De la transferencia de tecnología al desarrollo de negocio

El modelo de negocio de la transferencia de tecnología ha girado tradicionalmente en torno a las patentes, cuya solicitud y mantenimiento, como es sabido, puede suponer un coste muy elevado. Esto ha sido motivo de crítica hacia las oficinas de transferencia, que han sido y son vistas como estructuras deficitarias y que funcionan mal o, sencillamente, no funcionan.

La presión por paliar ese déficit ha fomentado a su vez que las oficinas de transferencia se centren en licenciar resultados de investigación, sea como sea y con la esperanza de que alguno de ellos resulte ser un bombazo y permita compensar sus cuentas. Se trata de un modelo que a todas luces no funciona, y que con frecuencia genera desconfianza entre empresas, inversores e incluso investigadores.

En consecuencia, cada vez más universidades y centros de investigación están cambiando su aproximación al problema de la transferencia de tecnología. De un planteamiento centrado en las patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual, y en el que la tecnología se transfiere, sin más, se está evolucionando hacia a otro en el que en el desarrollo de negocio y el emprendimiento tienen un peso tan importante o más que la tecnología en sí misma.

Un caso particularmente llamativo es el de la Universidad de California en Merced, que decidió cerrar su oficina de transferencia de tecnología y establecer en su lugar una oficina de desarrollo de negocio, que asumió y amplió las funciones de la anterior.

The Office of Business Development works with university researchers, entrepreneurs, governmental agencies, industry and community partners to create new opportunities, and uses commercialization to create win-win outcomes that benefit society.

“Cerramos la oficina de transferencia de tecnología porque estaba formulando una pregunta equivocada. Todavía usamos la propiedad industrial con fines comerciales, pero nuestra primera pregunta ya no es sobre patentes. Preguntamos: “¿Qué estás haciendo, y cómo podemos ayudarte?” Es una gran pregunta, porque podemos hacérsela a todo el mundo” señala Peter Schuerman, vicerrector de UC Merced y director de la nueva oficina, cuya misión se centra en “el desarrollo económico y la creación de empleo” a fin de “mantener la excelencia en investigación y educación“. Enfoque que se ajusta, además, a la concepción cada vez más generalizada de la investigación y la innovación como inputs del crecimiento económico.

Desarrollo de negocio y de tecnología

Un ejemplo más cercano es el de la oficina de transferencia del Centro de Regulación Genómica (CRG), que ha estrenado recientemente nueva imagen y sitio web, bajo la denominación de Technology and Business Development Office (TBDO).

Empezando por el nombre, creo que recoge dos ejes estratégicos para toda oficina de transferencia de tecnología:

  • Por una parte, desarrollar la tecnología (technology development): los resultados de investigación, en el momento en que se patentan y/o aparecen publicados en revistas científicas, no están suficientemente maduros, ni para ser comercializados, ni para convencer a empresas licenciatarias o inversores en un proyecto emprendedor. Las oficinas de transferencia deben conocer, proponer e incluso implementar instrumentos de financiación que permitan validar y desarrollar esas tecnologías.
  • Por otra parte, desarrollar el negocio (business development): los resultados de investigación no se venden “solos”, hay que conocer el mercado, hay que salir a vender y mantener relaciones estables y basadas en la confianza con empresas e inversores, que son al fin y al cabo los clientes de las oficinas de transferencia y los compradores de los resultados de investigación.

El CRG ha publicado además un vídeo que explica de manera divulgativa cuáles son su misión y sus funciones y complementa bien la definición clásica de la transferencia de tecnología. De hecho, su estilo es narrativa y visualmente muy similar al del vídeo de la Association of University Technology Managers (AUTM) que vimos anteriormente en el blog.

El equipo de transferencia del CRG destaca el objetivo último de convertir las ideas en valor para la sociedad, de tal manera que los resultados de la investigación contribuyan a un mayor desarrollo económico y social, incide en la necesidad de un trabajo multidisciplinar y en consecuencia de la colaboración entre diferentes actores, y maneja conceptos interesantes: como la definición de estrategias de comercialización (commercialization pathways) y, sobre todo, la validación de la tecnología mediante experimentos y pruebas de concepto específicas.

Conclusión

Pasar de transferir tecnología a desarrollar negocio supone un cambio sin duda profundo tanto en el planteamiento como en la manera de trabajar de las oficinas de transferencia. Empezar a hablar de desarrollo de negocio es un buen primer paso que pone al cliente, interno o externo, en el centro de la actividad de las oficinas de transferencia.

No obstante, su implementación dista de ser sencilla. En primer lugar, se enfrenta a la inercia organizativa de universidades y centros de investigación, e incluso de las propias oficinas y, en segundo lugar, su funcionamiento en el día a día requiere de agilidad en la gestión y toma de decisiones, de lo que dependerá en gran medida su éxito.

Éxito que, por otra parte, dista de estar asegurado. Los resultados, en todo caso, no se obtendrán hasta pasado un  tiempo, y el cambio de modelo no garantiza, por sí mismo, ni un mayor retorno económico, ni un mayor número de contratos de licencia o de investigación bajo contrato.

Conceptos como colaboración, confianza, stakeholders, ecosistema están muy bien, sobre todo para el discurso público y comercial. Pero en cualquier sector, cuando hablamos de desarrollo de negocio, hablamos de vender y de volumen de ventas, términos cuyo uso en el ámbito de la investigación sigue chirriando.

Vender pasa por alinear tres elementos fundamentales: oferta, canal comercial y demanda. En otras palabras, tener un buen producto y saber hacerlo llegar a un mercado que lo demande.

La mayoría de críticas hacia la transferencia de tecnología y los cambios que hemos visto inciden, principalmente, en el canal comercial, en la manera en que se hacen llegar las tecnologías y resultados de investigación a los clientes. Sin embargo, eso no es suficiente.

Hace falta buena ciencia detrás, investigadores que traten de dar respuesta a necesidades no resueltas y sean capaces de ofrecer buenos resultados de investigación, con una aplicación validada y demandada por el mercado como bien apunta el CRG.

Sin esto difícilmente se resolverá la ecuación de la transferencia de tecnología, por más que le cambiemos el nombre.

¿Supone un cambio real hablar de desarrollo de negocio, en vez de transferencia de tecnología?

¿Es necesario cerrar (o reinventar) las oficinas de transferencia de tecnología?

Compra pública innovadora en H2020

Dado el interés que habéis mostrado en el anterior artículo sobre compra pública innovadora (CPI), comparto con vosotros varias novedades y recursos en el contexto del programa Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea. Espero que os sean de utilidad para sacar el máximo partido de este instrumento de innovación y, no lo olvidemos, también de financiación.

Novedades en H2020

Esta misma semana, desde el área de CPI del CDTI se nos informaba que la Comisión Europea ha actualizado la información relativa compra pública innovadora en su sitio web, y recopilado los topics de los Programas de Trabajo de H2020 para 2016-2017 que contemplan este tipo de actuación, tanto en su modalidad de compra pública precompetitiva (CPP) como de tecnología innovadora (CPI/CPTI).

Como es habitual en H2020, la financiación de estos topics requiere el montaje de consorcios transnacionales, en este caso de entidades contratantes, con las siguientes características:

  • Mínimo de 3 entidades legales de 3 estados miembros o asociados diferentes, de las cuales al menos 2 deber ser entidades contratantes públicas de 2 estados miembros o asociados distintos (esto me recuerda a una famosa escena de una famosa película, por cierto).
  • Posibilidad de incluir otras entidades contratantes no públicas pero que presten servicios de interés público y que, obviamente, compartan la necesidad de lanzar procesos de CPI o CPP. Por ejemplo, ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro.
  • Posibilidad de incluir otros beneficiarios que no sean entidades contratantes y que añadan valor al proceso de contratación, pero que obviamente no sean quienes presten de los productos o servicios innovadores. Por ejemplo, entidades que presten servicios de consultoría o asesoría a las entidades contratantes.

Las actividades que se pueden financiar son los siguientes:

  • Coordination and Support Actions (CSA): financia actividades de coordinación entre entidades contratantes, por ejemplo identificar necesidades y retos comunes, estudios de mercado, etc. Atención, las CSAs no financian la compra pública en sí.
  • Public Procurement of Innovative solutions (PPI): cofinancia una única actuación de CPI, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.
  • Pre-Commercial Procurement (PCP): cofinancia una única actuación de CPP, así como las actividades de coordinación y comunicación entre las entidades contratantes.

La financiación disponible para CPI y CPP en los programas de infraestructuras, ICT, salud, seguridad, energía, transporte, espacio y cambio climático y medioambiente, es de alrededor 130 millones de euros en el período 2016-2017. Además, la modalidad de ayuda ha mejorado, pasando a ser del 90% para CPP y del 35% para CPI, en ambos incluyendo tanto el importe de la compra como la gestión, y del 100% en acciones de coordinación y soporte (CSA).

Si en algún momento os habéis perdido con la jerga de términos y acrónimos os recomiendo leer el artículo anterior en el que se introducen el concepto de compra pública innovadora, sus objetivos y modalidades.

Recursos de interés

Para concluir, aquí tenéis un listado de recursos que pueden ser de vuestro interés:

Procuraré mantener este listado actualizado. Si conocéis algún recurso, material o caso de éxito que creáis que sería interesante incluir, por favor, hacédmelo llegar a través de los comentarios o de la sección de contacto del blog.

¡Feliz compra!

¿Se puede patentar la pseudociencia?

La revista Science publicó en 2004 un trabajo del científico coreano Woo-Suk Hwang, en el que él y su grupo anunciaban haber sido capaces de obtener células madre embrionarias humanas mediante clonación. El método de Hwang podía suponer la llave para el tratamiento de numerosas enfermedades degenerativas y, acompañado de las enormes expectativas que en aquel entonces despertaba la medicina regenerativa, el descubrimiento ocupó inmediatamente un lugar destacado en todos los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas.

Sin embargo, el trabajo de Hwang no pasaría a la historia de la ciencia más que como uno de los mayores fraudes científicos recientes.

La comunidad científica no tardó en expresar sus reservas sobre la veracidad de los resultados obtenidos por Hwang. Corea del Sur hizo una cerrada defensa de su flamante héroe científico nacional, pero no sirvió para detener las sospechas y acusaciones, entre la publicación de nuevos resultados por parte del equipo de Hwang y el esfuerzo inútil de otros investigadores por replicarlos.

