Compra pública innovadora en H2020

Dado el interés que habéis mostrado en el anterior artículo sobre compra pública innovadora (CPI), comparto con vosotros varias novedades y recursos en el contexto del programa Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea. Espero que os sean de utilidad para sacar el máximo partido de este instrumento de innovación y, no lo olvidemos, también de financiación.

Novedades en H2020

Esta misma semana, desde el área de CPI del CDTI se nos informaba que la Comisión Europea ha actualizado la información relativa compra pública innovadora en su sitio web, y recopilado los topics de los Programas de Trabajo de H2020 para 2016-2017 que contemplan este tipo de actuación, tanto en su modalidad de compra pública precompetitiva (CPP) como de tecnología innovadora (CPI/CPTI).

Como es habitual en H2020, la financiación de estos topics requiere el montaje de consorcios transnacionales, en este caso de entidades contratantes, con las siguientes características:

  • Mínimo de 3 entidades legales de 3 estados miembros o asociados diferentes, de las cuales al menos 2 deber ser entidades contratantes públicas de 2 estados miembros o asociados distintos (esto me recuerda a una famosa escena de una famosa película, por cierto).
  • Posibilidad de incluir otras entidades contratantes no públicas pero que presten servicios de interés público y que, obviamente, compartan la necesidad de lanzar procesos de CPI o CPP. Por ejemplo, ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro.
  • Posibilidad de incluir otros beneficiarios que no sean entidades contratantes y que añadan valor al proceso de contratación, pero que obviamente no sean quienes presten de los productos o servicios innovadores. Por ejemplo, entidades que presten servicios de consultoría o asesoría a las entidades contratantes.

Las actividades que se pueden financiar son los siguientes:

  • Coordination and Support Actions (CSA): financia actividades de coordinación entre entidades contratantes, por ejemplo identificar necesidades y retos comunes, estudios de mercado, etc. Atención, las CSAs no financian la compra pública en sí.
  • Public Procurement of Innovative solutions (PPI): cofinancia una única actuación de CPI, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.
  • Pre-Commercial Procurement (PCP): cofinancia una única actuación de CPP, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.

La financiación disponible para CPI y CPP en los programas de infraestructuras, ICT, salud, seguridad, energía, transporte, espacio y cambio climático y medioambiente, es de alrededor 130 millones de euros en el período 2016-2017. Además, la modalidad de ayuda ha mejorado, pasando a ser del 90% para CPP y del 35% para CPI, en ambos incluyendo tanto el importe de la compra como la gestión, y del 100% en acciones de coordinación y soporte (CSA).

Si en algún momento os habéis perdido con la jerga de términos y acrónimos os recomiendo leer el artículo anterior en el que se introducen el concepto de compra pública innovadora, sus objetivos y modalidades.

Recursos de interés

Para concluir, aquí tenéis un listado de recursos que pueden ser de vuestro interés:

Procuraré mantener este listado actualizado. Si conocéis algún recurso, material o caso de éxito que creáis que sería interesante incluir, por favor, hacédmelo llegar a través de los comentarios o de la sección de contacto del blog.

¡Feliz compra!

La transferencia de conocimiento en el debate político

Con frecuencia se dice que la transferencia del conocimiento es un caso particular de fallo de mercado o market failure. Es decir, aquella situación en la que el suministro de bienes y servicios en un mercado no es eficiente.

Las causas de este fallo de mercado son, sin duda, múltiples y requieren un estudio en profundidad: la falta de maduración de la tecnología generada por universidades y centros de investigación, la asimetría de información disponible o la falta de mecanismos que pongan en contacto la oferta y la demanda de tecnología, entre otras.

En los casos de mercados fallidos en los que, no obstante, existe un interés social por que funcionen adecuadamente es habitual que las administraciones públicas lleven a cabo políticas para corregir la situación. En lo que al mercado de transferencia de tecnología respecta, es fácil dar con ejemplos de políticas en este sentido en el ámbito regional o autonómico, nacional o incluso internacional, como las implementadas por la Comisión Europea.

RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación, organizó el pasado 31 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia un más que interesante encuentro sobre este tema y, en particular, sobre las políticas autonómicas en transferencia del conocimiento, motivado por las próximas convocatorias electorales.

El encuentro contaba además con el aliciente de la participación de representantes de los partidos políticos: Zulima Pérez del PSPV, Juan Carlos Pérez de Podemos y Joaquín Ríos del PP.

¿Qué se debe financiar?

El primer aspecto tratado en la jornada fue qué tipo de actuaciones deberían financiar las políticas de transferencia o innovación. Se realizó una votación entre todos los asistentes y se determinó que el esfuerzo debía destinarse a financiar, de mayor a menor prioridad:

  1. Proyectos, entendiendo como tales aquellos de prueba de concepto, desarrollo tecnológico o prototipado.
  2. Capacidades, entendiendo como tales los recursos humanos y servicios necesarios para la protección, comercialización y transferencia del conocimiento, entre otros.
  3. Infraestructuras, entendiendo como tales los parques científico-empresariales o las incubadoras.

La diferencia entre proyectos y capacidades no fue significativa, y la mayor parte de los participantes acordaron que de manera general no era necesaria una gran financiación destinada a nuevas infraestructuras.

¿Qué errores se han cometido?

