Cómo la corrupción reduce nuestra capacidad de innovación

No es ninguna novedad que, de un tiempo a esta parte, la política en España está condicionada por el sinfín de escándalos de corrupción que ha salido a la luz en los últimos años. En el momento actual, en el que la ciencia y la innovación han logrado colarse en el debate político, cabría preguntarse si los efectos de la corrupción se dejan sentir también en nuestro sistema de ciencia y tecnología y, en su caso, cómo afectan a la capacidad de innovación de nuestro país.

La revista Nature publicó el pasado mes de febrero de 2015 un breve artículo de la profesora Alina Mungio-Pippidi, de la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania), quien reflexionaba sobre la relación entre innovación y corrupción y sugería -en base a datos empíricos- que si sabemos cuán corrupto es un país, podemos predecir con bastante certeza cuál es su nivel de innovación.

De hecho, la capacidad de innovación del sector privado de un determinado país estaría correlacionada con el control que éste ejerce sobre la corrupción tanto como con la calidad de sus instituciones científicas o con el gasto nacional en I+D. El artículo define la corrupción como el abuso cometido por parte de una autoridad pública en base a intereses privados, el cual resulta en una adjudicación no imparcial de recursos públicos. El control de la corrupción sería, pues, la capacidad de una sociedad de limitar dicho comportamiento por parte de sus autoridades públicas, y es uno de los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial en su proyecto Worldwide Governance Indicators.

Los siguientes gráficos de dispersión representan la posición de diferentes países europeos en función de su capacidad de control de la corrupción (sobre una escala de o a 10) y de diferentes indicadores relacionados con la investigación y la innovación, como son el porcentaje del PIB dedicado a I+D, su índice mundial de innovación y su índice de fuga de cerebros:

Fuente: Nature 518, 295–297 (19 de febrero de 2015).

España se sitúa en una posición intermedia, con un índice de control de la corrupción que apenas supera el aprobado, bastante por detrás del grupo de cabeza integrado principalmente por los países nórdicos y anglosajones, Alemania, Holanda y Austria. La línea de tendencia es clara en todos los casos y ofrece un intervalo de confianza en torno al 0,85-0,9. Puesto que los indicadores corresponden a 2009 y 2010, es probable que la situación de España haya empeorado desde entonces.

Es bien sabido que correlación no implica necesariamente causalidad. Para explicar estos datos, Mungio-Pippidi desarrolla en primer lugar la hipótesis de que los países que ejercen un mayor control sobre la corrupción son también aquellos cuyos ciudadanos creen que el mérito es el criterio determinante en la toma de decisiones por encima del favoritismo y las relaciones personales, en particular en el sector público. Estas sociedades meritocráticas serían más eficaces a la hora de retener y atraer el talento y de fomentar su desarrollo y, en definitiva, capaces de crear mayor riqueza a partir de la innovación.

En segundo lugar, la autora afirma que “los gobiernos que compran apoyos políticos no suelen invertir en educación y ciencia, ya que el retorno de éstas se percibe como demasiado general”. En cambio, la inversión en grandes infraestructuras y eventos resulta atractiva “tanto para las empresas contratistas, que quizá en el futuro contribuyan a la campaña electoral del partido en el gobierno, como a los votantes”, que perciben un beneficio directo de la misma.

¿Os resulta familiar? Pues esperad al siguiente párrafo, que prefiero transcribir directamente:

That is why more-corrupt EU states spend more on big projects such as roads and high-speed trains than on health, research, education and development. When — with the best of intentions — Brussels promotes austerity policies, which funds dry up first in corrupt countries? Investment in education and science.

Ay.

Conclusión y debate

Para finalizar, cabe recordar que el efecto de la corrupción en la innovación no se limita a la mayor o menor cantidad de dinero público que, pudiéndose destinar a actividades de investigación e innovación, se emplea para otros fines. También alcanza al buen o mal uso que se hace de los fondos y de los recursos que sí están, en principio, destinados a estas actividades. Prácticas que, entre otras, incluyen la falta de transparencia en la contratación de personal en universidades y centros de investigación, la arbitrariedad en la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de I+D, o los conflictos de interés que, por ejemplo, pueden aparecer en la colaboración entre investigadores e instituciones académicas públicas con el sector privado.

Es relativamente fácil echar la culpa al gobierno de turno, pero no debemos olvidar que una mayor exigencia por parte tanto de la comunidad científica como de las empresas, e incluso de la sociedad civil en su conjunto, es condición indispensable para mejorar la eficiencia y la percepción que tenemos de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es tan fundamental reclamar mayor inversión y recursos en ciencia como procurar su máximo aprovechamiento, y priorizar los méritos académicos y la excelencia tanto científica como empresarial por encima de cualquier otro criterio.

¿Cuál crees que es el impacto de la corrupción en nuestro sistema de ciencia y tecnología? ¿Cómo afecta a nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad?

¿Crees que la posición relativa de España representada en los gráficos se corresponde con la realidad?

¿Qué medidas serían las adecuadas para corregir o mejorar la situación actual?


NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde a la obra “La corrupción del mundo antes del diluvio” del pintor holandés Cornelis van Haarlem (1562-1638).

Un año de empresas, ciencia y transferencia de tecnología

Hoy 13 de febrero se cumple el primer año desde que puse en marcha el blog. ¡Estamos de cumpleaños! Así que es un buen momento para compartir con vosotros lo que ha dado de sí este año y lo que me (os) gustaría que trajeran los siguientes.

Pero empecemos por el principio. Lo cierto es que llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas a la idea de escribir sobre la transferencia de tecnología y la extraña pareja que hacen la ciencia y la empresa. Hice un primer intento allá por 2013 pero me encontré que me faltaban tanto los contenidos (¿qué contar?) como el tono (¿cómo contarlo?).

No fue hasta el pasado mes de febrero cuando me lancé con un artículo de corte metodológico sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar la propiedad industrial. La recepción entre algunos expertos tuiteros y linkedineros fue muy positiva así que, no sin cierto esfuerzo, intenté mantener cierta periodicidad en las publicaciones. ¡No os imagináis lo jodido difícil que es escribir con regularidad! Y no por falta de ideas (se me ocurren temas casi a diario) sino de tiempo: redactar un artículo me puede llevar de media entre 3 y 4 horas.

¿Os parece mucho? Hay que tener en cuenta dos factores. El primero es que habitualmente escribo artículos largos, con una extensión entre 1000 y 1500 palabras. Uno de los objetivos del blog es acercar la transferencia de tecnología a un público no necesariamente experto, así que es importante contextualizar los artículos, enlazándolos en ocasiones con temas de actualidad e introducir bien los diferentes conceptos. Esto lleva palabras y tiempo. El segundo es que muchos artículos llevan detrás un trabajo de documentación apreciable, por ejemplo para revisar y aportar referencias en las que ampliar información.

