso los principios de la termodinámica.
Con frecuencia el propio inventor está convencido de la validez y de la genialidad de su invento -como seguramente sea el caso del señor Pohlman- y podemos suponer que actúa de buena fe. Sin embargo, en otros casos, la obtención de una patente puede servir para dar cierta credibilidad a negocios dudosos, cuando no fraudulentos.
En el caso de la homeopatía, una sencilla búsqueda en Google Patents arroja un buen número de patentes relacionadas, tanto solicitadas como concedidas y, en algunos casos, muy llamativas.
La compañía francesa Boiron, principal fabricante mundial de homeopatía, solicitó en abril de 2010 una patente relativa a un medicamento homeopático para el tratamiento del cáncer y que se basa en el uso de la fenacetina. La fenacetina era un fármaco antipirético y analgésico ampliamente utilizado hasta su retirada del mercado en 1983 por sus efectos adversos, entre los que destacan un mayor riesgo de sufrir nefropatías así como determinados tipos de cáncer.
Los inventores afirman haber descubierto que “la fenacetina puede ser usada, en una dilución homeopática, para el tratamiento del cáncer en humanos” e inhibir la invasión, crecimiento y desarrollo tumoral. Siempre según la solicitud de patente, la fenacetina diluida en 100^4 veces (4CH en la jerga homeopática) sería capaz de inhibir la expresión de los genes MMP2 y MMP14, implicados en la progresión y metástasis de distintas formas de cáncer.
Pero un momento… ¿No está la comunidad científica harta de repetir, por activa y por pasiva, que la homeopatía carece de base científica? ¿Cómo se atreve Boiron a solicitar la patente de un medicamento homeopático para tratar nada más y nada menos que el cáncer?
Bases pseudocientíficas de la homeopatía.
La solicitud de patente de Boiron enlaza un conocimiento científico aceptado, que la fenacetina incrementa el riesgo de producir cáncer, con una hipótesis científica conocida, que la fenacetina podría inhibir algunos procesos tumorales, e insinúa una causalidad entre ambos: la fenacetina, que en determinadas dosis aumenta el riesgo de padecer cáncer, diluida de acuerdo a los principios de la homeopatía permitiría curarlo. Lo que se conoce como una falacia lógica causal, pero que la empresa utiliza muy hábilmente para dar a la homeopatía una pretendida base científica.
¿Y qué opina la oficina de patentes, en este caso la europea, de todo esto? La Oficina Europea de Patentes (EPO) hace su trabajo, es decir, evalúa si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad vistos anteriormente. Para ello, los examinadores de la EPO buscan en múltiples bases de datos documentos relevantes o relacionados con la solicitud de patente presentada. Posteriormente los analizan y determinan si la solicitud cumple dichos requisitos, en particular los relativos a la novedad y a la actividad inventiva, emitiendo lo que se conoce como opinión escrita.
9. Composition according to at least one of claims 2 to 5, characterized in that the solution is a homoeopathic medicament, preferably Phenacetinum 2CH, 3CH, 4CH and 5CH, preferably Phenacetinum 4CH.
Lo que quiere decir el examinador es que, aunque el posible uso de la fenacetina para tratar el cáncer no es nuevo, no ha encontrado a nadie que se le haya ocurrido diluirla en una solución homeopática (probablemente para no hacer el ridículo ante sus colegas) y, en consecuencia, su uso en esa forma sí sería patentable por Boiron.
La oficina de patentes no dice que funcione ni que se vaya a comercializar -esto último depende de las agencias reguladoras de medicamentos- pero una hipotética concesión de la patente podría dar lugar a titulares más que sensacionalistas: “patentado fármaco homeopático para el tratamiento del cáncer“. En este caso no parece que vaya a ser así, porque Boiron, según figura en el registro de la EPO, habría renunciado a continuar con la tramitación de la patente. No estarían muy convencidos de su invención…
Respondiendo a la pregunta que da título a este artículo, definitivamente sí, la pseudociencia se puede patentar. Los motivos, como hemos visto, pueden ir desde el convencimiento del propio inventor en su invención hasta el interés empresarial.
La pseudociencia, no lo olvidemos, vende, y una buena estrategia de propiedad industrial, como todo en la empresa, está orientada a mantener y aumentar las ventas. La protección mediante patentes puede utilizarse para ganar cierta credibilidad entre un público no informado, pero también para defender una posición en el mercado. Independientemente de que un producto o servicio carezca de base científica, los derechos de propiedad industrial sobre el mismo pueden emplearse para impedir la entrada de competidores.
