¿Por qué los pobres no invierten en I+D?

La (escasa) financiación de la ciencia y, por extensión, de la investigación y desarrollo en España, es un tema que he tratado en varias ocasiones en el blog. Desde aquel informe de la OECD del que se hacía eco Nature en 1972 hasta las diferencias con otros países de nuestro entorno e incluso del impacto de la corrupción en la financiación de la innovación.

(Sí, lo sé, hace más de un año que no actualizo el blog, pero nunca es tarde si la dicha es buena y ya se sabe… ¡año nuevo, vida nueva!)

Hace unos días caía entre mis manos un estudio del Foro Económico Mundial (¡el controvertido Foro de Davos!) sobre porqué los países pobres invierten (¿invertimos?) menos en I+D. Que el gasto en I+D y la riqueza de las naciones (me encanta esta expresión) están íntimamente ligados es algo comúnmente aceptado y no supone ninguna novedad: la innovación, entendida como el proceso de destrucción creativa de Schumpeter, es un ingrediente imprescindible para mejorar la productividad y la competitividad, en particular en la economía global o conectada; y a su vez la innovación requiere, invariablemente, de una mayor o menor inversión y de la movilización de recursos públicos y privados.

El trabajo, firmado por William Maloney y Xavi Cirera, incide en una doble paradoja. Por una parte, los países menos desarrollados son los que deberían obtener un mayor retorno de su inversión en innovación, por reducida que fuera. Por otra parte, y por este mismo motivo, por muy negados que sean los gobernantes de estos países debería saltar a la vista que invertir en innovación es definitivamente rentable. ¿No es así?

Pues no. 

Los países pobres invierten en innovación, proporcionalmente, bastante menos que los ricos, como podemos ver en la Figura 1, que nos muestra la inversión en I+D (en porcentaje del PIB) contra el PIB per cápita.

Pero es que además, cuando invierten tampoco obtienen el retorno esperado en términos de productividad y crecimiento. De hecho, según los autores, este retorno presenta una forma de U invertida: si el eje horizontal de la Figura 2 representa el PIB per cápita normalizado, el retorno de la inversión en innovación efectivamente crece conforme el PIB es menor (¡bingo!) hasta alcanzar un máximo a mitad de eje para bajar luego abruptamente

Inversión en I+D (porcentaje del PIB) vs. PIB per cápita. Fuente: WEF.

 

Retorno de la inversión en I+D vs. PIB per cápita. Fuente: WEF.

¿Qué es lo que está pasando? Probablemente que el retorno de la innovación no depende solo de la inversión realizada, sino también de otros factores: debilidades del tejido industrial, falta de profesionales cualificados, carencias del sistema educativo, dificultad en el acceso al crédito y a mercados internacionales…

La moraleja es que las políticas de innovación deberían diseñarse (e implementarse) teniendo en cuenta todos estos condicionantes externos, y los análisis no deberían limitarse a determinar si el gobierno de turno ha invertido más o menos que el anterior en ciencia e innovación.

¿Cómo sale España en la foto? Como era esperable, bien, siendo una economía moderna y desarrollada. Sería difícil salir mal en una comparativa global, que incluye países en desarrollo y subdesarrollo. Pero también es cierto que otros países de nuestro entorno, como Portugal, obtienen mayor retorno de su inversión en I+D.

Finalmente, me quedo con la intuición de que estos resultados, obtenidos a escala global, probablemente sean extrapolables también a una escala más pequeña, regional e incluso corporativa (¿tiene sentido pedir esfuerzos en I+D a las empresas si no tienen capacidad de absorber sus resultados?). Y también con el convencimiento de que las políticas de ciencia e innovación no pueden ni deben desligarse de las políticas industriales e incluso educativas.

Modelos de innovación, crowdfunding y el pinchazo de Theranos

Retomo la costumbre de hacer una breve revista de blogs con los temas más destacados de la semana que, en esta ocasión, nos permiten reflexionar sobre la necesidad de repensar las políticas institucionales de transferencia de conocimiento o volver sobre el rol que el crowdfunding puede y debe tener en la financiación de la ciencia, entre otros. ¡Espero que sea de vuestro interés!

Susana Borrás, profesora de innovación y gobernanza en la Copenhagen Business School, habla en su blog sobre la direccionalidad de la transferencia de conocimiento en las universidades. Frente a la visión tradicional de las universidades como generadoras de un conocimiento que, casi por imperativo categórico, se transfiere a su entorno social y económico y se convierte en innovación, Borrás propone que los actores de dicho entorno -empresas, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales…- deben implicarse en el propio proceso de transferencia y de producción de este conocimiento, estableciendo así un modelo bidireccional.

Este planteamiento no es especialmente novedoso. Está implícito en la concepción sistémica de la innovación y resulta coherente con el enfoque abierto y participativo de la misma, de “moda” desde hace un tiempo. Sin embargo, la bidireccionalidad de la que habla Borras y los mecanismos para ponerla en práctica en las universidades son, con frecuencia, deficientes, por lo que es más que oportuno ponerlos sobre la mesa.

Lydia Gil, en su blog Social media en investigación, realiza una interesante entrevista a Isabel Méndez, técnico del Departamento de Participación Privada de I+D+i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y responsable de la plataforma de crowdfunding científico Precipita. El crowdfunding en ciencia es un tema que despierta pasiones enfrentadas y del que ya nos hemos hecho eco anteriormente en el blog. Mientras hay quien lo considera como una vía de obtención de fondos ineludible, sus críticos consideran que son los estados quienes deben asegurar la financiación de la investigación científica, puesto que los ciudadanos ya pagan impuestos para ello.

Méndez se felicita de haber “recaudado más de 328.000€ con una aportación media de 80 euros por donación y más de 3.500 donantes”. ¿Es mucho o es poco? Por aportar un poco de contexto, la puesta en marcha y la promoción de Precipita ha costado un total de 102.400€, como se puede consultar en el perfil del contratante de la FECYT, a lo que se podría sumar 131.500€ destinados a la contratación de servicios de diseño, desarrollo y ejecución del un programa de formación y asesoramiento en fundraising para centros de investigación.

En otro orden de cosas, el blog de la OEPM en Madri+d explica, con la claridad a la que nos tiene acostumbrados, el tratamiento que la nueva Ley de Patentes 24/2015 hace de aquellas invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional y las principales diferencias respecto a lo que disponía la anterior Ley de Patentes 11/1986. Destaca que la nueva ley clarifica los procedimientos y plazos aplicables, tanto en lo relativo a la evaluación de dicho interés por parte de la OEPM y del Ministerio de Defensa, como a la autorización para presentar una solicitud de patente prioritaria en el extranjero.

Y terminamos hablando de Theranos, la empresa biotecnológica estadounidense cuya burbuja “pinchó” la semana pasada. Miguel Ángel Máñez publica en su blog Salud con cosas un artículo del Dr. Enrique Rodríguez-Borja, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien analiza las dudas sobre la tecnología de análisis de sangre de Theranos que han llevado a poner en cuestión el propio futuro de la empresa, y nos abre una reflexión sobre hasta qué punto un negocio fundamentado en falsas evidencias científicas puede ser viable.

¡Feliz semana!