Finalmente, a principios de 2006, la Universidad Nacional de Seúl anunció que los datos publicados por Hwang eran falsos, e incluso el propio Hwang reconoció el fraude y pidió disculpas públicamente. El científico coreano fue apartado de sus responsabilidades científicas y, en la actualidad, sus artículos publicados en Science constan como retirados. La revista Nature mantiene aún hoy una sección especial sobre el fraude de Hwang en su página web.

El Dr. Hwang dando explicaciones.
El Dr. Hwang dando explicaciones.

Transcurridos casi 10 años podemos felicitarnos de que los mecanismos de control de la comunidad científica funcionaran correctamente, y así dar por cerrado un claro caso de mala praxis científica.

Solo que, sorprendentemente, no estaba tan cerrado como podía parecer.

En febrero de 2014, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) publicaba la concesión de la patente 8,647,872, con título “Human embryonic stem cell line prepared by nuclear transfer of a human somatic cell into an enucleated human oocyte” y entre cuyos inventores se encuentra nuestro conocido Woo-Suk Hwang. La patente describe una línea celular embrionaria humana obtenida mediante clonación, así como el método empleado a tal efecto. Lo que venía a ser el objeto del primero de los artículos publicados por Hwang en Science en 2004.

Las preguntas que se plantean son inmediatas: ¿Se puede patentar algo que la comunidad científica ha determinado que no funciona? ¿Cuál es la utilidad de patentarlo? Y, ¿para qué sirven las oficinas de patentes si, aparentemente, se cuelan semejantes “inventos”?

Examinador a tus patentes

Empezando por la primera pregunta, aunque pueda resultar extraño, las oficinas de patentes no comprueban la veracidad de las reivindicaciones contenidas en las solicitudes de patente. Hay que recordar que la tarea fundamental de los examinadores de las oficinas de patentes -los expertos encargados de tratar las solicitudes de patentes- es evaluar si dichas solicitudes cumplen los consabidos requisitos de patentabilidad:

  • Novedad: Que la información relativa a la invención no haya estado a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud.
  • Actividad inventiva: Que la invención no resulte evidente para un especialista medio en la materia.
  • Aplicación industrial: Que la invención sea susceptible de ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.

Cuando evalúa una patente, el examinador se pone en el lugar de lo que sería un experto con unos conocimientos medios en la materia, lo que en ocasiones le lleva a moverse sobre una línea muy fina.

Por una parte, el examinador debe exigir que la invención esté descrita de manera suficientemente clara y completa para que ese hipotético experto sobre la materia pueda ejecutarla.

Por la otra, en según qué campos científicos, para el examinador puede ser difícil mantenerse informado de todos los avances que se producen y, por tanto, estar en condiciones de juzgar la veracidad o no de la invención. En algunos casos, adoptar una postura excesivamente conservadora podría llegar a limitar el desarrollo de tecnologías disruptivas.

En consecuencia, la concesión de una patente tan sólo implica que el examinador considera que la invención podría funcionar o que, cuanto menos, no encuentra motivo para pensar que no podría funcionar de ningún modo. Es decir, no garantiza que los procedimientos o productos descritos o derivados de la misma hagan lo que dicen hacer.

Con todo, las patentes que son claramente irrealizables sí son rechazadas. Porque incumplen el requisito de poder ser ejecutadas y, en parte, también por falta de aplicación industrial. Un ejemplo de esto es la patente US 2006/0073976 A1, que describe un método de distorsión gravitacional y de desplazamiento temporal… Lo que vendría a ser una máquina del tiempo, invención de Marlin B. Pohlman, un señor de Tulsa, Oklahoma. La solicitud de patente fue tumbada por el examinador (para desgracia de los seguidores del Dr. Who).

Method of gravity distortion and time displacement . Fuente: USPTO
Method of gravity distortion and time displacement . Fuente: USPTO

Más allá de la anécdota, las solicitudes de patente pseudocientíficas pueden llegar a suponer un problema. En particular, cuando los medios de comunicación se hacen eco de algunas de estas invenciones y generan unas expectativas infundadas que, al final, terminan por desacreditar el sistema de patentes e incluso la investigación científica en su conjunto.

La USPTO puso en marcha en los años 90 un programa interno denominado SAWS (Sensitive Application Warning System), cuyo objetivo era detectar solicitudes de patentes que pudieran ser controvertidas: desde remedios milagrosos para el SIDA u otras enfermedades hasta fuentes de energía infinita. El programa SAWS no estuvo exento de polémica. Se mantuvo en secreto durante cerca de 20 años y, en la práctica, se trataba de una vía de evaluación de patentes paralela a la oficial. La USPTO lo dio por finalizado en marzo de 2015.

Móviles perpetuos y homeopatía

Los intentos de patentar invenciones cuya base científica es cuestionable son tan antiguos como el propio sistema de patentes. La USPTO mantiene una colección de solicitudes de patente dedicada nada más y nada menos que a máquinas de movimiento perpetuo: artilugios que generan como mínimo la misma energía que consumen, y que violan de paso los principios de la termodinámica.

Con frecuencia el propio inventor está convencido de la validez y de la genialidad de su invento -como seguramente sea el caso del señor Pohlman- y podemos suponer que actúa de buena fe. Sin embargo, en otros casos, la obtención de una patente puede servir para dar cierta credibilidad a negocios dudosos, cuando no fraudulentos.

En el caso de la homeopatía, una sencilla búsqueda en Google Patents arroja un buen número de patentes relacionadas, tanto solicitadas como concedidas y, en algunos casos, muy llamativas.

La compañía francesa Boiron, principal fabricante mundial de homeopatía, solicitó en abril de 2010 una patente relativa a un medicamento homeopático para el tratamiento del cáncer y que se basa en el uso de la fenacetina. La fenacetina era un fármaco antipirético y analgésico ampliamente utilizado hasta su retirada del mercado en 1983 por sus efectos adversos, entre los que destacan un mayor riesgo de sufrir nefropatías así como determinados tipos de cáncer.

Los inventores afirman haber descubierto que “la fenacetina puede ser usada, en una dilución homeopática, para el tratamiento del cáncer en humanos” e inhibir la invasión, crecimiento y desarrollo tumoral. Siempre según la solicitud de patente, la fenacetina diluida en 100^4 veces (4CH en la jerga homeopática) sería capaz de inhibir la expresión de los genes MMP2 y MMP14, implicados en la progresión y metástasis de distintas formas de cáncer.

Pero un momento… ¿No está la comunidad científica harta de repetir, por activa y por pasiva, que la homeopatía carece de base científica? ¿Cómo se atreve Boiron a solicitar la patente de un medicamento homeopático para tratar nada más y nada menos que el cáncer?

Bases pseudocientíficas de la homeopatía.

La solicitud de patente de Boiron enlaza un conocimiento científico aceptado, que la fenacetina incrementa el riesgo de producir cáncer, con una hipótesis científica conocida, que la fenacetina podría inhibir algunos procesos tumorales, e insinúa una causalidad entre ambos: la fenacetina, que en determinadas dosis aumenta el riesgo de padecer cáncer, diluida de acuerdo a los principios de la homeopatía permitiría curarlo. Lo que se conoce como una falacia lógica causal, pero que la empresa utiliza muy hábilmente para dar a la homeopatía una pretendida base científica.

¿Y qué opina la oficina de patentes, en este caso la europea, de todo esto? La Oficina Europea de Patentes (EPO) hace su trabajo, es decir, evalúa si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad vistos anteriormente. Para ello, los examinadores de la EPO buscan en múltiples bases de datos documentos relevantes o relacionados con la solicitud de patente presentada. Posteriormente los analizan y determinan si la solicitud cumple dichos requisitos, en particular los relativos a la novedad y a la actividad inventiva, emitiendo lo que se conoce como opinión escrita.

La opinión de la EPO sobre la solicitud de patente de Boiron considera que el contenido de la patente no es ni novedoso ni mucho menos tiene actividad inventiva, a excepción de un punto:

9. Composition according to at least one of claims 2 to 5, characterized in that the solution is a homoeopathic medicament, preferably Phenacetinum 2CH, 3CH, 4CH and 5CH, preferably Phenacetinum 4CH.

Lo que quiere decir el examinador es que, aunque el posible uso de la fenacetina para tratar el cáncer no es nuevo, no ha encontrado a nadie que se le haya ocurrido diluirla en una solución homeopática (probablemente para no hacer el ridículo ante sus colegas) y, en consecuencia, su uso en esa forma sí sería patentable por Boiron.

La oficina de patentes no dice que funcione ni que se vaya a comercializar -esto último depende de las agencias reguladoras de medicamentos- pero una hipotética concesión de la patente podría dar lugar a titulares más que sensacionalistas: “patentado fármaco homeopático para el tratamiento del cáncer“. En este caso no parece que vaya a ser así, porque Boiron, según figura en el registro de la EPO, habría renunciado a continuar con la tramitación de la patente. No estarían muy convencidos de su invención…

En cambio, Boiron sí tiene otras patentes concedidas, pero relacionadas con aplicaciones más terrenales y probablemente más cercanas a su negocio principal, como una cadena de producción y un dispositivo para fabricar productos azucarados.

Conclusión

Respondiendo a la pregunta que da título a este artículo, definitivamente sí, la pseudociencia se puede patentar. Los motivos, como hemos visto, pueden ir desde el convencimiento del propio inventor en su invención hasta el interés empresarial.

La pseudociencia, no lo olvidemos, vende, y una buena estrategia de propiedad industrial, como todo en la empresa, está orientada a mantener y aumentar las ventas. La protección mediante patentes puede utilizarse para ganar cierta credibilidad entre un público no informado, pero también para defender una posición en el mercado. Independientemente de que un producto o servicio carezca de base científica, los derechos de propiedad industrial sobre el mismo pueden emplearse para impedir la entrada de competidores.

¿Por qué patentó Hwang su método de obtención de células madre embrionarias? Probablemente porque no tenía otro remedio. Hwang consta como inventor de muchas otras solicitudes de patente, algunas de ellas también concedidas. Aún a sabiendas de que había falseado sus datos, si hubiera renunciado a patentar su revolucionario método de clonación se habría puesto en evidencia o, al menos, habría levantado sospechas.

La pseudociencia va a seguir existiendo, así como las solicitudes de patente sobre invenciones pseudocientíficas o fraudulentas. Su concesión genera desinformación entre los consumidores y desacredita el trabajo de las oficinas de patentes, por lo que revisar los criterios de evaluación empleados por estas últimas podría limitar, en parte, el problema.

