¿Cómo ganar dinero con el software libre?

El pasado mes de julio recibí la invitación para impartir una charla sobre software libre en el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) en el marco de su programa de seminarios semanales. Confieso que fue una gozada, tanto por la excelente acogida del equipo del CTTC, y en particular de su Director de Programas de I+D, Carles Antón-Haro, como por reencontrarme después de tantos años en un ambiente “telequil”.

En la charla traté de presentar algunos conceptos básicos sobre software libre (principios, licencias, diferencias entre software libre y código abierto…) así como de introducir los diferentes modelos de negocio que se pueden desarrollar en torno al mismo para, a continuación, bajar a la arena y explorar de qué manera se puede comercializar y/o rentabilizar el software libre que, con frecuencia, se desarrolla en el marco de proyectos de investigación y desarrollo.

Si bien puede resultar obvio, creo que el software es el gran olvidado de muchos proyectos de I+D, a pesar de ser un activo estratégico para la explotación y aplicación efectiva de sus resultados.

Los motivos hay que buscarlos en el desconocimiento de estos mecanismos de explotación, por parte tanto de investigadores como de gestores, de la falta de planificación en el desarrollo del software durante el proyecto y de su escasa “productización”, que dificulta posteriormente el escalado y comercialización con garantías.

Una estrategia institucional de protección y explotación del software debería tener como objetivos:

  • Recuperar los costes de desarrollo y de protección
  • Fomentar la diseminación y adopción de los resultados I+D
  • Maximizar (en su caso) el impacto de la financiación pública

Esta estrategia debería reconocer explícitamente el software como un activo estratégico (disculpad la redundancia) y definir políticas y mecanismos de gobernanza para el software desarrollado en la organización, del mismo modo que se hace para otros tipos de propiedad industrial e intelectual (patentes, artículos científicos, etc.).

Todo desarrollo de software se debe planificar a largo plazo y buscar su sostenibilidad más allá del proyecto o contrato que lo financia. Esto pasa inevitablemente por establecer un modelo de explotación y/o de negocio ya en fases tempranas, bien directamente, bien a través de terceros o spin-offs.

En un plano más operativo, es recomendable como siempre estar en contacto desde el principio con los potenciales usuarios o clientes del software para adecuarlo y anticipar sus necesidades futuras. En el caso del software libre, es fundamental además realizar una auditoría sistemática del código que facilite su posterior industrialización, tanto en términos de calidad del código como legales: compatibilidad con versiones posteriores del proyecto principal, posibles incompatibilidades entre licencias de software libre, (re)utilización de código de terceros, etc.

Para que todo esto tenga éxito es necesario formar equipos multidisciplinares e involucrar en el proceso a desarrolladores, investigadores y gestores, e incluso perfiles legales especializados en nuevas tecnologías.

¿Has tenido experiencia en el desarrollo y comercialización de software libre?

¿Crees que el software libre es una alternativa válida al software privativo? ¿En qué casos aconsejarías su adopción?

¿Por qué los pobres no invierten en I+D?

La (escasa) financiación de la ciencia y, por extensión, de la investigación y desarrollo en España, es un tema que he tratado en varias ocasiones en el blog. Desde aquel informe de la OECD del que se hacía eco Nature en 1972 hasta las diferencias con otros países de nuestro entorno e incluso del impacto de la corrupción en la financiación de la innovación.

(Sí, lo sé, hace más de un año que no actualizo el blog, pero nunca es tarde si la dicha es buena y ya se sabe… ¡año nuevo, vida nueva!)

Hace unos días caía entre mis manos un estudio del Foro Económico Mundial (¡el controvertido Foro de Davos!) sobre porqué los países pobres invierten (¿invertimos?) menos en I+D. Que el gasto en I+D y la riqueza de las naciones (me encanta esta expresión) están íntimamente ligados es algo comúnmente aceptado y no supone ninguna novedad: la innovación, entendida como el proceso de destrucción creativa de Schumpeter, es un ingrediente imprescindible para mejorar la productividad y la competitividad, en particular en la economía global o conectada; y a su vez la innovación requiere, invariablemente, de una mayor o menor inversión y de la movilización de recursos públicos y privados.

El trabajo, firmado por William Maloney y Xavi Cirera, incide en una doble paradoja. Por una parte, los países menos desarrollados son los que deberían obtener un mayor retorno de su inversión en innovación, por reducida que fuera. Por otra parte, y por este mismo motivo, por muy negados que sean los gobernantes de estos países debería saltar a la vista que invertir en innovación es definitivamente rentable. ¿No es así?

Pues no. 

Los países pobres invierten en innovación, proporcionalmente, bastante menos que los ricos, como podemos ver en la Figura 1, que nos muestra la inversión en I+D (en porcentaje del PIB) contra el PIB per cápita.

Pero es que además, cuando invierten tampoco obtienen el retorno esperado en términos de productividad y crecimiento. De hecho, según los autores, este retorno presenta una forma de U invertida: si el eje horizontal de la Figura 2 representa el PIB per cápita normalizado, el retorno de la inversión en innovación efectivamente crece conforme el PIB es menor (¡bingo!) hasta alcanzar un máximo a mitad de eje para bajar luego abruptamente

Inversión en I+D (porcentaje del PIB) vs. PIB per cápita. Fuente: WEF.