Cómo la corrupción reduce nuestra capacidad de innovación

No es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte, la política en España está condicionada por el sinfín de escándalos de corrupción que ha salido a la luz en los últimos años. En el momento actual, en el que la ciencia y la innovación han logrado colarse en el debate político, cabría preguntarse si los efectos de la corrupción se dejan sentir también en nuestro sistema de ciencia y tecnología y, en su caso, cómo afectan a la capacidad de innovación de nuestro país.

La revista Nature publicó el pasado mes de febrero de 2015 un breve artículo de la profesora Alina Mungio-Pippidi, de la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania), quien reflexionaba sobre la relación entre innovación y corrupción y sugería -en base a datos empíricos- que si sabemos cuán corrupto es un país, podemos predecir con bastante certeza cuál es su nivel de innovación.

De hecho, la capacidad de innovación del sector privado de un determinado país estaría correlacionada con el control que éste ejerce sobre la corrupción tanto como con la calidad de sus instituciones científicas o con el gasto nacional en I+D. El artículo define la corrupción como el abuso cometido por parte de una autoridad pública en base a intereses privados, el cual resulta en una adjudicación no imparcial de recursos públicos. El control de la corrupción sería, pues, la capacidad de una sociedad de limitar dicho comportamiento por parte de sus autoridades públicas, y es uno de los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial en su proyecto Worldwide Governance Indicators.

Los siguientes gráficos de dispersión representan la posición de diferentes países europeos en función de su capacidad de control de la corrupción (sobre una escala de o a 10) y de diferentes indicadores relacionados con la investigación y la innovación, como son el porcentaje del PIB dedicado a I+D, su índice mundial de innovación y su índice de fuga de cerebros:

Fuente: Nature 518, 295–297 (19 de febrero de 2015).

España se sitúa en una posición intermedia, con un índice de control de la corrupción que apenas supera el aprobado, bastante por detrás del grupo de cabeza integrado principalmente por los países nórdicos y anglosajones, Alemania, Holanda y Austria. La línea de tendencia es clara en todos los casos y ofrece un intervalo de confianza en torno al 0,85-0,9. Puesto que los indicadores corresponden a 2009 y 2010, es probable que la situación de España haya empeorado desde entonces.

Es bien sabido que correlación no implica necesariamente causalidad. Para explicar estos datos, Mungio-Pippidi desarrolla en primer lugar la hipótesis de que los países que ejercen un mayor control sobre la corrupción son también aquellos cuyos ciudadanos creen que el mérito es el criterio determinante en la toma de decisiones por encima del favoritismo y las relaciones personales, en particular en el sector público. Estas sociedades meritocráticas serían más eficaces a la hora de retener y atraer el talento y de fomentar su desarrollo y, en definitiva, capaces de crear mayor riqueza a partir de la innovación.

En segundo lugar, la autora afirma que “los gobiernos que compran apoyos políticos no suelen invertir en educación y ciencia, ya que el retorno de éstas se percibe como demasiado general”. En cambio, la inversión en grandes infraestructuras y eventos resulta atractiva “tanto para las empresas contratistas, que quizá en el futuro contribuyan a la campaña electoral del partido en el gobierno, como a los votantes”, que perciben un beneficio directo de la misma.

¿Os resulta familiar? Pues esperad al siguiente párrafo, que prefiero transcribir directamente:

That is why more-corrupt EU states spend more on big projects such as roads and high-speed trains than on health, research, education and development. When — with the best of intentions — Brussels promotes austerity policies, which funds dry up first in corrupt countries? Investment in education and science.

Ay.

Conclusión y debate

Para finalizar, cabe recordar que el efecto de la corrupción en la innovación no se limita a la mayor o menor cantidad de dinero público que, pudiéndose destinar a actividades de investigación e innovación, se emplea para otros fines. También alcanza al buen o mal uso que se hace de los fondos y de los recursos que sí están, en principio, destinados a estas actividades. Prácticas que, entre otras, incluyen la falta de transparencia en la contratación de personal en universidades y centros de investigación, la arbitrariedad en la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de I+D, o los conflictos de interés que, por ejemplo, pueden aparecer en la colaboración entre investigadores e instituciones académicas públicas con el sector privado.

Es relativamente fácil echar la culpa al gobierno de turno, pero no debemos olvidar que una mayor exigencia por parte tanto de la comunidad científica como de las empresas, e incluso de la sociedad civil en su conjunto, es condición indispensable para mejorar la eficiencia y la percepción que tenemos de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es tan fundamental reclamar mayor inversión y recursos en ciencia como procurar su máximo aprovechamiento, y priorizar los méritos académicos y la excelencia tanto científica como empresarial por encima de cualquier otro criterio.

¿Cuál crees que es el impacto de la corrupción en nuestro sistema de ciencia y tecnología? ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad?

¿Crees que la posición relativa de España representada en los gráficos se corresponde con la realidad?

¿Qué medidas serían las adecuadas para corregir o mejorar la situación actual?


NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde a la obra “La corrupción del mundo antes del diluvio” del pintor holandés Cornelis van Haarlem (1562-1638).

¿Quién se atreve a invertir en ciencia en España?

Si me permitís la expresión, en numerosas ocasiones, licenciar una patente o resultado de investigación es algo así como vender un coche sin ruedas y cuyo motor no hemos probado a arrancar.

Es improbable que un eventual comprador-licenciatario quiera hacer semejante acto de fe, por lo que es esencial “madurar” estos resultados de investigación o tecnologías a fin de minimizar los riesgos tecnológicos y comerciales inherentes a los mismos. O, cuanto menos, conocer estos riesgos de tal modo que se puedan gestionar adecuadamente.

Dicha “maduración” pasa inevitablemente por continuar el desarrollo tecnológico de dichos resultados más allá de los proyectos o líneas de investigación que los originaron. Por ejemplo, mediante la realización de ensayos complementarios o pruebas de concepto que permitan asegurar, en la medida de lo posible, su viabilidad. Siguiendo con el símil anterior, ponerle unas ruedas al coche y probar a dar una vuelta a la manzana.

El primer problema que se plantea es cómo financiar estas pruebas de concepto.

Las convocatorias que habitualmente financian la realización de proyectos de investigación por parte de universidades y organismos públicos rara vez permiten cubrir el coste de desarrollos más aplicados. Aún en el caso de que esto fuera posible, hacerlo reduciría la financiación disponible para la investigación de carácter académico, sobre cuyos resultados se evalúa fundamentalmente la productividad científica de los investigadores. Por su parte, las líneas de financiación destinadas a proyectos de desarrollos tecnológicos suelen consistir en préstamos blandos y requieren de la participación de al menos una empresa dispuesta a asumir el riesgo financiero de dicho proyecto. Estamos, pues, como al principio.

Figura 1. Valle de la muerte, gap, o como quieras llamarlo.
Figura 1. Valle de la muerte, gap, o como quieras llamarlo.

Conscientes de esta limitación, muchas universidades han puesto en marcha sus propios programas internos para financiar el desarrollo de sus resultados de investigación. En el ámbito europeo, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), en el marco de sus programas de Ciencia Excelente, ha puesto en marcha la convocatoria ERC Proof of Concept, que financia este tipo de actividades pero sólo para quienes hayan sido beneficiarios anteriormente de alguna de sus (extremedamente competitivas) ayudas.