Sin desvirtuar el sistema de patentes que, en definitiva, es tan solo un instrumento. Si bien puede dar cobertura a negocios dudosos, también da transparencia a estas presuntas invenciones. Su publicación nos permite determinar de primera mano si tienen una base científica sólida o si, por el contrario, nos encontramos ante un engaño, en muchos casos deliberado.

¿Cuáles son las consecuencias de la solicitud y concesión de patentes pseudocientíficas?

¿Qué opinas del rol de las oficinas de patentes? ¿Deberían emplear criterios más estrictos de evaluación?

¿Sería necesario introducir reformas mayores en el sistema de patentes?

NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al estupendo corto de animación “El vendedor de humo“, dirigido por Jaime Maestro.

Informe CERU: ¿cómo mejorar la transferencia de conocimiento?

La Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU) ha hecho público recientemente un informe de recomendaciones sobre la I+D en España dirigido a los partidos políticos, a fin de que puedan tenerlas en cuenta en la elaboración de los programas electorales de las próximas elecciones generales.

No es la primera vez que organizaciones científicas tratan de introducir en el debate político las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de ciencia y tecnología. Un ejemplo reciente es el de RedTransfer, la asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la innovación, que se ha mostrado también muy activa en este año electoral y ha propiciado incluso encuentros con representantes de partidos políticos de los que hemos hablado ya en el blog.

El informe de CERU aporta a este debate una perspectiva muy interesante: la de científicos con conocimiento y experiencia internacional y, por qué no decirlo, también independencia para analizar y proponer mejoras en la ciencia española.

Análisis del sistema de I+D en España

El informe de CERU toma como punto de partida un análisis DAFO clásico, basado a su vez en el informe ERAC Peer Review realizado en julio de 2014 por un grupo de expertos de la Comisión Europea. El informe ERAC analizaba de manera muy certera el sistema español de investigación e innovación y, como muestra, ahí van tres perlas:

En el ámbito de la investigación se constata la existencia de un sistema dual, ya que pese a la elevada calidad de una parte de los resultados, la media del Sistema es, sin embargo, baja.

En el ámbito empresarial, (…) se constata la existencia de un número muy reducido de grandes empresas que pueden actuar  como elementos tractores en el ecosistema de innovación, así como de un reducido número de micro empresas y empresas con capacidades de I+D e innovación, significativamente más bajo en términos per cápita que en el resto de los países del entorno europeo.

En el ámbito regional, los mecanismos de coordinación son insuficientes, incrementando de este modo el riesgo de que surjan duplicidades a nivel estratégico entre los agentes estatales y los regionales.

El DAFO que presenta CERU es correcto en prácticamente todos sus puntos. Se ha escrito mucho y desde hace mucho tiempo sobre los defectos y virtudes de nuestra ciencia.

Tal vez se echa en falta algo más de rigor en el apartado dedicado a las amenazas: algunas de las que se citan no lo son en sentido estricto o no están del todo bien formuladas. Las “futuras malas prácticas de contratación“, serían en todo caso una debilidad actual que habría que corregir, el “incremento de la pérdida de talento” debería explicarse como una amenaza externa, por ejemplo “sistemas extranjeros de I+D más atractivos“, y no se menciona la creciente competencia de países emergentes. Detalles menores que no invalidan el análisis en ningún caso.

Recomendaciones sobre transferencia de conocimiento

Uno de los apartados del informe está dedicado íntegramente a la transferencia de conocimiento, por lo que siendo esta uno de los temas principales de este blog merece la pena relacionar y, brevemente, comentar algunas de las recomendaciones de CERU:

  • Convocatorias públicas en las que la investigación básica esté orientada a la (…) propuesta de soluciones basadas en ciencia básica. De acuerdo, aunque no me queda del todo claro qué quiere decir. Entiendo que en líneas generales coincide con lo que, sobre el papel, pretende la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad.
  • Incentivos a investigadores del sistema público que colaboren con empresas (permitiendo cobrar por asesoría y contratos con las mismas). Completamente de acuerdo, como bien dice el informe con una adecuada regulación, en particular en lo relativo a la transparencia y los conflictos de interés. Pero no lo habría redactado así, ni puesto en segundo lugar en la lista de recomendaciones: corre el riesgo de parecer una reivindicación salarial o corporativista.
  • Fomentar la creación de empresas basadas en resultados de investigación. Completamente de acuerdo, aunque esto sería un objetivo más que una recomendación o actuación concreta.
  • Fomentar la compra a prueba por las administraciones. De acuerdo, obviamente cuando la administración tenga motivos para ello (p.ej. modernización de la propia administración), por ejemplo mediante programas de compra pública innovadora.
  • Elaborar planes estratégicos de innovación público-privados. De acuerdo, pero ¿a qué llamamos plan estratégico de innovación? Cuidado con caer en el buzzword bingo.
  • Ofrecer formación en aspectos de gestión y emprendimiento al personal científico. Completamente de acuerdo, aunque ya empieza a consolidarse una buena oferta de formación en este campo (privada, eso sí).
  • Crear centros de investigación con financiación público-privada. Completamente de acuerdo. O laboratorios conjuntos de investigación con empresas. 
  • Fomentar la creación de clústeres de empresas donde haya investigación de excelencia en un determinado campo. De acuerdo, pero complicado: requiere coordinar política científica e industrial y captar empresas tractoras. ¿Y si lo hiciéramos al revés, fomentar la investigación de excelencia en campos de interés para nuestras empresas?
  • Mejorar los recursos humanos y el funcionamiento de las OTRIs: incorporar personal de perfil científico y/o con experiencia en el mercado. Completamente de acuerdo. La capacitación del personal dedicado a transferencia y el enfoque de las propias unidades es, con frecuencia, deficiente. Sin embargo, la solución no pasa únicamente porque la transferencia sea una salida profesional adicional para el personal científico que no sigue su carrera investigadora. Tal y como está redactado parece más una reivindicación profesional (completamente legítima, por otra parte). Pero esto da para un post entero (oye, ¿y si cerramos las OTRIs?).
  • Mejorar sinergia entre CDTI y OTRIs para favorecer el contacto entre universidad de empresa. Parcialmente en desacuerdo. Todo lo que sean sinergias es fantástico, pero no termina de queda claro qué se pretende y, en mi opinión, no entraría dentro en la misión del CDTI “representar” a las universidades ante las empresas.
  • Elaborar programas de formación para la empresa privada en relación con las características de la investigación en empresas. Parcialmente en desacuerdo. No queda claro el objetivo de esta actuación. Sin olvidar que buena parte del tejido empresarial español no sabe lo que es la investigación (y, en muchos casos, tampoco lo necesita), sí es necesario hacer un esfuerzo para, por una parte, divulgar la conveniencia de participar en proyectos de investigación y/o innovación y, por otra parte, capacitar a las empresas para ello.
  • Incluir un asesor científico del sistema público de I+D en los proyectos de investigación de empresas con financiación pública. En desacuerdo. Si ya cuesta que las empresas hagan I+D, añadir actores cuyo valor añadido para la empresa y para los proyectos distan de ser evidentes no haría más que desincentivar la participación empresarial. Keep it simple. Podría considerarse, en cambio, crear una figura similar al scientific officer de H2020 o, en aquellos proyectos de gran envergadura, contar con un consejo asesor científico externo.
  • Creación en universidades y centros de investigación de clubes de empresas. Completamente de acuerdo. O, para darle aún más entidad, de la misma manera que contamos con consejos asesores científicos, crear consejos asesores empresariales en los centros de investigación.

El bloque dedicado a transferencia concluye con una serie de actuaciones, muy concretas, en investigación e innovación clínica. Todas ellas coherentes y con las que creo que coincidimos prácticamente todos los que estamos en el sector.

En otras apartados del informe se realizan recomendaciones directa o indirectamente relacionadas con la transferencia que, en ocasiones, son de mayor impacto que las anteriores. En particular en lo relativo a incentivar la participación privada en la financiación de la I+D: centros con financiación mixta público-privada, encuentros científico-empresariales, incentivos fiscales a la I+D empresarial y evaluación de la misma, doctorados industriales y estancias científicas en empresa, entre otros.

También se menciona la necesidad de atraer empresas y fondos privados extranjeros en los proyectos y oportunidades de desarrollo tecnológico e inversión, respectivamente, que ofrecen la ciencia made in Spain. Con todo, la regla de oro para conseguir financiación privada para I+D es, sencillamente, ofrecer un retorno lo suficientemente atractivo.

Conclusión y reflexiones

El informe presentado por CERU merece la atención no sólo de los partidos políticos, sino también de los que estamos de una manera u otra relacionados con el sistema de I+D en España.

Dejando al margen matices de forma o de concreción en algunas de las recomendaciones, el informe ofrece una batería de propuestas e ideas lo suficientemente interesantes para ser consideradas por todos los agentes del sistema de I+D: universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos empresas, investigadores, administraciones y organismos financiadores, agentes intermedios, etc. E incluso implementadas.

Seamos realistas, la ciencia y la política científica no son una prioridad ni para partidos políticos ni para la sociedad española en general (aunque esto último parece estar cambiando, como apunta CERU en su análisis). Es más, me aventuraría decir que la ciencia no está en el debate político porque tampoco está en el debate “en la calle”.

En todo caso, la política actual suele ir por detrás de la sociedad, por lo que no nos queda más remedio que seguir trabajando bottom-up:

  • Continuar introduciendo la ciencia en el debate público, y no sólo político, para lo que iniciativas como el informe CERU son de gran utilidad.
  • Implementar estas y otras recomendaciones, en nuestros respectivos campos de actuación y en la medida de lo posible.

No es el enfoque óptimo, y los resultados serían sin duda mejores con un mayor apoyo político y/o institucional, pero parte de la solución está en nuestras manos.

Hay urgencia, y puede que tengamos una ventana de oportunidad para cambiar la política científica en España, mejorar nuestro sistema de I+D y dar, definitivamente, one step forward.

¿Has leído el informe CERU? ¿Qué esperas a hacerlo?

¿Qué recomendaciones te parecen (o no) las más adecuadas?

¿Crees que los partidos políticos dan suficiente importancia a la I+D?

¿Qué es y para qué sirve la compra pública innovadora?