 

Retorno de la inversión en I+D vs. PIB per cápita. Fuente: WEF.

¿Qué es lo que está pasando? Probablemente que el retorno de la innovación no depende solo de la inversión realizada, sino también de otros factores: debilidades del tejido industrial, falta de profesionales cualificados, carencias del sistema educativo, dificultad en el acceso al crédito y a mercados internacionales…

La moraleja es que las políticas de innovación deberían diseñarse (e implementarse) teniendo en cuenta todos estos condicionantes externos, y los análisis no deberían limitarse a determinar si el gobierno de turno ha invertido más o menos que el anterior en ciencia e innovación.

¿Cómo sale España en la foto? Como era esperable, bien, siendo una economía moderna y desarrollada. Sería difícil salir mal en una comparativa global, que incluye países en desarrollo y subdesarrollo. Pero también es cierto que otros países de nuestro entorno, como Portugal, obtienen mayor retorno de su inversión en I+D.

Finalmente, me quedo con la intuición de que estos resultados, obtenidos a escala global, probablemente sean extrapolables también a una escala más pequeña, regional e incluso corporativa (¿tiene sentido pedir esfuerzos en I+D a las empresas si no tienen capacidad de absorber sus resultados?). Y también con el convencimiento de que las políticas de ciencia e innovación no pueden ni deben desligarse de las políticas industriales e incluso educativas.

¡Que patenten otros!

En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial (sí, amigos, hay días para todo) sorprende leer un par de noticias que, al menos en apariencia, cuestionan el argumentario habitual a favor del uso de patentes, marcas, diseños y otros derechos como herramientas para fomentar la innovación y la creatividad.

El Instituto Neurológico de Montreal (MNI), de la Universidad de McGill en Canadá, anunció el pasado mes de enero su decisión de adoptar radicalmente los principios y prácticas de la ciencia abierta (open science) para “acelerar” su investigación científica. ¿Qué implica esta decisión? Para empezar, que todos los resultados y datos que obtengan estarán disponibles libremente, junto a sus publicaciones científicas. Pero lo más sorprendente es que el instituto no solicitará patente alguna sobre sus descubrimientos. Guy Rouleau, director del instituto canadiense, reconoce que “es un experimento, nadie ha hecho esto nunca”.

Hechos y cifras del Montreal Neurological Institute and Hospital. Fuente: MNI

De ciencia abierta y de apertura se está hablando mucho, quizá demasiado, desde hace ya un tiempo. Para los que no estén familiarizados con el término, la ciencia abierta se puede definir cómo el conjunto de prácticas que hacen que todo el proceso de investigación científica sea completamente accesible y transparente, y comprende conceptos como  datos abiertos (open data), acceso abierto (open access) o código abierto (open source), entre muchos otros. La apertura se ha convertido en la nueva moda en política científica y, como suele pasar con las modas, alcanza su paroxismo cuando los políticos la integran en sus discursos, como el pronunciado por el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, el pasado mes de junio.

En el caso del MNI, no parece que la decisión se haya tomado a la ligera o como respuesta a esta moda. Se produce tras un año de consultas y debates entre todos los miembros de instituto, que en su mayoría apoyan la nueva política. Hay quien lo considera incluso “un imperativo moral”. Con todo, la participación en la iniciativa es voluntaria y, en materia de propiedad industrial, da la opción a los investigadores de solicitar patentes sobre sus resultados de investigación, a título particular. Rouleau reconoce que esta política conlleva renunciar a ingresos por licencias en un futuro, pero también argumenta que la investigación que desarrollan es muy básica y que el retorno obtenido hasta ahora ha sido limitado. La misión del MNI es “acelerar la ciencia, no hacer dinero”, sentencia Rouleau. Ahí queda eso.

Bajo principios similares, Myeloma UK y el Consorcio de Genómica Estructural (SGC) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de acelerar el descubrimiento de nuevas dianas farmacológicas contra el mieloma y, en última instancia, el desarrollo de nuevos tratamientos para los pacientes de esta enfermedad. SGC y Myeloma UK han acordado no solicitar ninguna patente sobre los resultados de la investigación y poner a disposición de la comunidad científica tanto el conocimiento como los materiales y reactivos que se generen, sin restricción alguna.

Según Eric Low, CEO de Myeloma UK, no sólo se trata de obtener mejores resultados de su investigación, sino también hacerlo “más rápido y de una manera más eficiente”. ¿Ralentizan las patentes la investigación científica? “Entendemos que una manera de lograrlo es compartiendo abiertamente los descubrimientos en fases tempranas (…) compartiendo nuestros datos y nuestras herramientas podemos aprender más sobre las enfermedades y, juntos, acelerar el progreso hacia tratamientos más efectivos” explica Low. El acuerdo entre Myeloma UK y el SGC es el primero de estas características en Europa, y destaca aún más si consideramos que el SGC es un partenariado público-privado que reúne a multinacionales farmacéuticas como Novartis, Pfizer o Janssen, entre otras.