Un año en números

Durante este año he publicado un total de 28 artículos, de una temática bastante amplia. El lema de “empresas, ciencia y transferencia de tecnología” da mucho de sí, por lo que he procurado que clasificación en categorías refleje el proceso secuencial, clásico, de la transferencia de tecnología: de la ciencia a la empresa, pasando por la propiedad industrial, la comercialización, los aspectos legales y la financiación. En general, los artículos se pueden clasificar en 3 tipos:

  • Metodológicos, en los que explico o profundizo en determinados aspectos relacionados con la transferencia de tecnología.
  • Divulgativos, en los que describo casos de transferencia de tecnología u otros temas relacionados con la ciencia o la empresa.
  • Opinión, en los que doy mi humilde punto de vista sobre asuntos de actualidad en este mundillo.

El blog ha recibido 3.710 visitas (y subiendo) de 2.915 visitantes únicos (es decir, ¡que algunos repetís!). No son malas cifras para un blog de nicho y sin pretensiones de alcanzar un público masivo. La mayoría de estas visitas han llegado a través de redes sociales (Twitter, Linkedin, Facebook) si bien un porcentaje menor pero creciente viene a través de buscadores.

El top 5 de los artículos más populares queda como sigue:

¿Y ahora, qué?

Mi primer objetivo en 2016 es aumentar el número de publicaciones y alcanzar la cifra de 50. Esto es, un nuevo artículo cada semana, con la mayor regularidad posible.

El segundo es tratar una mayor variedad de temas. En primer lugar, con motivo de mi proyecto de investigación, estoy revisando el estado del arte relacionado con ciencia e innovación abierta y me gustaría ir dando de cuenta de las últimas publicaciones en este campo, que cada vez va a tener mayor impacto en la transferencia de tecnología y conocimiento. En segundo lugar, quiero que el blog sea más participativo y dar cabida a entrevistas y artículos invitados, entre otros.

Pero el blog es, ante todo, vuestro. Os espero seguir viendo por aquí y, por supuesto, estoy abierto a todas las sugerencias, propuestas y críticas que queráis realizar.

¿Quién se atreve a invertir en ciencia en España?

Si me permitís la expresión, en numerosas ocasiones, licenciar una patente o resultado de investigación es algo así como vender un coche sin ruedas y cuyo motor no hemos probado a arrancar.

Es improbable que un eventual comprador-licenciatario quiera hacer semejante acto de fe, por lo que es esencial “madurar” estos resultados de investigación o tecnologías a fin de minimizar los riesgos tecnológicos y comerciales inherentes a los mismos. O, cuanto menos, conocer estos riesgos de tal modo que se puedan gestionar adecuadamente.

Dicha “maduración” pasa inevitablemente por continuar el desarrollo tecnológico de dichos resultados más allá de los proyectos o líneas de investigación que los originaron. Por ejemplo, mediante la realización de ensayos complementarios o pruebas de concepto que permitan asegurar, en la medida de lo posible, su viabilidad. Siguiendo con el símil anterior, ponerle unas ruedas al coche y probar a dar una vuelta a la manzana.

El primer problema que se plantea es cómo financiar estas pruebas de concepto.

Las convocatorias que habitualmente financian la realización de proyectos de investigación por parte de universidades y organismos públicos rara vez permiten cubrir el coste de desarrollos más aplicados. Aún en el caso de que esto fuera posible, hacerlo reduciría la financiación disponible para la investigación de carácter académico, sobre cuyos resultados se evalúa fundamentalmente la productividad científica de los investigadores. Por su parte, las líneas de financiación destinadas a proyectos de desarrollos tecnológicos suelen consistir en préstamos blandos y requieren de la participación de al menos una empresa dispuesta a asumir el riesgo financiero de dicho proyecto. Estamos, pues, como al principio.

Figura 1. Valle de la muerte, gap, o como quieras llamarlo.
Figura 1. Valle de la muerte, gap, o como quieras llamarlo.

Conscientes de esta limitación, muchas universidades han puesto en marcha sus propios programas internos para financiar el desarrollo de sus resultados de investigación. En el ámbito europeo, el Consejo Europeo de Investigación (ERC), en el marco de sus programas de Ciencia Excelente, ha puesto en marcha la convocatoria ERC Proof of Concept, que financia este tipo de actividades pero sólo para quienes hayan sido beneficiarios anteriormente de alguna de sus (extremedamente competitivas) ayudas.

El dinero no lo es todo

Sin embargo, no basta con tener financiación. Es imprescindible además elaborar un proyecto de desarrollo tecnológico y validación adecuado para cada resultado de investigación, en función de su grado de madurez, de la tecnología que emplea y del mercado o aplicación a la que se dirige, entre otros. Los investigadores académicos -e incluso las oficinas de gestión y transferencia de tecnología- desconocen con frecuencia estos aspectos y se corre por tanto el riesgo de acabar malgastando el dinero o, en el mejor de los casos, financiando encubiertamente la continuación del proyecto que dio lugar al resultado de investigación.

Como apuntábamos la semana pasada, una posible estrategia pasaría por movilizar fondos públicos y/o privados que inviertan con conocimiento tecnológico y de mercado en las tecnologías más prometedoras a fin de llevar a cabo estos desarrollos y pruebas de concepto.

Uno de los pioneros en España en este sentido fue el programa Mind the Gap, de la Fundación Botín, cuyo objetivo es precisamente cubrir el vacío o gap que separa la ciencia de la empresa, de tal modo que las tecnologías con potencial comercial lleguen al mercado. Mind the Gap está, en principio, limitado a proyectos en biomedicina, biotecnología o bioingeniería y aporta recursos tanto económicos (hasta 250.000 euros) como de gestión. Para ello se crea una empresa participada por la propia Fundación Botín y, según cada caso, por los investigadores, la institución que los acoge y/o terceros implicados en el proyecto. Una de las empresas más conocidas fruto de este programa es Life Length, que ofrece servicios de diagnóstico a partir de la tecnología de análisis de telómeros desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por el grupo de María Blasco.

El programa Mind the Gap ha sido muy cauto en la selección de proyectos -no existe una convocatoria pública- y únicamente ha trabajado con un grupo restringido de centros de investigación con los que la Fundación Botín mantiene colaboración. En junio de 2015, la Fundación Botín anunció su intención de escalar el modelo y crear un fondo para atraer capital externo dispuesto a invertir en las empresas biotecnológicas seleccionadas por el programa.

También en 2015, Obra Social ”la Caixa” puso en marcha el programa CaixaImpulse, con el objetivo habitual de promover la creación de empresas en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida y, en concreto, de financiar el desarrollo y transferencia al mercado de resultados de investigación protegibles o protegidos obtenidos por centros de investigación (no patent, no party).

Los parecidos con Mind the Gap son evidentes aunque existen una serie de diferencias a precisar. En el caso de CaixaImpulse, el proceso de presentación y selección de proyectos es público y abierto a todo tipo de entidades de investigación, y la financiación se vincula a una serie de hitos de validación y desarrollo. Podríamos decir que CaixaImpulse es, esencialmente, un programa de acompañamiento y aceleración de empresas pero también de tecnologías, puesto que se contempla la posibilidad de que el proceso no concluya en la creación de una empresa sino en un acuerdo de transferencia. La Caixa se reserva un porcentaje (muy reducido) del capital de la eventual empresa y un porcentaje sobre sus ventas anuales. De hecho, el programa está organizado conjuntamente por Obra Social ”la Caixa” y Caixa Capital Risc: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

¿Hacia una nueva “moda” inversora?