Bajo el nombre de compra pública innovadora se recogen diversas actuaciones administrativas cuyo objetivo principal es el fomento de la innovación a través de la contratación pública y cuyo impacto es doble:

  • Por una parte, la administración o los entes públicos correspondientes se modernizan mediante la adquisición de bienes y servicios novedosos.
  • Por otra parte, las empresas desarrollan e introducen por primera vez en el mercado dichos bienes y servicios, con la consiguiente mejora de su competitividad.

De este modo, la innovación viene dirigida desde el lado de la demanda -en este caso del sector público- y no desde la oferta, como es lo habitual cuando las empresas tratan de introducir nuevos productos y servicios en el mercado.

Tipos de compra pública innovadora

La denominación de compra pública innovadora (en inglés, Innovation Procurement) hace, en general, referencia a dos modalidades de contratación pública:

1. Compra pública (de tecnología) innovadora (CPI, CPTI)

Hablamos de compra pública de tecnología innovadora (en inglés, Public Procurement of Innovative solutions, PPI) cuando el contratante plantea una necesidad o desafío tecnológico que puede satisfacerse fácilmente por soluciones incipientes, que están a punto de llegar al mercado o empezando a introducirse en el mismo.

En este caso, en el que no es necesario realizar actividades de I+D, la contratación pública juega el papel de primer cliente o early adopter de estos nuevos productos o servicios y, por tanto, “abre” el mercado y facilita que las empresas puedan escalar la producción y comercialización.

2. Compra pública precomercial (CPP)

Hablamos de compra pública precomercial o precompetitiva (en inglés, Pre-Commercial Procurement, PCP) cuando el contratante solicita soluciones que están aún lejos de llegar al mercado y, por tanto, es necesario llevar a cabo un esfuerzo de I+D considerable.

La compra pública precomercial permite por tanto comparar distintas aproximaciones tecnológicas y reducir el riesgo asociado al desarrollo de un proyecto de innovación, desde la fase de diseño y prototipado hasta la validación de una primera versión del producto o servicio. La posterior provisión de la versión final podría ser objeto a su vez de un procedimiento de CPI, como el visto anteriormente.

El proceso de compra pública precomercial con frecuencia se desarrolla en rondas o fases, seleccionando en cada una de ellas las soluciones o tecnologías que resultan más prometedoras. De este modo se logra reducir el riesgo que asumen las empresas, inherente a la realización de todo proyecto de I+D, así como el que asume la administración, que financia solo aquellos proyectos con mayores posibilidades de éxito, como se muestra en la siguiente figura.

Flujo de CPP y CPTI. Fuente: Elaboración propia
Diagrama de flujo de CPP y CPTI. Fuente: Elaboración propia

Un aspecto a tener en cuenta es que ambos procesos de contratación pública, si bien se pueden encadenar, son independientes entre sí. En otras palabras, la adjudicación del proceso precomercial no implica la adjudicación del eventual proceso de compra pública de tecnología posterior. Esta última podría ser adjudicada a cualquier empresa que concurra al mismo, haya participado o no en el proceso anterior, o incluso a un consorcio o unión de varias empresas. 

Es posible, e incluso en algunos casos probable, que la empresa que haya realizado el diseño, prototipado y validación del producto o servicio no tenga  la capacidad de escalar la producción o prestación del servicio, o de asegurar su distribución, por ejemplo.

Compra pública innovadora en España y en Europa

Prácticamente todas las administraciones han introducido o están introduciendo la compra pública innovadora como instrumento de sus políticas de fomento de la innovación empresarial y, en consecuencia, en sus presupuestos.

En España, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el CDTI juegan un papel clave en la promoción de la compra pública innovadora.

El MINECO ha editado una completa guía sobre compra pública innovadora que contiene una descripción detallada de los instrumentos disponibles, su marco jurídico y buenas prácticas para su aplicación.

El programa INNODEMANDA del CDTI financia a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en una contratación pública, siempre y cuando la entidad contratante haya suscrito previamente un protocolo con el CDTI en el que se especifiquen, entre otros, los hitos, plazos de actuación y condiciones aplicables. Una característica interesante de INNODEMANDA es que financia a las empresas independientemente de que estas resulten o no adjudicatarias, lo que reduce en buena medida el riesgo que asumen.

Funcionamiento de INNODEMANDA. Fuente: CDTI
Funcionamiento de INNODEMANDA. Fuente: CDTI

Igualmente, la Comisión Europea también está realizando realizando un esfuerzo importante en fomentar la compra pública innovadora en varios de sus iniciativas y programas de investigación y desarrollo, como H2020 o la Agenda Digital Europea. Existe, además, la posibilidad de utilizar fondos europeos, como FEDER, para cofinanciar actuaciones de compra pública innovadora por parte de las administraciones nacionales y regionales, como ministerios o comunidades autónomas.

Un caso de éxito en España es InnovasuMMA, un programa de compra pública precomercial impulsado por el Servicio Gallego de Salud dentro de sus planes de innovación sanitaria Hospital 20150 e InnovaSaúde, cuyo objetivo es la búsqueda de diagnósticos avanzados en biomarcadores, sobre todo en oncología y hematología.

Conclusión

La compra pública innovadora es un mecanismo de financiación de la innovación que, bien empleado, resulta muy atractivo tanto para administraciones públicas como para empresas.

Puede ser, además, un mecanismo o cuanto menos un incentivo para la transferencia de tecnología, y facilitar la aplicación de resultados de investigación en nuevos productos y servicios. Para ello es imprescindible que la administración adopte un enfoque integral, y sea capaz de alinear líneas y resultados de investigación académicos con las necesidades del mercado y con la capacidad de nuestras empresas para desarrollar esos nuevos productos y servicios a partir de los primeros. Ahí es nada.

Por su parte, programas como INNODEMANDA -u otros de carácter europeo- permiten a las empresas mitigar el riesgo inherente al proyecto de I+D en particular en proyectos de compra pública precompetitiva.

Cabría preguntarse, no obstante, cuándo no se debe recurrir a la compra pública innovadora para proveer un nuevo producto o servicio. Una respuesta rápida es cuando el grado de madurez tecnológica del producto o servicio quede fuera del diagrama de flujo visto anteriormente. Es decir, en aquellos casos en que:

  • La actividad de I+D a desarrollar quede dentro del ámbito de la investigación básica o fundamental, guiada por la curiosidad científica, para lo que existen otros instrumentos de financiación.
  • Ya existan productos o servicios equivalentes en el mercado, o aún cuando no existan, sí haya una demanda clara que exija su desarrollo.

Podemos estar seguros de que vamos a seguir oyendo hablar, y mucho, de compra pública innovadora en el futuro próximo, así como de casos de éxito, y con toda probabilidad, también de fracaso en alguna ocasión.

Conseguir convertirla en una palanca para mejorar la innovación, la competitividad y las ventas de nuestras empresas es una responsabilidad compartida.

¿En qué sectores la compra pública innovadora puede tener mayor relevancia e impacto, tanto desde la pespectiva de la modernización de la administración como desde la de la competitividad empresarial?

¿Pueden todas las empresas beneficiarse de la compra pública innovadora? ¿Qué barreras se encuentran y cómo superarlas?

¿Qué casos de éxito (o de fracaso, si los hubiera) conoces?

La ciencia española a examen en Nature (1972)

La biblioteca del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia -en sus inicios Instituto de Investigaciones Citológicas– ofrece un completo recorrido por la investigación y el conocimiento en biomedicina en los últimos 75 años. Sus volúmenes, repartidos en las diferentes salas del centro, comprenden libros y revistas científicas desde la década de 1940 hasta bien entrados los 2000, en los que el soporte electrónico sustituyó ya definitivamente al papel.

Podemos, por ejemplo, encontrar un ejemplar del Annual Review of Biochemistry correspondiente al año 1943, gran cantidad de literatura científica en francés, cuando aún pugnaba con el inglés como lengua de la ciencia, o incluso la revista Laboratorio, fundada en 1946 en Granada y que aparecería mensualmente durante unos cuarenta años, dando cuenta de temas como la inmunología, la hematología, la anatomía patológica o la química clínica.

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Revista Laboratorio. Año 1949.
Revista Laboratorio. Año 1949.

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biochemistry1943
Annual Review of Biochemistry vol. 12. 1943.

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Curioseando entre volúmenes antiguos -siempre he sido rata de biblioteca- di casualmente con un ejemplar de la revista Nature que, en su número del 21 de enero de 1972, se hacía eco de un estudio de la OECD –Reviews of National Science Policy, Spain– que analizaba en detalle la política científica española y la situación de nuestro sistema de ciencia y tecnología en aquel momento.

Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.
Índice de Nature vol. 235. 21 de enero de 1972.

La reseña, de apenas una página de extensión, se titula “Time for a Change in Spain y se abre con una frase demoledora:

Ever since the Second World War, Spain has been conspicuous among the nations of Western Europe for its backwardness in scientific research and development.

Su lectura permite conocer la visión de un organismo internacional, en principio independiente, sobre la ciencia en España entonces, así como la opinión al respecto de una publicación como Nature.

Dicho informe de la OECD representa un hito en el análisis de la política científica en España y, tal vez, el primer gran esfuerzo por explicar las causas por las que nuestro país había permanecido durante tanto tiempo “remotamente conectado de la comunidad científica”.

Escasez de financiación

La primera de estas causas era, sin duda, la baja inversión en investigación y desarrollo. En 1967 el gasto total en I+D realizado tanto por el estado como por la industria ascendió a 3.873 millones de pesetas, lo que suponía un 0,27% del PIB de aquel año.

La cifra no era en sí mala, sobre todo si se tiene en cuenta que la economía española en los años 60 y sus correspondientes indicadores macroeconómicos eran muy inferiores al de otros países de nuestro entorno, como Francia o Bélgica, cuyo PIB per cápita triplicaba al español. Destaca, además, el hecho de que el estado y la industria contribuían en prácticamente la misma proporción a la inversión en I+D.

Sin embargo, el informe llamaba la atención sobre el desequilibrio en la distribución del presupuesto público en investigación: casi en su totalidad se destinaba a centros públicos de investigación y solamente un 3% a las universidades. Nature se cuestionaba cómo un estado moderno (sic) esperaba mantener un sistema universitario competitivo con un presupuesto de apenas 100 millones de pesetas y reconocía el mérito de las universidades españolas, que habían sido capaces de ganarse una buena reputación por sí mismas, lo que calificaba literalmente de “milagro”.