El dinero no lo es todo

Sin embargo, no basta con tener financiación. Es imprescindible además elaborar un proyecto de desarrollo tecnológico y validación adecuado para cada resultado de investigación, en función de su grado de madurez, de la tecnología que emplea y del mercado o aplicación a la que se dirige, entre otros. Los investigadores académicos -e incluso las oficinas de gestión y transferencia de tecnología- desconocen con frecuencia estos aspectos y se corre por tanto el riesgo de acabar malgastando el dinero o, en el mejor de los casos, financiando encubiertamente la continuación del proyecto que dio lugar al resultado de investigación.

Como apuntábamos la semana pasada, una posible estrategia pasaría por movilizar fondos públicos y/o privados que inviertan con conocimiento tecnológico y de mercado en las tecnologías más prometedoras a fin de llevar a cabo estos desarrollos y pruebas de concepto.

Uno de los pioneros en España en este sentido fue el programa Mind the Gap, de la Fundación Botín, cuyo objetivo es precisamente cubrir el vacío o gap que separa la ciencia de la empresa, de tal modo que las tecnologías con potencial comercial lleguen al mercado. Mind the Gap está, en principio, limitado a proyectos en biomedicina, biotecnología o bioingeniería y aporta recursos tanto económicos (hasta 250.000 euros) como de gestión. Para ello se crea una empresa participada por la propia Fundación Botín y, según cada caso, por los investigadores, la institución que los acoge y/o terceros implicados en el proyecto. Una de las empresas más conocidas fruto de este programa es Life Length, que ofrece servicios de diagnóstico a partir de la tecnología de análisis de telómeros desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por el grupo de María Blasco.

El programa Mind the Gap ha sido muy cauto en la selección de proyectos -no existe una convocatoria pública- y únicamente ha trabajado con un grupo restringido de centros de investigación con los que la Fundación Botín mantiene colaboración. En junio de 2015, la Fundación Botín anunció su intención de escalar el modelo y crear un fondo para atraer capital externo dispuesto a invertir en las empresas biotecnológicas seleccionadas por el programa.

También en 2015, Obra Social ”la Caixa” puso en marcha el programa CaixaImpulse, con el objetivo habitual de promover la creación de empresas en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida y, en concreto, de financiar el desarrollo y transferencia al mercado de resultados de investigación protegibles o protegidos obtenidos por centros de investigación (no patent, no party).

Los parecidos con Mind the Gap son evidentes aunque existen una serie de diferencias a precisar. En el caso de CaixaImpulse, el proceso de presentación y selección de proyectos es público y abierto a todo tipo de entidades de investigación, y la financiación se vincula a una serie de hitos de validación y desarrollo. Podríamos decir que CaixaImpulse es, esencialmente, un programa de acompañamiento y aceleración de empresas pero también de tecnologías, puesto que se contempla la posibilidad de que el proceso no concluya en la creación de una empresa sino en un acuerdo de transferencia. La Caixa se reserva un porcentaje (muy reducido) del capital de la eventual empresa y un porcentaje sobre sus ventas anuales. De hecho, el programa está organizado conjuntamente por Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

¿Hacia una nueva “moda” inversora?

Pero no se vayan todavía, aún hay más. Hace apenas unos días se registraba el fondo de capital riesgo Tech Transfer UPV, gestionado por Clave Mayor y cuyo objetivo es impulsar proyectos de transferencia de tecnología con alto componente innovador y tecnológico vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Su objetivo de inversión es de 6 millones de euros, a repartir en hasta 21 proyectos a lo largo de 3 años y con un máximo de 325.000 euros en cada proyecto. La puesta en marcha del fondo está, además, alineada con la estrategia de fomento del emprendimiento que de un tiempo a esta parte viene desarrollando la UPV.

Incluso las administraciones públicas están siguiendo los pasos de la iniciativa privada. El pasado mes de enero, la gallega Fundación Barrié anunciaba la transferencia de la metodología de su Fondo de Ciencia a la Xunta de Galicia. El Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié, si bien es poco conocido en el resto de España ya que su actividad se limita a Galicia, comparte completamente la filosofía y objetivos del programa Mind the Gap de la Fundación Botín. Dotado inicialmente con más de 5 millones de euros, ha apoyado cinco proyectos con una inversión total cercana a los 3 millones de euros y de los cuales se han generado hasta el momento dos start-ups: Torusware y Nasasbiotech. La metodología a la que se hace referencia consiste en una serie de normas y procedimientos elaborados por la Fundación Barrié, que contó para ello con la colaboración de Isis Innovation, la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford.

¿Y qué va a hacer la Xunta con esta metodología? Pues a través de su Axencia Galega de Innovación (GAIN) va a poner en marcha un fondo autonómico de prueba de concepto con el fin de fomentar la investigación y transferencia al mercado en Galicia. A cambio de inversión realizada, que será de 200.000 euros por proyecto como media, la Xunta recibirá el 30% de todos los beneficios generados. Es un retorno considerable, siempre y cuando la referida metodología dé los resultados esperados, claro.

Todos estos programas e iniciativas responden a un modelo que, en sus distintas variantes, vamos a encontrar cada vez con más frecuencia y que viene motivado por diversos factores. En primer lugar y conditio sine qua non, la percepción de que la innovación tecnológica es una oportunidad de inversión que, con una gestión adecuada, puede ofrecer rentabilidades apetecibles y riesgos controlados. En segundo lugar y haciendo de la necesidad virtud, la urgencia que centros de investigación y universidades tienen de diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el retorno económico obtenido de sus resultados de investigación además de, en el caso particular de las universidades, crear nuevas oportunidades profesionales a sus egresados en el difícil mercado laboral que ha dejado la crisis.

En definitiva, muestran que la relación entre ciencia, inversión y empresa está cambiando, y a mejor. La financiación -ya sea pública o privada- siempre “engrasa” la colaboración y, aunque pueda haber fracasos (que los habrá), si se acompaña de una gestión más profesional y criterios de inversión podemos estar seguros de que su impacto y los beneficios para nuestro sistema de ciencia y tecnología serán mucho mayores.

Maldito parné: a vueltas con la financiación de la ciencia

50 millones de euros. No, no es último bote de los Euromillones sino el monto total del nuevo fondo de inversión en biomedicina que Damià Tormo anunció el pasado martes 27 de octubre durante el último encuentro TEI Bio celebrado en Valencia.

Damià es uno de los científicos emprendedores más reconocidos en la Comunidad Valenciana, cofundador de las empresas BiOncoTech Therapeutics y Artax Biopharma y, desde luego, sabe de lo que habla. Artax cerró recientemente una ronda de inversión por valor de 10 millones de dólares y tiene el potencial para convertirse en la next big thing en el sector biotecnológico español.

Dice Damià que en España “hay una gran oportunidad de invertir en proyectos científicos de gran calidad” y que “se trata de un mercado virgen, España es la China de la I+D”. O lo que es lo mismo, que producimos buena ciencia -en algunos casos, excepcional- a bajo coste. Esta afirmación se viene oyendo desde hace ya unos años, pero en mi opinión sigue sin consolidarse un deal flow suficiente de proyectos. ¿Falla el ecosistema o el mercado? ¿Falla la ciencia o el scouting de los buenos resultados de investigación? 50 millones de euros bien valen una respuesta a estas preguntas.