Conclusión y reflexión

¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está cambiando realmente la manera es que se hace ciencia, tal y como insinúa Moedas? ¿Las empresas farmacéuticas se han convertido de repente en organizaciones sin ánimo de lucro?

Con seguridad, ni una cosa ni la otra.

La ciencia abierta es un movimiento muy heterogéneo en sus manifestaciones y también en sus causas. La decisión del MNI viene motivada, en primer lugar, por una reflexión sobre qué estrategia es la más adecuada para realizar su misión como institución científica. El retorno que universidades y centros de investigación obtienen de sus derechos de propiedad industrial es con frecuencia escaso y, bajo este punto de vista, cobra sentido la opción de renunciar a los mismos y facilitar la reutilización por terceros del conocimiento generado, en línea con lo que preconiza el movimiento de la ciencia abierta. En contraposición, se suele argumentar que los resultados de investigación que no están protegidos adecuadamente carecen de interés para las empresas y, por lo tanto, nunca llegan a convertirse en innovaciones que beneficien a la sociedad. Sin embargo, en el caso particular de la investigación en biomedicina y biotecnología, existe un debate abierto -y no resuelto- sobre hasta qué punto el conocimiento y los resultados científicos deben ser objeto de privatización y comercialización bajo la forma de derechos de propiedad industrial.

Por su parte, es cada vez más habitual que la investigación farmacéutica se desarrolle bajo la forma de partenariados público-privados en los que los participantes ponen a disposición sus derechos de propiedad industrial o incluso renuncian a los mismos. En un contexto de elevado riesgo y coste como es el necesario para el desarrollo de nuevos fármacos, la propiedad industrial deja de emplearse para bloquear a posibles competidores y se convierte en una herramienta que permite atraer a colaboradores dispuestos a compartir dichos riesgos y costes. No obstante, como señalan los investigadores Javier Lezaun y Catherine M. Montgomery en un reciente trabajo, esto se da sólo en la medida en la que los resultados últimos de esta colaboración sean susceptibles de protección en el futuro. Es por ello que este tipo de iniciativas y consorcios se suelen limitar a fases más o menos tempranas de la investigación, como es el caso de la colaboración entre Myeloma UK y SGC, o el MNI.

¿Te parece acertada la política de no solicitar patentes, como norma general? En su caso, ¿qué motivos aconsejarían adoptar esta decisión?

¿Crees que es una tendencia que se extenderá en el futuro a otros organismos de investigación, universidades o proyectos?

Para investigar, inventar y vender… ¿hay que sufrir?

La mención de la semana va para el blog de la OEPM en Madri+d que, con motivo del día del libro, hace una exquisita reseña del libro “Les souffrances de l’inventeur” de Balzac. La obra da cuenta de las dificultades a las que se enfrenta un inventor para proteger un nuevo procedimiento de fabricación de papel en la Francia de principios del siglo XIX. Es fascinante comprobar como estas dificultades no han cambiado apenas en cerca de 200 años.

Mª José Romero se pregunta si las ayudas a la I+D+i responden a las necesidades de los investigadores españoles. Cuestión peliaguda y que admite diferentes respuestas según la interpretación que hagamos de estas “necesidades”. Determinadas líneas de financiación públicas son una pesadilla administrativa, no cabe duda. Otras muchas son claramente mejorables. Sin embargo, no hay que olvidar que las ayudas a la I+D+i son un instrumento de la política científica nacional y no sólo deben responder a las necesidades de los investigadores, así, a título particular. El artículo de Mª José recoge prácticamente todas las peticiones, cartas abiertas, conclusiones e informes que han surgido de la comunidad científica en los últimos años, reclamando un marco estable y suficiente de financiación de la ciencia en España.

Silvia Alonso, profesora de la Universidad Europea de Canarias, se pregunta en su blog qué conocimientos científicos esperamos de nuestros políticos. Todo ello a cuento de la respuesta que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a un periodista que bromeó sobre la computación cuántica durante la visita a instituto de física teórica. Ni corto ni perezoso, el primer ministro se lució y dio al periodista una lección 101 sobre la diferencia entre un ordenador normal y uno cuántico. Vale que Trudeau es una rara avis, pero la anécdota nos permite reflexionar sobre la importancia de la ciencia en el debate político y cómo ésta depende en buena medida del grado de conocimiento científico de nuestros representantes y, en última instancia, de la sociedad.

Y como en este blog somos un poco fenicios y nos gusta (mucho) hablar de vender, concluimos con las 10 acciones que hay que llevar a cabo en toda actividad de venta, según nos explica Íñigo Irizar en su blog: escuchar, comprender, servir, hacer, hacer hacer, cuidar la relación, escribir, comunicar, conversar y concretar. Por este orden. ¡Y perfectamente aplicables a la transferencia de tecnología!

¡Feliz semana!

¿Patentes (casi) gratis?