Agricultura y energía nuclear

Dentro de la parte del gasto en I+D correspondiente al estado, el informe de la OECD criticaba la falta de coherencia entre las prioridades científicas y los sectores estratégicos de la economía española.

A pesar de la importancia del sector primario y sobre todo agrícola en la España de los años 60, sólo se destinaba a investigación agraria un 17,4% del presupuesto, alrededor de 375 millones de pesetas. El presupuesto del Patronato Alonso de Herrera, que agrupaba hasta 24 centros del CSIC dedicados a la investigación en biología vegetal y ciencias agrarias, se redujo en cerca de un 20% entre 1967 y 1969, si bien se incrementó la inversión realizada directamente por el Ministerio de Agricultura.

Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza
Sede de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza

En cambio, la investigación en energía nuclear se llevaba en 1967 un 23% del total del presupuesto, un importe sólo justificable a ojos de la OECD si a largo plazo la mayor parte de la electricidad en España se iba a generar mediante centrales nucleares. La generación mediante energía nuclear alcanzo su máximo en 1989, cuando supuso el 37,9% de la generación eléctrica del país, así que la necesidad o conveniencia de aquella inversión queda como objeto de discusión.

Recomendaciones

La OECD expuso las conclusiones del informe a representantes del gobierno español durante el verano de 1970, junto con una serie de recomendaciones:

  • En materia de política científica, de manera general, se instaba al gobierno español a elegir entre seguir “los patrones del pasado” o introducir cambios radicales en la misma.
  • Defendía que una mayor inversión en I+D permitiría mejorar la balanza de pagos española, tanto en la agricultura como en la industria.
  • Reconocía el potencial y los avances en investigación agrícola, con especial mención al centro de investigación del CSIC en Zaragoza, pero constataba que en otros sectores como el industrial los resultados eran “decepcionantes”.
  • Censuraba duramente el abandono por parte del gobierno de la investigación universitaria, y abogaba por incluir a las universidades en la planificación a largo plazo de la política científica, así como mejorar el status y aumentar la escala de la investigación que realizan.

Y, como primer paso, la OECD recomendaba… doblar el presupuesto estatal dedicado a investigación y desarrollo. ¿A qué esto resulta familiar?

De un tiempo a esta parte

No es la única vez que Nature ha tratado en sus páginas la situación de la ciencia española, su potencial y sus promesas, con frecuencia no cumplidas. En 2008, Nature celebraba que el presupuesto destinado a I+D se hubiera doblado en apenas 4 años y se preguntaba si España podía encontrarse frente a una nueva “edad de plata” científica.

Sin embargo, y a pesar de las intenciones de la ex-Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, esta percepción empezó a desvanecerse conforme la realidad de la crisis se tradujo en recortes indiscriminados en ciencia a partir de 2010. Nature se hizo incluso eco del dramático recorte que sufrimos en el CIPF en 2011 y ha servido para denunciar los frecuentes cambios de rumbo en política científica.

Sorprende cómo algunas de las afirmaciones y recomendaciones que la OECD realizaba sobre el estado de la ciencia española en los años 70 son en gran medida aplicables en la actualidad.

En 2015 sigue siendo necesario argumentar la importancia de invertir en I+D para mejorar la economía y la competitividad de nuestro país, así como reclamar un mayor compromiso y planificación a largo plazo por parte de las administraciones públicas. El sistema de ciencia y tecnología presenta carencias en su articulación, y las prioridades científicas no siempre están alineadas con las particularidades y necesidades de nuestro tejido empresarial.

La propia Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología 2013-2020 del Ministerio de Economía y Competitividad identifica algunas debilidades que son perfectamente reconocibles en el análisis de la OECD: la baja intensidad del esfuerzo en I+D en relación al PIB, la baja capacidad de adopción de las nuevas tecnologías por el sector empresarial o la rigidez de los modelos de gobernanza de universidades y OPIs, entre otros.

Por último, y a la luz de los más de 40 años transcurridos desde entonces, cabe reflexionar sobre si la política científica de un tiempo a esta parte ha sido, en líneas generales, acertada y si los resultados obtenidos se pueden calificar de satisfactorios.

E igualmente, haciendo “política científica ficción”, en qué situación podríamos encontrarnos si las políticas hubieran sido diferentes. Las posibles preguntas y sus respuestas son inabarcables, pero aquí van algunas a vuelapluma:

¿Era acertado invertir en investigación nuclear? ¿O hubiera sido conveniente priorizar otros campos?

¿Se ha logrado consolidar la investigación universitaria como sería deseable?

¿Es aún necesario introducir “cambios radicales” en la política científica? ¿Cuáles?

¿Cómo convierte la NASA su tecnología espacial en aplicaciones terrestres?

Hace tan sólo unas horas que la sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA hace más de 9 años, ha llegado por fin a su destino, Plutón: uno de los principales cuerpos celestes de lo que, tras dimes y diretes astronómicos, se ha dado en llamar la tercera zona y que comprende el espacio situado más allá de Neptuno, el más lejano de los gigantes gaseosos.

El viaje de la New Horizons no concluye en Plutón. De hecho, no entrará en su órbita. La sonda pasará a unos 12.500 km. de Plutón y a 28.800 km. de Caronte, su principal luna, antes de continuar su viaje hacia el Cinturón de Kuiper, donde probablemente se aproxime a algunos de los objetos (KBO, Kuiper Belt Objects) que lo pueblan para estudiar por primera vez esta zona del Sistema Solar.

Plan de la misión New Horizons. Fuente: NASA.
Plan de la misión New Horizons. Fuente: NASA.

La New Horizons, como todo artefacto espacial, es el resultado de un trabajo de ingeniería complejo, multidisciplinar y costoso. Para llevarlo a cabo la NASA cuenta con la colaboración de múltiples instituciones y empresas que, con frecuencia, son las verdaderas responsables de diseñar e integrar los diferentes sistemas e instrumentos de que componen sus naves y sondas espaciales.

En el caso de la New Horizons esta tarea ha sido liderada por el Southwest Research Institute (SwRI), en Texas, y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins (JHUAPL), en Maryland. El JHUAPL es la institución responsable del diseño, construcción y operación de la sonda mientras que el SwRI es la institución responsable de la misión en sí misma, la operación de los instrumentos científicos y la recogida de datos. Además, han participado empresas y entidades como KinetX, Inc., Ball Aerospace Corporation, Boeing, el Goddard Space Flight Center y Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la Universidad de Stanford, Lockheed Martin, la Universidad de Colorado y el Departamento de Energía de los EEUU, entre otros. El presupuesto total de la misión asciende hasta la fecha a 700 millones de dólares.

Un proyecto de estas características requiere la utilización de una gran variedad de tecnologías: estructuras, sistemas de control y telecomunicación, computación y almacenamiento de datos, propulsión, navegación, energía, control térmico, además de los propios instrumentos y ensayos científicos específicos de cada misión.

Muchos de estos componentes se reutilizan o adaptan a las necesidades de cada misión a partir de tecnologías desarrolladas anteriormente por la propia NASA o por sus contratistas. Es el caso del generador termoeléctrico de radioisótopos, la fuente de energía de la New Horizons que había sido utilizado anteriormente por las misiones Cassini-Huygens, Galileo y Ulysses. Pero igualmente muchas de las tecnologías empleadas se desarrollan desde cero, expresamente, para cada misión y circunstancia.

GPHS-RTG o General Purpose Heat Source — Radioisotope Thermoelectric Generator. Fuente: Wikipedia.
GPHS-RTG o General Purpose Heat Source — Radioisotope Thermoelectric Generator. Fuente: Wikipedia.

Esta actividad de investigación y desarrollo genera obviamente un enorme número de tecnologías potencialmente patentables, con la dificultad añadida de que en la mayoría de los casos se obtienen en el marco de proyectos en régimen de colaboración o contratación con la NASA.

Además, como es bien sabido, la tecnología espacial encuentra con frecuencia aplicaciones terrestres de tanto o mayor interés que la original. En palabras de Daniel Lockney, director del programa de transferencia de tecnología de la NASA, “cuando piensas en la NASA, piensas en cohetes, vehículos marcianos o satélites, pero deberías pensar también en amortiguadores de terremotos, motores de nueva generación o herramientas para neurocirugía“.

 

Transferencia de tecnología en la NASA

El reto que se plantea es cómo gestionar y poner orden en este flujo continuo de innovación. Para ello, la NASA ha definido una serie de procedimientos a fin de detectar todas las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de sus proyectos, tanto internos como externos, evaluarlas, protegerlas cuando corresponda y asegurar su comercialización y difusión.

Todas aquellas personas o entidades que trabajan en o para la NASA están obligadas a informar de cualquier invención, descubrimiento, mejora o innovación, independientemente de que sea patentable o no, así como de nuevos programas informáticos o mejoras a programas ya existentes, a través de un New Technology Report o NTR que se envía electrónicamente. A partir de la información contenida en el NTR -y de otra adicional que se pueda solicitar posteriormente- el equipo de transferencia de tecnología de la NASA determina la patentabilidad y el interés comercial de la nueva tecnología y se define la estrategia de transferencia tecnológica a seguir.

El procedimiento es muy similar al de la mayoría de universidades y centros de investigación, si bien hay ciertos aspectos que merece la pena destacar, como la complejidad de identificar y analizar invenciones realizadas por un gran número de entidades muy diferentes entre sí, o el énfasis de la NASA en que cualquier nueva idea, tecnología o mejora, por improbable que pueda parecer su aplicación o novedad, se comunique mediante un NTR.

Además, que la NASA o, mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos tenga o no derechos de propiedad sobre la nueva tecnología dependerá del tipo de empresa o entidad para que la que trabajen los inventores y la relación contractual que se haya establecido con ella.

La NASA se reserva, de manera general, el derecho sobre las invenciones desarrolladas tanto por sus propios empleados públicos como por grandes empresas. Las pequeñas empresas tienen, en cambio, derecho a mantener los derechos de propiedad industrial sobre sus invenciones, siempre y cuando lo soliciten a la NASA en un plazo de 2 años desde la comunicación del NTR. No obstante, en el primer caso, las grandes empresas tienen derecho a una licencia no exclusiva y gratuita sobre la tecnología que hayan desarrollado. En el caso de pequeñas empresas, es la NASA la que se reserva dicha licencia.

Distribución de invenciones de la NASA. Fuente: NASA.
Distribución de invenciones de la NASA. Fuente: NASA.