Financiación es lo que precisamente andan buscando los investigadores de la Universidad de Granada que, hace unos días, anunciaron un  nuevo compuesto antitumoral para cáncer de mama, colon y melanoma dirigido a células madre tumorales (cancer stem cells, CSC). Con toda la prudencia que se debe mantener ante este tipo de notas de prensa, sobre el papel el resultado es prometedor: eficacia y baja toxicidad demostrada en modelos animales y facilidad para sintetizarlo a escala industrial.

Para continuar el proyecto, los investigadores cuentan con 125.000 euros del Ministerio de Economía y Competitividad y otros 20.000 euros del sector privado. Si al final va a ser verdad eso de que somos la China de la ciencia. Con todo, no es suficiente, y se ha organizado una campaña en change.org dirigida a Susana Díaz y a Mariano Rajoy (!) para que financien el desarrollo del fármaco. ¡Hasta la tuna ha dado dinero! ¿Qué decíamos antes de la prudencia al tratar estos temas?

Por cierto que al final de la nota de la universidad se desliza que el grupo de investigación lleva 22 años trabajando en este tema. Si sumamos la inversión realizada en contratos de personal investigador, materiales, equipamiento e instalaciones de laboratorio durante todo este tiempo igual resulta que la investigación no es tan barata como dicen… Lo que sí puede ser es que sea barato comprar sus resultados porque no sabemos (o no podemos) venderlos. Lo dejo abierto para el debate.

Quien sí ha levantado financiación ha sido la empresa Mind the Byte, especializada en diseño computacional de fármacos: 234.310 euros. Pipas, en comparación con el fondo de Damià o con rondas de inversión recientes, como las de Minoryx  (19 millones de euros) o Sanifit (36,6 millones de euros). Pero hay que tener en cuenta que Mind the Byte es una empresa que ofrece servicios de software y por tanto no incurre en los elevados costes asociados al desarrollo de fármacos. De hecho la inversión captada se va a dedicar fundamentalmente a actividades de expansión e internacionalización.

Lo realmente novedoso del asunto es que la ronda de inversión se ha realizado a través de una plataforma de crowdfundingSe trata de la ronda de crowdequity más grande que se ha cerrado en el sector biotecnológico español. Enhorabuena a todo el equipo.

Financiando la ciencia. Fuente: gizmag.
Financiando la ciencia. Fuente: gizmag.

Precisamente, el crowdfunding en ciencia ha estado también de actualidad esta semana. El País se preguntaba “por qué hemos de donar de dinero a la ciencia si ya pagamos impuestos”, a propósito del primer aniversario del proyecto Precipita, impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Precipita es un sitio web en el que los científicos de centros públicos de investigación solicitan a los ciudadanos pequeñas donaciones para financiar sus proyectos. La idea en sí no es mala. El crowdfunding es una alternativa perfectamente válida para según qué proyectos. Lo que es desafortunado es su implementación. Que sea un organismo público el que monte una plataforma para que los ciudadanos financien proyectos cuando la misma administración ha aplicado unos recortes sin precedentes en los presupuestos dedicados a investigación y desarrollo puede interpretarse como la versión científica del “es triste pedir pero más triste es robar”. En la práctica, sólo los proyectos más sexys o con mayor impacto emocional tiene posibilidades de obtener financiación y, en la mayoría de los casos, el importe conseguido apenas permite costear pequeños trabajos de investigación.

Si el Gobierno quiere realmente impulsar la financiación privada de la I+D lo que tiene que hacer es abordar una reforma ambiciosa de la Ley de Mecenazgo, que la comunidad científica viene reclamando desde hace ya tiempo.

En fin, con esto concluimos un breve repaso a algunas noticias de la semana pasada que abordan diversas facetas de la financiación de la ciencia, no exentas de polémica. Y es que, como reza la copla, “maldito parné“.

¿Estás de acuerdo en que la calidad de la ciencia española es comparable cuanto menos a la de países considerados punteros?

¿Por qué no se consolida la financiación privada de la ciencia?

¿Crees que el mecenazgo o el crowdfunding son opciones válidas? ¿Cómo se podrían fomentar?

La I+D será clave en el presupuesto de 2016… de Noruega

Recientemente la Fundación Cotec hacía público su informe anual sobre el estado de la investigación y la innovación en España. El informe recopila la práctica totalidad de indicadores y factores que describen y modulan la evolución de la innovación tecnológica en España: inversión, recursos humanos, educación y formación, resultados, competitividad y comercio exterior.

La tendencia negativa de los últimos años se ha mantenido y, como muestra, el gasto en I+D en España ha seguido cayendo en el año 2013 hasta el 1,24% del PIB, un nivel comparable al del año 2007 y que ha llevado al director general de Cotec, Jorge Barrero, de hablar de una “década perdida para España“. Los datos cobran mayor gravedad cuando se comparan con los de los países de nuestro entorno. Mientras que de 2008 a esta parte, el gasto en I+D en porcentaje del PIB en España ha caído en un 6%, en el conjunto de países de la OECD ha crecido un 17,4%.

El contenido del informe, aún siendo preocupante, no contiene en líneas generales nada que no supiéramos o, al menos, intuyéramos. La errática política científica española es bien conocida. Hace apenas unos días, el científico Avelino Corma se lamentaba de que en España no hubiera habido nunca una política “continuada” de apoyo a la ciencia, sólo “impulsos”, y abogaba por un pacto de estado a largo plazo que dé estabilidad. Petición que suscribían los directores de los centros de investigación de excelencia Severo Ochoa y que, por cierto, dista de ser nueva. En 2004, un grupo de reconocidos investigadores españoles, que incluía entre otros a Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Vicente Rubio o Margarita Salas, exigía también un pacto de estado por la ciencia al, por aquel entonces, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Mientras, en el norte de Europa…

Como guinda, justo esta semana me llegaba a través de Rafael Palacios una breve nota sobre los presupuestos de Noruega para el año 2016, que “otorgan a la investigación y la innovación un papel clave en la reestructuración de la economía” de ese país, según señala Arvid Hallén, director del Consejo de Investigación de Noruega (Norges forskningsråd). Este organismo, comparable a la nonata Agencia Estatal de Investigación española, es el responsable de promover y financiar la investigación científica en Noruega.

El presupuesto noruego del año 2016 fija tres prioridades estratégicas, que tratan de dar respuesta a la actual situación económica:

  • Reforzar la investigación aplicada y orientada a la industria
  • Impulsar la investigación básica y a largo plazo
  • Consolidar la cooperación internacional y la participación en programas europeos.

Dentro del programa de investigación industrial (User-driven Research-based Innovation, BIA), destaca el fomento de la transferencia de tecnología y experiencia entre empresas, como por ejemplo la aplicación de capacidades de la industria petrolífera en otros sectores. Además, hay un programa dedicado a la comercialización de resultados de investigación dotado con cerca de 30 millones de euros, de los cuales casi 3 millones se destinarán a estudiantes emprendedores.

En el ámbito de la investigación básica los presupuestos incluyen la financiación de hasta 40 proyectos científicos singulares (FRIPRO Toppforsk), comparables a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, ERC) y dotados con alrededor de 2,5 millones de euros para 5 años.

El gasto público noruego en I+D representa el 1% del PIB y, en palabras de Hallén, “supone un hito, incluso si este porcetaje se debe en parte a un menor crecimiento del PIB“. En España nos daríamos con un canto en los dientes con unos presupuestos así, sin embargo en Noruega el propio Hallén se lamenta de que “áreas clave como la investigación sobre el clima o la renovación del sector público no se beneficien de un mayor incremento en la financiación“. Que no es que no las financien, sino que no han sido consideradas prioritarias.