¿Por qué patentó Hwang su método de obtención de células madre embrionarias? Probablemente porque no tenía otro remedio. Hwang consta como inventor de muchas otras solicitudes de patente, algunas de ellas también concedidas. Aún a sabiendas de que había falseado sus datos, si hubiera renunciado a patentar su revolucionario método de clonación se habría puesto en evidencia o, al menos, habría levantado sospechas.
La pseudociencia va a seguir existiendo, así como las solicitudes de patente sobre invenciones pseudocientíficas o fraudulentas. Su concesión genera desinformación entre los consumidores ydesacredita el trabajo de las oficinas de patentes, por lo que revisar los criterios de evaluación empleados por estas últimas podría limitar, en parte, el problema.
Sin desvirtuar el sistema de patentes que, en definitiva, es tan solo un instrumento. Si bien puede dar cobertura a negocios dudosos, también da transparencia a estas presuntas invenciones. Su publicación nos permite determinar de primera mano si tienen una base científica sólida o si, por el contrario, nos encontramos ante un engaño, en muchos casos deliberado.
¿Cuáles son las consecuencias de la solicitud y concesión de patentes pseudocientíficas?
¿Qué opinas del rol de las oficinas de patentes? ¿Deberían emplear criterios más estrictos de evaluación?
¿Sería necesariointroducir reformas mayores en el sistema de patentes?
NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al estupendo corto de animación “El vendedor de humo“, dirigido por Jaime Maestro.
La biblioteca del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia -en sus inicios Instituto de Investigaciones Citológicas– ofrece un completo recorrido por la investigación y el conocimiento en biomedicina en los últimos 75 años. Sus volúmenes, repartidos en las diferentes salas del centro, comprenden libros y revistas científicas desde la década de 1940 hasta bien entrados los 2000, en los que el soporte electrónico sustituyó ya definitivamente al papel.
Podemos, por ejemplo, encontrar un ejemplar del Annual Review of Biochemistry correspondiente al año 1943, gran cantidad de literatura científica en francés, cuando aún pugnaba con el inglés como lengua de la ciencia, o incluso la revista Laboratorio, fundada en 1946 en Granada y que aparecería mensualmente durante unos cuarenta años, dando cuenta de temas como la inmunología, la hematología, la anatomía patológica o la química clínica.
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Revista Laboratorio. Año 1949.
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Annual Review of Biochemistry vol. 12. 1943.
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Curioseando entre volúmenes antiguos -siempre he sido rata de biblioteca- di casualmente con un ejemplar de la revista Nature que, en su número del 21 de enero de 1972, se hacía eco de un estudio de la OECD –Reviews of National Science Policy, Spain– que analizaba en detalle la política científica española y la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en aquel momento.
Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.
La reseña, de apenas una página de extensión, se titula “Time for a Change in Spain“y se abre con una frase demoledora:
Ever since the Second World War, Spain has been conspicuous among the nations of Western Europe for its backwardness in scientific research and development.
Su lectura permite conocer la visión de un organismo internacional, en principio independiente, sobre la ciencia en España entonces, así como la opinión al respecto de una publicación como Nature.
Dicho informe de la OECD representa un hito en el análisis de la política científica en España y, tal vez, el primer gran esfuerzo por explicar las causas por las que nuestro país había permanecido durante tanto tiempo “remotamente conectado de la comunidad científica”.
Escasez de financiación
La primera de estas causas era, sin duda, la baja inversión en investigación y desarrollo. En 1967 el gasto total en I+D realizado tanto por el estado como por la industria ascendió a 3.873 millones de pesetas, lo que suponía un 0,27% del PIB de aquel año.
La cifra no era en sí mala, sobre todo si se tiene en cuenta que la economía española en los años 60 y sus correspondientes indicadores macroeconómicos eran muy inferiores al de otros países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, cuyo PIB per cápita triplicaba al español. Destaca, además, el hecho de que el estado y la industria contribuían en prácticamente la misma proporción a la inversión en I+D.
Sin embargo, el informe llamaba la atención sobre el desequilibrio en la distribución del presupuesto público en investigación: casi en su totalidad se destinaba a centros públicos de investigación y solamente un 3% a las universidades. Nature se cuestionaba cómo un estado moderno (sic) esperaba mantener un sistema universitario competitivo con un presupuesto de apenas 100 millones de pesetas y reconocía el mérito de las universidades españolas, que habían sido capaces de ganarse una buena reputación por sí mismas, lo que calificaba literalmente de “milagro”.