Pero no se vayan todavía, aún hay más. Hace apenas unos días se registraba el fondo de capital riesgo Tech Transfer UPV, gestionado por Clave Mayor y cuyo objetivo es impulsar proyectos de transferencia de tecnología con alto componente innovador y tecnológico vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Su objetivo de inversión es de 6 millones de euros, a repartir en hasta 21 proyectos a lo largo de 3 años y con un máximo de 325.000 euros en cada proyecto. La puesta en marcha del fondo está, además, alineada con la estrategia de fomento del emprendimiento que de un tiempo a esta parte viene desarrollando la UPV.

Incluso las administraciones públicas están siguiendo los pasos de la iniciativa privada. El pasado mes de enero, la gallega Fundación Barrié anunciaba la transferencia de la metodología de su Fondo de Ciencia a la Xunta de Galicia. El Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié, si bien es poco conocido en el resto de España ya que su actividad se limita a Galicia, comparte completamente la filosofía y objetivos del programa Mind the Gap de la Fundación Botín. Dotado inicialmente con más de 5 millones de euros, ha apoyado cinco proyectos con una inversión total cercana a los 3 millones de euros y de los cuales se han generado hasta el momento dos start-ups: Torusware y Nasasbiotech. La metodología a la que se hace referencia consiste en una serie de normas y procedimientos elaborados por la Fundación Barrié, que contó para ello con la colaboración de Isis Innovation, la empresa de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford.

¿Y qué va a hacer la Xunta con esta metodología? Pues a través de su Axencia Galega de Innovación (GAIN) va a poner en marcha un fondo autonómico de prueba de concepto con el fin de fomentar la investigación y transferencia al mercado en Galicia. A cambio de inversión realizada, que será de 200.000 euros por proyecto como media, la Xunta recibirá el 30% de todos los beneficios generados. Es un retorno considerable, siempre y cuando la referida metodología dé los resultados esperados, claro.

Todos estos programas e iniciativas responden a un modelo que, en sus distintas variantes, vamos a encontrar cada vez con más frecuencia y que viene motivado por diversos factores. En primer lugar y conditio sine qua non, la percepción de que la innovación tecnológica es una oportunidad de inversión que, con una gestión adecuada, puede ofrecer rentabilidades apetecibles y riesgos controlados. En segundo lugar y haciendo de la necesidad virtud, la urgencia que centros de investigación y universidades tienen de diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el retorno económico obtenido de sus resultados de investigación además de, en el caso particular de las universidades, crear nuevas oportunidades profesionales a sus egresados en el difícil mercado laboral que ha dejado la crisis.

En definitiva, muestran que la relación entre ciencia, inversión y empresa está cambiando, y a mejor. La financiación -ya sea pública o privada- siempre “engrasa” la colaboración y, aunque pueda haber fracasos (que los habrá), si se acompaña de una gestión más profesional y criterios de inversión podemos estar seguros de que su impacto y los beneficios para nuestro sistema de ciencia y tecnología serán mucho mayores.

Hacia una gestión estratégica de la propiedad industrial en la universidad española

(Artículo de opinión publicado originalmente en el boletín Abril Informa Patentes, Investigación y Desarrollo de Abril Abogados, a quienes agradezco la invitación a participar y su interés.)

Con anterioridad a los años 80 las patentes solicitadas por la universidad española eran testimoniales: la primera solicitud, presentada por la Universidad Autónoma de Madrid, data de 1973 y venía a proteger el procedimiento de fabricación de un LED que emitía luz verde y roja. De un tiempo a esta parte la situación ha cambiado mucho, y para mejor. Actualmente nadie discute que la universidad sea un actor esencial en la investigación e innovación en España. Como muestra, la actividad inventora de las universidades españolas supone cerca de un 20% de todas las patentes nacionales. Sin embargo, periódicamente se aviva el debate de que nuestras universidades y, por extensión, el resto de nuestro sistema de ciencia y tecnología, no son suficientemente capaces de convertir sus resultados de investigación en productos y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía. Las causas de esta situación son múltiples y, aunque en algunos casos matizables, bien conocidas: desde una investigación que en ocasiones no responde a las necesidades de nuestro tejido empresarial o la falta de incentivos a la transferencia de tecnología en las universidades, hasta la escasa participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo y su dificultad para incorporar las innovaciones que obtienen a su vez las universidades y organismos de investigación.

Con todo, una faceta que con frecuencia se pasa por alto es el uso que tanto empresas como universidades hacen de la propiedad industrial, y el papel que ésta juega en la estrategia de innovación nacional. Según datos de la OECD, Alemania y España realizaron en 2013 una inversión en I+D de 96.069 y 17.960 millones de dólares, respectivamente, que se tradujo en la solicitud de 5.465 y 244 patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización. Si analizamos estas cifras en términos relativos, la economía alemana, con una inversión en I+D aproximadamente 5 veces superior a la española, obtuvo un número de solicitudes de patentes triádicas más de 20 veces superior. Siendo la universidad, como hemos visto, uno de los principales generadores de innovación en nuestro país, cabría preguntarse por su gestión de la propiedad industrial la cual, en una mayoría de casos, es fundamentalmente administrativa. Ante un nuevo resultado de investigación susceptible de protección, se realiza un análisis de patentabilidad y, si éste es positivo, se presenta la solicitud de patente ante la OEPM, en la que la universidad se beneficia de una exención en el pago de tasas. Habitualmente se presenta también la solicitud internacional PCT, se realiza una mayor o menor acción comercial (según la universidad) y, llegado el momento de entrada en fases nacionales, si no ha sido posible licenciar la patente, ésta se abandona sin más.

La falta, salvo excepciones, de una mayor gestión estratégica de la propiedad industrial sería una de las causas subyacentes del escaso retorno obtenido por la investigación española. Si bien algunos indicadores, como el número de solicitudes, pueden ser aceptables, la situación actual ha fomentado la cantidad antes que la calidad y la transferencia al mercado. Ejemplo de ello son las patentes “curriculares”, que con frecuencia no representan una innovación real y contribuyen al abultado peso que la universidad tiene en el total de solicitudes de patente nacionales. De hecho, éste es uno de los aspectos en los que incide la nueva Ley de Patentes, al hacer obligatorio el examen previo y limitar la exención de tasas a aquellas patentes que hayan “producido una explotación económica real y efectiva”.

Una estrategia de propiedad industrial en investigación debería tener como objetivos priorizar los resultados más prometedores a fin de maximizar su impacto económico y social, así como gestionar los riesgos tecnológicos y de mercado inherentes a invenciones en fases muy temprana. Esto pasaría por una aproximación más “agresiva”, basada en la selección de un portfolio de tecnologías más reducido pero con el compromiso de realizar una mayor inversión en su protección, desarrollo y comercialización. Para cada tecnología o resultado de investigación se debería elaborar una hoja de ruta de desarrollo tecnológico y comercial -desde la clásica licencia a la creación de start-ups o incluso la explotación directa- e identificar los socios adecuados para llevarla a cabo, ya sean empresas industriales, inversores, otros centros de I+D, intermediarios o clientes. En una segunda fase, sería necesario además movilizar recursos -públicos o, mejor, privados- para madurar estas tecnologías y realizar pruebas de concepto que, además de incrementar su valor, puedan servir para reforzar los derechos de propiedad industrial. Como en toda estrategia, sería imprescindible hacer un seguimiento de la misma en base a indicadores objetivos de coste-riesgo-beneficio y contar, cuando sea oportuno, con un consejo externo especializado.