La Universidad de Minnesota revolucionó en 2011 su aproximación a la colaboración universidad-empresa y la transferencia de tecnología con la puesta en marcha de su programa Minnesota Innovation Partnerships (MN-IP).

Este programa ofrece, bajo la marca MN-IP Create, un conjunto de condiciones de licencia prenegociadas y business-friendly para animar a las empresas a financiar proyectos de investigación o innovación bajo contrato, lo que en Estados Unidos se conoce como sponsored research y en España contemplaría aquellas actividades realizadas en el marco del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

Por si esto fuera poco las empresas tienen hasta 3 modalidades para elegir:

  • Opción A, consistente en una licencia mundial y exclusiva de todos los resultados que se deriven del proyecto, a cambio de un pago por adelantado del 10% del coste del proyecto (o 15.000 dólares, el importe que sea mayor) y un 1% de royalties sobre ventas netas cuando estas superen los 20 millones de dólares, sin mínimos anuales y con posibilidad de realizar sublicencias o licencias cruzadas.
  • Opción B, en la que se posterga la negociación de los términos de licencia a la finalización del proyecto, pero se acuerda en todo caso que no habrá pagos iniciales (upfront).
  • Opción C, consistente en una licencia mundial y no exclusiva de todos los resultados que se deriven del proyecto, a cambio únicamente de un pago por adelantado del 10% del coste del proyecto (o 10.000 dólares, el importe que sea mayor), sin pago de royalties y sin posibilidad de realizar sublicencias o licencias cruzadas.
Programa MN-IP. Fuente: Universidad de Minnesota
Programa MN-IP. Fuente: Universidad de Minnesota

La naturaleza del proyecto y de sus resultados, así como el uso que la empresa vaya a hacer de los mismos decidirá cuál es la opción más indicada en cada caso. Como ejemplo, si una empresa invierte en el desarrollo de una tecnología que será la base de un producto o servicio, más o menos novedoso, parece lógico que quiera asegurarse la exclusividad sobre la misma, por lo que la opción A resultaría la más adecuada. Sin embargo, si la empresa únicamente desea tener acceso a la tecnología o resultados fruto del proyecto -por ejemplo para mejorar un producto o servicio ya existente- y no tener que preocuparse de royalties y pagos futuros, la opción C sería la idónea.

Esta última opción ha sido la última en incorporarse al programa MN-IP. En palabras de Brian Herman, vicepresidente de investigación de la Universidad de Minnesota, “después de escuchar las demandas de las empresas, hemos diseñado una nueva opción que se adapta mejor a ciertos sectores, como el petroquímico, los semiconductores o el software”.

Como esquema de colaboración y como propuesta de valor resulta, en mi opinión, brillante. Hace más atractiva la colaboración con la universidad -Minnesota ha formalizado 175 contratos de investigación o licencia desde 2011, gracias a este programa- y, al mismo tiempo, pone en una posición negociadora de cierta fuerza a la universidad, que ofrece unos términos favorables pero fijos y se asegura de que los resultados del proyecto se transfieren, en cualquier caso, a la empresa. En España, en cambio, no es extraño que centros de investigación y universidades “colaboren” con empresas sin recibir ningún retorno en términos de propiedad industrial y, lo que es peor, a bajo precio.

Con la nueva opción C se dirigen, además, a un segmento del mercado con frecuencia olvidado por las oficinas de transferencia: aquellas empresas que no precisan de licencias exclusivas.

La práctica de establecer opciones de licencia en base a condiciones establecidas previamente es cada vez más habitual, en particular en Estados Unidos. Como muestra, hace sólo unos meses nos hacíamos eco en el blog del programa Quick Start License de la Universidad de Washington, para facilitar la creación de startups. Sin embargo es una tendencia que en España -e incluso en Europa- no termina de arraigar. Es hora de repensar la manera en que universidades y organismos de investigación se relacionan con las empresas y, sin que ello implique malvender sus resultados o conocimiento, de adoptar un enfoque más comercial y orientado a resolver sus necesidades.

Modelos de innovación, crowdfunding y el pinchazo de Theranos

Retomo la costumbre de hacer una breve revista de blogs con los temas más destacados de la semana que, en esta ocasión, nos permiten reflexionar sobre la necesidad de repensar las políticas institucionales de transferencia de conocimiento o volver sobre el rol que el crowdfunding puede y debe tener en la financiación de la ciencia, entre otros. ¡Espero que sea de vuestro interés!

Susana Borrás, profesora de innovación y gobernanza en la Copenhagen Business School, habla en su blog sobre la direccionalidad de la transferencia de conocimiento en las universidades. Frente a la visión tradicional de las universidades como generadoras de un conocimiento que, casi por imperativo categórico, se transfiere a su entorno social y económico y se convierte en innovación, Borrás propone que los actores de dicho entorno -empresas, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales…- deben implicarse en el propio proceso de transferencia y de producción de este conocimiento, estableciendo así un modelo bidireccional.