Mediante una dinámica basada en Metaplan se preguntó a los asistentes sobre cuáles son los errores qué se han venido cometiendo en los últimos años en las políticas de transferencia e innovación. La mayoría de los asistentes, no obstante, hicimos extensiva la respuesta a las políticas de I+D.

Surgieron, obviamente, muchas y muy variadas respuestas, aunque hubo consenso en torno algunos puntos, no necesariamente en orden de prioridad:

  • Falta de estabilidad en la financiación destinada a I+D e innovación, y la aplicación de recortes indiscriminados en determinadas partidas.
  • Inversión, en ocasiones excesiva, en infraestructuras sin valorar su sostenibilidad y, comparativamente, falta de financiación para recursos humanos y proyectos que hagan uso de las mismas.
  • Falta de interés y de incentivos en el ámbito universitario o académico por la transferencia de resultados de la investigación y su impacto económico.

¿Qué medidas se deberían tomar?

De nuevo las respuestas fueron múltiples, y las medidas propuestas estuvieron en general alineadas con el análisis de los errores cometidos e identificados anteriormente. Me parecieron especialmente significativas las siguientes:

  • Asegurar una financiación estable para las políticas y actividades de I+D e innovación, además de priorizar aquellos proyectos y actuaciones de mayor impacto. ¿Se acabó el café para todos?
  • Incrementar el nivel tecnológico y de innovación de las empresas, y por tanto su capacidad de integrar nuevas tecnologías y resultados de investigación en sus procesos, productos y servicios. De especial interés si consideramos que el tejido industrial y empresarial valenciano carece de cierta “tradición” innovadora.
  • Profesionalizar la gestión de la investigación y la innovación en la administración y promover la presencia de perfiles técnicos especializados que desarrollen políticas coherentes a lo largo del tiempo y que aprendan y mejoren a partir de las desarrolladas en el pasado.
  • Articular un ecosistema de innovación y propiciar, desde la administración, la interacción entre los distintos actores del mismo y el posicionamiento nacional e internacional de la Comunidad Valenciana en materia de innovación.

Debate y conclusiones

En primer lugar, quiero reconocer el mérito y, por qué no decirlo, la valentía de los organizadores y también de los participantes al abordar un tema tan sensible como éste en vísperas de una cita electoral. Sin lugar a dudas, la autocrítica y el debate constructivo son el camino para evitar los errores pasados, así como involucrar a todos los agentes participantes en la transferencia e innovación tecnológica.

Fue especialmente interesante que los representantes de los partidos políticos tomaran parte en la generación de ideas, si bien monopolizaron buena parte del debate que siguió. Algo esperable, si tenemos en cuenta la expectación que generaba su presencia y que, para muchos de los asistentes, era una excelente ocasión de escuchar sus propuestas y puntos de vista:

  • Por parte del PSPV se incidió en la necesidad de cambiar el modelo productivo, algo que aparece recogido explícitamente en su programa, de aumentar la financiación destinada a I+D e innovación y de poner en marcha diferentes medidas de carácter estratégico, entre las que destaca la creación de la Agencia Valenciana de Innovación.
  • El representante de Podemos apostó igualmente por aumentar la financiación destinada a I+D e innovación, así como por que la definición de las políticas de I+D e innovación se realice en base a criterios fundamentalmente técnicos y no políticos, por fomentar el diálogo entre los distintos agentes y la participación de la sociedad en su conjunto.
  • El representante del PP procuró lógicamente justificar y poner en valor las políticas llevadas a cabo a pesar de la complicada situación económica así como defender la posición de la Comunidad Valenciana en I+D e innovación, cuarta en el contexto nacional.

En mi opinión, la percepción de que buena parte de las políticas llevadas a cabo o han fallado o no han dado los resultados esperados, así como de “desventaja” en relación a otras comunidades autónomas, requiere de un análisis en profundidad de nuestra situación y de un análisis comparativo con casos de éxito de otras autonomías o regiones.

Hay que aprender tanto de la experiencia propia, de lo que ha funcionado y de lo que no, como de la experiencia de terceros. Así, podemos encontrar buenos ejemplos en Cataluña, País Vasco, Andalucía o incluso Galicia, que independientemente del color político de su gobierno están desarrollando políticas coherentes y contribuyendo a reforzar y modernizar sus sectores industriales y su capacidad para generar riqueza y empleo.

Sin duda la política de innovación -cuando no la de I+D, aunque esto sería objeto de otro debate- no puede estar desligada de la política industrial, y las comunidades autónomas deben realizar apuestas claras en aquellos sectores con mayor potencial.

Existe además una urgencia compartida por aprovechar la oportunidad que supone la innovación para reconducir la situación económica, como pudimos comprobar en la reciente jornada sobre ecosistemas de innovación.

En todo caso, es una muy buena noticia comprobar que las políticas de I+D e innovación tienen cada vez mayor espacio en el debate político, que abro también aquí en el blog:

¿Hasta qué punto deben y pueden incidir las comunidades autónomas en la transferencia del conocimiento?

¿Cuáles son, en tu opinión, los errores cometidos en el pasado reciente? ¿Qué medidas debemos tomar?

¿Existen modelos a seguir, en España o en otros países, que sean aplicables en tu comunidad autónoma o en tu región?

 

ACTUALIZACIÓN (1 de junio de 2015): En el próximo Encuentro RedTransfer, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en Sevilla, se tratarán las políticas de investigación e innovación desde diferentes perspectivas, y se contará igualmente con la participación de partidos políticos que presentarán sus propuestas. Don’t miss!