En el caso de tecnologías consistentes en hardware, y siempre y cuando se den los requisitos de patentabilidad, interés comercial y derechos de propiedad sobre las mismas, la tramitación habitual comprende la solicitud de una patente provisional ante la USPTO, seguida de una patente no provisional y su posterior comercialización y licenciaEn el caso del software, la mayor parte se comercializa bajo la forma de acuerdos de uso (software usage agreements) si bien una parte se distribuye bajo licencias de código abierto

Además, la NASA contempla mediante su programa QuickLaunch la concesión de licencias “exprés”. El objetivo de QuickLaunch es poner a disposición de las empresas tecnologías que tengan una aplicación clara y que no requieran un gran desarrollo tecnológico por parte de la empresa, por ejemplo, la integración con sus propios productos o servicios. La licencia que se concede es no exclusiva a cambio de un pago inicial y, en ocasiones, anual, ambos definidos de antemano junto con el resto de condiciones y no negociable, y se puede formalizar en el plazo de 7 días. Las tecnologías disponibles incluyen, por ejemplo, un dispositivo láser para medir distancias con una precisión de micras mediante patrones Fresnel, o un material más ligero y de fácil fabricación que además protege de la radiación.

Todas las nuevas tecnologías se difunden continuamente en el sitio TechBriefs. La NASA realiza además una selección de las 100 tecnologías más prometedoras o con mayor potencial, en sectores y aplicaciones como propulsión, energía, robótica o TIC, e incluso medicina, biotecnología o medioambiente.

Resultados, mitos y dólares

Los resultados de toda esta actividad pueden consultarse en detalle en la página del programa de transferencia de tecnología de la NASA, que permite filtrar por año e incluso por los distintos centros de investigación de la NASA, cada uno especializado en diferentes campos, y cuyos nombres nos resultarán en muchos casos familiares: el Ames Research Center, el Goddard Space Flight Center, el Jet Propulsion Lab o laboratorio de propulsión a chorro, o el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, entre otros. La palma se la lleva el JPL, responsable de cerca un 30% de las nuevas tecnologías desarrolladas por la NASA.

En 2014 se recibieron 1688 nuevas tecnologías (NTRs), se solicitaron 143 nuevas patentes, se formalizaron 42 nuevas licencias de patentes y 1675 acuerdos de uso de software.

Como ejemplo, el pasado mes de abril la NASA licenció a la empresa Evident Technologies, de Nueva York, una serie de patentes que cubrían diferentes materiales termoeléctricos, esto es, capaces de convertir el calor en electricidad. Precisamente el tipo de materiales empleados por el RTG que genera y suministra energía a la New Horizons, y que ahora podrían aplicarse a cualquier maquinaria o proceso industrial que desprenda suficiente calor: fabricación de cristal o cerámica, o incluso la combustión de un coche.

Éste y otros casos de éxito se publican anualmente en Spinoff, cuyo objetivo es dar a conocer la transferencia y aplicación de las tecnologías desarrolladas por la NASA en el sector privado, pero también desmontar algunos mitos sobre las tecnologías desarrolladas por la carrera espacial. Ni el velcro, ni el teflón ni el tang (sí, el tang), fueron desarrollados por la NASA, como tampoco los relojes de cuarzo, la resonancia magnética o el código de barras, si bien sí que fueron utilizados en distintas misiones espaciales.

Spinoff se dirige al público general y a las empresas pero, sobre todo, a los políticos estadounidenses, como justificación de los beneficios que aporta invertir en la exploración espacial y, en particular, del presupuesto anual de la NASA que se encuentra con frecuencia en cuestión. Llegados a esto punto, cabe preguntarnos precisamente por qué, si la NASA desarrolla y transfiere tal volumen de tecnologías, no es capaz de financiar su actividad al menos parcialmente con los ingresos que obtiene de licencias y otros acuerdos.

Ingresos por licencias 2011-2015. Fuente: NASA
Ingresos por licencias 2011-2015. Fuente: NASA

Lo cierto es que dichos ingresos revierten directamente al Tesoro estadounidense y que, en todo caso, no son tan elevados como podría parecer. En 2014 fueron apenas superiores a los 2 millones de dólares, cuando el presupuesto total de la NASA ascendió a más de 17.000 millones, aproximadamente un 0,5% del presupuesto federal estadounidense (en el momento álgido de la carrera espacial llegó a suponer cerca de un 5%).

La exploración espacial es cara, muy cara. Y no tiene sentido considerar los ingresos por transferencia de tecnología como una fuente de financiación suficiente. Pero también es cierto que la NASA no está concebida para explotar tecnologías per se y ser rentable: subcontrata al sector privado un gran número de productos y servicios, y con frecuencia encuentra numerosos obstáculos administrativos (y políticos) para participar en aquellos proyectos que sí pueden ser realmente rentables. 

La NASA tiene una increíble capacidad para generar nuevas tecnologías y aplicaciones para las empresas estadounidenses que, sin embargo, no puede rentabilizar directamente. En cambio, la transferencia de tecnología le permite demostrar, aunque sea con dificultades, el beneficio potencial de invertir en ciencia y tecnología.

Esto abre un debate que, si bien se pone de manifiesto en la exploración espacial por su elevado coste e impacto mediático, es sin duda ampliable a otros campos científicos y países, como España, especialmente en estos tiempos de recortes:

¿Debemos financiar a cualquier coste la ciencia y la tecnología? ¿O debe ser rentable o, al menos, autofinanciable?

¿Cuál es el retorno que debemos esperar y quién debe, en primera instancia, beneficiarse del mismo: el sector público o el privado?

¿Qué es la transferencia de tecnología?

Todos los que trabajamos de una manera u otra en transferencia de tecnología nos hemos visto en alguna ocasión en la difícil tesitura de explicar en qué consiste y a qué nos dedicamos, sobre todo si nuestro interlocutor no está familiarizado con la investigación académica o la innovación.

En estos casos, creo que una de las mejores salidas es decir que somos lo más parecido a un comercial que hay en un centro de investigación o universidad. De las OTRIs, mejor no hablar.

Por supuesto, los profesionales de la transferencia de tecnología emplean otras muchas competencias -técnicas, legales, financieras- además de la comercial, pero en mi opinión es la que mejor describe el objetivo último de nuestro trabajo.

Esto es, conseguir que alguien esté dispuesto a pagar e invertir por los resultados de la investigación: tanto las empresas al final del proceso, como la administración pública y los organismos financiadores al inicio del mismo.

Múltiples definiciones

Jane Muir, presidenta de la Association of University Technology Managers (el equivalente estadounidense de RedTransfer) explica en el video que abre este artículo qué es la transferencia de tecnología y cuáles son sus objetivos.

Muir da una visión clásica -y algo edulcorada- de la transferencia de tecnología, pero en la que destaca el beneficio que ésta aporta a la sociedad y la mención explícita a la creación de nuevas empresas como mecanismo de transferencia.

La transferencia de tecnología es el proceso por el que se transfieren descubrimientos científico-técnicos de una organización a otra para continuar su desarrollo tecnológico y eventualmente llevar a cabo la comercialización de nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios basados en los primeros.

Estos descubrimientos científico-técnicos, habitualmente referidos como resultados de investigación, pueden comprender no sólo aquellas nuevas tecnologías generadas en el marco de proyectos o líneas de investigación, sino también habilidades, conocimiento, métodos de fabricación, muestras o prototipos e incluso instalaciones científico-técnicas.

¿Transferencia de tecnología o conocimiento?

Un buen número de entidades prefieren emplear el término transferencia de conocimiento en lugar de transferencia de tecnología, por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de su Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento.

Siendo estrictos, la transferencia de tecnología sería una parte de la transferencia de conocimiento. Pero también es cierto que las universidades y organismos de investigación tienen múltiples mecanismos para transferir el conocimiento. 

En mi opinión, mezclar ambos conceptos desdibuja la misión de las oficinas de transferencia de tecnología y el objetivo último del proceso: que los resultados de investigación encuentren aplicación tecnológica, empresarial o industrial.

Un proceso complejo y multidisciplinar

Por otra parte, la transferencia de tecnología comprende distintas fases y, en cierto modo, se puede considerar un proceso circular, en tanto que el retorno de la explotación comercial de los resultados de investigación permite, en última instancia, financiar nuevos proyectos científicos.

Fases del proceso de transferencia de tecnología. Fuente: Fred Hutch.

Si partimos de las fases incluida en la figura anterior, una posible definición de cada una de ellas sería la siguiente:

  1. Descubrimiento: fase en la que se desarrollan los proyectos y líneas de investigación que, eventualmente, pueden dar lugar a nuevos descubrimientos científicos o tecnologías susceptibles de aplicación comercial o industrial.
  2. Documentación: fase en la que efectivamente se identifica el resultado de investigación, se describe y se acota su alcance.
  3. Evaluación: fase en la que se realiza una evaluación del potencial del resultado de investigación, en términos de patentabilidad, interés comercial o posibles socios o licenciatarios para su desarrollo tecnológico, entre otros
  4. Protección: fase en la que, cuando corresponda, se protege el resultado de investigación mediante títulos de propiedad industrial o intelectual.
  5. Comercialización: fase en la que se lleva a cabo un estudio de mercado y el resultado de investigación se promociona -se vende- entre aquellas empresas susceptibles de estar interesadas en el mismo, así como otros socios comerciales y/o tecnológicos que puedan contribuir a su desarrollo.
  6. Licencia: fase en la que se negocia y se establece un acuerdo de licencia o transferencia con la empresa finalmente interesada en el desarrollo tecnológico del resultado de investigación.
  7. Desarrollo tecnológico o de producto: fase en la que la empresa licenciataria lleva a cabo el desarrollo del resultado de investigación, con frecuencia en colaboración con la propia universidad o centro de investigación o con otros socios, hasta su introducción en el mercado bajo la forma de nuevos productos o servicios.
  8. Explotación comercial: fase en la que efectivamente los nuevos productos o servicios basados en el resultado de investigación se comercializan y, según lo establecido en los acuerdos de licencia o transferencia previos, la universidad o el organismo de investigación obtiene un retorno económico del mismo que puede reinvertir el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

No obstante, el proceso no es ni mucho menos tan lineal como podría parecer. Mejor dicho, casi nunca es lineal. Como muestra, 3 ejemplos:

  • Algunas fases son opcionales y otras no finalizan cuando empieza la siguiente. Es el caso de la protección de la propiedad industrial, que hay que mantener a lo largo de todo el proceso de transferencia.
  • Con frecuencia los resultados de investigación se encuentran en un estado tan temprano de desarrollo que es necesario llevar a cabo un desarrollo tecnológico preliminar -o prueba de concepto- a fin de demostrar su viabilidad antes de iniciar su comercialización.
  • El mismo desarrollo tecnológico puede requerir, por su complejidad o necesidad de inversión, de la participación de distintas empresas, como en el caso del desarrollo clínico y preclínico de nuevos fármacos.
  • Los nuevos modelos de colaboración público-privada están cambiando incluso la manera en que se llega al descubrimiento de los nuevos resultados de investigación.