Este planteamiento no es especialmente novedoso. Está implícito en la concepción sistémica de la innovación y resulta coherente con el enfoque abierto y participativo de la misma, de “moda” desde hace un tiempo. Sin embargo, la bidireccionalidad de la que habla Borras y los mecanismos para ponerla en práctica en las universidades son, con frecuencia, deficientes, por lo que es más que oportuno ponerlos sobre la mesa.

Lydia Gil, en su blog Social media en investigación, realiza una interesante entrevista a Isabel Méndez, técnico del Departamento de Participación Privada de I+D+i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y responsable de la plataforma de crowdfunding científico Precipita. El crowdfunding en ciencia es un tema que despierta pasiones enfrentadas y del que ya nos hemos hecho eco anteriormente en el blog. Mientras hay quien lo considera como una vía de obtención de fondos ineludible, sus críticos consideran que son los estados quienes deben asegurar la financiación de la investigación científica, puesto que los ciudadanos ya pagan impuestos para ello.

Méndez se felicita de haber “recaudado más de 328.000€ con una aportación media de 80 euros por donación y más de 3.500 donantes”. ¿Es mucho o es poco? Por aportar un poco de contexto, la puesta en marcha y la promoción de Precipita ha costado un total de 102.400€, como se puede consultar en el perfil del contratante de la FECYT, a lo que se podría sumar 131.500€ destinados a la contratación de servicios de diseño, desarrollo y ejecución del un programa de formación y asesoramiento en fundraising para centros de investigación.

En otro orden de cosas, el blog de la OEPM en Madri+d explica, con la claridad a la que nos tiene acostumbrados, el tratamiento que la nueva Ley de Patentes 24/2015 hace de aquellas invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional y las principales diferencias respecto a lo que disponía la anterior Ley de Patentes 11/1986. Destaca que la nueva ley clarifica los procedimientos y plazos aplicables, tanto en lo relativo a la evaluación de dicho interés por parte de la OEPM y del Ministerio de Defensa, como a la autorización para presentar una solicitud de patente prioritaria en el extranjero.

Y terminamos hablando de Theranos, la empresa biotecnológica estadounidense cuya burbuja “pinchó” la semana pasada. Miguel Ángel Máñez publica en su blog Salud con cosas un artículo del Dr. Enrique Rodríguez-Borja, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien analiza las dudas sobre la tecnología de análisis de sangre de Theranos que han llevado a poner en cuestión el propio futuro de la empresa, y nos abre una reflexión sobre hasta qué punto un negocio fundamentado en falsas evidencias científicas puede ser viable.

¡Feliz semana!

¿Por qué quieren las universidades colaborar contigo?

Si bien todavía hoy subsiste el estereotipo de la universidad como una torre de marfil -integrada por profesores e investigadores interesados únicamente en su carrera académica y científica- los que trabajamos en este campo sabemos que, obviamente, no es así.

Sobre la relación de las universidades con su entorno, el National Centre for Universities and Business (NCUB) de Reino Unido ha publicado recientemente un estudio elaborado a partir una muestra de más de 18.000 investigadores que indaga en las motivaciones, la naturaleza y el impacto de la colaboración en las universidades británicas tanto con empresas como con otros tipos de entidades.

Estas colaboraciones o interacciones se dan de múltiples formas. Como refleja la siguiente figura, predominan aquellas de carácter personal (como la participación en conferencias o foros) y, en menor medida, aquellas relacionadas con la resolución de problemas científicos o tecnológicos (como publicaciones o proyectos conjuntos), mientras que aquellas relacionadas con la comercialización del conocimiento o el emprendimiento son, como era de esperar, las menos.

Dedicación a actividades externas (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Dedicación a actividades externas (% de respuestas). Fuente: NCUB.

 

Motivación

Las principales motivaciones para establecer este tipo de colaboraciones o actividades externas están relacionadas con la realización de la propia investigación científica, como conocer el estado del arte en su campo de investigación, aplicar el conocimiento científico generado y contribuir a su difusión, principalmente. El interés económico, ya sea en forma de financiación para su propia actividad investigadora o como ingresos personales, queda en un segundo plano.

Motivaciones para interactuar con organizaciones externas (% de respuestas y puntuación media). Fuente: NBUC.
Motivaciones para interactuar con organizaciones externas (% de respuestas y puntuación media). Fuente: NCUB.

El estudio también arroja resultados interesantes en relación a la, con frecuencia mal entendida, dicotomía entre ciencia básica y aplicada. Si bien un 26% de los investigadores se consideran fundamentales y no se plantean la aplicación inmediata de su conocimiento, un porcentaje igual de los mismos sí considera la posibilidad de esta aplicación. Como es de esperar, aquellos investigadores que se alejan de lo que podríamos llamar ciencia básica sí contemplan, mayoritariamente, la aplicación de su investigación.

Motivación y aplicación de la investigación. Fuente. NCUB.
Motivación y aplicación de la investigación. Fuente. NCUB.

 

Impacto

El estudio evalúa el impacto de estas colaboraciones externas tanto en la función investigadora como en la docenteEn materia de investigación, la colaboración fomenta la puesta en marcha tanto de nuevas líneas de investigación como de nuevos proyectos, e contribuye a incrementar el networking y la reputación de los investigadores que participan en dichas colaboraciones. 