Finalmente, un planteamiento de estas características requiere del apoyo y compromiso de los órganos de gobierno de la universidad o centro de investigación, y el proceso de toma de decisiones no debería realizarse exclusivamente caso por caso, sino desde un análisis integral que tenga en consideración la estrategia global de la institución.

5 consejos (más) para mejorar la transferencia de tecnología

Que la transferencia de tecnología está de actualidad es algo no escapa a quienes, de una manera u otra, nos movemos en este mundillo. Me atrevería a decir, incluso, que está de moda.

La transferencia de tecnología ha pasado de ser un concepto manejado casi exclusivamente en el entorno académico y en un limitado sector empresarial, a ser el objeto de múltiples iniciativas públicas y privadas -foros y debates, cursos e incluso proyectos empresariales, entre otros- que con frecuencia han encontrado eco en medios de comunicación tanto especializados como generalistas.

En este último sentido, la sección Innovadores del diario El Mundo recogía recientemente las reflexiones de Manuel Doblaré, director científico de Abengoa Research, sobre la transferencia de tecnología en España y, en particular, una serie de consejos para mejorarla:

  1. Garantizar que los resultados de la investigación sean propiedad de la empresa y, al mismo tiempo, un retorno justo para las universidades o centros de investigación.
  2. Incentivar la transferencia de tecnología en el ámbito universitario y, por extensión, académico.
  3. Trabajar en líneas de investigación conjuntamente con la empresa, y no sólo en proyectos específicos.
  4. Invertir en formar y atraer talento tanto o más que en infraestructuras y equipamiento.
  5. Aumentar el tamaño de las empresas, para que sean capaces de evaluar y, en su caso, integrar innovaciones externas.

No es la primera vez que en el blog analizamos políticas y recomendaciones sobre transferencia de tecnología y, qué duda cabe, este quinteto de consejos también se podría ampliar o matizar de múltiples maneras. No lo haré en esta ocasión, si bien el punto de vista de Manuel Doblaré sobre la transferencia merece ser tenido en cuenta por varios motivos.

En primer lugar, Doblaré cuenta con la virtud de conocer de primera mano tanto la universidad como la empresa, ya que ha sido catedrático de la Universidad de Zaragoza durante más de 20 años, posición que sigue compatibilizando en la actualidad -a tiempo parcial- con su cargo en Abengoa.

Pero sobre todo, Doblaré describe la posición de una gran empresa -dejando a un lado las circunstancias actuales de Abengoa– que ha basado en gran medida su modelo de negocio en la investigación y la innovación. Nos aporta, en definitiva, la opinión de un potencial cliente de los resultados generados en universidades y centros de investigación.

Aunque la idea de trabajar para un cliente resulta con frecuencia extraña en la investigación académica y, en ocasiones, incluso en las propias oficinas de transferencia, como se suele decir, el cliente siempre tiene la razón, por lo que haremos bien en escucharle.

Conclusión

Existe la percepción generalizada de que algo debe cambiar, en parte o incluso en la totalidad del sistema de transferencia de tecnología. En este sentido, es relativamente fácil proponer recomendaciones, acciones o buenas prácticas concretas, pero con frecuencia se echa en falta un análisis de carácter más estratégico y una visión integral de las actuaciones que deben llevarse a cabo.

Por ello y para concluir, trataré de derivar 3 ejes de actuación a partir de las recomendaciones de Doblaré, relacionados entre sí y que deberíamos desarrollar si realmente deseamos incrementar y mejorar la transferencia de tecnología en nuestro país:

  • Mayor flexibilidad
    • Por parte de las universidades y los centros de investigación, por ejemplo y como se ha comentado, en términos de facilitar la propiedad sobre los resultados y la libertad de operación a las empresas.
    • Por parte de las empresas a la hora de reconocer el valor del conocimiento y los resultados a los que acceden y establecer una contraprestación adecuada.
  • Mayor orientación a cliente
    • Por parte de las universidades y los centros de investigación así como de los propios investigadores, que deben actuar respectivamente como organizaciones y profesionales orientados a producir resultados y prestar servicios de investigación con criterios de calidad empresarial y en las que la transferencia de conocimiento y tecnología no puede ser una actividad secundaria.
  • Mejor capacitación
    • Por parte de las universidades, que deben formar a los mejores estudiantes y profesionales.
    • Por parte de los centros de investigación y las empresas, que deben atraer a los mejores tecnólogos e investigadores y proporcionar el entorno necesario para desarrollar e integrar nuevas tecnologías, tanto internas como externas.

¿Te parecen acertadas las recomendaciones de Manuel Doblaré? ¿Cuáles consideras más (o menos) importantes?

¿Dónde se debería incidir para mejorar la transferencia de tecnología: en el ámbito académico o en el empresarial?

3 ideas fuerza sobre innovación en salud digital

Tenía pendiente desde hace unas semanas compartir en el blog mis notas sobre el encuentro innoSD de innovación en salud digital organizado por la empresa TSB y la Fundación InnDEA el pasado 6 de octubre en las instalaciones del Biopolo del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia y al que tuve la ocasión de asistir. Ahí van.

El encuentro reunió a un buen número de empresas, emprendedores, investigadores y expertos del sector y tuvo como aliciente la presencia de ponentes destacados no sólo del ámbito local sino también del nacional, como Jaime del Barrio, actualmente en Ernst&Young, Magda Rosenmöller del EIT Health o Jordi Rovira de Wayra, la aceleradora de empresas de Telefónica.

Encuentro innoSD sobre innovación en salud digital. Fuente: Fundación Inndea Valencia

Entre todos ofrecieron una visión muy completa del panorama actual en salud digital -desde la investigación y la innovación hasta la traslación al mercado y a la clínica- y que se puede resumir, en mi opinión, en las tres ideas fuerza que desarrollo a continuación: efervescencia, ecosistemas y datos, muchos datos.

Efervescencia

De encuentros, iniciativas, proyectos, empresas, soluciones… Como muestra, sólo en la ciudad de Valencia, hace apenas unos meses el Centro de Investigación Príncipe Felipe en colaboración con la empresa DCN había organizado sendos encuentros sobre ecosistemas de innovación en salud y, tan sólo unos días después esta reunión, el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA del Hospital Clínico y la Universidad de Valencia presentaron en el Jardín Botánico la iniciativa VLC-Health Ecosystem como plataforma de cooperación entre los diferentes agentes el sistema de investigación e innovación en salud, protección y bienestar social en Valencia. 

¿Denota esta efervescencia falta de coordinación entre los diferentes actores del sector? Quizá. Pero ante todo demuestra que hay un interés formidable por la salud -digital o no- como oportunidad de innovación y de negocio.

En este contexto, en este océano aparentemente azul, empresas e instituciones buscan posicionarse como referentes a la vez que necesitan establecer colaboraciones y relaciones de negocio para desarrollar sus proyectos y llevar al mercado y a la clínica sus productos y servicios.