Odiosas comparaciones

Las políticas científicas y de innovación noruega y española difieren notablemente, tanto como los propios países. La pregunta que en consecuencia nos deberíamos plantear es cómo se reflejan y cuáles los efectos de estas políticas en los respectivos sistemas de ciencia e innovación, y hasta qué punto son comparables.

Para tratar de obtener una respuesta preliminar, con la superficialidad que este blog permite, vamos a fijarnos en cuatro indicadores básicos: el gasto en I+D en porcentaje sobre el PIB y en importe, el ratio de investigadores por empleado y el número de patentes triádicas.

1. Gasto e inversión en I+D

En 2013, Noruega destinó un 1,65% de su PIB a actividades en I+D, frente al 1,24% de España, como hemos visto al inicio del artículo, lo que viene a resultar un 33% más que nuestro país.

La diferencia entre ambos países no es tan grande, en particular si la comparamos con países como Suecia y Finlandia, que dedicaron el 3,3% de su PIB a I+D, o Austria y Alemania, cerca del 3% del PIB.

Cuando trasladamos los porcentajes anteriores a importes, la diferencia se vuelve claramente a favor de España, por el tamaño de nuestra economía. En 2013 Noruega gastó 5.163 millones de dólares en I+D, frente a los 17.960 millones de dólares de España.

Tanto en este indicador como en el anterior vale la pena detenerse un momento en la tendencia. Mientras que desde el inicio de la crisis el gasto en I+D en España, tanto en porcentaje sobre el PIB como en importe, no ha hecho más que descender, en Noruega descendió ligeramente en porcentaje para recuperarse en 2013 y, en todo caso, no ha dejado de aumentar en importe en ningún año.

2. Recursos humanos y resultados de I+D

En 2013, Noruega y España emplearon, respectivamente, a 10,42 y 6,87 investigadores por 1.000 trabajadores. En otras palabras, en términos relativos Noruega tiene un 53% más de trabajadores dedicados a I+D que España, destinando tan sólo un 33% más que España del porcentaje de su PIB.

Finalmente, Noruega -sus empresas, universidades, organismos de investigación e incluso particulares- solicitaron 122 patentes triádicas en 2013, frente a las 244 de España. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización.

En este caso, encontramos que España, realizando un gasto en I+D 3,5 veces superior al Noruego, sólo consigue el doble de solicitudes de patentes triádicas.

Conclusión

De este rápido vistazo a la política científica noruega y de la inevitable comparación con España se pueden obtener, al menos, tres lecciones que haríamos bien en aplicarnos.

La primera lección clara: es importante invertir en ciencia, pero tanto o más importante es cómo se invierte, sea poco o mucho. Los indicadores de gasto y su evolución lleva a pensar que, al margen de la situación coyuntural de la economía, Noruega realiza una apuesta estructural, sostenida y largo plazo por la I+D como parte de su economía y de su sociedad, y obtiene, tanto en términos relativos como absolutos, un mejor retorno de su gasto en I+D.

Gasto que, no lo olvidemos, comprende el correspondiente tanto al sector público como al privado. De este modo, los resultados obtenidos se derivan de la voluntad del sector público de articular políticas e instrumentos de apoyo a la ciencia y a la innovación, y de la capacidad del tejido empresarial en multiplicar y convertir dicho gasto en empleo de calidad e innovación.

La segunda lección es la importancia de combinar el apoyo a la investigación básica, a largo plazo, con la investigación y el desarrollo aplicados y orientadas a la industria. Esto es algo que en España, con la política científica en manos de una Secretaría de Estado de I+D+i subsumida dentro del Ministerio de Economía y Competitividad, puede no resultar fácil.

La tercera lección es que hay que definir áreas prioritarias y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, científico o industrial. El café para todos no es, en ningún caso, una (buena) política.

Tampoco lo es la multiplicidad de agencias e instrumentos de financiación. El Consejo de Investigación noruego nació en 1993 de la fusión de cinco organismos cada uno con su propia área de interés. En España, huelga decirlo, seguimos sin la Agencia Estatal de Investigación y, aún cuando ésta sea una realidad, la financiación de la I+D seguirá dispersa entre la propia agencia, el CDTI y probablemente también el Instituto de Salud Carlos III, además de toda una pléyade de agencias de financiación autonómicas rara vez coordinadas entre sí.

Finalmente, quizá el aspecto más destacable sea la motivación detrás de la decisión del gobierno noruego de aumentar el gasto en I+D, que trata de responder a la actual situación económica y se basa en el convencimiento de que la investigación y la innovación son claves para reestructurar la economía del país.

Como contrapunto, recuerdo unas provocadoras palabras de Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra quien, en la pasada conferencia de plataformas de investigación biomédica, sentenciaba que “en España, no es que la administración no valore la investigación, es que no cree en ella“.

¿Qué opinas de la política científica española, en comparación con la de otros países de nuestro entorno?

¿Te parece adecuada la política noruega? ¿Qué modelo debería seguir España?

¿Crees que, como dice San Miguel, nuestra administración no valora suficientemente la ciencia y la innovación?

Compra pública innovadora en H2020

Dado el interés que habéis mostrado en el anterior artículo sobre compra pública innovadora (CPI), comparto con vosotros varias novedades y recursos en el contexto del programa Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea. Espero que os sean de utilidad para sacar el máximo partido de este instrumento de innovación y, no lo olvidemos, también de financiación.

Novedades en H2020

Esta misma semana, desde el área de CPI del CDTI se nos informaba que la Comisión Europea ha actualizado la información relativa compra pública innovadora en su sitio web, y recopilado los topics de los Programas de Trabajo de H2020 para 2016-2017 que contemplan este tipo de actuación, tanto en su modalidad de compra pública precompetitiva (CPP) como de tecnología innovadora (CPI/CPTI).

Como es habitual en H2020, la financiación de estos topics requiere el montaje de consorcios transnacionales, en este caso de entidades contratantes, con las siguientes características:

  • Mínimo de 3 entidades legales de 3 estados miembros o asociados diferentes, de las cuales al menos 2 deber ser entidades contratantes públicas de 2 estados miembros o asociados distintos (esto me recuerda a una famosa escena de una famosa película, por cierto).
  • Posibilidad de incluir otras entidades contratantes no públicas pero que presten servicios de interés público y que, obviamente, compartan la necesidad de lanzar procesos de CPI o CPP. Por ejemplo, ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro.
  • Posibilidad de incluir otros beneficiarios que no sean entidades contratantes y que añadan valor al proceso de contratación, pero que obviamente no sean quienes presten de los productos o servicios innovadores. Por ejemplo, entidades que presten servicios de consultoría o asesoría a las entidades contratantes.

Las actividades que se pueden financiar son los siguientes:

  • Coordination and Support Actions (CSA): financia actividades de coordinación entre entidades contratantes, por ejemplo identificar necesidades y retos comunes, estudios de mercado, etc. Atención, las CSAs no financian la compra pública en sí.
  • Public Procurement of Innovative solutions (PPI): cofinancia una única actuación de CPI, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.
  • Pre-Commercial Procurement (PCP): cofinancia una única actuación de CPP, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.