Impacto de las actividades externas en investigación (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Impacto de las actividades externas en investigación (% de respuestas). Fuente: NCUB.

En lo que respecta a la docencia, el impacto es menor. Casi un 30% de los encuestados reconoce que la colaboración no ha influido en su actividad docente, si bien un porcentaje significativo indica que les ha llevado a introducir cambios tanto en los contenidos académicos como en la forma en que los imparten y, al igual que en el caso de la investigación, ha incrementado su reputación.

Impacto de actividades externas en docencia (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Impacto de actividades externas en docencia (% de respuestas). Fuente: NCUB.

 

¿Y qué hay de las oficinas de transferencia?

En un blog como éste no podíamos dejar de analizar el rol de las oficinas de transferencia de tecnología en el establecimiento de estas colaboraciones y que, como podemos comprobar, es testimonial. La inmensa mayoría de colaboraciones surgen bien porque la entidad externa contacta directamente con los investigadores (83%), bien porque los investigadores buscan socios fuera (72%).

Actividades externas iniciadas por las oficinas de transferencia de tecnología/conocimiento (% de respuestas). Fuente: NCUB.
Actividades externas iniciadas por las oficinas de transferencia de tecnología/conocimiento (% de respuestas). Fuente: NCUB.

Encontramos, sin embargo, diferencias considerables según el campo científico que se trate. Los investigadores en campos con un carácter más tecnológico o aplicado (ingeniería, materiales, física…) suelen contar con mayor frecuencia con el soporte institucional que ofrecen las oficinas de transferencia y, asumimos, siguen los cauces formales para el establecimiento de estas colaboraciones. En otros campos, como ciencias sociales, humanidades y -sorprendentemente, o quizá no- ciencias de la salud, las oficinas de transferencia rara vez intervienen

Conclusión

El estudio, del que se puede consultar también un resumen, contiene muchos más datos e indicadores que ofrecen una visión privilegiada de la relación y la colaboración entre universidades y todo tipo de entidades externas, ya sean empresas, otras entidades públicas e incluso entidades del tercer sector.

Si bien el trabajo de campo ha sido realizado en Reino Unido, sus resultados y conclusiones son, en mi opinión, extrapolables a otros países europeos como España.

Cabe destacar el hecho de que una mayoría de estas colaboraciones parten de la iniciativa individual de los investigadores y, probablemente, no tanto de una estrategia institucional. Por otra parte, para que una colaboración resulte fructífera debe estar basada en una relación de confianza que, a su vez, requiere un inevitable tiempo de maduración.

En consecuencia, las políticas e instrumentos de fomento de la colaboración universidad-empresa deberían incidir en primer lugar, en proporcionar al investigador el soporte técnico y de gestión que sea necesario para la puesta en marcha y la gestión de dichas colaboraciones, en particular en el caso de investigadores jóvenes o que se inician en este tipo de actividades externas. En segundo lugar, la universidad o centro de investigación debe procurar también un espacio de colaboración institucional entre ambas entidades.

5 infografías sobre transferencia de tecnología que no debes perderte

Es bien sabido que una imagen vale más que mil palabras. Y, si esa imagen se acompaña de algunas de esas palabras y unas cuantas cifras, tenemos lo que se viene dando en llamar una infografía.

Como una de las inquietudes de este blog es explicar qué es la transferencia de tecnología y, si me permitís la expresión, bajar a la tierra este concepto a veces demasiado etéreo, comparto con vosotros una serie de infografías que, desde diferentes perspectivas, abordan la transferencia de tecnología y pueden ayudarnos a transmitir el funcionamiento y la importancia de la misma.

1. El largo camino a la transferencia de tecnología

En esta estupenda infografía de Fuentek se describe el proceso clásico de transferencia de tecnología, desde la comunicación de la invención hasta su licencia, y comprende igualmente la definición e implementación de la estrategia propiedad industrial y de desarrollo tecnológico y comercial.

Esta infografía proporciona prácticamente un checklist de las tareas que todo departamento u oficina de transferencia de tecnología debería llevar a cabo de manera sistemática.

The Road to Technology Transfer. Fuente: Fuentek

 

2. Going Public: el viaje para desarrollar, proteger y comercializar descubrimientos científicos

Con este título, la Universidad Central de Florida presenta su filosofía, metodología y resultados en materia de transferencia de tecnología. Merece la pena destacar que, para la UCF, el proceso de transferencia no empieza cuando se comunica una posible invención, si no desde el mismo momento en que un investigador se incorpora por primera vez la universidad.

Going Public. Fuente: University of Central Florida

 

3. Cómo cultivar tu propiedad industrial

De nuevo nuestros amigos de Fuentek nos ofrecen una excelente infografía que, en esta ocasión, presenta la transferencia de tecnología como un mecanismo para rentabilizar nuestra propiedad industrial.