Ecosistemas

La respuesta a esta efervescencia pasa por articular un ecosistema de innovación en salud que permita canalizar y capitalizar este flujo continuo de ideas y proyectos provenientes tanto del ámbito académico como del empresarial y evite que -permitidme la expresión- el humo se escape por la chimenea. Para ello, Sergio Guillén, director de TSB, incidió en no reinventar la rueda y tratar de replicar aquellos modelos o políticas de innovación cuyo éxito haya sido probado.

Guillén puso también como ejemplo trasladable a Valencia el ecosistema de innovación de Nueva York que integra, a través de diferentes iniciativas y programas, centros de investigación, universidades, hospitales, empresas de tecnologías sanitarias, biotecnológicas y farmacéuticas, incubadoras, inversores, expertos y a la propia administración.

En Valencia disponemos de la mayoría de esos mimbres, y la creación y consolidación de un ecosistema de estas características pasa, sin duda, por una apuesta política decidida, pero también por una colaboración abierta entre todas las partes

Datos

Muchos datos. El consabido big data es el denominador común de muchos de los proyectos de investigación y empresariales que se mencionaron en el encuentro, en el que Jaime del Barrio, Sergio Guillén y José Vicente Castell apuntaron la necesidad no resuelta que se deriva del enorme volumen de datos clínicos que se generan diariamente y la oportunidad que la gestión y explotación de dichos datos supone para las empresas.

Quedó pendiente hablar de cómo se debería facilitar el acceso a los datos clínicos a las empresas. Un tema que, en mi opinión, dista de estar resuelto, en particular tras polémico proyecto VISC+ de la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) cuyo objetivo era poner datos anonimizados de pacientes a disposición de las empresas privadas.

Y una reflexión final

El encuentro se prolongó más de lo previsto por lo que, lamentablemente, no hubo tiempo para abrir el debate que la ocasión requería, con tantos puntos de vista y tan complementarios entre sí.

Como ejes a lo largo de los cuales desarrollar futuras iniciativas, se apuntaron:

  • La necesidad de un liderazgo claro por parte de la administración sanitaria.
  • La consolidación de un ecosistema interconectado e interactivo.
  • La adopción de una perspectiva multisectorial y multidisciplinar.

En este último sentido, quedó patente que la investigación y la innovación en TIC aplicadas a la salud y otras disciplinas, como la biotecnología, están obligadas a entenderse y converger en el paradigma de lo que se ha dado en llamar medicina personalizada o de precisión

Por ello y para concluir estas notas, me pregunto si tiene sentido seguir hablando de innovación en salud digital o si, en su lugar, sería más oportuno hablar de innovación en salud, sin más. Porque parece claro que, en un futuro próximo, la innovación en salud será -en gran medida- digital o no será.

¿Estás de acuerdo con las ideas fuerza planteadas en el artículo? ¿Hay otras que deberíamos tener en consideración?

¿Qué modelos de innovación de éxito serían trasladables a nuestro entorno, ya sea local, autonómico o nacional?

¿Tiene sentido seguir diferenciando la innovación digital del resto de innovación en salud?

Parole, parole y el #DebateCotec

Por primera vez en la historia política de España la ciencia está entrando en campaña electoral. Se trata de una entrada tímida, que seguramente pasará a segundo plano en las próximas semanas, conforme se aproxime la fecha de las elecciones, pero que puede suponer un punto de inflexión en la relación entre sociedad, ciencia y política en nuestro país y que deberíamos aprovechar.

Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, la Fundación Cotec reunión el pasado martes 3 de noviembre a representantes de las principales fuerzas políticas (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD, IU) quienes presentaron y debatieron sus propuestas en materia de ciencia, innovación y universidades.

Que los políticos se interesen por estos temas ya es un logro, pero es que además el #DebateCotec ha tenido una repercusión inédita en los principales medios impresos y digitales, ha sido trending topic en twitter y ha generado a su vez toda una sucesión de análisis y opiniones que han amplificado y enriquecido el debate original. Si os lo perdisteis os invito a leer el artículo previo y el resumen elaborados por Nuño Domínguez en El País, que creo recogen muy bien el espíritu y los resultados del mismo, o la crónica de Ángela Bernardo para Hipertextual.

El debate en sí ofreció muchas generalidades, algunas promesas y pocas propuestas concretas y mi impresión, lo siento, es que los políticos no se lo terminan de creer.

Personalmente, eché en falta más análisis, mejor comprensión de los problemas a los que enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología y, sobre todo, una visión de cuál es el rol que la ciencia y la innovación deben jugar en la sociedad, en la economía y en el futuro del España. El diario El Español realizó una buena síntesis de las ideas de cada partido, por lo que no me entretendré demasiado en ellas:

Mucho aumento de presupuesto, en algunos casos hasta cifras cercanas al 3% del PIB que, sinceramente, son difíciles de creer, y becas a granel para estudios universitarios. Nada que objetar, ni mucho menos, pero a estas alturas deberíamos haber aprendido que el cómo es tan importante como el cuánto. En este sentido, quizá las propuestas más claras sean las de Ciudadanos, que priorizan la investigación aplicada y la transferencia de tecnología, vinculan la financiación a la innovación y denotan, eso sí, una visión bastante economicista -cuando no neoliberal- de la ciencia.

Se habló de la necesidad de alcanzar pactos de estado y de dar estabilidad a las políticas que se adopten. Bien.

Pero apenas se habló de cómo combinar el apoyo a la ciencia básica con la investigación y el desarrollo aplicados, y tampoco de la necesidad de fijar prioridades, especializarse y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, ya sea científico o industrial. O de la ineficiencia que supone la multiplicidad de agencias financiadoras.

Reflexiones

Con todo, el debate ha sido sin duda un éxito. El mérito es, en primer lugar, de la Fundación Cotec, por la iniciativa de la organización y el excelente manejo de la comunicación y sus tiempos, antes, durante y después del evento. Pero también lo es, en mi opinión, de todos los que integramos de una manera u otra el sistema de ciencia y tecnología.

Científicos y gestores, universidades, organismos de investigación y empresas están desde hace tiempo protagonizando una reacción, más o menos desorganizada pero creciente, contra los recortes presupuestarios y, sobre todo, contra las erráticas políticas científicas y de innovación. Las declaraciones y manifestaciones reclamando un mayor apoyo y compromiso por parte de las administraciones públicas hacia a la I+D han sido continuas, y se han creado foros de debate bottom-up, como el que organizamos en Valencia sobre los retos de los ecosistemas de innovación. Recientemente, la asociación RedTransfer dio un paso más allá y propició encuentros sobre las políticas autonómicas y estatales en transferencia del conocimiento con representantes de diversos partidos políticos.

El debate organizado por Cotec ha sido, probablemente, el espaldarazo definitivo para que la ciencia y la innovación reciban la atención que requieren y que necesita nuestro país.

La ciencia está entrando en campaña, decíamos. Esperemos que no quede todo en parole, parole.

Maldito parné: a vueltas con la financiación de la ciencia

50 millones de euros. No, no es último bote de los Euromillones sino el monto total del nuevo fondo de inversión en biomedicina que Damià Tormo anunció el pasado martes 27 de octubre durante el último encuentro TEI Bio celebrado en Valencia.