Conclusión y debate

Con la excusa de dar unas pocas definiciones de transferencia de tecnología de las muchas existentes, creo que sería interesante abrir cierto debate sobre qué entendemos por transferencia de tecnología y qué esperamos de ella.

Estoy seguro de que encontrarías más discrepancias de las esperadas entre los propios profesionales de la transferencia, pero también en los organismos de investigación y universidades e incluso en las administraciones públicas que definen e implementan políticas orientadas a fomentar la transferencia de tecnología sin, en ocasiones, tener claro de qué hablan.

¿Cuál es para ti la definición más acertada de la transferencia de tecnología ?

¿Cómo le explicas a tu familia y amigos que te dedicas a la transferencia de tecnología?

¿Crees que haría falta un esfuerzo mayor para explicar qué es y cuáles son los beneficios de la transferencia de tecnología? ¿Quién debería llevarlo a cabo?

¿Cómo defender tu propiedad industrial?

Una propiedad industrial sólida es una condición esencial para la innovación y el desarrollo de la mayoría de empresas de base tecnológica, en particular en algunos sectores, como el farmacéutico o el biotecnológico: no patent, no investment, no party.

Además, en algunos casos la propiedad industrial de la empresa puede no sólo reforzar la posición competitiva de nuestra empresa sino también convertirse en sí misma en una fuente de ingresos, si somos capaces de gestionarla adecuadamente y negociar bien las condiciones de acceso a la misma por parte de terceros.

De manera general, una patente concede a su titular un derecho exclusivo o monopolio sobre el objeto de la invención, durante un plazo determinado (habitualmente veinte años). No obstante, hacer valer este derecho no siempre es fácil, en particular para empresas pequeñas y medianas o de nueva creación. 

De hecho, si nuestra propiedad industrial es suficientemente atractiva o única en un determinado campo de aplicación, es perfectamente posible e incluso probable que otras empresas se salten a la torera nuestras patentes e incorporen parte de las mismas en sus productos o procesos. Sin decirnos nada, claro está. 

La revista The Medicine Maker hacía recientemente un interesante análisis de las dificultades que nos podemos encontrar y las mejores estrategias a seguir que me ha parecido oportuno ampliar y compartir en el blog, y así tratar de dar respuesta a estas dos preguntas que, seguro, os estáis planteando:

¿Cómo detecto una infracción?

Obviamente, para detectar posibles usos de nuestra tecnología sin nuestro permiso hay que establecer una rutina sistemática de vigilancia tecnológica que pase, en primer lugar, por:

  • Revisar publicaciones científicas, solicitudes de patente y otros documentos técnicos de carácter público en nuestro sector o área de conocimiento.
  • Participar en foros y conferencias científicas y sectoriales y revisar pósteres y comunicaciones orales y escritas.
  • Analizar los productos, procesos o servicios comercializados o empleados por otras empresas del sector.

Posteriormente, en aquellos casos en los que detectemos proyectos o aplicaciones que resulten sospechosos de usar nuestra tecnología, deberemos elaborar un análisis razonado y documentado con la ayuda de nuestro equipo científico-técnico en el que se expongan los motivos que nos han llevado a concluir que se está produciendo una infracción.

Tipos de infractores

Por otra parte, podemos encontrarnos 3 tipos de infractores de nuestros derechos de propiedad industrial o, dicho de una manera más educada, usuarios de nuestra tecnología sin que medie ningún tipo de acuerdo comercial o contrato de licencia:

  1. Los que conocen nuestra tecnología y nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma y, aún así, se la trae al pairo y la usan. Habitualmente grandes empresas, como veremos más adelante.
  2. Los que conocen nuestra tecnología y desconocen nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma. Habitualmente investigadores académicos, que creen que todo el campo es orégano.
  3. Los que han llegado a desarrollar nuestra misma tecnología o más probablemente una parte de ella, y no nos conocen ni falta que les hace. Los menos, aunque en algunos campos con poca difusión del estado de la técnica o en invenciones con, valga la redundancia, poca altura inventiva puede darse el caso.

¿Cómo debo actuar con el infractor?

Suponiendo que hayamos detectado a una posible empresa o entidad infractora, el siguiente paso será ponerse en contacto con ella y hacerles llegar el análisis previamente realizado, a través de los contactos que podamos tener en la misma: desde el CEO hasta el departamento legal, el de transferencia de tecnología en entidades académicas o incluso el comercial.

La primera respuesta del infractor será, con seguridad… la no respuesta. En otras palabras, hacerse los locos, sobre todo si se trata de una gran empresa, confiando en que lo dejemos pasar.

Ante esto, sólo hay una vía, insistir, insistir e insistirPodemos estar tentados de ir por la vía legal, pero ésta debería ser el último recurso y sólo es recomendable en primera instancia si realmente el perjuicio que nos está ocasionando el infractor es realmente irreparable, y si estamos absolutamente convencidos de ganar, claro está.

Llegado el caso en que logremos hablar con la empresa infractora, sus argumentos girarán en torno a:

  • Nuestra propiedad industrial: Que nuestra propiedad industrial es débil, o que nuestras reivindicaciones no son válidas o son difíciles de hacer cumplir.
  • La aplicación que están realizando: Que sí, que vale, que tenemos propiedad industrial en algo relacionado pero que no es lo que ellos están haciendo, ni mucho menos.

Por nuestra parte, lógicamente, deberemos tratar de rebatir estos argumentos y defender que lo más conveniente para las partes es colaborar y formalizar un acuerdo comercial o de licencia para que usen legalmente nuestra tecnología.

El resultado final dependerá en buena parte de la razón que tengamos y de la solidez de nuestros argumentos pero también de nuestra habilidad negociadora y, sobre todo, de la fortaleza de nuestra posición.

Si somos una pequeña empresa tratando de alcanzar un acuerdo con una grande del sector, es posible que se nieguen simple y llanamente a alcanzar ningún tipo de acuerdo, y que nos inviten a demandarlos si tenemos lo que hay que tener, que no es otra cosa más que mucho, mucho dinero.

Como posiblemente no lo tengamos, una posible estrategia es proponer primero un acuerdo de licencia limitado sólo para actividades de investigación y desarrollo con unas condiciones aceptables: evitar royalties e ir a pagos fijos anuales o un pago único, por ejemplo. No seas avaricioso.

El objetivo es, en definitiva, que la otra empresa entienda que antes que un obstáculo puedes y quieres ser un socio que le aporte valor y que le ayude a desarrollar nuevos productos o servicios. Será entonces el momento de plantear acuerdos más ambiciosos.

8 consejos prácticos para proteger tu propiedad industrial

Con esto, si somos una pequeña empresa innovadora, ¿qué recomendaciones o buenas prácticas podríamos seguir? Una colección de consejos o “reglas del juego” incluiría, al menos:

  1. Estar seguro de que nuestra tecnología es realmente atractiva y única, y que nuestra propiedad industrial es igualmente sólida. Conditio sine qua non.
  2. Definir e implementar una estrategia de propiedad industrial desde el inicio de la actividad de la empresa, mucho antes de tener cualquier producto o servicio comercializable.
  3. Tener claro cuál es el foco de la empresa. Si nuestra fortaleza es la ciencia o la tecnología, buscar socios que la comercialicen por nosotros. No esperar a que a otros se les ocurra comercializarla “sin permiso”.
  4. Dedicar recursos humanos expertos y a ser posible en exclusiva (si puedes tenerlo in-house, mejor) a todos los aspectos relacionados con la propiedad industrial: desde la vigilancia tecnológica hasta el seguimiento de los acuerdos de licencia. Es caro, sí, pero a la larga compensa. No te acuerdes de las patentes sólo cuando hay que pagar las tasas.
  5. Contar en el equipo de dirección o gestión de la empresa con perfiles con experiencia en grandes empresas del sector o, en su defecto, contar con expertos externos.
  6. Dirigirse a una persona específica dentro la empresa o entidad que creemos que está infringiendo nuestra propiedad industrial, que sea parte de un modo u otro del asunto. Y si no sabes a quién dirigirte, apunta directamente al CEO o al COO.
  7. Hacer una propuesta realista y flexible al potencial infractor, que es en realidad un potencial socio y un potencial cliente, que se ajuste a la propuesta de valor de tu empresa y de tu tecnología (ver el punto 1).
  8. Mantener siempre la calma, la profesionalidad y la educación, aunque te fastidie que te levanten el negocio.

Conclusión

Si somos una empresa innovadora, de base tecnológica o científica, la propiedad industrial debe ser una parte esencial de nuestra estrategia, y no es suficiente con realizar una mera gestión administrativa de las patentes u otros expedientes.

Realizar esta gestión estratégica de la propiedad industrial requiere dedicar recursos humanos y económicos y ser capaces de entender cuál es la propuesta de valor de nuestra tecnología y cómo puede contribuir a nuestra estrategia empresarial y a la de terceros. Contar siempre con asesoramiento experto e interlocutores, ya sean externos o internos, que conozcan el sector y sus reglas de juego es fundamental.

Por último, tenemos que ver a aquellas empresas y entidades que infringen nuestra propiedad industrial como potenciales clientes o socios y procurar adoptar una actitud constructiva y posibilista. No siempre será fácil o posible llegar a un buen acuerdo, pero el resultado final dependerá en buena medida de cómo enfoquemos la negociación, del conocimiento de las necesidades y prioridades de nuestro interlocutor y de ser capaz de adaptar en consecuencia nuestra propuesta de relación, de colaboración o de negocio.

¿Cuál es la mejor estrategia para defender nuestra propiedad industrial?

¿Te has encontrado en alguna ocasión con una infracción? ¿Cómo lo gestionaste?

¿En qué momento es mejor dejarlo en manos de abogados y que decidan los tribunales?