Sin olvidar los aspectos legales y administrativos inherentes a la gestión de la propiedad industrial, la infografía incide en la importancia de optimizar nuestro portfolio de tecnologías, de disponer de una estrategia de comercialización específica para cada una de ellas y, last but least, de construir y mantener relaciones de confianza y negocio con nuestros clientes o licenciatarios.

Cultivate your IP. Fuente: Fuentek.

 

4. Beneficios sociales y económicos de la transferencia de tecnología

La Association of University Technology Managers (AUTM) es una organización sin ánimo de lucro estadounidense que reúne a gestores de tecnología y de propiedad industrial de numerosas universidades y centros de investigación, comparable en planteamiento y objetivos a la asociación RedTransfer en España.

En esta infografía, la AUTM resume el beneficio que la transferencia de tecnología supone para la sociedad y la economía, en particular en Estados Unidos, en términos de generación de empleo y riqueza, creación de empresas y lanzamiento de nuevos productos.

University Technology Transfer Benets People, Society and the Economy. Fuente: AUTM.

 

5. Transferencia de tecnología, innovación y desarrollo económico

La Innovation Policy Platform (IPP) es una iniciativa del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que pretende facilitar el acceso a conocimiento, recursos de aprendizaje, indicadores y comunidades relacionadas con el diseño, implementación y evaluación de las políticas de innovación.

Además de aportar una definición concisa de la transferencia de tecnología, esta infografía presenta el papel de la misma en las políticas de innovación y de desarrollo económico y contempla múltiples mecanismos de transferencia, más allá de la clásica relación universidad-empresa.

Define, además, tres tipos de conocimiento transferible: el tácito, o aquel relativo a la habilidades y técnicas concretas; el embebido, o incorporado en equipamiento y materiales; y el codificado, o recogido en patentes pero también en publicaciones o bases de datos. Una distinción que es de particular relevancia en el caso de países en desarrollo.

Technology Transfer: Commercialization and Innovation. Fuente: The Innovation Policy Platform.

 

Conclusión

Que una buena infografía ayuda a ilustrar cualquier concepto está fuera de toda duda, y esto es también aplicable a la transferencia de tecnología y sus diferentes facetas. Creo que prueba de ello son los ejemplos que he compartido con vosotros en este artículo y que espero que hayan resultado de vuestro interésPor ello, si conocéis otras buenas infografías sobre transferencia de tecnología o cualquier otro aspecto de la relación ciencia-empresa, por favor, enviádmelas.

Por otra parte, me ha llamado la atención la ausencia de infografías sobre transferencia de tecnología en español. Si bien es algo esperable, dado que buena parte de este negocio nuestros se desarrolla en inglés y los principales referentes provienen del entorno anglosajón, sería deseable contar con más y mejores recursos en nuestra lengua para divulgar y promover el valor de la transferencia e innovación tecnológicas en nuestras empresas, instituciones y administraciones, así como en la sociedad en su conjunto.

¿Conoces otros buenos ejemplos de infografías sobre transferencia de tecnología? ¿Cuáles? ¡Compártelos!

¿Crees que son de utilidad para divulgar y promocionar la transferencia tecnológica y su importancia?

Más innovación que ciencia en el acuerdo PSOE-Ciudadanos

Decíamos con motivo del debate organizado por la Fundación Cotec el pasado mes de noviembre que era la primera vez que la ciencia había entrado en una campaña electoral, aunque fuera tímidamente. Hace apenas unas horas que se ha hecho público el primer acuerdo fruto de los resultados electorales del pasado 20-D -entre el PSOE y Ciudadanos- y merece la pena analizar brevemente cómo ha quedado reflejado en el mismo el cacareado compromiso político con la ciencia y la innovación.

Innovación

Sorprende positivamente que el primer epígrafe del acuerdo esté dedicado íntegramente a la innovación tecnológica, dentro del bloque dedicado a la política económica. No en vano uno de los ejes del acuerdo entre ambos partidos es el cambio hacia “un modelo de crecimiento” que debe estar basado “en la innovación y la mejora de la productividad”, el cual se acompaña de las siguientes propuestas en materia de innovación:

Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.

Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.

Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.

Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.

Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.

Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.

La política económica recoge también la elaboración de una “Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como la tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels o la reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada”, y prevé “reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES (…) con énfasis especial en la innovación”. Del mismo modo, la política fiscal debería incentivar “la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación”.

Ciencia

Por otra parte, enmarcado junto a las políticas de educación y cultura, el documento recoge el pacto por la ciencia que viene demandando desde hace tiempo la comunidad científica, consistente en “promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.”

Junto a este pacto, o quizá como consecuencia del mismo, se deslizan las siguientes actuaciones, bastante heterogéneas:

Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.

Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB y defender en las instituciones europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.

Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.

Reformar el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.

Por último, dentro del epígrafe dedicado a las universidades, se reconoce a éstas como “parte esencial del sistema del conocimiento” y se explicita “la valorización y la transferencia del conocimiento” como una función social de las mismas. Además, se hace mención al Sistema Nacional de Salud como motor de la investigación e innovación.