Damià es uno de los científicos emprendedores más reconocidos en la Comunidad Valenciana, cofundador de las empresas BiOncoTech Therapeutics y Artax Biopharma y, desde luego, sabe de lo que habla. Artax cerró recientemente una ronda de inversión por valor de 10 millones de dólares y tiene el potencial para convertirse en la next big thing en el sector biotecnológico español.

Dice Damià que en España “hay una gran oportunidad de invertir en proyectos científicos de gran calidad” y que “se trata de un mercado virgen, España es la China de la I+D”. O lo que es lo mismo, que producimos buena ciencia -en algunos casos, excepcional- a bajo coste. Esta afirmación se viene oyendo desde hace ya unos años, pero en mi opinión sigue sin consolidarse un deal flow suficiente de proyectos. ¿Falla el ecosistema o el mercado? ¿Falla la ciencia o el scouting de los buenos resultados de investigación? 50 millones de euros bien valen una respuesta a estas preguntas.

Financiación es lo que precisamente andan buscando los investigadores de la Universidad de Granada que, hace unos días, anunciaron un  nuevo compuesto antitumoral para cáncer de mama, colon y melanoma dirigido a células madre tumorales (cancer stem cells, CSC). Con toda la prudencia que se debe mantener ante este tipo de notas de prensa, sobre el papel el resultado es prometedor: eficacia y baja toxicidad demostrada en modelos animales y facilidad para sintetizarlo a escala industrial.

Para continuar el proyecto, los investigadores cuentan con 125.000 euros del Ministerio de Economía y Competitividad y otros 20.000 euros del sector privado. Si al final va a ser verdad eso de que somos la China de la ciencia. Con todo, no es suficiente, y se ha organizado una campaña en change.org dirigida a Susana Díaz y a Mariano Rajoy (!) para que financien el desarrollo del fármaco. ¡Hasta la tuna ha dado dinero! ¿Qué decíamos antes de la prudencia al tratar estos temas?

Por cierto que al final de la nota de la universidad se desliza que el grupo de investigación lleva 22 años trabajando en este tema. Si sumamos la inversión realizada en contratos de personal investigador, materiales, equipamiento e instalaciones de laboratorio durante todo este tiempo igual resulta que la investigación no es tan barata como dicen… Lo que sí puede ser es que sea barato comprar sus resultados porque no sabemos (o no podemos) venderlos. Lo dejo abierto para el debate.

Quien sí ha levantado financiación ha sido la empresa Mind the Byte, especializada en diseño computacional de fármacos: 234.310 euros. Pipas, en comparación con el fondo de Damià o con rondas de inversión recientes, como las de Minoryx  (19 millones de euros) o Sanifit (36,6 millones de euros). Pero hay que tener en cuenta que Mind the Byte es una empresa que ofrece servicios de software y por tanto no incurre en los elevados costes asociados al desarrollo de fármacos. De hecho la inversión captada se va a dedicar fundamentalmente a actividades de expansión e internacionalización.

Lo realmente novedoso del asunto es que la ronda de inversión se ha realizado a través de una plataforma de crowdfundingSe trata de la ronda de crowdequity más grande que se ha cerrado en el sector biotecnológico español. Enhorabuena a todo el equipo.

Financiando la ciencia. Fuente: gizmag.
Financiando la ciencia. Fuente: gizmag.

Precisamente, el crowdfunding en ciencia ha estado también de actualidad esta semana. El País se preguntaba “por qué hemos de donar de dinero a la ciencia si ya pagamos impuestos”, a propósito del primer aniversario del proyecto Precipita, impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Precipita es un sitio web en el que los científicos de centros públicos de investigación solicitan a los ciudadanos pequeñas donaciones para financiar sus proyectos. La idea en sí no es mala. El crowdfunding es una alternativa perfectamente válida para según qué proyectos. Lo que es desafortunado es su implementación. Que sea un organismo público el que monte una plataforma para que los ciudadanos financien proyectos cuando la misma administración ha aplicado unos recortes sin precedentes en los presupuestos dedicados a investigación y desarrollo puede interpretarse como la versión científica del “es triste pedir pero más triste es robar”. En la práctica, sólo los proyectos más sexys o con mayor impacto emocional tiene posibilidades de obtener financiación y, en la mayoría de los casos, el importe conseguido apenas permite costear pequeños trabajos de investigación.

Si el Gobierno quiere realmente impulsar la financiación privada de la I+D lo que tiene que hacer es abordar una reforma ambiciosa de la Ley de Mecenazgo, que la comunidad científica viene reclamando desde hace ya tiempo.

En fin, con esto concluimos un breve repaso a algunas noticias de la semana pasada que abordan diversas facetas de la financiación de la ciencia, no exentas de polémica. Y es que, como reza la copla, “maldito parné“.

¿Estás de acuerdo en que la calidad de la ciencia española es comparable cuanto menos a la de países considerados punteros?

¿Por qué no se consolida la financiación privada de la ciencia?

¿Crees que el mecenazgo o el crowdfunding son opciones válidas? ¿Cómo se podrían fomentar?

¿La ciencia impura? Reflexiones sobre el rechazo social a la ciencia

Hace apenas unos meses, la propuesta del partido político Ahora Madrid de declarar Madrid “zona libre de transgénicos” incendió los ánimos de la comunidad científica. Medios de comunicación, redes sociales y blogs de investigadores, divulgadores y asociaciones científicas se llenaron de argumentos contra esta idea, calificada en el mejor de los casos de disparatada. El revuelo fue tal que la propia organización política se vio obligada a reaccionar y a convocar un debate público en el que contrastar y matizar su propuesta.

Por el momento la polémica ha quedado aplazada, pero no cabe duda de que volverá: el rechazo de una parte importante de la sociedad a los avances en biotecnología está lejos de ser vencido.

Existe una preocupación creciente entre la comunidad científica por la percepción que la sociedad tiene de determinados campos de investigación, ya sean emergentes como la biotecnología o viejos conocidos como la química o la farmacia. Y es que no es sólo cuestión de imagen. La opinión pública y la presión social influyen, qué duda cabe, en decisiones políticas y administrativas que pueden, si no impedir, sí poner trabas a la investigación científica. O incluso generar problemas de salud pública, como en el caso el movimiento antivacunas.

En este contexto, cabría pues plantearse preguntas de mayor calado e interrogarnos sobre cuáles son las raíces de la imagen que la sociedad tiene de la ciencia o cuál es el papel que juega la ciencia en las sociedades democráticas modernas.

Éste fue precisamente el tema de una interesante conferencia de la investigadora francesa Bernadette Bensaude-Vincent, que presentaba la traducción al valenciano de su libro “Química: La ciencia impura” en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia “López Piñero” de la Universidad de Valencia. Instituto que, por cierto, fue noticia hace no mucho tiempo por la intención del CSIC de cerrarlo, pero no nos desviemos del tema.

Bernadette Bensaude-Vincent. Fuente: Universitat de València.
Bernadette Bensaude-Vincent. Fuente: Universitat de València.

En su exposición, Bensaude-Vincent trazó un recorrido por la percepción que la sociedad ha tenido de la química a lo largo de la historia, desde sus orígenes hasta la actualidad, y profundizó en las causas de dicha percepción frente a la de otras ciencias como, por ejemplo, las matemáticas o la física, comparativamente bien vistas.