La estrategia de propiedad industrial de Google

Google irrumpió el año pasado como una de las mayores empresas en términos de concesión (y solicitud) de patentes con 2566 patentes concedidas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Conocida por su onmipresencia en Internet y por sus servicios en la nube, Google entra así en el top 10 de una lista dominada por grandes empresas tecnológicas de los sectores de la electrónica y la informática: IBM, Samsung, Canon, Sony, Microsoft…

Parece lógico, por tanto, que Google ocupe el lugar que ocupa. Además, desde su creación como startup en Silicon Valley y a lo largo de su trayectoria empresarial, Google ha basado su negocio y su éxito en la explotación de una creciente cartera de patentes. Sin embargo, cuando revisamos la estrategia de propiedad industrial que ha venido siguiendo la empresa observamos patinazos y, sobre todo, algunas incoherencias. En este artículo analizaremos la relación de Google con las patentes y trataremos de descubrir la motivación que guía su estrategia de propiedad industrial.

De las patentes que dieron origen a Google…

Como no podía ser de otro modo, la principal patente de Google es la que cubre el algoritmo de ordenación de resultados de las búsquedas que constituyó el origen de la empresa y la base de su éxito:

A method assigns importance ranks to nodes in a linked database, such as any database of documents containing citations, the world wide web or any other hypermedia database. The rank assigned to a document is calculated from the ranks of documents citing it. (…) The method is particularly useful in enhancing the performance of search engine results for hypermedia databases, such as the world wide web, whose documents have a large variation in quality.

Esto es, el archiconocido PageRank, por cierto, marca registrada. Curiosamente, en dicha patente sólo figura como inventor Larry Page y no Sergey Brin, aunque habitualmente se considera que los dos participaron en ella. Su titular original era la Universidad de Stanford, ya que el desarrollo se realizó en el marco de su condición de estudiantes de la universidad.

Dos chavales de Teleco... digo de Stanford.
Dos chavales de Stanford.

Otra de las patentes iniciales de Google cubre un algoritmo para identificar de una manera eficiente la ocurrencia de determinadas tuplas de información, en cierto modo un algoritmo de búsqueda, cuyo inventor fue en esta ocasión Sergey Brin.

Techniques for extracting information from a database are provided. A database such as the Web is searched for occurrences of tuples of information. The occurrences of the tuples of information that were found in the database are analyzed to identify a pattern in which the tuples of information were stored.

Stanford licenció posteriormente estas y otras tecnologías a Google, a través de varios acuerdos de licencia:

  • Acuerdo de licencia inicial entre Stanford y Google, con fecha 1 de diciembre de 1998, por el que entre otros aspectos se concedía a Google una opción de licencia exclusiva.
  • Acuerdo de licencia entre Stanford y Google, con fecha 2 de julio de 2001, por el que Google ejercía su opción de licencia y pagaba a Stanford un total de (¡atención!) 50.000$, a pagar en dos cómodos plazos.
  • Modificación del acuerdo anterior, con fecha 13 de octubre de 2003, en el que se amplía el alcance de la licencia y se renegocian los términos de la misma, considerablemente más jugosos para la Universidad de Stanford y que consistieron en un porcentaje sobre las ventas y una pequeña participación en el capital de la empresa.

La Universidad de Stanford vendió un 10% de su participación en Google en 2004 por un importe de 15.7 millones de dólares, y el resto en 2005, por 336 millones de dólares. El premio gordo, el jackpot de la transferencia de tecnología si consideramos que se trata de los resultados del trabajo de un par de estudiantes de doctorado.

… a una montaña de patentes

Muchas de las empresas tecnológicas nacen con cierta rebeldía ante el sistema y, por extensión, también contra la propiedad industrial. De hecho, la sólida cartera de patentes de las grandes empresas constituye una de sus principales fortalezas a la vez que una barrera de entrada, a veces insalvable, para los nuevos competidores. Sin embargo, estas mismas empresas, conforme logran hacerse un hueco y consolidarse en el mercado, terminan por desarrollar una estrategia de propiedad industrial como parte integral de su estrategia empresarial.

Dicha estrategia pasa, entre otros aspectos, por crear, mantener y ampliar su cartera de patentes, de lo que Google es un excelente ejemplo: ha pasado de 4 patentes concedidas en 2003 a las 2566 en 2014 que hemos visto anteriormente.

Patentes de Google solicitadas y concedidas. Fuente: USPTO

El número de solicitudes baja -sólo aparentemente- en los años 2013 y 2014. Esto se debe a que las solicitudes no se publican hasta pasados 18 de meses desde la fecha de su presentación. En cualquier caso, no parece en absoluto que la tendencia vaya a cambiar.

Google se va de compras

En una empresa tecnológica muchas de sus patentes son, obviamente, fruto del trabajo de sus investigadores e ingenieros en el marco de proyectos propios de investigación y desarrollo. No obstante, dependiendo del sector y si la empresa tiene suficiente cash, no es extraño que una de las estrategias para reforzar la cartera de patentes sea la compra, mediante la adquisición de parte de las patentes y otros activos intangibles de terceras empresas, o de la totalidad (o parte) de las terceras empresas en cuestión.

Motorola, ¡quién te ha visto!

La mayor y más sonada compra de patentes por parte de Google fue la adquisición, en 2012, de Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares. Los motivos para la compra, bueno, resultan a día de hoy cuanto menos dudosos.  Sobre todo cuando Google vendió Motorola apenas año y medio después a Lenovo… ¡por 2.910 millones de dólares!

¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)
¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)

Como los chicos de Mountain View hagan todos los negocios igual, apañados están sus accionistas, pensareis. En su momento la compra de Motorola se interpretó como una maniobra de Google no para explotar sus patentes per se, sino como estrategia para defender Android de los posibles ataques de otros fabricantes de smartphones, como Apple o (qué tiempos aquellos) Blackberry. No obstante, es posible que otros fabricantes de smartphones equipados con Android, como Samsung o LG, interpretaran la compra de Motorola por parte de Google como una estrategia por parte de esta última para acaparar también el negocio de la venta de teléfonos, y por tanto una amenaza a su negocio principal. Cabría, pues, interpretar la venta a Lenovo como un gesto para calmar a los fabricantes de Androids.

¿Un patinazo de Google? Tal vez. En tal caso un buen ejemplo que ilustra que la estrategia de propiedad industrial debe estar siempre supeditada a la estrategia empresarial (en otras palabras, vender). Algunos análisis e incluso fuentes de Google afirmaron también que las patentes de Motorola no resultaron ser tan valiosas como aparentaban. Pero por cierto que a Lenovo le está yendo mejor que a Google con las patentes de Motorola: en 2014 incrementaron sus ventas un 118%. Zapatero a tus zapatos.

Se compran patentes, razón: Mountain View

Recientemente, Google ha puesto en marcha un programa de compra de patentes, que viene a consistir en algo así como cuando una inmobiliaria pone carteles de “se busca piso en esta zona”. Así, entre el 8 y el 22 de mayo de 2015 cualquier particular o entidad que quiera vender una patente a Google no ha tenido más que rellenar un formulario con información sobre el resultado. Google se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo de aproximadamente un mes, el próximo 26 de junio.

Esto no es -en su esencia- distinto a los programas de in-licensing que mantienen otras grandes empresas, como por ejemplo las del sector farmacéutico, pero sí es llamativo el formato y la justificación que Google da del programa: algo “experimental” que busca “mejorar el sistema de patentes y eliminar parte de la fricción existente en el mercado secundario de patentes“. Toma eufemismo.

Uno de los principales actores de este mercado secundario de patentes y causantes de la litiogisidad a la que se refiere Google con el término “fricción” son las entidades no practicantes (NPE) o, como se les llama más habitualmente, patent trolls.

Los trols de patentes son entidades que ejercen el derecho sobre una gran cartera de patentes contra posibles infractores sin explotarla directamente. Su negocio es, en definitiva, la obtención de tasas o royalties de los terceros que sí necesitan sus patentes para comercializar sus propios productos o servicios.

Sin embargo, si Google está acumulando tal cantidad de patentes, ¿no estará actuando también como un trol de patentes? ¿Dónde ha quedado entonces el slogan “don’t be evil” de Google y su código de conducta corporativa?

¿Don’t be evil?

Como hemos avanzado al principio, la estrategia de propiedad industrial Google presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, a pesar de que Google procuró tranquilizar al sector sobre el uso que haría de la cartera de patentes de Motorola, algunas sentencias han calificado algunas de sus actuaciones posteriores como propias de un trol de patentes. Como hemos comentado, el resultado es que probablemente se encontró en una situación en la que, por una parte, sus socios tecnológicos se sentían amenazados por una propiedad industrial que, por otra parte, resultó no ser suficientemente sólida para defenderse de la competencia.

Sin embargo, es cierto que Google está tratando por varias vías de incidir en el mercado de patentes, entre las que destaca el gran esfuerzo de lobby en Estados Unidos que, junto a otras grandes empresas, pretende lograr una reforma legal que limite la capacidad de los trols de patentes. En consecuencia, el programa de compra de patentes habría que entenderlo también en este sentido, esto es, como una estrategia para acaparar patentes que, empleadas de manera responsable, no limiten la innovación en el sector tecnológico.

Estas actuaciones no dejan de ser también contradictorias entre sí, ya que Google estaría invirtiendo enormes cantidades de dinero en aumentar su cartera de patentes -a través tanto de adquisiciones como de nuevas solicitudes- y, a la vez, en debilitar el propio sistema de patentes y reducir por tanto el valor de su cartera de patentes.

Conclusión

En todo caso, en la estrategia de Google sí parece predominar la idea de que las patentes, que habitualmente se consideran un incentivo a la innovación, pueden volverse en contra de la misma. El propio cofundador de Google, Sergey Brin, ha hecho declaraciones en las que no sólo crítica a los trols sino que también pone en cuestión la protección temporal de hasta 20 años que otorgan las patentes.

¿Se podría concluir por tanto que, en determinados sectores, empresas innovadoras (o con vocación de serlo) pueden verse perjudicadas más que favorecidas por un sistema de patentes fuerte? En el caso de Google así parecen considerarlo, pero la respuesta, con toda seguridad, dependerá de cada empresa.

¿Qué opinas de la estrategia de propiedad industrial seguida por Google? ¿Te parecen acertadas sus actuaciones?

¿Sería conveniente reformar el sistema de patentes para limitar el alcance de los trols de patentes? ¿De qué manera?

¿Consideras que, en alguna situación, el sistema de patentes puede desincentivar la innovación?