La financiación disponible para CPI y CPP en los programas de infraestructuras, ICT, salud, seguridad, energía, transporte, espacio y cambio climático y medioambiente, es de alrededor 130 millones de euros en el período 2016-2017. Además, la modalidad de ayuda ha mejorado, pasando a ser del 90% para CPP y del 35% para CPI, en ambos incluyendo tanto el importe de la compra como la gestión, y del 100% en acciones de coordinación y soporte (CSA).

Si en algún momento os habéis perdido con la jerga de términos y acrónimos os recomiendo leer el artículo anterior en el que se introducen el concepto de compra pública innovadora, sus objetivos y modalidades.

Recursos de interés

Para concluir, aquí tenéis un listado de recursos que pueden ser de vuestro interés:

Procuraré mantener este listado actualizado. Si conocéis algún recurso, material o caso de éxito que creáis que sería interesante incluir, por favor, hacédmelo llegar a través de los comentarios o de la sección de contacto del blog.

¡Feliz compra!

¿Qué es y para qué sirve la compra pública innovadora?

Bajo el nombre de compra pública innovadora se recogen diversas actuaciones administrativas cuyo objetivo principal es el fomento de la innovación a través de la contratación pública y cuyo impacto es doble:

  • Por una parte, la administración o los entes públicos correspondientes se modernizan mediante la adquisición de bienes y servicios novedosos.
  • Por otra parte, las empresas desarrollan e introducen por primera vez en el mercado dichos bienes y servicios, con la consiguiente mejora de su competitividad.

De este modo, la innovación viene dirigida desde el lado de la demanda -en este caso del sector público- y no desde la oferta, como es lo habitual cuando las empresas tratan de introducir nuevos productos y servicios en el mercado.

Tipos de compra pública innovadora

La denominación de compra pública innovadora (en inglés, Innovation Procurement) hace, en general, referencia a dos modalidades de contratación pública:

1. Compra pública (de tecnología) innovadora (CPI, CPTI)

Hablamos de compra pública de tecnología innovadora (en inglés, Public Procurement of Innovative solutions, PPI) cuando el contratante plantea una necesidad o desafío tecnológico que puede satisfacerse fácilmente por soluciones incipientes, que están a punto de llegar al mercado o empezando a introducirse en el mismo.

En este caso, en el que no es necesario realizar actividades de I+D, la contratación pública juega el papel de primer cliente o early adopter de estos nuevos productos o servicios y, por tanto, “abre” el mercado y facilita que las empresas puedan escalar la producción y comercialización.

2. Compra pública precomercial (CPP)

Hablamos de compra pública precomercial o precompetitiva (en inglés, Pre-Commercial Procurement, PCP) cuando el contratante solicita soluciones que están aún lejos de llegar al mercado y, por tanto, es necesario llevar a cabo un esfuerzo de I+D considerable.

La compra pública precomercial permite por tanto comparar distintas aproximaciones tecnológicas y reducir el riesgo asociado al desarrollo de un proyecto de innovación, desde la fase de diseño y prototipado hasta la validación de una primera versión del producto o servicio. La posterior provisión de la versión final podría ser objeto a su vez de un procedimiento de CPI, como el visto anteriormente.

El proceso de compra pública precomercial con frecuencia se desarrolla en rondas o fases, seleccionando en cada una de ellas las soluciones o tecnologías que resultan más prometedoras. De este modo se logra reducir el riesgo que asumen las empresas, inherente a la realización de todo proyecto de I+D, así como el que asume la administración, que financia solo aquellos proyectos con mayores posibilidades de éxito, como se muestra en la siguiente figura.

Flujo de CPP y CPTI. Fuente: Elaboración propia
Diagrama de flujo de CPP y CPTI. Fuente: Elaboración propia

Un aspecto a tener en cuenta es que ambos procesos de contratación pública, si bien se pueden encadenar, son independientes entre sí. En otras palabras, la adjudicación del proceso precomercial no implica la adjudicación del eventual proceso de compra pública de tecnología posterior. Esta última podría ser adjudicada a cualquier empresa que concurra al mismo, haya participado o no en el proceso anterior, o incluso a un consorcio o unión de varias empresas. 

Es posible, e incluso en algunos casos probable, que la empresa que haya realizado el diseño, prototipado y validación del producto o servicio no tenga  la capacidad de escalar la producción o prestación del servicio, o de asegurar su distribución, por ejemplo.

Compra pública innovadora en España y en Europa

Prácticamente todas las administraciones han introducido o están introduciendo la compra pública innovadora como instrumento de sus políticas de fomento de la innovación empresarial y, en consecuencia, en sus presupuestos.

En España, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el CDTI juegan un papel clave en la promoción de la compra pública innovadora.

El MINECO ha editado una completa guía sobre compra pública innovadora que contiene una descripción detallada de los instrumentos disponibles, su marco jurídico y buenas prácticas para su aplicación.

El programa INNODEMANDA del CDTI financia a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en una contratación pública, siempre y cuando la entidad contratante haya suscrito previamente un protocolo con el CDTI en el que se especifiquen, entre otros, los hitos, plazos de actuación y condiciones aplicables. Una característica interesante de INNODEMANDA es que financia a las empresas independientemente de que estas resulten o no adjudicatarias, lo que reduce en buena medida el riesgo que asumen.

Funcionamiento de INNODEMANDA. Fuente: CDTI
Funcionamiento de INNODEMANDA. Fuente: CDTI

Igualmente, la Comisión Europea también está realizando realizando un esfuerzo importante en fomentar la compra pública innovadora en varios de sus iniciativas y programas de investigación y desarrollo, como H2020 o la Agenda Digital Europea. Existe, además, la posibilidad de utilizar fondos europeos, como FEDER, para cofinanciar actuaciones de compra pública innovadora por parte de las administraciones nacionales y regionales, como ministerios o comunidades autónomas.

Un caso de éxito en España es InnovasuMMA, un programa de compra pública precomercial impulsado por el Servicio Gallego de Salud dentro de sus planes de innovación sanitaria Hospital 20150 e InnovaSaúde, cuyo objetivo es la búsqueda de diagnósticos avanzados en biomarcadores, sobre todo en oncología y hematología.

Conclusión

La compra pública innovadora es un mecanismo de financiación de la innovación que, bien empleado, resulta muy atractivo tanto para administraciones públicas como para empresas.

Puede ser, además, un mecanismo o cuanto menos un incentivo para la transferencia de tecnología, y facilitar la aplicación de resultados de investigación en nuevos productos y servicios. Para ello es imprescindible que la administración adopte un enfoque integral, y sea capaz de alinear líneas y resultados de investigación académicos con las necesidades del mercado y con la capacidad de nuestras empresas para desarrollar esos nuevos productos y servicios a partir de los primeros. Ahí es nada.

Por su parte, programas como INNODEMANDA -u otros de carácter europeo- permiten a las empresas mitigar el riesgo inherente al proyecto de I+D en particular en proyectos de compra pública precompetitiva.

Cabría preguntarse, no obstante, cuándo no se debe recurrir a la compra pública innovadora para proveer un nuevo producto o servicio. Una respuesta rápida es cuando el grado de madurez tecnológica del producto o servicio quede fuera del diagrama de flujo visto anteriormente. Es decir, en aquellos casos en que:

  • La actividad de I+D a desarrollar quede dentro del ámbito de la investigación básica o fundamental, guiada por la curiosidad científica, para lo que existen otros instrumentos de financiación.
  • Ya existan productos o servicios equivalentes en el mercado, o aún cuando no existan, sí haya una demanda clara que exija su desarrollo.