Pero, ¿por qué la química? ¿Y por qué este calificativo de “impura“?

Naturaleza, naturalismo y pesticidas

Bensaude-Vincent partió en su exposición del trabajo del antropólogo Philippe Descola sobre el dualismo entre naturaleza y cultura y la manera en que las distintas sociedades humanas se relacionan con la naturaleza. De acuerdo con Descola, nuestra sociedad occidental se basaría en una concepción naturalista del mundo, la cual introduce la idea de naturaleza como aquella parte del mundo físico que carece de cultura o de rasgos humanos, y establece por tanto una frontera entre lo natural y lo cultural. La definición que Aristóteles hacía de naturaleza o physis ya distinguía entre los seres naturales (aquellos que existen por sí mismos) y los seres fabricados (aquellos que deben su existencia a una acción exterior).

La química tendría el honor de ser la primera ciencia que, más allá de estudiar la naturaleza, trata de replicarla y permite al hombre crear nuevos elementos (nuevos seres naturales en la concepción aristotélica). La química desdibujaría la frontera que separa lo natural de la obra humana, alteraría el orden natural, y de ahí vendría, en consecuencia, su condición de impura.

Esta característica, según Bensaude-Vincent, estaría detrás del rechazo o, cuanto menos, de la desconfianza histórica hacia la ciencia, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en la representación del alquimista medieval como hereje, capaz de transmutar los elementos y asemejar al hombre a dios.

Sin embargo, la imagen que la sociedad tiene de la química ha variado a lo largo de su historia. Superada la Edad Media y la alquimia, a partir del siglo XVII la química vivió una edad de oro, en el contexto de la Ilustración y la Revolución Industrial, interrumpida por la introducción de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, y prorrogada en parte durante los años 30 y 40 del siglo XX con la generalización del uso del plástico, que permitió reducir el coste de un gran número de objetos de uso cotidiano y, por tanto, democratizar el acceso de la población a los mismos.

El punto de inflexión definitivo fue la publicación en 1962 del libro “Primavera silenciosa” (Silent Spring) de la bióloga y divulgadora estadounidense Rachel Carson, que denunciaba los efectos de los pesticidas en el medio ambiente y culpaba directamente a la industria química de la creciente contaminación.

La divulgadora estadounidense Rachel Carson, autora de Primavera silenciosa.
La divulgadora estadounidense Rachel Carson, autora de Primavera silenciosa.

La multinacional Monsanto trató de replicar con la publicación de una parodia del libro de Carson titulada “The desolate year“, que venía a describir la muerte y la destrucción que se extenderían por Estados Unidos si no se utilizaran los pesticidas, pero tuvo poco éxito. La obra de Carson inspiró todo un movimiento ecologista que condujo a la prohibición del uso del DDT pero, sobre todo, volvió a poner a la química y a su industria en el centro del rechazo social hacia la ciencia.

Y en esa dialéctica seguimos.

En la actualidad, como hemos visto, este rechazo se ha extendido a otros campos como la biotecnología que, al igual que la química, desdibujan las fronteras entre lo natural y lo artificial. La extensión de patentes y otros derechos de propiedad industrial ha hecho de amplificador de este rechazo, pues permitirían “privatizar” esta naturaleza y, aparentemente, limitar el acceso de la sociedad a las ventajas que puede ofrecer el avance científico.

Conclusión y reflexiones

La conclusión de Bensaude-Vincent es que esta crisis de imagen no es, ni mucho menos, circunstancial. La percepción social de la química o de la biotecnología estaría imbricada en nuestros valores culturales y no es algo que vaya a cambiar con una campaña de comunicación o marketing, ni con el denonado esfuerzo de divulgadores y comunicadores científicos.

Por otra parte, despreciar el rechazo hacia la ciencia y considerar esta actitud como obsoleta o irracional es, con toda seguridad, un error. Esta es la estrategia que, en su momento, adoptó Monsanto en relación a Carson y que ha venido empleando la industria y buena parte de la comunidad científica, con pobres resultados.

¿Qué hacer, entonces? Bensaude-Vincent establecía, en primer lugar, la necesidad de comprender los valores culturales que motivan la aceptación o el rechazo público de la ciencia. En segundo lugar, proponía desarrollar una ética de la química y de la biotecnología, para finalmente renegociar sus prioridades a través de un debate participativo y democrático.

De hecho, ésta es una tendencia que poco a poco va introduciéndose en el discurso y en las políticas educativas y científicas. Ejemplo de ello es el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, que contempla la participación pública en la ciencia a través de los programas de trabajo sobre ciencia por y para la sociedad y la investigación e innovación responsables (en inglés, Responsible Research and Innovation, RRI).

En cualquier caso, parece claro que es necesario reflexionar sobre la manera en la que comunicamos y compartimos la ciencia. Sobre todo por parte de quienes trabajamos en campos científicos y sectores de especial sensibilidad, porque no es lo mismo hablar del origen del universo o de la evolución de los dinosaurios que de los transgénicos o del desarrollo de nuevos fármacos.

Algo debemos estar haciendo mal si una parte importante de la sociedad sigue desconfiando de nuestro trabajo. Envolverse en el manto de la ciencia y, seamos sinceros, de cierta superioridad intelectual es tentador, pero es una estrategia de comunicación abocada al fracaso.

Los estudios sociales sobre la ciencia pueden, en este sentido, ser de gran ayuda para comprender las barreras culturales a las que nos enfrentamos y elaborar estrategias de comunicación y de participación ciudadana que nos permitan superarlas.


NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al cuadro “El estudiante de química y farmacia” del pintor austriaco Karl Joseph Litschauer (1830-1871).

La I+D será clave en el presupuesto de 2016… de Noruega

Recientemente la Fundación Cotec hacía público su informe anual sobre el estado de la investigación y la innovación en España. El informe recopila la práctica totalidad de indicadores y factores que describen y modulan la evolución de la innovación tecnológica en España: inversión, recursos humanos, educación y formación, resultados, competitividad y comercio exterior.

La tendencia negativa de los últimos años se ha mantenido y, como muestra, el gasto en I+D en España ha seguido cayendo en el año 2013 hasta el 1,24% del PIB, un nivel comparable al del año 2007 y que ha llevado al director general de Cotec, Jorge Barrero, de hablar de una “década perdida para España“. Los datos cobran mayor gravedad cuando se comparan con los de los países de nuestro entorno. Mientras que de 2008 a esta parte, el gasto en I+D en porcentaje del PIB en España ha caído en un 6%, en el conjunto de países de la OECD ha crecido un 17,4%.