Conclusión

En las 66 páginas del acuerdo el término “ciencia” aparece en 10 ocasiones e “innovación” en 9. Sin embargo se habla más de innovación que de ciencia. Esto resulta coherente con la prioridad de cambiar el modelo económico así como con los planteamientos -fundamentalmente economicistas- recogidos por Ciudadanos en su programa. Si bien es un enfoque que se puede tildar de cortoplacista, que la innovación ocupe la primera página del acuerdo y que se cite explícitamente la transferencia de tecnología es, en mi opinión, motivo para felicitarse.

En lo que se refiere a ciencia, el contenido del acuerdo resulta más vago. Más allá del pacto por la ciencia y las declaraciones de intenciones, la principal (y casi única) propuesta concreta es el plan de incorporación y consolidación del personal investigador. La precariedad laboral es, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, en particular tras los recortes indiscriminados sufridos en los últimos años. Bien está que se reconozca la urgencia de actuar sobre la misma.

Queda pendiente, en mi opinión, engranar mejor la ciencia y la innovación, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, lo que se refleja en la dicotomía entre la agencia de investigación y la de innovación. Y se pasa por alto la necesidad de especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto científico y/o industrial.

Hasta qué punto se hará realidad este acuerdo es algo sujeto al juego político. Lo que sí parece claro es que los partidos, independientemente de su color, han integrado por fin la ciencia y la innovación en su discurso.

CRISPR, patentes y cómo la innovación crea (o no) empleo

Son (somos) pocos los blogs dedicados a la transferencia de tecnología o, de una manera más amplia, a la relación entre la investigación científica y la empresa. Sin embargo, éste es un campo que despierta cada vez más interés. Casi a diario, es fácil encontrar artículos y apuntes en blogs y medios que sí abordan de un modo u otro sus diferentes facetas: desde la gestión de la investigación y de la innovación o la propiedad industrial e intelectual, hasta el desarrollo de negocio o la estrategia empresarial, entre otros.

Con los contenidos más destacados de esta semana que termina, he preparado esta breve revista de prensa (o, mejor dicho, de blogs) que comparto con vosotros. 

La revista Genética Médica dedica un artículo sobre la guerra de patentes entre la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Broad de la Universidad de Harvard y el MIT a propósito de la tecnología CRISPR-Cas9, que permite introducir mutaciones o reparar cambios en el material genético de una célula. Sobre CRISPR-Cas9, sus fundamentos y sus posibles aplicaciones se ha dicho y escrito mucho, quizá incluso demasiado. Podéis encontrar una excelente conferencia sobre los sistemas CRISPR-Cas de la mano del Dr. Martínez Mojica, “padre” científico de los mismos. El artículo de Genética Médica pone de manifiesto, por una parte, que los litigios sobre propiedad industrial no son en modo alguno exclusivos de las grandes empresas, y pueden enfrentar en los tribunales a instituciones académicas. Por otra parte, supone un interesante caso de estudio jurídico que ilustra las diferencias que se derivan de aplicar los criterios primero en inventar (“first-to-invent“) o primero en registrar (“first-to-file“).

Francisco Moreno analiza en su blog diferentes modelos econométricos sobre la producción de patentes y de publicaciones científicas en función del gasto público y privado en I+D. Como sería de esperar, grosso modo el gasto público en I+D fomenta las publicaciones y el gasto privado en I+D las patentes, pero las conclusiones de estos modelos sugieren también una aparente relación negativa entre gasto público en I+D y el número de patentes triádicas, lo que resulta más sorprendente. Francisco deja el debate abierto a posibles explicaciones para este fenómeno. ¿Podría una deficiente estrategia de propiedad industrial en universidades y organismos públicos de investigación contribuir al mismo?

Precisamente de las patentes generadas por la universidad española se hace eco Pedro Uceda en su blog, en el que desgrana el contenido del informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica” de la Fundación CYD. Con buen criterio, Pedro destaca el hecho de que el informe no recoge datos sobre cuántas de estas patentes están siendo explotadas de manera efectiva. ¿Sigue la universidad, en materia de propiedad industrial, centrada en la cantidad antes que en la calidad? Con todo, no olvidemos que no sólo de patentes vive la transferencia de tecnología.

Dejamos de hablar de patentes para terminar hablando de innovación. Xavier Ferras reflexiona sobre si la innovación crea o destruye empleos y ofrece una respuesta casi salomónica: “la innovación disruptiva es una generadora neta de empleos, mientras que la innovación incremental destruye puestos de trabajo”. Sin embargo, Xavier refina esta hipótesis al incorporar a la ecuación no sólo el tipo de innovación sino también el sector al que ésta se aplica, y la ejemplifica con acierto al aportar datos del empleo generado por los gigantes de Internet estadounidenses y la industria manufacturera alemana. Esta última sería capaz de generar 16 empleos por cada dólar inyectado en el mercado financiero, frente a sólo 1 empleo creado por parte de las primeras. ¿Deberían las políticas de innovación considerar este aspecto, por ejemplo al priorizar determinados campos científicos o sectores económicos? ¿Biotecnología o Internet de las Cosas? ¿Industria 4.0 o energías renovables?

¡Feliz semana!