Podemos estar seguros de que vamos a seguir oyendo hablar, y mucho, de compra pública innovadora en el futuro próximo, así como de casos de éxito, y con toda probabilidad, también de fracaso en alguna ocasión.

Conseguir convertirla en una palanca para mejorar la innovación, la competitividad y las ventas de nuestras empresas es una responsabilidad compartida.

¿En qué sectores la compra pública innovadora puede tener mayor relevancia e impacto, tanto desde la pespectiva de la modernización de la administración como desde la de la competitividad empresarial?

¿Pueden todas las empresas beneficiarse de la compra pública innovadora? ¿Qué barreras se encuentran y cómo superarlas?

¿Qué casos de éxito (o de fracaso, si los hubiera) conoces?

La transferencia de conocimiento en el debate político

Con frecuencia se dice que la transferencia del conocimiento es un caso particular de fallo de mercado o market failure. Es decir, aquella situación en la que el suministro de bienes y servicios en un mercado no es eficiente.

Las causas de este fallo de mercado son, sin duda, múltiples y requieren un estudio en profundidad: la falta de maduración de la tecnología generada por universidades y centros de investigación, la asimetría de información disponible o la falta de mecanismos que pongan en contacto la oferta y la demanda de tecnología, entre otras.

En los casos de mercados fallidos en los que, no obstante, existe un interés social por que funcionen adecuadamente es habitual que las administraciones públicas lleven a cabo políticas para corregir la situación. En lo que al mercado de transferencia de tecnología respecta, es fácil dar con ejemplos de políticas en este sentido en el ámbito regional o autonómico, nacional o incluso internacional, como las implementadas por la Comisión Europea.

RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación, organizó el pasado 31 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia un más que interesante encuentro sobre este tema y, en particular, sobre las políticas autonómicas en transferencia del conocimiento, motivado por las próximas convocatorias electorales.

El encuentro contaba además con el aliciente de la participación de representantes de los partidos políticos: Zulima Pérez del PSPV, Juan Carlos Pérez de Podemos y Joaquín Ríos del PP.

¿Qué se debe financiar?

El primer aspecto tratado en la jornada fue qué tipo de actuaciones deberían financiar las políticas de transferencia o innovación. Se realizó una votación entre todos los asistentes y se determinó que el esfuerzo debía destinarse a financiar, de mayor a menor prioridad:

  1. Proyectos, entendiendo como tales aquellos de prueba de concepto, desarrollo tecnológico o prototipado.
  2. Capacidades, entendiendo como tales los recursos humanos y servicios necesarios para la protección, comercialización y transferencia del conocimiento, entre otros.
  3. Infraestructuras, entendiendo como tales los parques científico-empresariales o las incubadoras.

La diferencia entre proyectos y capacidades no fue significativa, y la mayor parte de los participantes acordaron que de manera general no era necesaria una gran financiación destinada a nuevas infraestructuras.

¿Qué errores se han cometido?

Mediante una dinámica basada en Metaplan se preguntó a los asistentes sobre cuáles son los errores qué se han venido cometiendo en los últimos años en las políticas de transferencia e innovación. La mayoría de los asistentes, no obstante, hicimos extensiva la respuesta a las políticas de I+D.

Surgieron, obviamente, muchas y muy variadas respuestas, aunque hubo consenso en torno algunos puntos, no necesariamente en orden de prioridad:

  • Falta de estabilidad en la financiación destinada a I+D e innovación, y la aplicación de recortes indiscriminados en determinadas partidas.
  • Inversión, en ocasiones excesiva, en infraestructuras sin valorar su sostenibilidad y, comparativamente, falta de financiación para recursos humanos y proyectos que hagan uso de las mismas.
  • Falta de interés y de incentivos en el ámbito universitario o académico por la transferencia de resultados de la investigación y su impacto económico.

¿Qué medidas se deberían tomar?

De nuevo las respuestas fueron múltiples, y las medidas propuestas estuvieron en general alineadas con el análisis de los errores cometidos e identificados anteriormente. Me parecieron especialmente significativas las siguientes:

  • Asegurar una financiación estable para las políticas y actividades de I+D e innovación, además de priorizar aquellos proyectos y actuaciones de mayor impacto. ¿Se acabó el café para todos?
  • Incrementar el nivel tecnológico y de innovación de las empresas, y por tanto su capacidad de integrar nuevas tecnologías y resultados de investigación en sus procesos, productos y servicios. De especial interés si consideramos que el tejido industrial y empresarial valenciano carece de cierta “tradición” innovadora.
  • Profesionalizar la gestión de la investigación y la innovación en la administración y promover la presencia de perfiles técnicos especializados que desarrollen políticas coherentes a lo largo del tiempo y que aprendan y mejoren a partir de las desarrolladas en el pasado.
  • Articular un ecosistema de innovación y propiciar, desde la administración, la interacción entre los distintos actores del mismo y el posicionamiento nacional e internacional de la Comunidad Valenciana en materia de innovación.

Debate y conclusiones

En primer lugar, quiero reconocer el mérito y, por qué no decirlo, la valentía de los organizadores y también de los participantes al abordar un tema tan sensible como éste en vísperas de una cita electoral. Sin lugar a dudas, la autocrítica y el debate constructivo son el camino para evitar los errores pasados, así como involucrar a todos los agentes participantes en la transferencia e innovación tecnológica.

Fue especialmente interesante que los representantes de los partidos políticos tomaran parte en la generación de ideas, si bien monopolizaron buena parte del debate que siguió. Algo esperable, si tenemos en cuenta la expectación que generaba su presencia y que, para muchos de los asistentes, era una excelente ocasión de escuchar sus propuestas y puntos de vista:

  • Por parte del PSPV se incidió en la necesidad de cambiar el modelo productivo, algo que aparece recogido explícitamente en su programa, de aumentar la financiación destinada a I+D e innovación y de poner en marcha diferentes medidas de carácter estratégico, entre las que destaca la creación de la Agencia Valenciana de Innovación.
  • El representante de Podemos apostó igualmente por aumentar la financiación destinada a I+D e innovación, así como por que la definición de las políticas de I+D e innovación se realice en base a criterios fundamentalmente técnicos y no políticos, por fomentar el diálogo entre los distintos agentes y la participación de la sociedad en su conjunto.
  • El representante del PP procuró lógicamente justificar y poner en valor las políticas llevadas a cabo a pesar de la complicada situación económica así como defender la posición de la Comunidad Valenciana en I+D e innovación, cuarta en el contexto nacional.

En mi opinión, la percepción de que buena parte de las políticas llevadas a cabo o han fallado o no han dado los resultados esperados, así como de “desventaja” en relación a otras comunidades autónomas, requiere de un análisis en profundidad de nuestra situación y de un análisis comparativo con casos de éxito de otras autonomías o regiones.

Hay que aprender tanto de la experiencia propia, de lo que ha funcionado y de lo que no, como de la experiencia de terceros. Así, podemos encontrar buenos ejemplos en Cataluña, País Vasco, Andalucía o incluso Galicia, que independientemente del color político de su gobierno están desarrollando políticas coherentes y contribuyendo a reforzar y modernizar sus sectores industriales y su capacidad para generar riqueza y empleo.