El contenido del informe, aún siendo preocupante, no contiene en líneas generales nada que no supiéramos o, al menos, intuyéramos. La errática política científica española es bien conocida. Hace apenas unos días, el científico Avelino Corma se lamentaba de que en España no hubiera habido nunca una política “continuada” de apoyo a la ciencia, sólo “impulsos”, y abogaba por un pacto de estado a largo plazo que dé estabilidad. Petición que suscribían los directores de los centros de investigación de excelencia Severo Ochoa y que, por cierto, dista de ser nueva. En 2004, un grupo de reconocidos investigadores españoles, que incluía entre otros a Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Vicente Rubio o Margarita Salas, exigía también un pacto de estado por la ciencia al, por aquel entonces, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Mientras, en el norte de Europa…

Como guinda, justo esta semana me llegaba a través de Rafael Palacios una breve nota sobre los presupuestos de Noruega para el año 2016, que “otorgan a la investigación y la innovación un papel clave en la reestructuración de la economía” de ese país, según señala Arvid Hallén, director del Consejo de Investigación de Noruega (Norges forskningsråd). Este organismo, comparable a la nonata Agencia Estatal de Investigación española, es el responsable de promover y financiar la investigación científica en Noruega.

El presupuesto noruego del año 2016 fija tres prioridades estratégicas, que tratan de dar respuesta a la actual situación económica:

  • Reforzar la investigación aplicada y orientada a la industria
  • Impulsar la investigación básica y a largo plazo
  • Consolidar la cooperación internacional y la participación en programas europeos.

Dentro del programa de investigación industrial (User-driven Research-based Innovation, BIA), destaca el fomento de la transferencia de tecnología y experiencia entre empresas, como por ejemplo la aplicación de capacidades de la industria petrolífera en otros sectores. Además, hay un programa dedicado a la comercialización de resultados de investigación dotado con cerca de 30 millones de euros, de los cuales casi 3 millones se destinarán a estudiantes emprendedores.

En el ámbito de la investigación básica los presupuestos incluyen la financiación de hasta 40 proyectos científicos singulares (FRIPRO Toppforsk), comparables a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, ERC) y dotados con alrededor de 2,5 millones de euros para 5 años.

El gasto público noruego en I+D representa el 1% del PIB y, en palabras de Hallén, “supone un hito, incluso si este porcetaje se debe en parte a un menor crecimiento del PIB“. En España nos daríamos con un canto en los dientes con unos presupuestos así, sin embargo en Noruega el propio Hallén se lamenta de que “áreas clave como la investigación sobre el clima o la renovación del sector público no se beneficien de un mayor incremento en la financiación“. Que no es que no las financien, sino que no han sido consideradas prioritarias.

Odiosas comparaciones

Las políticas científicas y de innovación noruega y española difieren notablemente, tanto como los propios países. La pregunta que en consecuencia nos deberíamos plantear es cómo se reflejan y cuáles los efectos de estas políticas en los respectivos sistemas de ciencia e innovación, y hasta qué punto son comparables.

Para tratar de obtener una respuesta preliminar, con la superficialidad que este blog permite, vamos a fijarnos en cuatro indicadores básicos: el gasto en I+D en porcentaje sobre el PIB y en importe, el ratio de investigadores por empleado y el número de patentes triádicas.

1. Gasto e inversión en I+D

En 2013, Noruega destinó un 1,65% de su PIB a actividades en I+D, frente al 1,24% de España, como hemos visto al inicio del artículo, lo que viene a resultar un 33% más que nuestro país.

La diferencia entre ambos países no es tan grande, en particular si la comparamos con países como Suecia y Finlandia, que dedicaron el 3,3% de su PIB a I+D, o Austria y Alemania, cerca del 3% del PIB.

Cuando trasladamos los porcentajes anteriores a importes, la diferencia se vuelve claramente a favor de España, por el tamaño de nuestra economía. En 2013 Noruega gastó 5.163 millones de dólares en I+D, frente a los 17.960 millones de dólares de España.

Tanto en este indicador como en el anterior vale la pena detenerse un momento en la tendencia. Mientras que desde el inicio de la crisis el gasto en I+D en España, tanto en porcentaje sobre el PIB como en importe, no ha hecho más que descender, en Noruega descendió ligeramente en porcentaje para recuperarse en 2013 y, en todo caso, no ha dejado de aumentar en importe en ningún año.

2. Recursos humanos y resultados de I+D

En 2013, Noruega y España emplearon, respectivamente, a 10,42 y 6,87 investigadores por 1.000 trabajadores. En otras palabras, en términos relativos Noruega tiene un 53% más de trabajadores dedicados a I+D que España, destinando tan sólo un 33% más que España del porcentaje de su PIB.

Finalmente, Noruega -sus empresas, universidades, organismos de investigación e incluso particulares- solicitaron 122 patentes triádicas en 2013, frente a las 244 de España. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización.

En este caso, encontramos que España, realizando un gasto en I+D 3,5 veces superior al Noruego, sólo consigue el doble de solicitudes de patentes triádicas.

Conclusión

De este rápido vistazo a la política científica noruega y de la inevitable comparación con España se pueden obtener, al menos, tres lecciones que haríamos bien en aplicarnos.

La primera lección clara: es importante invertir en ciencia, pero tanto o más importante es cómo se invierte, sea poco o mucho. Los indicadores de gasto y su evolución lleva a pensar que, al margen de la situación coyuntural de la economía, Noruega realiza una apuesta estructural, sostenida y largo plazo por la I+D como parte de su economía y de su sociedad, y obtiene, tanto en términos relativos como absolutos, un mejor retorno de su gasto en I+D.

Gasto que, no lo olvidemos, comprende el correspondiente tanto al sector público como al privado. De este modo, los resultados obtenidos se derivan de la voluntad del sector público de articular políticas e instrumentos de apoyo a la ciencia y a la innovación, y de la capacidad del tejido empresarial en multiplicar y convertir dicho gasto en empleo de calidad e innovación.

La segunda lección es la importancia de combinar el apoyo a la investigación básica, a largo plazo, con la investigación y el desarrollo aplicados y orientadas a la industria. Esto es algo que en España, con la política científica en manos de una Secretaría de Estado de I+D+i subsumida dentro del Ministerio de Economía y Competitividad, puede no resultar fácil.

La tercera lección es que hay que definir áreas prioritarias y financiar proyectos ambiciosos y de alto impacto, científico o industrial. El café para todos no es, en ningún caso, una (buena) política.

Tampoco lo es la multiplicidad de agencias e instrumentos de financiación. El Consejo de Investigación noruego nació en 1993 de la fusión de cinco organismos cada uno con su propia área de interés. En España, huelga decirlo, seguimos sin la Agencia Estatal de Investigación y, aún cuando ésta sea una realidad, la financiación de la I+D seguirá dispersa entre la propia agencia, el CDTI y probablemente también el Instituto de Salud Carlos III, además de toda una pléyade de agencias de financiación autonómicas rara vez coordinadas entre sí.

Finalmente, quizá el aspecto más destacable sea la motivación detrás de la decisión del gobierno noruego de aumentar el gasto en I+D, que trata de responder a la actual situación económica y se basa en el convencimiento de que la investigación y la innovación son claves para reestructurar la economía del país.

Como contrapunto, recuerdo unas provocadoras palabras de Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra quien, en la pasada conferencia de plataformas de investigación biomédica, sentenciaba que “en España, no es que la administración no valore la investigación, es que no cree en ella“.

¿Qué opinas de la política científica española, en comparación con la de otros países de nuestro entorno?

¿Te parece adecuada la política noruega? ¿Qué modelo debería seguir España?

¿Crees que, como dice San Miguel, nuestra administración no valora suficientemente la ciencia y la innovación?