Agricultura y energía nuclear
Dentro de la parte del gasto en I+D correspondiente al estado, el informe de la OECD criticaba la falta de coherencia entre las prioridades científicas y los sectores estratégicos de la economía española.
A pesar de la importancia del sector primario y sobre todo agrícola en la España de los años 60, sólo se destinaba a investigación agraria un 17,4% del presupuesto, alrededor de 375 millones de pesetas. El presupuesto del Patronato Alonso de Herrera, que agrupaba hasta 24 centros del CSIC dedicados a la investigación en biología vegetal y ciencias agrarias, se redujo en cerca de un 20% entre 1967 y 1969, si bien se incrementó la inversión realizada directamente por el Ministerio de Agricultura.
Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza
En cambio, la investigación en energía nuclear se llevaba en 1967 un 23% del total del presupuesto, un importe sólo justificable a ojos de la OECD si a largo plazo la mayor parte de la electricidad en España se iba a generar mediante centrales nucleares. La generación mediante energía nuclear alcanzo su máximo en 1989, cuando supuso el 37,9% de la generación eléctrica del país, así que la necesidad o conveniencia de aquella inversión queda como objeto de discusión.
Recomendaciones
La OECD expuso las conclusiones del informe a representantes del gobierno español durante el verano de 1970, junto con una serie de recomendaciones:
En materia de política científica, de manera general, se instaba al gobierno español a elegir entre seguir “los patrones del pasado” o introducir cambios radicales en la misma.
Defendía que una mayor inversión en I+D permitiría mejorar la balanza de pagos española, tanto en la agricultura como en la industria.
Reconocía el potencial y los avances en investigación agrícola, con especial mención al centro de investigación del CSIC en Zaragoza, pero constataba que en otros sectores como el industrial los resultados eran “decepcionantes”.
Censuraba duramente el abandono por parte del gobierno de la investigación universitaria, y abogaba por incluir a las universidades en la planificación a largo plazo de la política científica, así como mejorar el status y aumentar la escala de la investigación que realizan.
Y, como primer paso, la OECD recomendaba… doblar el presupuesto estatal dedicado a investigación y desarrollo. ¿A qué esto resulta familiar?
De un tiempo a esta parte
No es la única vez que Nature ha tratado en sus páginas la situación de la ciencia española, su potencial y sus promesas, con frecuencia no cumplidas. En 2008, Nature celebraba que el presupuesto destinado a I+D se hubiera doblado en apenas 4 años y se preguntaba si España podía encontrarse frente a una nueva “edad de plata” científica.
Sorprende cómo algunas de las afirmaciones y recomendaciones que la OECD realizaba sobre el estado de la ciencia española en los años 70 son en gran medida aplicables en la actualidad.
En 2015 sigue siendo necesario argumentar la importancia de invertir en I+D para mejorar la economía y la competitividad de nuestro país, así como reclamar un mayor compromiso y planificación a largo plazo por parte de las administraciones públicas. El sistema de ciencia y tecnología presenta carencias en su articulación, y las prioridades científicas no siempre están alineadas con las particularidades y necesidades de nuestro tejido empresarial.
La propia Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 2013-2020 del Ministerio de Economía y Competitividad identifica algunas debilidades que son perfectamente reconocibles en el análisis de la OECD: la baja intensidad del esfuerzo en I+D en relación al PIB, la baja capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por el sector empresarial o la rigidez de los modelos de gobernanza de universidades y OPIs, entre otros.
Por último, y a la luz de los más de 40 años transcurridos desde entonces, cabe reflexionar sobre si la política científica de un tiempo a esta parte ha sido, en líneas generales, acertada y si los resultados obtenidos se pueden calificar de satisfactorios.
E igualmente, haciendo “política científica ficción”, en qué situación podríamos encontrarnos si las políticas hubieran sido diferentes. Las posibles preguntas y sus respuestas son inabarcables, pero aquí van algunas a vuelapluma:
¿Era acertado invertir en investigación nuclear? ¿O hubiera sido conveniente priorizar otros campos?
¿Se ha logrado consolidar la investigación universitaria como sería deseable?
¿Es aún necesario introducir “cambios radicales” en la política científica? ¿Cuáles?