Sin duda la política de innovación -cuando no la de I+D, aunque esto sería objeto de otro debate- no puede estar desligada de la política industrial, y las comunidades autónomas deben realizar apuestas claras en aquellos sectores con mayor potencial.

Existe además una urgencia compartida por aprovechar la oportunidad que supone la innovación para reconducir la situación económica, como pudimos comprobar en la reciente jornada sobre ecosistemas de innovación.

En todo caso, es una muy buena noticia comprobar que las políticas de I+D e innovación tienen cada vez mayor espacio en el debate político, que abro también aquí en el blog:

¿Hasta qué punto deben y pueden incidir las comunidades autónomas en la transferencia del conocimiento?

¿Cuáles son, en tu opinión, los errores cometidos en el pasado reciente? ¿Qué medidas debemos tomar?

¿Existen modelos a seguir, en España o en otros países, que sean aplicables en tu comunidad autónoma o en tu región?

 

ACTUALIZACIÓN (1 de junio de 2015): En el próximo Encuentro RedTransfer, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio en Sevilla, se tratarán las políticas de investigación e innovación desde diferentes perspectivas, y se contará igualmente con la participación de partidos políticos que presentarán sus propuestas. Don’t miss!

Dificultades y retos de los ecosistemas de innovación

Si en la entrada anterior comentaba el uso y abuso del concepto de innovación, qué decir del concepto de ecosistema. Con demasiada ligereza se habla del ecosistema empresarial, del ecosistema emprendedor y, cómo no, del ecosistema de innovación que da título a este artículo…

Sin embargo, el pasado 10 de marzo organizamos una jornada de trabajo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y en colaboración con la empresa Desarrollo Creativo de Negocio S.L. (DCN) nada más y nada menos que bajo el título de “Creando ecosistema de innovación en Salud.

¿Doble punto en el buzzword bingo?

Ecosistema es…

Podemos convenir que la innovación es un instrumento de generación de riqueza y de empleo, y que una de las mejores maneras de hacer innovación, en particular en sectores como el sanitario o biomédico como el que nos ocupaba, es en colaboración.

Dicha colaboración se da entre agentes muy diversos -empresas, entidades, personas…- con intereses complementarios, pero que en ocasiones pueden ser divergentes o incluso contrapuestos, y que conforman una compleja y rica red de relaciones.

En definitiva, un ecosistema:

Ecosistema de innovación en Salud
Ecosistema de innovación en Salud

Dificultades para la consolidación de los ecosistemas

Pese al esfuerzo de numerosas entidades, con frecuencia observamos que los ecosistemas de innovación presentan dificultades para su consolidación, en concreto en regiones en las que no existe una cultura de innovación arraigada o en sectores tecnológicos incipientes, como es el caso del ecosistema de innovación sanitaria y biomédica en la Comunidad Valenciana.

En consecuencia, la jornada reunió a científicos, emprendedores, empresas del sector, inversores financieros e industriales y administración, a fin de identificar esas dificultades (tecnológicas, legales, financieras, de negocio y/o gestión) y, en la medida de lo posible, dar respuesta a preguntas como las siguientes:

  • ¿Cómo establecer relaciones potentes entre los agentes del ecosistema (investigación-inversión-clientes)?
  • ¿Qué espera un inversor de un proyecto de innovación? ¿Qué debería esperar? ¿Cómo evolucionan las necesidades de financiación a lo largo de la vida del proyecto?
  • ¿Cómo hacer realidad la ecuación innovación=investigación + inversión? ¿Faltan operandos? ¿Cómo atraer inversión privada hacia la investigación e innovación pública?
  • ¿Cuenta el ecosistema de innovación con los agentes necesarios? ¿Es necesario o conveniente abrir el ecosistema a otras regiones o agentes? ¿Cómo hacerlo?
  • ¿Cómo posicionarnos y competir globalmente?

Para ello contamos con expertos destacados de distintos ámbitos, y el debate -animado por una dinámica de trabajo en grupo que trató de fomentar la participación– dio mucho de sí y abrió cuestiones no contempladas inicialmente.

A vuelapluma, y sin un orden predeterminado, algunos de los retos y dificultades que se identificaron fueron los siguientes:

Retos tecnológicos

  • Fomentar la cultura emprendedora y la voluntad de innovar, en centros de investigación, universidades y empresas.
  • Racionalizar la investigación y el desarrollo, priorizar y a la vez diversificar los proyectos de innovación, sin dispersar recursos o capacidades.
  • Definir estrategias de innovación globales que tengan en cuenta la competencia (global también) y articular políticas acordes.
  • Contar con una cartera de proyectos y productos transferibles y transferidos, que capitalice la cantidad y la calidad de la ciencia desarrollada por los centros de investigación y universidades en España.
  • Fomentar una relación universidad-empresa más eficiente y bidireccional.
  • Incorporar buenas prácticas del sector privado, como una mayor orientación al mercado y la relación con empresas tractoras.

Retos de negocio y gestión

  • Profesionalizar la dirección y gestión de proyectos y empresas innovadoras.
  • Profesionalizar las estructuras de apoyo a la I+D y la transferencia de tecnología.
  • Gestionar y madurar los contactos con socios y clientes, y contar con agentes que actúen como nexos o facilitadores de proyectos.
  • Crear agencias dinamizadoras que articulen el ecosistema, mejoren la comunicación interna y externa y logren la implicación de la sociedad en su conjunto.
  • Desarrollar estrategias comerciales que permitan rentabilizar el conocimiento y financiar su generación.

Retos legales

  • Gestionar adecuadamente la propiedad industrial intelectual y, por el impacto que en ella puede tener, la relación laboral con los empleados.
  • Saber vender la empresa (y contar con asesoramiento experto) cuando sea necesario.

Retos financieros

  • Tener acceso a la financiación o los inversores adecuados para cada fase del proyecto.
  • Facilitar esquemas de financiación más flexibles, en particular aquellos de carácter público.
  • Canalizar las oportunidades de inversión (deal flow) y conocer los distintos tipos de inversión.
  • Saber negociar con los inversores y conocer los objetivos e incentivos que pretenden las partes negociadoras.

Conclusiones y líneas de trabajo abiertas

El tiempo previsto para la jornada fue completamente insuficiente, y quedó claro que los participantes tenían ganas de conocerse, debatir e interactuar.

La impresión general es que existen los elementos para hacer crecer el ecosistema y que, si bien hay mucho por hacer, hay también una ventana de oportunidad abierta para mejorar y avanzar en su consolidación.

Esperamos dar continuidad a la jornada con un próximo encuentro en el que profundizar en los temas abiertos, y, entretanto, hemos creado un grupo abierto en Linkedin para mantener el contacto entre los participantes.

Por otra parte, las conclusiones a las que se llegó son sin duda extrapolables a otros sectores y regiones, por lo que os invito a comentar sobre las siguientes preguntas en el blog:

¿Es adecuado hablar de “ecosistemas de innovación”? ¿Cómo lo definirías?

¿Cuáles son, en tu opinión, las principales dificultades o debilidades de los ecosistemas de innovación?

¿Qué acciones se deberían tomar para superarlas? ¿Quién debe liderarlas: el sector público o el privado?